Creación de la Autoridad de Aplicación

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en el Teatro Argentino de La Plata la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A través de los decretos 1525/2009 y 1526/2009 publicados el 22 de octubre en el Boletín Oficial, y que fueron firmados y anunciados el día anterior por la Presidenta, se creó la autoridad de aplicación de la ley de Comunicación Audiovisual y la entrada en vigencia Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Iniciarán sus funciones el 10 de diciembre. Ambas normas fueron leídas durante el acto realizado en el Teatro Argentino de La Plata.

Decreto 1525, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

Decreto 1526, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado

Avanza la discusión por “todo lo que falta por hacer” con la nueva ley de medios

Aldo Rotman, profesor universitario y responsable del Proyecto de la red de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Agustín Alberin, estudiante de la Carrera de Licenciatura de Comunicación Social de la UNER, participaron del último programa de Hablemos.

La nueva ley de medios establece en su artículo 15 la creación de un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual que estará integrado, entre otros, por un represente por las radios de las universidades nacionales y uno por las que tienen carreras de comunicación.
Al respecto, en diálogo con LT14, Aldo Rotman informó: “El miércoles pasado, en mi carácter de representante de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de la Argentina (ARUNA), estuvimos reunidos para avanzar y discutir todo lo que falta por hacer”. Enseguida mencionó por ejemplo pensar “quiénes nos van a representar” en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
“Lo que hemos intentado hacer es privilegiar un marco de discusión saludable y sosteniendo los grandes logros que nos vienen acompañado y tratando de dejar a un costado las diferencias”, contó Rotman al tiempo que destacó: “Todavía no hemos arribado a un nombre, pero hemos podido establecer una serie de criterios que van a permitir definir quién será nuestro representante por las universidades nacionales, entendiendo que lo más importante es representar un proyecto y no centralizarlo en la figura de una persona”, aclaró.
Respecto a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su implementación, Rotman expresó: “Desde ARUNA hemos acompañado fervientemente este proceso; presentando algunos capítulos para varios proyectos, estuvimos acompañando la redacción de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática”.
Y añadió: “Algunas de las expectativas y los reclamos que teníamos las radios universitarias están expresados, mayoritariamente, en el capítulo dedicado a las radios universitarias donde establece una serie de derechos y beneficios para las radios”.
Agustín Alberin es estudiante de la Carrera de Licenciatura de Comunicación Social e integrante del proyecto de la red de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El joven destacó el rol del estudiante en esta iniciativa: “Compartir la experiencia de un grupo de estudiantes que valoramos la radio desde la universidad”, expresó.
Luego, Alberin consideró necesaria la participación de los estudiantes en las radios universitarias. “Es bueno imaginar a la radio como una herramienta al servicio de la comunidad pero estaría bueno participar desde otra lógica, entendiendo a la comunicación de otra manera que no sea como una mercancía”. Y bregó por “tratar de imaginar otras programaciones posibles”. “Es un espacio interesante para participar y formar parte de este proyecto”, completó.


FUENTE:LT14

AFMER espera la reglamentación de la nueva ley de medios

Participaron de otra edición del programa Hablemos: el presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), Darío Basso; la delegada en Entre Ríos del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Cristina Ponce; y también Gerardo Dayub, actor, director y ex secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná; ambos integrantes del Foro Popular de la Comunicación de Paraná.

Darío Basso habló sobre la postura de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) ante la aprobación de la nueva ley de medios. “Nosotros discutimos la ley porque queríamos aportar para tener una mejor ley, tenemos 30 años en el rubro de radiodifusores, somos la única en el país ordenada con personería jurídica; queríamos que nos escucharan”, dijo Basso tras considerar que el nuevo texto de la normativa “no nos contempla, nos ningunea”.
Enseguida, explicó que "el 142 es el único artículo de la ley que habla sobre radios de baja potencia de FM; después hay un largo camino, estamos esperando que la reglamenten”, acotó el titular de AFMER.
Luego, Basso mencionó que en la ciudad de Paraná es una zona de conflicto de frecuencias con la ciudad de Santa Fe. Y aclaró que, sin embargo, que no hay conflicto entre las localidades vecinas como Rosario y Victoria; Diamante y Coronda, ni pueblos entrerrianos cercanos al Uruguay.
“Paraná tiene actualmente entre 60 y 80 emisoras, porque nacen como hongos y cierran, nunca podes tener el número total”, comentó Basso tras insistir en la necesidad de “normalizar las radios chiquitas” para ordenar el espectro radioeléctrico.
Y añadió: “El COMFER tenía ganas de normalizar Paraná, es decir, llamar a concurso” aclarando que el resto de la provincia está normalizado y estimó que “debe quedar lugar para poner más radios”.
Al preguntarle cuál es el punto en concreto que reclaman las PYMES por no haberlas tenido en cuenta en la nueva ley de medios, Basso respondió: “No nos tuvieron en cuenta porque nosotros queríamos que a las radios de baja potencia no nos apliquen la ley como se les va a aplicar a las de alta potencia”. Mencionó por ejemplo, las cargas sociales e impuestos.

Cristina Ponce, en tanto, habló sobre la importancia de haber militado, desde el Foro Popular de la Comunicación, la nueva normativa de comunicación audiovisual. “Peleamos y apoyamos desde del corazón y del alma la aprobación de la nueva ley de medios”, comentó la funcionaria referir al manejo de la información que se realizan en los medios de comunicación en la Argentina. Mencionó la diferencia de tratamiento que se le dio al caso del escrache al senador nacional por la UCR, Gerardo Morales (ocurrido días atrás) con la agresión que recibió el diputado nacional por el PJ, Agustín Rossi, durante el conflicto del campo y el debate de la Resolución 125. “Hubo una movida de prensa importante y nuevamente se siguen manipulando los temas y según los intereses de cada medio”, opinó la titular del INADI en Entre Ríos.

En este sentido, Gerardo Dayub, también comentó sobre el bombardeo mediático y la manipulación de la información: “Yo estoy tratarme de acostumbrarme al desacuerdo, es decir, de no calentarme ni desesperarme cuando en la lucha por el poder se va perdiendo o desparramando. Hay que acostumbrarse a las reglas de juego, por supuesto que hay acciones que no se justifican, pero en el desacuerdo hay que tratar de buscar la vuelta para manifestar su posición. Nos cuesta entender que en este desacuerdo tendremos que crecer para sufrir menos y tener menos angustia política en la lucha”, expresó el integrante del Foro Popular de la Comunicación manifestando su satisfacción por la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.


FUENTE: LT14

Loreti: "Que los multimedios vayan a la justicia no es nuevo"

Damián Loreti es vicedecano de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la carrera de Comunicación Social. Participó, desde el ámbito académico, en la redacción del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con LT14, estos fueron sus principales conceptos:

Proceso de la nueva ley
“Lo que ocurrió fue un proceso casi sin precedentes, no digo que es el único caso pero es difícil encontrar un proyecto en el cual el Poder Ejecutivo tome una propuesta de la sociedad civil y se encargue de plasmarla en una propuesta de proyecto, devolverla a la sociedad civil; que se discutió en más de 24 foros, conferencias y encuentros; que se devuelve con una iniciativa parlamentaria hecha por la Presidenta el 27 de agosto y que además recibe innumerables modificaciones por parte de sectores políticos diversos en temas muy importantes como fue el tema de las telefónicas o la autoridad de aplicación. Logra un consenso importante con sectores de la oposición: esto produjo un proceso que debe ser tomado como ejemplo en otros países”, expresó el doctor.

Futuro Congreso
“Al proyecto de ley lo han apoyado sectores de oposición al gobierno y a la hora de hacer la cuenta sobre cómo quedará conformado el Congreso a partir del 10 de diciembre, hay sectores de la oposición al partido del gobierno que han formado parte de la coalición que votó esta ley”, dijo el vicedecano de Ciencias Sociales de la UBA.
Sobre el planteo judicial del senador Gerardo Morales (UCR-Misiones) contra la senadora correntina María Dora Sánchez por haber votado a favor del proyecto, Loreti afirmó: “Nunca se dirimió ningún artículo en la discusión en particular -y mucho menos en la general- en base a la diferencia de un voto como para modificar las mayorías. A ese efecto sería abstracto”.

Multimedios a la Justicia
“Que los multimedios vayan a la justicia no es nuevo. Cada cosa que ha intentado hacer el Estado en términos de generar instancias de pluralismo fueron a tribunales”, recordó Loreti al tiempo que mencionó por ejemplo cuando se instaló la repetidora de canal 7 en San Rafael; cuando se puso la grilla de programas y señales informativas; cuando salió el Decreto Nº 1214, en la época de Duhalde, pidiendo la instalación de radios y televisión en las provincias.
Y añadió: “La única instancia constitucional para que algo pudiera caerse tendría que ver con la nulidad absoluta del proceso. Y aquí no se registra ninguna”.

"No es un proceso expropiatorio"
“Lo que se establece es un techo a la capacidad de concentración a los grupos, con una cláusula de desinversión que no importa ningún tipo de revocación o caducidad de licencias. No es un proceso expropiatorio. Lo que hay es un régimen como ha ocurrido en otras actividades de la economía, por ejemplo, con la energía eléctrica o con Petrobrás, en el cual superado ciertos topes tienen que adecuarse a límites que no importen posiciones dominantes en el mercado", explicó el docente universitario.
"En ese plano, hay una previsión específica que permite sostener la ecuación económica financiera de los medios como base al respeto a los derechos adquiridos: no es el régimen legal preexistente sino la ecuación económica financiera. Y con la transferibilidad que se autoriza, esto está garantizado”, aseveró Loreti.

Sobre la reglamentación
“Hay distintas cosas para reglamentar”, dijo el doctor. Enseguida ejemplificó: la definición de la unidad jurisdiccional en los sistemas cerrados, porque hay 24 licencias y hay que definir el alcance de cada una de esas licencias; como así también la norma de servicio.
“No tengo ninguna expectativa de sorpresa, sobre todo porque la autoridad de aplicación tendrá mucho que ver en la reglamentación y se trata de una instancia plural. Nada hace suponer que haya sorpresas”, aseguró.

Radiodifusores
“Hay un par de artículos específicamente destinados a los procesos de normalización. La ley no es casuística, no resuelve una lista de problemas individuales porque para eso está la administración. La ley prevé la continuidad de los procesos de normalización en lugares muy complejos como fue el caso de Entre Ríos”, indicó Loreti.
“No sé cuál es la expectativa de solución con que pudieran especular los radiodifusores. Salvo que dijeran que la ley le dará licencia en las condiciones que estaban, lo cual sería pésima técnica jurídica, poco recomendable en términos de administración de espectro y poco respetuoso de los procesos constitucionales”, opinó al respecto.
“En algunos tendrán que pasar por concursos, pero en otros hay un mecanismo mucho más flexible (un articulo de excepción sobre las disposiciones transitorias) que no los obliga a pasar por concurso pero sí por un proceso de normalización”, completó Loreti.


