En la segunda edición del programa Hablemos, que se emite por LT14 todos los viernes de 19 a 20, estuvieron presentes el economista Luis Lafferriere; Beatriz Montaldo, dirigente de CTA; Darío Basso, titular de AFMER; Mónica Portillo, de APUC y Manuel Ramat, de ATE.
Luis Lafferriere, economista y docente universitario, explicó que en el ámbito de la Facultad de Comunicación Social impulsó, junto a otros colegas y alumnos, la creación del Observatorio de Comunicación. “Analizando no sólo el rol de los grandes medios de comunicación sino también la política y la legislación de la comunicación”, precisó el profesor en declaraciones a LT14, al tiempo que anunció que “desde ese espacio, también creamos otra instancia que es la Red de Comunicadores Alternativos.
Respecto al anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsado por el Gobierno nacional, Lafferriere dijo que se lo está estudiando pero “en principios somos críticos” aclarando que son críticos no de la ley sino de que los 21 puntos no estarían contemplados en la política que en los últimos años lleva adelante el gobierno.
En este sentido, el docente universitario mencionó la prórroga de licencias al Grupo Clarín y la autorización para la fusión de las empresas de cable del multimedia. “Nos hacen dudar si el espíritu de la ley va realmente acompañado con la intención de aplicarla o simplemente es un papel que queda y juega en un momento de elecciones”, agregó.
“Queremos aprovechar los espacios para participar y debatir, nos parece bárbaro que se generen estos ámbitos para intercambiar ideas porque las diferencias enriquecen, pero insistimos en para que haya intenciones de cambios tiene que haber cambios en las políticas concretas actuales”, expresó Lafferriere.
Por su parte, Beatriz Montaldo, dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), consideró que habría que dejar de hablar de “borrador” para hablar de “proyecto”. Y explicó: “Como todo proyecto de ley, hasta que entre en estado parlamentario será un proyecto; después será ley, si sale tal cuál está o si es modificado con el voto de los legisladores”.
Enseguida, la docente sostuvo que si se sanciona esta normativa, “implica la derogación de una ley de la dictadura, es un acto de reafirmación democrático en sí mismo”.
En este sentido, Montaldo destacó a nuestra emisora: “Es un proyecto de ley que ha recogido un proceso de participación popular” y mencionó el proyecto de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. “No podemos hacer como que es algo tan natural el hecho de que en la Argentina se haya juntado gente para discutir, analizar y lograr un documento de este tipo”, opinó la dirigente gremial tras valorar la “decisión política” del Gobierno nacional de “tomar el proyecto de los 21 puntos, porque hubiera podido hacer caso omiso”, acotó.
Luego, Montaldo sostuvo que “independiente de las políticas actuales del gobierno, en algunas acciones, el proyecto de ley de medios viene del Ejecutivo y nosotros, como ciudadanos, tenemos que involucrarnos si o si, porque es un momento histórico”. Y aclaró: “En todo caso, tendremos que discutir el rol del Estado en la comunicación”.
También habló de la importancia de uno de los conceptos que plantea este proyecto de ley: “El derecho a la información, no el cliente, sino el derecho de tener este servicio”.
Y añadió: “Me parece que hemos avanzado enormemente y si el salto es tan cualitativamente superior, como ciudadanos tenemos que organizarnos y demandar el cumplimiento de la ley. Y si sale, será la ley de todos”.
Montaldo, además, hizo hincapié en el rol de los medios de comunicación en su relación con la escuela actual. “En el contexto del monopolio escandaloso, del manejo de la cabeza de la gente, a través de la información tergiversada o manipulada por estos medios, la escuela debe ser el lugar del debate profundo”, expresó la docente tras opinar: “Tenemos que darnos cuenta de la lectura crítica y estar obligados a enseñarles a los chicos qué es la manipulación de la información”.
El presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), Darío Basso, consideró que el debate sobre la ley de medios se centró en la pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín. No obstante, destacó las acciones del interventor del COMFER durante el gobierno de Néstor Kirchner, Julio Bárbaro. El funcionario nacional “a través la resolución 1366/06, nos dio la posibilidad de normalizar el país, nos guste o no”. Y agregó: “En Entre Ríos, excepto en Paraná, nos normalizamos”.
Al preguntarle sobre el al anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Basso respondió: “Tenemos mucho para aportar pero queremos que nos diferencien: qué es baja potencia, cuáles son las categorías de las radios, alturas de torres, etc.”
El titular de AFMER también aclaró: “No tenemos nada que ver con los grandes medios, con el Grupo Clarín. Nosotros estamos en nuestros pueblos teniendo la antenita, cada uno somos una mini o micro empresa familiar” añadiendo que “nosotros queremos, en la nueva ley, un apartado que nos contemple”.