FUENTE: LT14-SITIO DIGITAL/HABLEMOS

El tercero excluido

“Mis convicciones en materia política son harto conocidas; me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma del escepticismo”, dice Borges en el Prólogo de El informe de Brodie. Más adelante agrega magistralmente: “Cada lenguaje es una tradición, cada palabra, un símbolo compartido; es baladí lo que un innovador es capaz de alterar…”
¿Tiene algo de malo ser conservador? Supongo que no. ¿Acaso somos todos, todo el tiempo, innovadores, cuestionadores del statu quo? ¿Se puede vivir, o tan sólo dar un paso después de otro, si a cada instante nos preguntaremos si está bien que lo demos, hacia dónde lo daremos? ¿Está mal comer un asado habiendo tanto hambre en el mundo? Es más razonable pensar que todos somos un poco conservadores y un poco transformadores de nuestra realidad cotidiana y de la de los demás, en la medida de lo que podemos y queremos.
Si de dirigentes políticos se trata no habría por qué pensar diferente; después de todo, aunque buena parte del periodismo progresista de las últimas dos décadas se haya empeñado en despegar su procedencia de la propia sociedad, los políticos provienen de allí, y es bueno no olvidarlo. Como es bueno saber que cuando uno repite ese tipo de apreciaciones puede ser conservador sin saberlo. Pasa, y muy seguido.
Por eso, insisto con la pregunta: ¿Tiene algo de malo ser conservador? Bueno, en un país con millones de almas en la pobreza, para no abundar con más datos conocidos, ya tendríamos argumento para decir que sí. Sin embargo, uno debe admitir que cualquiera tiene derecho a pensar como le plazca, aún si considera que el hambre de los otros no es un problema. Se trata de una opinión discutible, tanto como la que considera lo contrario. Son dilemas de la democracia. Y es éste el único sistema que permite discutirlos sin, digamos, por ejemplo, matarse. Es curioso, pero el pueblo que inventó la democracia inventó también el teatro, desde donde Aristófanes hacía reír a los atenienses del poder.
La lógica del tercero excluido funciona más o menos de esta manera: dos actores discuten permanentemente hasta ponerse de acuerdo. Aunque parezca que nunca se van a poner de acuerdo, finalmente siempre lo hacen. Y cada tanto miran de reojo a un tercer actor que quiere entrar en la discusión, pero se hacen un guiño y siguen discutiendo sin dejar entrar al tercero. Así viene funcionando la política argentina en veintiséis años de democracia. Peronistas y radicales, Estado y mercado. Esta vez sucedió algo novedoso. Dos actores, uno de la política, el Gobierno; otro del mercado, Clarín, se pelearon en serio. Y el Gobierno se acordó que había un tercer actor: las organizaciones civiles que han venido trabajando todo este tiempo por una nueva ley de radiodifusión sin ser tenidas en cuenta por anteriores gobiernos ni por este, hasta ayer. Y el proyecto de ley de medios K, que no es K, se transformó en instrumento de discusión política. Y con él acaba de ingresar a la política el tercero excluido, el tercer sector. Novedoso. Y peligroso.
Varios legisladores de la oposición, humillados, rabiosos por la paliza que les dio el oficialismo, ya trabajan en las modificaciones que intentarán aprobar en el próximo Congreso. Los gerentes de los multimedios anunciaron el Apocalipsis (que Carrió se olvidó de patentar), esta vez jurídico. Y Mariano Grondona les advirtió a los jueces de la Corte Suprema que deben dejar de ser un grupo de buenos juristas para transformarse en un “Poder de la Nación”. Se vienen.
Vamos a obviar el lugar común de que defienden intereses. Todos los defienden, y no es esperable de ningún análisis político serio ignorar que esto forma parte de la política. Lo que aquí sucede hay que analizarlo algo más allá de las enumeraciones sobre las bondades o defectos de la letra de la ley. No es adecuado comparar social y políticamente fenómenos que no son comparables, pero en este caso vale: al igual que lo que sucede con el conflicto en Kraft Foods, lo que está en juego no es sólo una cuestión de negocios o de rentabilidades. Si a los obreros de la ex Terrabusi no se los “disciplina” convenientemente el panorama para el resto de las grandes empresas puede no ser muy alentador. Lo saben todos, incluido el Gobierno, que ha mantenido una política tímidamente restauradora de algunos derechos perdidos en los ‘90 por el sector trabajador, y cuando puede habla del fifty-fifty entre capital y trabajo. La Presidenta lo dijo más claramente en su discurso inaugural ante el Congreso: “Somos peronistas, no nos interesa la lucha de clases”. No hay por qué olvidarlo.
La nueva ley de medios, tal como fue aprobada, no significa un programa revolucionario de izquierda, como algunos quieren hacer creer. Pero en un país donde ha imperado durante casi tres décadas de democracia una lógica dicotómica, previsible, manejable para las elites dirigentes políticas, empresarias, sindicales, y hasta –por qué no- de las propias organizaciones sociales, la ruptura del paradigma bidireccional de la comunicación puede tener sencillamente consecuencias imprevisibles. “¿Cuál es la respuesta a la pregunta? El problema”, decía Foucault, para ensayar una alternativa al tercero excluido, allá por los ‘70. ¿No será demasiado después de tantos años de dicotomías tranquilizadoras? ¿Estamos preparados para problematizar la realidad?
Como integrante del Foro Popular de la Comunicación, espacio conformado en principio para el debate de la nueva norma y posteriormente para su –y no tengo problemas en decir la palabra- militancia, considero que es sumamente necesario estar atentos a los próximos acontecimientos. Lo que acabamos de conseguir puede significar un antes y un después para la democracia argentina y para las reales posibilidades de un país mejor. O puede transformarse, vía reglamentación, modificaciones impuestas por la oposición, o negociadas con el propio Gobierno, en un instrumento más del juego entre los actores de siempre, entre los integrantes de un no declarado pero claramente operativo Partido Conservador, que en su versión neo, no puede pronunciar su nombre. Su concreta operatividad en mucho dependerá de la continuidad de nuestra lucha y de la construcción de un sujeto colectivo social y político que dé sustancia al cambio para el cual la norma aprobada establece un piso formidable. Para ello es necesario tratar de aprehender la realidad tal como es: compleja, diversa y a veces indescifrable. Pero, sobre todo, aceptar el desafío del reconocimiento y la aceptación de la diferencia, que en definitiva no es otra cosa que el Otro, distinto de uno mismo, y de mi pariente-parecido a mí.
Mientras, por el pago, los más conspicuos representantes del Partido y sus comunicadores amigos se dedican por ahora a distraer la atención. Para ellos, lo importante en estos días no fue la aprobación de una nueva ley de radiodifusión que reemplazó a la de la dictadura más sangrienta, sino la efeméride de la Constitución, aprobada hace un año. Y próximamente asistiremos, como ya se anticipó, un día después del bochorno de no haber bajado a dar el debate en Diputados, a la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial, con la perlita para que nos entretengamos sobre si debe asignarse o no por cuotas de audiencia. Ya se anunció que se convocará a toooodos los periodistas de la provincia. Qué interesante.


José Luis Ferrando - Periodista

"Hemos descubierto periodistas canallas y reveladores"

El Foro Popular de la Comunicación de Paraná organizó una Jornada Cultural en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La actividad se desarrolló en la Plaza 1º de Mayo. Allí se instaló una pantalla de video para seguir el debate del Senado sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Además, durante la jornada, actuaron cantantes de tango, bandas de música de rock y folclore.
José Luis Ferrando, periodista e integrante del Foro Popular de la Comunicación emitió su programa Hablemos desde la plaza y dialogó con varios actores sociales que se acercaron para dar su opinión respecto a la nueva Ley de Medios. Entre ellos, Gerardo Dayub, actor, director y ex secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná; Sergio Cristani, presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC) e integrante del Foro Popular de la Comunicación; Dafne Cis, estudiante y miembro de la Agrupación “Barbarie” de la UADER; Emiliano Tomé Pierola, miembro de la Agrupación Peronista Sabino Navarro; Carla Bataglia, integrante del Partido Comunista de Paraná y Beatriz Montaldo, ex secretaria general de AGMER, dirigente de la CTA e integrante del Foro Popular de la Comunicación.
También estuvo presente, Orlando Barone, periodista, escritor y docente universitario, que luego de brindar una charla en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, se unió a la Jornada Cultural en apoyo a la Ley de Medios.
En declaraciones a LT14, Barone expresó su total apoyo al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Hay una expectativa favorable, aunque no sabemos cómo va a ser el proceso posterior a la sanción de la ley", subrayó el periodista.
El columnista del programa televisivo Seis, Siete, Ocho (que se emite de lunes a viernes a las 20 por canal 7) consideró que se ha realizado “un debate muy amplio” sobre la nueva Ley de Medios. "Aún cuando gane la mayoría, lo que se ve es el discurso de las objeciones de la oposición, y éstas nacen del lugar psicológico del rechazo y no de la razón", sostuvo Barone al tiempo que comentó: "A uno le da pena eso, porque algunos senadores representan a partidos o agrupaciones políticas con una trayectoria interesante en la política argentina, pero de algún modo, por una razón que desconozco, están esta vez del lado que no debieran estar”.
Luego, el escritor dijo: “Si la ley sale aún con las objeciones, enturbiada por la propaganda mediática de la concentración de medios, creo que lo que ha ocurrido en este último tiempo ha sido como quitar el telón a un teatro y ver cómo se mueven los actores detrás del telón y quiénes son cada uno de ellos. Es así que el público ha descubierto una nueva teatralidad, una era la que estaba en escena y otra la de los actores que se mueven en escena detrás de bambalinas".
Y agregó: "Más allá de las posiciones que tengamos, hemos descubierto periodistas canallas, algunos sometidos y periodistas reveladores. Hemos visto la división de aguas".
En este sentido, Barone expresó: “Las empresas tienen razón por estar en contra de la ley por obvias razones de negocios, pero no entiendo por qué algunos periodistas pueden estar en contra de una ley que beneficia la tarea del periodista. No lo sé y me llama la atención”.
La Jornada Cultural continuó en la Plaza 1º de Mayo hasta las 2.30 de la mañana, hora en la que Senadores aprobó la normativa de comunicación audiovisual en general. El debate se extendió por más de 20 horas, y a las 6.10 de este sábado, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con los votos del Frente para la Victoria y de algunos legisladores de la oposición. La votación general arrojó 44 votos a favor y 24 en contra.


FUENTE: LT14-SITIO DIGITAL/ HABLEMOS

Tras 20 horas de debate, el Senado aprobó sin cambios la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Medios de Comunicación Audiovisual con los votos del Frente para la Victoria y de algunos legisladores de la oposición, tras un extenso debate que se inició ayer a media mañana y terminó a las 6.10. La votación general arrojó 44 votos a favor y 24 en contra.

La nueva Ley de Radiodifusión tiene como objetivos terminar con los monopolios en radio y televisión y darle participación en el espectro radiofónico a entidades sin fines de lucro, entidades con fines de lucro y al Estado Nacional, los tres por partes iguales.
El proyecto se debatió durante casi 20 horas, entre las 10,30 de la mañana del viernes 9 y las 6 de la mañana del sábado 10 de octubre, principalmente, porque hubo más de 50 oradores, la mayoría de los cuales habló durante por lo menos media hora.
Sólo la discusión en general de la norma llevó 16 horas, hasta la 2:30 de la mañana, cuando el proyecto fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. A la votación faltaron Roberto Urquía (PJ) y Norberto Massoni (UCR), de licencia por enfermedad, y Carlos Menem, del PJ disidente, que se fue del Congreso, y Emilio Rached, del radicalismo que llegó tarde al momento de votar.
A los votos afirmativos del Frente para la Victoria se sumaron el del socialista Rubén Giustiniani, el tucumano de Fuerza Republicana, Carlos Salazar; los fueguinos del ex ARI, María Rosa Díaz y José Martínez; y la radical correntina María Dora Sánchez.
En particular la norma también obtuvo el respaldo de la mayoría del bloque oficialista en tanto que los senadores de la oposición que apoyaron la iniciativa fueron los ex ARI y la senadora Sánchez, incluyendo los artículos más cuestionados por la oposición, como el 161, que fue aprobado con 10 votos a favor del oficialismo.
La larga jornada tuvo una instancia final, cuando en la votación de los últimos artículos, el "apuro" de algunos senadores por dejar el recinto, hizo que se levantasen de sus bancas antes que la máquina que registra los votos terminase de efectuar el recuento, lo que obligó a que, tras varios minutos de espera, debiera realizarse una votación nominal.
Al cerrar el extenso debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, "esta es una norma moderada" que "atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina porque les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, como es el 35 por ciento".
"La ley plantea nuevos espacios de trabajo, especialmente para los periodistas. El corazón del debate de esta Ley es el de la posición dominante, por no llamarla monopólica", indicó Pichetto.
A su turno, su par del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que "este gobierno utilizó los dineros públicos para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y para castigar a aquellos que hablaban mal".
El jefe de bloque dijo que "el peligro de que haya menos medios y menos voces no es una subjetividad" y agregó que "queremos una Ley que además de ser buena, trascienda en el tiempo".
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, dijo que "es más fácil poner mordaza en la libertad de expresión con la Ley vigente, con este marco legal".
"Lo único que nos anima es a romper esta matriz autoritaria para que cualquiera no pueda decir cualquier cosa", enfatizó Ríos al hacer referencia a la vinculación que realizó el diputado electo Felipe Solá entre el crimen de un intermediario de publicidad provincial en Corrientes con la Ley de Medios que se votó esta noche.
El jujeño, y presidente de la UCR, Gerardo Morales, pidió "dejar la hipocresía de lado" y afirmó que "todos queremos una ley de la democracia y nos preguntamos por qué este gobierno no acepta cambios".
Además, Morales planteó una cuestión de privilegio contra la correntina María Dora Sánchez que decidió cambiar su voto por la Ley, al remarcar que "la senadora admitió que pasaba a votar a favor por un objetivo de promesas de recursos para su provincia".

FUENTE: TELAM

"La Ley de Medios viene a decir que tenemos que hablar todos"

José Luis Ferrando, periodista y miembro del Foro Popular de la Comunicación de Paraná, habló con LT14 sobre los puntos más salientes de la normativa de servicios de comunicación audiovisual.

Al preguntarle, si el Canal Todo Noticias puede desaparecer, tal como ellos mismos lo anuncian, el periodista respondió: “TN y varios multimedios quiere seguir manteniendo los privilegios que han tenido durante todo este tiempo a partir de la Ley de Radiodifusión de 1980, firmada por Videla, Martínez de Hoz, y otros. Pero esta ley fue reformada durante el periodo democrático, muy especialmente en la década del ’90, lo que permitió la conformación de grandes monopolios mediáticos”. Mencionó por ejemplo el Grupo Clarín, América, Vila- Manzano, propietarios de diarios, radios, televisión, cable, etc.
El proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
En este sentido, Ferrando subrayó: “La nueva Ley de Medios lo que viene a decir es: Señores, acá tenemos que hablar todos, no solamente los grupos que tienen la propiedad de estos medios”, aclaró el Licenciado en Comunicación Social tras comentar que “en todos estos años se ha ido organizando de acuerdo a cómo han ido presionando estos grupos que hoy tienen la mayoría de las licencias”.
Y añadió: “El Grupo Clarín puede considerar quedarse con Canal 13 o Canal TN. Lo que no significa que va a desaparecer, porque una cosa es una frecuencia y otra es una licencia que se otorga por una determinada cantidad de años y que es de todos. Pero de ninguna manera significa que va a desaparecer, la ley dice que no puede tener todo”, remarcó.

Respecto a los contenidos, Ferrando explicó que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “no establece en ningún articulo un control de contenidos, lo único que establece son cupos de producción local”. Y comentó: “El 80 por ciento de los que vemos o escuchamos son contenidos que vienen desde Buenos Aires, es decir, sabemos más claramente lo que sucede con el tránsito en Buenos Aires y no lo que pasa a la vuelta de nuestra casa”, acotó.
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. En tanto, los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Por su parte, las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
“La finalidad es que haya una frecuencia en nuestra provincia que pueda transmitir contenidos locales”, destacó Ferrando al tiempo que señaló: “De lo contrario, un empresario tiene una licencia, contrata la señal de una emisora de Buenos Aires (como Mitre o la 100), ponen una computadora que la prenden y la apagan; y de este modo no generan puestos de trabajo y la competencia no es justa. Además, no hay trabajo para operadores, locutores, ni periodistas locales”, agregó.

Consultado sobre quién será el encargado de controlar, el periodista explicó que “lo que va a reemplazar al COMFER (el Comité Federal de Radiodifusión que viene de la época de la dictadura no tiene ningún tipo de control y está bajo la órbita del Poder Ejecutivo), es la llamada Autoridad de Aplicación, que es un cuerpo colegiado”. La normativa crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Además, existirá un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.

FUENTE: LT14

Por una construcción ciudadana

Desde el Foro Popular de la Comunicación queremos agradecer a las más de trescientas personas que concurrieron el martes 22 de septiembre pasado, en el Salón de Actos de la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná, a la charla brindada por el gerente de Comunicación Audiovisual de la Agencia Télam, Gonzalo Carbajal, y nuestros compañeros del Foro, Edgardo Massarotti y José Luis Ferrando.

Felicitamos además a la Universidad Autónoma de Entre Rios, a su rectora Graciela Mingo y a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales por la convocatoria realizada. Pero por sobre todo celebramos haber sido partícipes de un acto de genuina ciudadanía, de intercambio de ideas y opiniones sobre una iniciativa de capital importancia para el futuro de nuestra democracia como es la sanción de una nueva del de Servicios de Comunicación Audiovisual, o como habitualmente se la nombra: nueva ley de radiodifusión.

En tal sentido, hemos podido compartir los allí presentes un diálogo abierto y sin prejuicios que permitió no sólo responder a dudas sobre el proyecto de Ley, con las explicaciones dadas por el licenciado Carbajal -uno de sus redactores-, sino también practicar un sano ejercicio de ciudadanía y de debate político no circunscripto a los corsés partidarios.

Desde el Foro no podemos menos que sentirnos orgullosos de esta convocatoria y expresar nuestro más ferviente deseo de que la misma signifique el puntapié para futuras discusiones que permitan plantearnos la construcción de una nueva idea de ciudadanía, comprometida con la esperanza de un país y una provincia mejor, que nos incluya a todos.

También advertimos que esa construcción de un nuevo sujeto social, capaz de exigir a nuestros representantes la defensa de los intereses de las mayorías, debe contar con la participación de los más diversos actores sociales, muchos de los cuales parecen no haber advertido aún la importancia de esta instancia histórica que significa la aprobación de una norma que reemplace nada menos que a otra de la dictadura militar.

Por eso reiteramos la convocatoria al Foro, como partícipes necesarios, a periodistas, artistas, de organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, sindicales, estudiantiles y organizaciones intermedias de la sociedad, para aportar al cambio del statu quo vigente, injusto por donde se lo mire y a esta altura decadente.

Es tarea de todos darle fin de una buena vez a eso que como un cliché se denomina “la vieja política” pero que se resiste a morir y busca detener cualquier intento ciudadano por hacer un país mejor. Con la aprobación de esta nueva ley de radiodifusión tenemos una oportunidad histórica. Ellos lo saben, y por eso la resisten. El desafío está en nosotros, en el compromiso con la posibilidad de cambiar las cosas. Por una democracia y un país mejor, para nosotros y nuestros hijos.

Foro Popular de la Comunicación

La licencia de Canal 9 sería de la Provincia

Lo dijo Jorge Lima, director de televisión y ex trabajador de Multicanal de Paraná, quien también formó parte del plantel de LRI 450 Canal 9, cuando este era gestionado por la provincia. Además de Lima, en otra edición del programa Hablemos, estuvieron Juan Bracco, periodista y jefe de redacción de APF; y Verónica Nardín y Jorge Casís, integrantes de la Asociación Civil Barriletes.