En tanto, Mónica Portillo, miembro de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicaciónla Comunicación, dijo que “en términos generales” comparten el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsado por el Gobierno de la Nación. (APUC) y del Foro Popular de
En este marco, destacó la importancia de que “la gente común tome conciencia que no se trata de cualquier ley sino una ley que regulará (los contenidos) de lo que entra a cada uno de nuestros hogares, es decir, es parte integrante de la familia argentina”.
“Nosotros insistimos en la importancia de debatir los apartados de la ley ya que hay cuestiones generales que compartimos pero otros puntos nos parecen muy inexactos que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas”, expresó la licenciada en Comunicación Social a LT14 tras mencionar por ejemplo el tema de la regulación de la publicidad oficial.
“Queremos una política de medios que promueva valores, la cultura regional, que no se esconda la manipulación, a través de las nuevas tecnologías” y agregó: “Que el tratamiento de esta ley no sirva para reotorgarle el poder político y económico a los grupos que ya tienen ese poder; queremos una nueva redistribución de los medios, lo que implicará un fortalecimiento de la democracia en el país”, opinó Portillo.
Manuel Ramat, docente y dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), también opinó sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Nos interesa apoyar, debatir y discutir una ley que viene de la dictadura y que desde hace rato que debería haber sido abolida”, opinó el dirigente gremial, al tiempo que consideró que hoy tenemos que analizar “cuál es la siembra y cuál es el estado en que nos dejó la dictadura: querían que estuviera todo digitado y controlado, y con esa manía del control nos impedían pensar”.
En este sentido, Ramat sostuvo que el debate actual sobre el proyecto de una nueva ley de medios es “una oportunidad histórica” aclarando que “disiento con Luis Lafferriere, no creo que nadie sea ingenuo ni se puedan hacer observaciones (al proyecto de ley), pero si dejamos pasar una oportunidad historia, no vamos a poder tomar nunca más ese tren”. Y añadió: “Con esta ley se nos da la oportunidad de debatir, de ser participes y protagonistas, es una oportunidad inmejorable”.
Para el docente, desde el punto de vista de los trabajadores “también es una oportunidad de participar de otra manera” aclarando que “no es para acceder a un medio y así tener una expresión corporativa. “Nosotros creemos que desde ATE tenemos una visión o un proyecto de la ciudad, de la región, del país y del mundo que es bueno que podamos discutirlo y que tengamos una voz para expresarlo”.
Además, Ramat opinó: “Hoy vemos que los medios de comunicación están concentrados y digitalizados; sabemos que nos dan las opiniones masticadas y nos impiden pensar. Por eso no queremos para nuestros alumnos ni para nuestros hijos un mundo donde las opiniones vengan de Marcelo Tinelli, de Susana Jiménez o de los escándalos de Jorge Rial. Ni tampoco de Mirta Legrand o de los comunicadores de los programas de opinión de TN”.
Para el docente y dirigente de ATE, actualmente “hay opinólogos que nos quieren dar las recetas y las soluciones a los problemas, un Mariano Grondona que hacia comunicados de los golpes militares, hoy nos dice cómo pensar. Una cuestión básica es que tengamos memoria”, expresó Ramat tras destacar que también es importante “romper con la concentración de medios y permitir que se exprese la pluralidad de voces que tiene el país”.
Por último, Ramat manifestó a LT14: “Creemos que es una oportunidad no sólo la de poder discutir esta ley sino la de debatir un proyecto y modelo de país”.
Invitados
El presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), Darío Basso; Beatriz Montaldo, dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA); Mónica Portillo, miembro de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC); Manuel Ramat, docente y dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Luis Lafferriere, economista y docente universitario, fueron los invitados a debatir sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el programa “Hablemos”, que se emite todos los viernes de 19 a 20 por LT14. Conduce: José Luis Ferrando.
El viernes pasado comenzó en nuestra radio el programa “Hablemos”, en el cual semanalmente se realiza un debate sobre el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Horacio Robustelli, consultor y docente universitario, destacó “los contenidos” del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por la actividad académica de la Universidad. “En las leyes y proyectos anteriores, en general, los contenidos de la radio y la televisión estaban sujetos a cuestiones relacionadas con códigos de procedimiento civil o penal pero nunca tratados desde el punto de vista de la independencia que los contenidos tienen”, explicó el profesor. Y destacó esos contenidos “en cuanto a la generación de nuevos espacios creativos, significativos, de organizaciones del tercer sector, de universidades o de gremios”.
Para Robustelli, “si estos son compartidos por todos podemos discutir mucho mejor cuestiones interesantes en relación a la vida cotidiana de la gente, por eso el tema de los contenidos me pareció una cosa fantástica de este nuevo proyecto, aún cuando no están explicitados muy detalladamente. Creo que los parámetros generales que tiene el proyecto son alentadores en relación a la formación de futuros comunicadores sociales, en cuanto a la construcción de productos diferentes”, agregó.