Lima recordó la llegada de la empresa de cable a la capital entrerriana (1998): “Nos dijeron que venían a potenciar la televisión en Paraná y zona de influencia, que pretendían hacer un canal federal desde Buenos Aires y que nosotros teníamos que mandar notas de la región. Ahí empieza la pelea porque al haber dos canales (Canal 2 de Santa Fe y Canal 4 de Paraná), dijeron que era muy costo mantener los canales y la primera orden fue bajar toda la programación. Así empezaron cobrarle a los productores precios como de Buenos Aires o Rosario”, relató Lima, para explicar cómo se hizo desaparecer casi toda la producción local.
El trabajador recordó que de esta manera la empresa de cable –del Grupo Clarín- produjo gran cantidad de despidos en Paraná y la región.
“Las áreas de toda la empresa empezaron a vaciarse y no sólo las que involucraban a la programación sino también comercial y atención al público “, sostuvo. Y agregó que “apenas se dividió la empresa, empezaron a despedir a mucha gente, quedamos un montón afuera, y cada año esperábamos a quién iban a despedir; y así fueron achicando sectores”, sostuvo.
Para Lima es importante “aprovechar esta oportunidad” para hacer lo que no se pudo hacer en estos 26 años de democracia en que se viene hablando de la ley de radiodifusión que nadie se quiso enfrentar por una cosa u otra”. Y añadió: “tenemos que aprovechar para discutir, especialmente, sobre qué es lo que queremos en el interior”.
Luego, recordó cómo fue el manejo de Canal 9 de Paraná, que nació como una señal estatal y luego pasó a tener gestión privada: “Empieza a funcionar para todas la red de repetidoras y después se hizo una concesión”, contó Lima, y acotó: “Tengo entendido que (la licencia) es de la provincia pero está concesionada”. En su momento fue concesionada al propietario de Canal 9 de Buenos Aires, Alejandro Romay, quien “debía pagar un canon y respetar ciertas reglas pero nunca cumplió y no se ha cumplido nunca más”, acotó.
El dato resultaría de capital importancia en caso de sancionarse la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que el proyecto establece claramente no solo que las licencias y autorizaciones son intransferibles (Art. 41º), sino también que son indelegables (Art. 44º). La violación de estas disposiciones es considerada por el nuevo texto como “falta grave”, y pueden justificar el retiro de la licencia por parte de la Autoridad de Aplicación.
Juan Bracco, se refirió a los contenidos televisivos para los chicos: “La legislación argentina es firmante de pactos que tienen que ver con la comunicación; en las señales de televisión abierta Argentina hoy se está incumpliendo con tratados internacionales de protección de la infancia que exigen una programación mínima destinada a la educación, esparcimiento y entretenimiento de los chicos; y también las restricciones del horario de protección al menor”, expresó.
Por su parte, Juan Casís, sostuvo que ven “con enorme satisfacción la cantidad de verdades que están emergiendo, por acción u omisión. Y creemos que por primera vez en mucho tiempo en Argentina hay una discusión real del poder real”. En tal sentido, añadió que “no es la discusión de entrecasa que hace la politiquería sino que vemos cómo se les salió la cadena a los que detentan el poder en nuestro país que son los grandes medios”.
También comentó que los avisos publicitarios tanto radiales como televisivos contra la nueva Ley de Medios son “patéticos”. Mencionó por ejemplo aquellas publicidades que hacen referencia a la desaparición de canales porteños: “Muestran que hay una afectación real de intereses poderosos en el país”, dijo Casís, y aseveró que “no tenemos ninguna duda de qué lado nos tenemos que parar”.
Enseguida, explicó: “Nosotros somos un medio alternativo y trabajamos con humildad, pero con seriedad contenidos que hoy no aparecen tratados con seriedad por los medios capitalinos como es la niñez, la violencia y la juventud”.
En tanto, Nardín recordó que en uno de los números de la Revista Barriletes trabajaron el tema del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Valoramos la toma de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática”, dijo la conductora del programa Nuestra Identidad que se emite por LT14 y destacó “el paradigma de la comunicación en cuanto a la distribución de la palabra para que la comunidad saque a la luz las distintas formas de pensar”.
También opinó que “la letra de la ley es bellísima”, en referencia a la presencia de culturas y pensamientos diversos.
“Es una apuesta que hay que tratar ya y pelearla. Esta es la postura de Barriletes”, aseguró Nardín.


FUENTE: LT14/PROGRAMA HABLEMOS

El disfraz de los oportunistas

Junto a los diputados entrerrianos del radicalismo Gustavo Cusinato y Sergio Varisco, y al de la Concertación Entrerriana Emilio Martínez Garbino, los tres legisladores del llamado peronismo disidente, Cristina Cremer de Busti, Gustavo Zavallo y María de los Ángeles Petit, votaron en contra del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el pasado 17 de septiembre.
En declaraciones a Radio de la Plaza, la diputada Cremer expresó que entre otras razones, su decisión y la de sus compañeros de bancada se debió a que “no se introdujo ninguna de las sugerencias que realizaron los foros que se realizaron en todo el país”.
Desde el Foro Popular de la Comunicación expresamos nuestro más enérgico repudio a esas palabras, tanto si fueren motivadas por el desconocimiento, la chicana, o el oportunismo político. En primer lugar, porque ni Cremer, ni Zavallo, ni Petit, ni ninguno de los diputados que votaron en contra, asistieron al encuentro -que fue abierto, plural y sin condicionamientos- realizado en La Vieja Usina el 6 de abril pasado. En tal sentido, la actitud de los legisladores del llamado peronismo disidente coincidió con la de sus pares del radicalismo, de la Coalición Cívica, del PRO y de la Concertación Entrerriana, que viró entre ignorar este mecanismo de participación popular y lisa y llanamente descalificarlo bajo el argumento de que la verdadera discusión debía darse en el Congreso de la Nación, y que además debía realizarse después del 10 de diciembre, deslegitimando a los actuales legisladores para realizar tal discusión. Cuando efectivamente el proyecto llegó al Congreso y se habilitaron audiencias públicas en el marco de la propia institución republicana, prestaron su consentimiento para las maniobras dilatorias encabezadas por la diputada Silvana Giudici, que pretendía, ahora sí, llevar el debate a las provincias, cuando ninguno de estos legisladores había asistido siquiera a uno de los foros realizados en todas las provincias del país.
Hacemos notar que tampoco se acercaron ni ellos ni sus asesores al Foro Popular de la Comunicación, espacio de la sociedad civil totalmente independiente, que formamos en Paraná desde el 24 de marzo pasado para debatir el anteproyecto.
Tal vez por esta razón, la diputada Cremer no se enteró que de las más de cincuenta modificaciones realizadas al anteproyecto original, cinco fueron resultado del aporte de entrerrianos, quienes no sólo asistieron a estos foros sino que también enviaron por escrito sus sugerencias al Comité Federal de Radiodifusión, los que estuvieron disponibles en su página Web. Estos aportes figuran en la propia letra del proyecto, lo que constituye un reconocimiento que quedará en la historia de esta ley capital para la democracia argentina y que enaltece a la sociedad civil de esta provincia.
Para que se entere, señora diputada, se los detallamos:

La primera sugerencia hecha desde Entre Ríos y tomada por el Gobierno se encuentra en el punto 3º, donde se establecen los objetivos de la nueva ley. Allí se agregó a instancia, entre otros, del aporte hecho por el bloque de Senadores justicialistas el inciso “N”, que reza: “El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad”.

La segunda incorporación fue una propuesta de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), y se encuentra en el artículo 4º, dedicado a fijar las definiciones de los conceptos que se vierten en el proyecto. La moción de AFMER llevó a sumar a las “emisoras comunitarias”, definidas como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales”.

En la tercera incorporación, el COMFER sumó un aporte donde se aglutinan varios actores entrerrianos, como Alejandro Caudis, de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Edgardo Massarotti, el ex secretario general de ATE y uno de los impulsores del Foro donde se debatió la propuesta; el Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos y también Néstor Banega, periodista que se desempeña en la Legislatura provincial. Se trata del punto que federaliza la Defensoría del Público que la nueva ley incorpora, tomando a las delegaciones provinciales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (el ente que reemplazará al COMFER) como puntos de recepción de quejas que deberá resolver el Defensor.
También en este sentido se avanzó por aportes de esos mismos entrerrianos respecto de una mayor federalización de la Autoridad de Aplicación.

En el párrafo que pone límites al capital extranjero, el COMFER tomó en cuenta otra sugerencia hecha por Caudis e impuso una cláusula de reciprocidad para flexibilizar las posiciones de los propietarios foráneos en medios argentinos, siempre y cuando existan las mismas condiciones para los argentinos en el país de origen del capital.

Alejandro Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), propuso poner como condición a las empresas telefónicas que quieran sumarse como prestadores de servicios audiovisuales que cualquier operador pueda tener interconexión con la red de telefonía que disponen en cualquier punto técnicamente factible.

Una de las más importantes incorporaciones fue en lo referido al destino de los fondos por gravámenes recaudados, donde a propuesta de Massarotti, se dispone de un porcentaje para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a medios de Fomento, Comunitarios, y de Pueblos Originarios con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.

Por último, otra corrección fue la hecha por Massarotti respecto de la duración del Directorio de Radio y Televisión Argentina SE.

Todos los legisladores tienen facultades para votar como crean conveniente, y como defendemos la libertad de expresión, somos respetuosos de ello. Pero permítase que les digamos que al no haberse considerado esto al retirarse del recinto, no representaron al conjunto del pueblo entrerriano, lo cual es su obligación como funcionarios públicos, en particular a quienes trabajamos independientemente para realizar aportes sin prejuicios K, o anti K.
La cobardía en no aceptar las reglas de juego de la democracia, debatiendo y opinando según sus convicciones, ha redundado en exhibir con verdadera transparencia las hilachas del disfraz de los oportunistas.


FORO POPULAR DE LA COMUNICACIÓN DE PARANA
19/09/09

Ley de Medios: "Hubo un esfuerzo muy grande de consenso y vocación de diálogo", dijo Lázaro

El coordinador General del COMFER, Luis Lázaro, calificó de “reconfortante” el trabajo que se hizo esta semana en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luego de la media sanción, ahora se espera el debate del Senado. También criticó a la oposición y explicó las principales modificaciones del texto.


El debate sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se trasladaría al Senado el próximo lunes, luego de la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a nuestra emisora, Luis Lázaro, coordinador General del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) cuestionó la reacción del núcleo duro opositor (UCR, CC, PRO, Peronismo Disidente y Cobismo). “Refleja la desesperación de quienes en lugar de mantener alguna coherencia con su propia trayectoria democrática intentaron, por todos los medios, el camino de la descalificación y de la chicana, para tratar de eludir el tema de fondo: hablar sobre la importancia de que la democracia tenga un marco que consagre el derecho de todos los ciudadanos y exista una mirada federal de la Argentina en materia de los servicios de comunicación audiovisual”, aseveró el funcionario nacional al tiempo que destacó “el momento que se está viviendo, de profundos cambios tecnológicos, donde los medios tiene un enorme impacto en la vida cotidiana, en lo social y en la formación en la opinión pública”.
En este sentido, Lázaro calificó de “reconfortante” el trabajo que se vio esta semana en el recinto de la Cámara baja entendiendo que “hubo un esfuerzo muy grande de consenso, de acuerdo, de vocación de diálogo con todos los sectores incluso de la oposición (bloques del Centro Izquierda y socialismo), que se quedaron en sus bancas y votaron favorablemente, haciéndolo con responsabilidad y madurez en el marco de un sistema democrático”, agregó.
Consultado sobre el artículo 47 que establece una adecuación por la incorporación de nuevas tecnologías en forma bianual, Lázaro respondió: “Este artículo quedó tal como fue aprobado en el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, no fue modificado en el debate en Diputados y deja las posibilidades de adecuar las normas en manos del Congreso de la Nación”, explicó.
El coordinador General del COMFER habló sobre los argumentos que esgrime la oposición contra la ley de medios. “En estas horas estamos viendo una reacción desesperada de grupos de medios y algunos representantes de la oposición que deliberadamente están tratando de sembrar un clima de zozobra a partir de datos falsos y de faltar a la verdad”, opinó Lázaro al tiempo que sostener que “se estigmatizan algunos puntos sobre lo cuales se pretende poner un manto de sospecha, cuando basta simplemente con leer cómo están redactados los artículos para darse cuenta de que están absolutamente a salvo todos los principios y garantías de todos los sectores e instituciones”.
Al preguntarle sobre el futuro de las emisoras de Frecuencia Moduladas, preocupación manifiesta de radiodifusiones del interior del país, Lázaro explicó: “Esta ley expresamente en su artículo 159 consagra el derecho que tienen los titulares de estos permisos, así como quienes se presentaron a planes de normalización o iniciaron acciones para solicitar una licencia, la ley establece automáticamente una reserva de la frecuencia hasta tanto se tramite la respectiva licencia en las condiciones que después, por vía reglamentaria, se van a resolver en cuanto a los mecanismo. El punto central es que está absolutamente a salvo ese derecho”, reiteró
Además, aclaró el funcionario nacional, en el artículo 160 “se hace un apartado con relación a los radiodifusores que a la fecha de sanción estén en situaciones de medidas judiciales, a los efectos de buscar una pronta solución del tema para atender su regularización y ubicación dentro del espectro”, aseveró.
Por último, Lázaro expresó: “Quiero destacar la importancia de espacios en los medios dedicados a la reflexión e información porque sirve mucho para que la gente sepa de qué estamos hablando”, completó.

FUENTE LT14

Mi voto sí es positivo

Finalmente llegó. Y se instaló. El Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya se discute en el Congreso; pero además se discute públicamente. Y no sólo lo hacen los legisladores: en las audiencias públicas, también hablan dirigentes sociales, empresarios, trabajadores, particulares; cualquiera. Y las cámaras de televisión enfocan. Y la gente en sus casas, aunque sea de pasada, escucha otras cosas sobre la cuestión. Y se entera, se va enterando. Sobre todo se va enterando que la inminencia de las siete plagas de Egipto que los conductores de la televisión monopólica y sus invitados profetizan si la ley se sanciona, no parece ser compartida por mucha, por muchísima gente, que dice otras cosas, que tiene otra visión sobre el tema; que no conocíamos, que no nos mostraban.
Al momento de ir terminando esta nota, la Presidenta anuncia, en conferencia de prensa, que eliminarán los artículos que permitían la entrada de las telefónicas al negocio de los medios audiovisuales y la TV por cable, el punto más criticado por opositores y aliados. Las audiencias organizadas por Silvana Giudici para dilatar la discusión comenzaron en Mendoza con integrantes de organizaciones sociales y de medios comunitarios a los que no se les permitía entrar al recinto del Centro de Congresos y Exposiciones. Estos abuchearon a los legisladores opositores que concurrieron, y trataron a la legisladora de caradura. La televisión nacional tituló: “Manifestantes kirchneristas agredieron a los legisladores e intentaron ingresar con bombos al recinto”. El Canal América 24 transmitía en directo cuando hablaban los opositores; entre ellos, Jaime Correas, director periodístico del diario Uno de Mendoza, quien comparó la situación actual con “la alianza entre loperreguistas y montoneros en los setenta”. Sí, eso dijo. Y varios de los disertantes pusieron el acento en defender a los medios “del Interior” de las decisiones que se toman en Buenos Aires. Sin embargo, cuando uno de los expositores manifestó que de lo que estaba participando no era de una audiencia pública sino de una maniobra para hacer creer que el pueblo de las provincias está contra la Ley de Medios, la imagen volvió a Buenos Aires, y uno de los presentadores dijo: “Volvemos a estudios, con el tema de los medicamentos truchos…”. En realidad, se anotó para hablar un montón de gente que estaba a favor de la ley, pero cuando les llegó el turno ya la tele se había retirado.
La votación viene mejor en Diputados que en el Senado, dicen oficialistas y opositores. Con el anuncio sobre las telefónicas, se supone, el handicap debería mejorar. En el Senado faltan tres votos, sostienen algunos. Lo que explicaría las caídas de ojos de Aníbal Fernández a Menem, en las últimas horas. Paradójico que quien nos metió en esto sea quien tenga ahora la llave para sacarnos, pero así es este país y su política. El número que se consiga en Diputados será determinante para conseguir los votos en el Senado. Lo saben todos.
Después de “La noche de Cobos”, con la 125, y de perder una elección hace dos meses, la pregunta es: ¿Qué pasaría con el Gobierno después de una “Noche de Cobos 2”? No hay duda que los riesgos de esta hipótesis debieron ser analizados por el propio Gobierno a la hora de embarcarse en esta peludeada. Y son su responsabilidad en grado primario, porque para eso es quien gobierna. Lo que no significa que haya tenido que calcular todo al milímetro. Es probable que sí lo haya hecho. Aunque, a juzgar por el operativo de la AFIP, la semana pasada en Clarín, en algo le erró. Lo cierto es que, tal como están planteadas las cosas desde todos los bandos, que son –como diría el poeta- mucho más que dos, la sanción de una nueva ley de radiodifusión es para gran parte de la llamada clase dirigente la madre de las batallas. Para Clarín y sus multimedios aliados, la batalla por sus negocios; para la oposición, la batalla hacia 2011; y para el Gobierno, en gran medida, la batalla por su supervivencia.
Buena parte de la sociedad no quiere literalmente saber nada con los Kirchner. Aunque probablemente sea menos de la que parece según los medios, pero que la hay, la hay. Si el Gobierno decretara mañana regalar un cero kilómetro a cada habitante del país, mucha de esta gente no lo aceptaría simplemente porque “de los Kirchner no quiero nada”. Y es una actitud no reprochable a ningún ciudadano. Simplemente no se quiere saber más nada y punto. Hay derecho a que así sea. Y el matrimonio-sociedad política presidencial debe hacerse cargo de este rechazo motivado por sus decisiones, pero sobre todo, probablemente, por su pésima política comunicacional. Ahora, cuando se trata de la dirigencia política la cosa cambia. Hay (debería haberla) otras responsabilidades que, sin embargo, no se ven.
Mucho se ha dicho de los sistemas parlamentarios de gobierno, como en Europa, donde si una fuerza política pierde sustento, se disuelve el gobierno, se arman otras coaliciones parlamentarias, se elige nuevo primer ministro. Si eso es aplicable a un país como Argentina o no es un debate para constitucionalistas, apasionante, pero futuro. Actualmente tenemos un régimen presidencialista, más rígido, con presidentes que duran cuatro años y legisladores con mandatos fijos, que vencen cuando vencen, no antes. Y mientras tanto están en funciones. Son legales y son legítimos. Aunque se pierdan elecciones en el medio, o aunque buena parte de la ciudadanía no quiera saber nada con el Gobierno, con tal o cual legislador, o simplemente nada de nada. La irresponsabilidad de la dirigencia del núcleo duro de la oposición, la UCR y Unión-PRO, radica en este detalle: en pretender expresar ese descontento social sin la más mínima cuota de razonamiento, sino más bien al contrario, azuzándolo. Lo hace en medio de la discusión de una de las leyes más importantes en 25 años de democracia, afirmando un día que “vamos a la Venezuela de Chávez”, a la semana siguiente que “estamos en un 80 por ciento de acuerdo con este proyecto, pero no lo vamos a votar”, y ahorita nomás, después del anuncio sobre la telefónicas, que “si modifican el artículo 152 y le mantienen las licencias por diez años” a los monopolios, la votamos. Patético.
La centroizquierda, en tanto, coquetea más sus diferencias con el proyecto oficial en los medios que las que realmente tiene, porque si no tendría que admitir que los mismos técnicos que los asesoraron para redactar sus siempre novedosos “proyectos alternativos” son los mismos que pusieron la sesera para el proyecto del Gobierno. Las diferencias en la letra son bien menores que frente a las cámaras de televisión. Lo saben.
Pero hay un sector que con menos protagonismo mediático tiene hoy mayor responsabilidad, por dos razones: por ser quienes tienen “la llave” para definir esto y porque son quienes, no casualmente, han tenido las mayores responsabilidades de Gobierno cuando las políticas neoliberales se aplicaron sin anestesia en el país y dieron lugar a lo que ahora todos criticamos -inclusive ellos, claro- con palabras como pobreza, exclusión, monopolio. Son los compañeros del peronismo disidente. Versión remix del tren fantasma, que hoy por hoy no puede subir a Frankenstein en una esquina sin que Drácula se baje en la otra, asustado porque vio “algo” que después no podrá contar. Como si algo pudieran contar en público de lo que hasta ahora han hecho en privado. Lamentable legión de impresentables que insisten –y con chance, hay que decirlo- en seguir tratando de “generar una esperanza”, apoyados en los mentados aparatos, eternos motores de sus franquicias políticas; en sus insospechadamente extensos tentáculos en los medios de comunicación y en un vínculo cuasi incestuoso con algunos comunicadores. Suficiente para poder afirmar que se está preocupado por un posible “control excesivo del Poder Ejecutivo hacia los medios” sin que la gran mayoría de la comarca periodística arriesgue siquiera una mueca.
Como están planteadas las cosas, más allá de quien sea la responsabilidad, este gobierno puede tener serios problemas para mantenerse si pierde la votación por una nueva ley de radiodifusión. Ningún dirigente político desconoce esto, mucho menos un peronista. Por eso, quien manda a sus legisladores a votar en contra del proyecto sabe perfectamente a qué está jugando. Una tercera década infame puede estar tranquilamente a la puerta en la Argentina. Y otra vez dirán sin ponerse colorados: “Yo no fui”.