Por su parte, Ricardo Sánchez, secretario general de la CTA Paraná, opinó: “Creo que en la Argentina, los paradigmas de gobiernos dictatoriales se basan, fundamentalmente, en una Ley de Radiodifusión que no responde a las más mínimas necesidades del pueblo Argentino”.
Para el dirigente gremial, “el derecho a la información es un derecho básico y, evidentemente, con la concentración de medios de comunicación (en Capital Federal y en grandes ciudades del país), los argentinos nos merecemos la discusión de una nueva Ley de Radiodifusión”.
También consideró que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como disparadores los 21 Puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. “Nos parece sustancial que en la Argentina de hoy se empiecen a discutir estos temas”, insistió Sánchez, y agregó que “la CTA tiene una mirada positiva sobre la discusión de este nuevo marco jurídico”.
Lisandro Viale, diputado nacional por el Partido Socialista (PS), dijo a nuestra emisora que en el Parlamento hay varios proyectos de Ley de Radiodifusión presentados. “Como bloque del PS presentamos uno de autoría del diputado nacional Roy Cortina; y desde Entre Ríos, un proyecto concreto de creación de una sociedad del Estado para regular el funcionamiento respecto de la radiodifusión y televisión argentina”, dijo Viale.
En este sentido, el legislador entrerriano se refirió a su propuesta para los medios públicos: “Una sociedad del Estado que permita que lo público no sea del gobierno, que sea participativo y que tenga un consejo directivo que no responda al gobierno de turno, porque no hay que confundir lo público con lo que es del gobierno”, dijo. En relación al actual Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), su iniciativa propone “una autoridad federal directiva” que reemplace a ese organismo: “en este punto diferimos del anteproyecto o borrador del Gobierno, y no lo digo en forma peyorativa”, aclaró el diputado socialista. No obstante, opinó que “es imprescindible que este debate se dé hacia toda la sociedad y los sectores; esto es muy positivo, pero que no sea engañoso”, advirtió.
Juan Bracco, licenciado en Comunicación Social, coincidió con la posibilidad de instituir un órgano colegiado “que detente el poder sobre la comunicación en Argentina”. No obstante, aclaró respecto de su conformación: “Yo no le tengo miedo a la política porque a las autoridades las elegimos nosotros cada cuatro o dos años, pero a las corporaciones no las elige nadie. No hay que tenerle miedo ni a la política ni a la representación del Estado”, expresó el periodista.
Bracco también valoró que “hay un período abierto, desde que se presentó el proyecto hasta su supuesta incorporación al Congreso, un lapso de 60 o 90 días, para que los foros de todo el país discutan el tema y de esta manera, la ciudadanía haga sus aportes y comentarios”. Y añadió: “La necesidad de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe ser una cuestión de todos, de la que la ciudadanía pueda apropiarse para poder discutir, de la misma manera, otros temas importantes”.
Invitados
Horacio Robustelli, docente universitario y titular de la Consultora Robustelli y Asociados. Lisandro Viale, diputado nacional por el Partido Socialista. Ricardo Sánchez, secretario general de la CTA Paraná. Juan Bracco, licenciado en Comunicación Social y director de los sitios web Valor Local y Cronista Digital, fueron los invitados a debatir sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el programa “Hablemos”, que se emite todos los viernes de 19 a 20 por LT14 Radio General Urquiza AM 1260 Paraná- Entre Ríos. Conduce: José Luis Ferrando.
En un país empobrecido, los grandes diarios son órganos de dominio colonialista. El periodismo es quizás la más eficaz de las armas modernas que las naciones eventualmente poderosas han utilizado para dominar pacíficamente hasta la intimidad del cuerpo nacional y sofocar casi en germen los balbuceos de todo conato de oposición. Su acción es casi indenunciable porque fundamentalmente opera, no a través de sus opiniones sino mediante el diestro empleo de la información que por su misma índole no puede proporcionar una visión integral y sólo transferir aquella parte de la realidad que conviene a los interesas que representa.
Un conjunto de conceptos que hacen a la definición del principal conglomerado de medios de la Argentina: la objetividad, la libertad de expresión, el pluralismo, la justicia y Clarín, en la visión de Clarín.
La objetividad, según Clarín
Con motivo de la 35º Feria Internacional del Libro, este año, la revista Ñ, del Grupo Clarín –su principal auspiciante- publicó un suplemento de 100 páginas en el que detalla todas las actividades a desarrollarse en el predio de la rural de Palermo en Buenos Aires. Además de información sobre la feria, el programa contiene publicidad. En la página 11, una de ellas muestra la foto de una tapa del diario Clarín y al lado el monitor de una computadora con la imagen de su sitio digital: Clarín.com. Debajo de ambas imágenes, se lee “Ser objetivo consiste en mostrar las cosas desde más de un lugar”. No aclara que ambos “lugares” desde los cuales se muestra la información forman parte de un mismo grupo empresario, de una misma propiedad, junto a la de otras cuarenta empresas reconocidas por el Grupo.