José Luis Ferrando
Periodista

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Ley de Medios: La Presidenta anunció la eliminación del artículo que habilitaba el ingreso de las telefónicas

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que se eliminará del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el artículo que permitía a las empresas de telefonía participar en medios audiovisuales y televisión por cable, con la excepción de las cooperativas que sí podrán hacerlo.
En una conferencia de prensa desarrollada en la casa Rosada la presidenta dijo que el Gobierno tomó la decisión de "eliminar que las telefónicas puedan participar de este ámbito" para "desterrar uno de los principales escollos y las excusas que le pueden haber servido a otros para no tratar la ley".
Sostuvo además que el propósito de haber incluido a las telefónicas fue "dotar a la sociedad argentina de un instrumento legal en materia de medios que pueda permitir que se escuchen las voces de todos y que se desmonopolice este sector"
"Eliminamos este escollo para lograr un consenso amplio y hacer honor a miles de hombres y mujeres de organizaciones sociales y periodistas para tener una nueva ley de medios de la democracia", remarcó la Presidenta.
La presidenta se encargó también de destacar que el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que se debate en la Cámara de Diputados "transitó 25 foros, 80 reuniones públicas y tuvo 138 modificaciones".
CFK remarcó que esta norma "constituye después del Código de Vélez Sarsfield la primera ley `anotada`, que significa que establece el origen y las razones por los cuáles se dicta la norma".
La presidenta consideró que la nueva ley de comunicación audiovisual "debe ser una ley de gran consenso, en la cual en los ejes fundamentales estemos todos de acuerdo".
Además, aclaró que "este proyecto no incluye en ningún articulado cómo debe ser el contenido de la publicación" y sostuvo que "la necesidad de tener una verdadera nueva ley de medios de la democracia es una oportunidad que no debe ser frustrada".

FUENTE: PAGINA 12

"Hay una oportunidad maravillosa"

El periodista Víctor Hugo Morales estuvo entre los más aplaudidos de la jornada de audiencias públicas por la Ley de Comunicación Audiovisual de ayer en el Cámara de Diputados. “Hay una oportunidad maravillosa”, opinó el locutor, quien consideró que “los que se oponen a esta ley son los mismos que efectuaron el robo que durante 15 años se hizo del fútbol”. El representante de la telefónica Telecom, en tanto, se pronunció a favor de “que todos los actores puedan competir en todos los servicios”.
Víctor Hugo reconoció que el proyecto puede ser perfeccionado y añadió que no creía “que sean tan sonsos como para privarse de que la ley se vote, sólo para beneficiar a alguien”. Morales fue muy crítico con el Grupo Clarín, con el que mantiene un añejo enfrentamiento. “Cuando una empresa pretendía poner avisos en otros diarios les decían que si lo hacían perdían la posibilidad de publicar en Clarín; por eso digo que les importa el poder que acumulan y el que destruyen”, sostuvo.
Uno de los puntos que vienen cuestionando tanto opositores como aliados al kirchnerismo es la posibilidad que otorga el proyecto a las empresas de servicios públicos de ingresar al negocio de los medios. Ayer participó de la audiencia Hernán Colombo, en representación de Telecom Argentina, señalada por la oposición como la empresa que podrían adquirir hombres cercanos al kirchnerismo. Colombo sostuvo que la propuesta del Gobierno “es un importante avance en las limitaciones que representa la actual regulación para las redes de telecomunicaciones”.
También el presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), Felipe Boccoli, defendió el proyecto y consideró que los legisladores que no lo voten “serán objetivamente responsables de perpetuar la ley y la estructura monopólica de los medios de comunicación de la dictadura militar”.

Fuente: PAGINA 12

Ley de medios: “Lo que está en juego es la palabra de todos”

Lo dijo la senadora nacional, Blanca Osuna, respecto al debate sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ingresó al Congreso la semana pasada y en los próximos días se iniciarán las audiencias públicas en la Cámara baja. El ex legislador radical, Luis Agustín Brasesco y el periodista Jorge Calcina, también opinaron sobre el tema.


Blanca Osuna, senadora nacional por el bloque Frente para la Victoria, consideró que debido a que en nuestro país los medios de comunicación han formado "monopolios y oligopolios consolidados", hay un riesgo concreto y manifiesto contra la libertad de expresión de todos los ciudadanos. "No es posible pensar en libertad de prensa cuando hay monopolios y oligopolios", aseveró la legisladora entrerriana.
Según lo expresó en el programa Hablemos de LT14, Osuna destacó: “Son muy pocas leyes las que llegaron al Congreso con un debate tan intenso", como en este caso. Y agregó que este debate le otorga una “gran riqueza” al proyecto, dado que es “muy importante el intercambio de propuestas, y los muchos aportes que le realizaron entrerrianos, universidades y organizaciones, de distintas regiones del país”, resaltó la senadora tras acotar: “En este camino, nos debemos una nueva ley”.
Al preguntarle si ha que debatir el proyecto ahora o después del 10 de diciembre, Osuna respondió: “Es el momento de debatir” añadiendo que “el eje que ha obturado el avance de los demás proyectos (sobre comunicación)”. Enseguida, la senadora nacional sostuvo que en esta instancia se hace sentir “el poder de las empresas que son en muchos casos las que han limitado el debate de todos los proyectos”.
Luego, destacó la “legitimidad absoluta para representarnos” de todos los legisladores que integran el Congreso de la Nación hasta el próximo 10 de diciembre.
Osuna expresó que vislumbra, desde ya, que hay posibilidades de modificación del proyecto pero dijo: “Apuesto a que hay buena fe en las partes”. Y afirmó que “lo que está en juego es la libertad de expresión, de comunicación y la palabra de todos”.

“La ley tiene que salir por una concertación”
Por su parte, el ex legislador radical, Luis Agustín Brasesco, consideró que los argentinos “tenemos que tener” una nueva ley de medios y aclaró que cuando él dice que no se debata hasta después del 10 de diciembre, se refiere “al debate del plenario”, según afirmó al programa Hablemos en la tarde de este viernes.
Brasesco consideró que la representatividad actual es “legítima, pero no significa eso que los que van a asumir después del 10, no tengan legitimidad de tipo política y también de tipo social, porque son representantes de éste último proceso”, sostuvo.
Además, explicó que es necesario, que “sean convocados los legisladores todos los electos para que, en sus bloques o en comisiones, viertan sus opiniones”.
Para Brasesco esta es una “ley muy delicada” e indicó que para muchos que no conocen bien el tema “creen, y a lo mejor es la intención de algunos sectores, que esto es una lucha de un medio de comunicación con el gobierno nacional”.
Luego, explicó el dirigente que “no se trata de eso, hay algo de eso, pero se trata de la libertar de prensa, de las necesidades de comunicación que tienen los diferentes sectores”.
El ex convencional resaltó la necesidades de que “el Estado, como Estado, las organizaciones, medios sociales, universidades, tengan frecuencias"; también "que haya un control". Y añadió: “Mejor si es ajeno al Poder Ejecutivo, y está vinculado al Congreso”.
Brasesco también señaló que “por el otro lado también está la libertad y el respeto que tiene que tener el medio con el periodista”. A su vez, observó como importante el tener en cuenta la “libertad” del periodista a informar y a dar a conocer su “opinión” para lo cual deberá estar protegido por la “ley”, más precisamente “por normas operativas”.

“Es necesario dar el debate en la sociedad”
Finalmente, Jorge Calcina, también habló sobre la importancia de debatir una nueva ley de medios. Consideró necesario “no apartar la mirada del fondo de la cuestión ni tomar este tema como una pelea entre un sector y otro”.
Para el conductor del programa Te digo más, de LT14, “es muy bueno que comience el debate, y como todo debate, seguramente habrá consensos y disidencias, pero es necesario que se discuta”.
En este sentido, el periodista destacó “la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación en nuestra sociedad y el derecho que tenemos todos los ciudadanos al acceso a la información pública y a la libertad de prensa”.
Luego, Calcina insistió en la importancia de “no perder el ángulo de la visión” sobre el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual. “Es necesario dar el debate en la sociedad, y empezar a charlar sobre todos los temas como el órgano de aplicación, la estabilidad de los trabajadores, porque estamos hablando de miles de trabajadores de prensa que están precarizados y debe reglamentarse”, completó.

Fuente: LT14

Qué me vienen a hablar de Clarín

Las iglesias eran los medios de comunicación de la Edad Media, decía Umberto Eco. En ellas se reunía periódicamente gran parte de la comunidad y, desde el púlpito, los ministros de la Iglesia daban a conocer los misterios de Dios pero también algunas noticias, que eran luego comentadas por los feligreses. Se estima que un hombre de la Edad Media recibía en toda su vida menos información que la que consume en un solo día uno de nuestro tiempo, en el que los modernos medios masivos de comunicación han transformado, y lo hacen casi diariamente, la cantidad y calidad de la información que recibimos y la forma en que lo hacemos.
La libertad de expresión es una expresión íntimamente ligada al ascenso de una clase social: la burguesía. Cuando con la Revolución Francesa esta clase tomó el poder, los medios de comunicación, mayoritariamente los diarios, fueron instrumento de debate político. Tanto es así que casi no había político importante que no tuviera su propio periódico, o el de algún correligionario, a través del cual combatir a sus adversarios.
A fines del siglo XIX, con el desarrollo de la segunda revolución industrial en Europa, los cambios tecnológicos comenzaron a preparar el nuevo escenario para la irrupción de lo que los teóricos denominaron con posterioridad la cultura de masas. Es este el tiempo primero de la radio y luego de la televisión, instrumentos privilegiados de la manipulación política del siglo XX, aunque también fuente inagotable de entretenimiento y transmisión de cultura. Este destape de símbolos, en un contexto de capitalismo concentrado, se desarrolló bajo el impulso de las grandes corporaciones. Para dar un ejemplo: los mayores accionistas de las primeras cadenas de televisión norteamericanas eran los propios fabricantes de televisores. Por esa época empezaron unos debates teóricos interesantísimos, que la posteridad ha terminado simplificando en la antinomia “libertad de prensa vs. libertad de empresa”. Se trata de discusiones que, por cierto, están lejos de cerrarse.
La hegemonía del paradigma radiotelevisivo duró hasta la masificación de la Internet, nuevo salto tecnológico mediante, hace apenas una década. Pero, para entonces, ya estaba sucediendo un fenómeno que muchos advertían pero nadie parecía poder impedir: el paso de la política desde el espacio público a la televisión o como algunos la denominan, la videopolítica. El proceso, en apariencia inocente y bien intencionado, terminó imponiendo a la política los códigos de la televisión, que no son bajo ningún aspecto democráticos, sino más bien todo lo contrario. El resultado, casi nos podríamos arriesgar a denominarlo sin mayores explicaciones, fue la despolitización de la política.
Como sabemos, nuestro país ha sido primero en muchas cosas y en varias ocasiones un ejemplo para el mundo. En la década del ‘90 lo volvimos a ser, como experimento de hasta donde podía llegar la aplicación de políticas neoliberales en un país del tercer mundo. Ya casi nadie lo recuerda, pero un ministro de Economía llegó a gestionar con el Gobierno de EEUU (con foto incluida) garantizar un canje de deuda externa con la recaudación fiscal, es decir, con los impuestos que el Estado cobra y son su mayoritario sustento. Varios dirigentes de la oposición se quejaron seriamente y el globo se desinfló antes de elevarse. Entre ellos había una legisladora que entonces era de centroizquierda y hoy podríamos incluir en la centroderecha, para ubicarla en algún lugar que haga inteligibles sus profecías. Ella trataba entonces de traidores a la Patria a quienes seguían los dictados del FMI, aunque hoy esté recomendando “volver al Fondo”. Eso sucedió, yo no lo soñé.
El mencionado experimento económico y político tuvo también su correlato en los medios de comunicación. Por ejemplo: hay una dicotomía muy instalada en el pensamiento de la clase media argentina que entiende que todo lo relacionado con la política es corrupto, y que todo lo relacionado con la sociedad civil (otra construcción interesante de debatir) es transparente. Más allá de la responsabilidad de muchos políticos en esto, ¿alguien cree seriamente que es fruto de la casualidad? En los ‘90 también floreció el periodismo de denuncia y sus estrellas. Y aunque la situación de entonces no es comparable con la de una dictadura, no es menos lógico mencionar que en determinado momento no era difícil estar en contra de Menem y de la llamada clase política en general, como no era difícil para cualquier progresista estar en contra de Onganía o de Videla (aunque sepamos que hubo revolucionarias excepciones). Pero el buen ciudadano estaba ávido de que los periodistas le contaran cuan malos eran los representantes que había elegido, mientras le daban a entender que estaba claro que él nada tenía que ver con eso/s.
Sin considerar al gobierno de Néstor Kirchner de izquierda ni mucho menos, es evidente que el campo progresista ha tenido que comenzar a hilar mucho más fino desde su gestión. Y la prueba para todos debió ser la mediática resolución 125, ya en el gobierno de Cristina Fernández. Por primera vez en muchos años pareció que los políticos no discutían dos variantes de una misma opción, que no se encontrarían después del debate en el café, a la vuelta del Congreso, a comentar la comedia de hace un rato. El abrazo entre Rossi y Buzzi, una vez finalizada la votación victoriosa para el oficialismo en Diputados, fue criticado pero público. Y el resultado posterior en el Senado tal vez postule para la historia una primera contracara de tantos encuentros furtivos en el café. ¿El regreso de la política? ¿La repolitización de la política? Vaya uno a saber. Por de pronto, a muchas estrellas de la denuncia periodística se las ve hoy muy preocupadas por mantener sus trabajos. Y su nivel de vida. Pero, sobre todo, muy desorientados a la hora del análisis político. Insisto, con Menem, con De la Rúa, era más fácil. Ahora hay que pensar.
La década menemista dejó un sistema de medios absolutamente concentrado y perverso. Una nueva ley de radiodifusión es tan necesaria como que se trata de la diferencia entre que se pueda o no plantear una razonable distribución del ingreso en este país. En esta situación, ya quedó bastante claro cuál es la partecita del corazón que los grandes medios tratarán de conmover en el medio pelo argentino ante cualquier gobierno que quiera intentarlo. Mientras tanto, estos han mantenido una estrategia más o menos uniforme: en tanto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era un anteproyecto, el silencio; una vez presentado el proyecto en el Congreso, el ataque público más feroz. Amén de tener elaborado, se dice, otro proyecto que sería ingresado a la brevedad por algún legislador afín.
El ataque, en general, se basa en dos o tres enunciados con la siguiente estructura lógica: “Con este proyecto vamos a ser la Venezuela de Chávez”, se dice; sin aclarar qué es la Venezuela de Chávez y dando por sentado que se trata de algo indeseable. Mucho menos se aclara cuáles son los artículos del proyecto que hacen que un país se transforme en otro por sancionar una ley.
Otra de las diatribas es: “Es una ley para amordazar a la prensa”, sin tampoco explicar cuáles son los dos renglones donde eso queda más o menos claro. Una pregunta: ¿Lo leyeron? Varios de los más conspicuos opinólogos dejan serias dudas.
A los cinco minutos (minutos políticos, se entiende) del anuncio de la Presidenta, en conferencia de prensa, la mayoría de los principales dirigentes de la oposición anticipó que de acá en más van a repetir hasta que las velas ardan que este Congreso está deslegitimado y que tratándose de un asunto de política de Estado el proyecto amerita un debate más largo (profundo, dicen); por lo tanto, debe tratarse después del 10 de diciembre. El más osado fue el diputado radical Oscar Aguad, quien horas antes ya se había autoproclamado diputrucho. Nuevas preguntas: ¿Qué deben hacer los legisladores de aquí al 10 de diciembre? ¿Ir a las cámaras a jugar al truco, tal vez?
Algunas autoridades de la Iglesia se han manifestado en sentido similar. Sin embargo, el arzobispo Mario Maulión, en el escenario del Foro de La Vieja Usina, en abril pasado, antes de las elecciones, había dicho: “Consideramos sumamente positivo y necesario que el Poder Ejecutivo Nacional formule un proyecto de ley que regule la radiodifusión en nuestro país como un bien social y que con la incorporación de las nuevas tecnologías pueda dar progreso al país, acorde a los tiempos”. Evidentemente, monseñor no se refería a los tiempos políticos, o sí.
El proyecto presentado por el oficialismo puede y debería ser mejorado y fortalecido por el debate parlamentario. Aunque de hecho ya ha recibido muchísimos aportes fruto de los foros realizados en todas las provincias, los que figuran con nombre y apellido al pie del texto, en un gesto tan inédito como notable. Lo que resta ajustar convenientemente es la debida instalación del tema en la sociedad. Y esa deuda constituye hoy el mayor obstáculo para su aprobación. Más allá de lo sucedido en relación a la televisación del fútbol, una gran mayoría de la sociedad no sabe qué es lo que se está discutiendo, y sólo recibe información a través de los grandes medios que, no abundaremos más al respecto, ya sabemos que están en contra. Hoy es el momento del Estado. El Estado y sus estructuras. Y la principal de ellas para esta empresa es la escuela.
Con su civilización o barbarie, Domingo Faustino Sarmiento tal vez haya sido el autor de la madre que las parió entre todas las zonceras argentinas. Pero también, con su genio contradictorio, discutido y discutible, fue el creador del mayor medio de comunicación, el más efectivo y duradero que los argentinos hayamos conocido. Su escuela normalista fue criticada con y sin razón hasta el hartazgo, pero hasta hoy no hemos sabido fundar un paradigma que la reemplace en toda su dimensión, un instrumento capaz de crear un imaginario colectivo de nación de la envergadura de aquel proyecto.
Ya está, llegó la hora de la verdad. El proyecto de ley de radiodifusión ya no es “ante”, ya no es “borrador”, ya está en el Congreso. Es tan sencillo como que es ahora o nunca. La escuela es un gran medio de comunicación. Enorme y efectivo. No para imponer una idea, sino para favorecer el debate en su real complejidad. Si la escuela no lo hace, si no lo hacen los docentes, los directivos, los propios alumnos con su pensamiento, con su opinión, los padres y todos quienes integran lo que llamamos “la comunidad educativa”, lo harán los medios con sus simplificaciones: Argentina-Venezuela, medios K-libertad de expresión, Kirchner contra Clarín. Como lo vienen haciendo desde hace demasiado tiempo con tantos otros temas, como tal vez nos hayamos acostumbrado a que lo hagan.
Se trata nada menos que de una ley bisagra para los próximos treinta años. Para saber si la mayoría de nosotros tendremos el derecho a pensar, hablar, ser partícipes de la vida en sociedad, ser en definitiva ciudadanos, y si lo podrán hacer nuestros hijos. O si sólo lo podrá seguir haciendo un grupo reducido de grandes propietarios. Y sus hijos, claro.

El proyecto de ley de Servicios Audiovisuales tomó sugerencias hechas por entrerrianos

El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) citó cinco sugerencias tomadas de personas e instituciones de Entre Ríos que generaron cambios entre el borrador del proyecto de ley de servicios audiovisuales que se puso en discusión en marzo y el proyecto que finalmente ingresó el jueves pasado al Congreso de la Nación.

De las 50 modificaciones que se generaron entre el texto puesto en debate público por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de marzo en La Plata y el proyecto que fue remitido por el Ejecutivo nacional el pasado jueves 27, cinco receptan aportes hechos por organizaciones y particulares de la provincia de Entre Ríos.
La primera sugerencia hecha desde Entre Ríos y tomada por el Gobierno se encuentra en el punto 3º, donde se establecen los objetivos de la nueva ley. Allí se agregó a instancia, entre otros, del aporte hecho por el bloque de Senadores justicialistas el inciso “N”, que reza: “El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad”.
La segunda incorporación fue una propuesta de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), y se encuentra en el artículo 4º, dedicado a fijar las definiciones de los conceptos que se vierten en el proyecto. La moción de AFMER llevó a sumar a las “emisoras comunitarias”, definidas como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales”.
En la tercera incorporación, el COMFER sumó un aporte donde se aglutinan varios actores entrerrianos, como Alejandro Caudis, de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Edgardo Massarotti, el ex secretario general de ATE y uno de los impulsores del Foro donde se debatió la propuesta; el Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos y también Néstor Banega, periodista que se desempeña en la Legislatura provincial. Se trata del punto que federaliza la Defensoría del Público que la nueva ley incorpora, tomando a las delegaciones provinciales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (el ente que reemplazará al COMFER) como puntos de recepción de quejas que deberá resolver el Defensor.
Cuando la ley pone límites al capital extranjero, el COMFER tomó en cuenta otra sugerencia hecha por Caudis e impuso una cláusula de reciprocidad para flexibilizar las posiciones de los propietarios foráneos en medios argentinos, siempre y cuando existan las mismas condiciones para los argentinos en el país de origen del capital.
Por último, Alejandro Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), propuso poner como condición a las empresas telefónicas que quieran sumarse como prestadores de servicios audiovisuales que cualquier operador pueda tener interconexión con la red de telefonía que disponen en cualquier punto técnicamente factible.
La discusión del proyecto presentado por la Presidenta el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. Tras este acto, se realizaron más de 24 foros y 80 charlas en donde los ciudadanos dieron más de 15 mil opiniones. El proyecto final tiene 156 artículos que, con citas y referencias, se extiende a lo largo de 163 páginas.

Mecanismo democrático
“Es uno de los procesos más democráticos de elaboración de leyes. Es muchísima la satisfacción de poder ver que han sido recogidas nuestras opiniones, como también las de infinidad de organizaciones sociales e individuos de todo el país”, postuló Edgardo Massarotti, integrante del Foro Popular de la Comunicación, al analizar la toma de sugerencias que hizo el COMFER.
“Es algo pocas veces visto. Por eso, cuando algunos hoy plantean que hay que dejar para otro momento la discusión de la norma, la mejor respuesta está en que hace bastante tiempo que las organizaciones populares, sin distinciones, pudimos participar y además esta participación se ve reflejada en el texto de la ley”, abundó.
Massarotti, es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aseveró que le causó “asombro” que el Gobierno nacional haya tomado estas referencias, que además están en el texto definitivo que ingresó al Congreso. “Le da un valor inmenso”, aseguró.

Fuente: APF

La nueva ley de medios al Congreso

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Congreso de la Nación el texto definitivo del Proyecto de Ley de Sertvicios de Comunicación Audiovisual.
El programa HABLEMOS estuvo presente en el acto realizado en Casa de Gobierno y en la marcha posterior hasta el Congreso donde se leyó un documento reclamando el debate de la iniciativa. Pese a lo que dijeron muchos medios, la marcha tuvo una importante concurrencia y su característica, sin dudas, más saliente fue su diversidad y colorido. Además, un dato llamativo: no todos los grandes medios de comunicación cubrieron la movilización.Entre los presentes, se comentaba la notoria ausencia del móvil de Canal 13 y Todo Noticias.


Palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner:

“Muy buenos días a todos y a todas.
Señores gobernadores; vicegobernadoras; legisladores; Madres y Abuelas: tal cual lo enunciara en el mensaje que dirigí al Parlamento con motivo del inicio de las Sesiones Ordinarias este año, 1º de marzo de 2009, el Congreso va a debatir este año, el proyecto de ley de Medios Audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura.
No es casualidad tampoco que hayamos elegido este día, Día de la Radiofonía y además el 5º aniversario de la constitución de la coalición democrática que precisamente fue el conjunto de organizaciones no gubernamentales que impulsó una nueva ley de medios que sustituyera a la dictadura. A ellos muchas gracias por haber tenido la férrea voluntad durante tanto tiempo.
Es de ellos, es de ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática y más plural, este proyecto. No es de este Gobierno, no es de un partido político; es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa.
Esta ley tiene una metodología novedosa. Como anteproyecto la presentamos un 18 de marzo en la ciudad de La Plata para que fuera discutida en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas; más de 23 foros, más de 80 conferencias, participación de todos los sectores para que realmente constituya un proyecto colectivo, un proyecto común.
Algunas de las cuestiones fundamentales de sus contenidos: el establecimiento de tres segmentos de la información y de los medios audiovisuales.
El campo de los medios audiovisuales que hoy mayoritariamente es de carácter comercial y solamente hay un pequeño espacio para el sector cooperativo, para el sector de las ONG, va a cambiar en forma estructural, porque un tercio será para el espacio comercial, un tercio para el espacio público y un tercio para las organizaciones no gubernamentales; universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrán acceder también a frecuencias para poder hacer conocer su voz.
Se sustituye el viejo directorio militar por un organismo amplio, plural en el que participan Poder Ejecutivo y oposición parlamentaria creándose también organismos como el Consejo Federal donde van a intervenir todas las provincias y todos los actores, los privados, los públicos, los cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos originarios, para el control de lo que significa el derecho al acceso a la información pública y a la libertad de prensa.
Alguien decía, Mariotto creo, que pasaron veintiséis años sin que ningún Poder Ejecutivo -y cuando digo ninguno es ninguno- enviara este proyecto de ley al Congreso.
Es curioso, se ha hablado en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir del año 2003, de gobiernos con superpoderes, los mismos poderes que se tenían durante los años ´90 en todas las legislaciones y que tienen en numerosas provincias.
Lo que pasa que esas facultades que tenían en todas las legislaciones eran facultades que se ejercían no a favor de la sociedad sino para privatizaciones, para bajar sueldos, para achicar presupuestos sociales. Mientras eso fue así, nadie habló de superpoderes. Se comenzó a hablar de superpoderes cuando esas facultades que estaban años en nuestra legislación comenzaron a usarse a favor de la sociedad, a favor del pueblo.
Yo me permito una hipótesis, una hipótesis porque uno tiene la obligación de ciertos términos, pero para mí, en mi fuero más íntimo es una certeza. Yo tengo una respuesta para esa pregunta que se hacía Mariotto de por qué durante 26 años nadie envió un proyecto.
Porque mientras hablaban de los superpoderes en realidad había un suprapoder en la República Argentina, un suprapoder, suprapoderes, lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, hay otros poderes, sutiles y no tanto, que tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión.
Por eso conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información y a la distorsión y manipulación de la otra parte.
Porque en definitiva libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, sus titulares no son los que tienen la noble función de ejercer el periodismo y lo han elegido como vocación, tampoco está su titularidad en la cabeza de los que son propietarios de las grandes empresas periodísticas; libertad de prensa, libertad de expresión, derecho y acceso a la información están en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman este bendito país que son los verdaderos propietarios de estos derechos.
Esta ley busca consagrar esa pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, la de los que nos gustan y la de los que no nos gustan; la de los que nos conviene y la de los que no nos convienen a cada uno de nosotros.
Pero además también sería ingenuo no advertir la necesidad de esta norma como un salto a las nuevas tecnologías. Cuando se sancionó esta ley, además de haberlo sido por una dictadura, lo más moderno que existía en materia de comunicaciones era el fax.
Esta es también la historia contemporánea de la sanción de esta ley.
Hoy el advenimiento de las nuevas tecnologías, la digitalización, la incorporación de nuevas normas exige la apertura de nuevos y mayores actores, pluralidad de actores que garanticen a todos los ciudadanos que vamos a poder acceder a las mejores tecnologías y a los mejores precios también de esas tecnologías; la necesidad de garantizar esa apertura es imprescindible.
Yo creo que esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina, va a ponerla a prueba porque vamos a ver si en nuestro Parlamento…, y hablo de nuestro porque yo me siento allí como ciudadana, yo tengo representantes.
Tengo representantes como miembro del Poder Ejecutivo, en toda organización democrática hay un sector oficialista, pero también tengo representantes como ciudadana simple y como ciudadana rasa porque yo voté diputados y senadores para que representaran los intereses precisamente del conjunto. Y creo que como nunca se va a poner a prueba la capacidad de ese Parlamento, que en otras oportunidades y en otras etapas históricas se vio agobiado por las secuelas de lo que fue la tragedia de 30 años de historia que arrancaron a ese Parlamento leyes no queridas. Creo y estoy convencida de que hemos adquirido la madurez institucional para poder decidir en nombre y representación precisamente de los que nos han votado y de los intereses del colectivo social.
Estoy absolutamente convencida de que en esta prueba a la que va a ser sometida nuestra democracia va a salir victoriosa.
¿Y saben por qué? Porque creo que han sido demasiados años en los cuales todos, no solamente quienes trabajan en política o tienen responsabilidades institucionales, sindicales o empresariales, han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz frente a otra voz, su expresión y su verdad frente a otra verdad o frente a otra mentira.
Pero en definitiva creo sinceramente que es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos para mostrar ante el mundo eso que tanto reclamamos permanentemente y que es la calidad institucional.
No hay calidad institucional únicamente por las formas, la calidad institucional es de fondo, es de contenido, es de sustancia, es cuando las instituciones de la Constitución sirven al pueblo y solamente al pueblo y no a otros intereses.
Muchas gracias a todos los que durante tanto tiempo esperaron, trabajaron y lucharon por este momento. Muchas gracias”.

Palabras del Interventor del Comfer, Gabriel Mariotto:

“Señora Presidenta, señores Ministros, señores Gobernadores, compañeros: es un día realmente trascendente, este es un tema que hace muchos años distintos militantes, compañeros, trabajadores de prensa, trabajadores de los medios de comunicación vienen soñando: que un Ejecutivo se comprometa de esta forma, con toda la fuerza que la presidenta de la Nación le da el impulso de un debate en el Congreso. Algo tan simple después de más de 25 años de democracia, que este tema, los medios de comunicación, su marco jurídico, se debata en el Congreso de la Nación. Habrá que pensar qué presiones persistieron para que ésto no ocurra, algo tan simple como que los ciudadanos asistamos a que nuestros representantes debatan este tema en el Congreso.
Libertad de expresión, históricamente, fue defender que un ciudadano, un grupo de ciudadanos, pudieran expresarse, hablar en la esquina de las casas de los barrios; esa esquina se trasladó a los medios de comunicación. Hay que defender, entonces, libertad de expresión, derecho a la información en los medios de comunicación. El mundo está discutiendo estos temas, la Argentina también, respetando los principios que dictan los organismos de Derechos Humanos, respetando derecho a la información y libertad de expresión.
Por instrucciones de la Presidenta de la Nación, el 18 de marzo se presentó una propuesta de Proyecto de Ley en la Ciudad de La Plata. Esa propuesta contenía casi 150 artículos, que fue el disparador, el inicio para que transitemos por distintos foros en todo el país. Más de 24 foros, más de 80 charlas en donde los ciudadanos dieron más de 15 mil opiniones en el micrófono, en un teatro, para aportar y enriquecer esa propuesta de proyecto de ley, que hoy la Presidenta de la Nación firma para que el Congreso discuta. Los ciudadanos ahora tenemos la certeza que con ese impulso, con ese respaldo va a ser mucho más fácil asistir a esos debates. Estemos atentos para que nuestros representantes, entonces, debatan con profundidad, con claridad, con convicción. Porque ese pueblo que participó, esos ciudadanos que han participado en los foros, y sus aportes que han enriquecido la ley, tienen que ser un respaldo para nuestros legisladores, que cuando reciban la presión tengan un pueblo atrás que los está sosteniendo.
Muchas gracias”.

Carta enviada por Frank La Rue, relator de la ONU

“Excelentísima Señora Presidenta:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia con el propósito de manifestarle mi más profundo reconocimiento al esfuerzo que Ud. personalmente ha realizado en el desarrollo de la propuesta de Ley sobre medios Audiovisuales en Argentina. Como relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, me permito reconocer públicamente que esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países, en virtud de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias de la radio y la televisión, manteniendo el principio de pluralismo y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión.
El establecimiento de tres segmentos equivalentes de frecuencias comerciales, comunitarias y públicas, es un paso avanzado en el ámbito de la legislación sobre telecomunicaciones.
Deseo, además, felicitarla por el proceso seguido para la elaboración de este Propuesta de Ley, pues pude verificar personalmente en Argentina que la misma surge del documento de principios propuesto por organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Esto también constituye un gran precedente en materia de propuestas legislativas, que estoy seguro que el Congreso de la República sabrá valorar. Resaltando esta iniciativa como una de las buenas prácticas que surgen del continente, me permito expresar mis deseos para que proceso de aprobación de la ley mantenga el espíritu positivo de la misma.
Reiterando mi compromiso como relator de brindar a las diferentes instancias del Estado Argentino el acompañamiento técnico que en materia de derechos humanos y de libertad de expresión pueda yo brindar, me suscribo a Ud., respetuosamente, Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión”.

Fuente: www.comfer.gov.ar