La libertad de expresión, según Clarín
En la edición del domingo 3 de mayo, el diario Clarín recordó el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En páginas 44 y 45 escriben Beatriz Sarlo, Eliseo Verón, Miguel Wiñazki, Gregorio Badeni, Rodolfo Terragno y Hermenegildo Sábat.
Sarlo es, además de reconocida intelectual -muy leída en las facultades de Comunicación Social-, columnista de generalidades en la revista dominical Viva, del diario Clarín. Verón, otro de los próceres de la universidad - especialmente desde el alfonsinismo- dirige una maestría en periodismo, financiada por la Universidad de Columbia y el Grupo Clarín. Wiñazki es director de una maestría similar, financiada por la Universidad de San Andrés y Clarín. Gregorio Badeni es cotitular del Servicio de Orientación Legal de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), organización de propietarios de medios, manejada por los diarios La Nación y Clarín, quienes son, además, propietarios de gran número de los otros medios integrantes de la asociación y –junto con el Estado- de Papel Prensa, la empresa que -desde 1978- monopoliza la producción de papel para diarios en la Argentina. Badeni es además un reconocido constitucionalista que formó parte en los días de la Convención Constituyente de 1994, de una “task force” integrada por miembros de ADEPA y la CEMCI (Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente) en defensa de los intereses de los empresarios de grandes medios, en dos iniciativas que los preocupaban sobremanera: el derecho a réplica, consagrado como “derecho de rectificación” en el Pacto de San José de Costa Rica, y el hábeas data, que habilitaba a cualquier persona que figure en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio. Ambos peligros fueron conjurados por el equipo de expertos en libertad de expresión de los empresarios. En el caso del derecho a réplica se agregó un párrafo que sostenía que los tratados no restringen “artículo alguno de la primera parte de esta Constitución”, pese a que el mismo texto constitucional aprobado establece que los tratados internacionales están por encima de su propia normativa.
Rodolfo Terragno formaba parte del Senado que la noche del 23 de enero de 2002, modificó la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras. A esa modificación el diario Ámbito Financiero la bautizó Ley Clarín. Aunque, en realidad, hubo varias leyes Clarín (y decretos). Pese a haberse adueñado de los medios más importantes del país (o quizá por ello), el Grupo tenía por entonces una deuda de 1.165 millones de dólares. La reforma de la citada ley extendió los plazos de negociación y le permitió a Clarín y a otros grupos empresarios evitar el temido procedimiento del cram down, por el cual un acreedor se podía apropiar de la compañía en la fase previa a una eventual quiebra. Pero, posteriormente, el 15 de mayo del mismo año, por presión del Fondo Monetario Internacional en nombre de la “seguridad jurídica”, el mismo Senado sancionó la Ley 25.589, por la que se restablecía el mecanismo de extranjerización de acciones. Fue entonces cuando los grupos empresarios locales, entre ellos, Clarín y La Nación, lograron una excepción al cram down con la aprobación, el 18 de junio de 2003, de la Ley 25.750, “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, otra Ley Clarín. Gracias a estas ayudas de los poderes ejecutivo y legislativo, más la pesificación de los depósitos bancarios, el Grupo Clarín y otros grupos empresarios participantes de la fiesta financiera de los ’90, pudieron renegociar su deuda, licuar parte de su pasivo y evitar la quiebra.
El entonces senador Terragno explicó así su voto a favor de las normas que beneficiaron a Clarín, La Nación, y a los grandes multimedios: “(…) Con setenta mil millones de pesos acorralados, y sin crédito, muchas empresas argentinas estaban en cesación de pagos por razones no imputables a sus empresarios. En estas condiciones, el mal llamado cram down podía transformarse en un outlet” (una venta de artículos de segunda selección, para decirlo en sencillo). Guillermo Mastrini, desde la Cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, tiene una opinión bien diferente: “(…) si se considera que el principal motivo del endeudamiento de las corporaciones de medios fue la adquisición de otras empresas mediáticas, principalmente en el sector de la Televisión por Cable, la ley (25.750) puede ser entendida como de defensa de la concentración. Una vez más queda evidenciado como corre el Estado en auxilio de las grandes corporaciones: si todo va bien, las empresas se apropian de las ganancias, cuando hay turbulencias económicas o malas inversiones, buscan la protección del Estado.” (http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/).
Hermenegildo Sábat es dibujante oficial, desde hace 35 años, del diario Clarín.
Los columnistas mencionados dejaron planteadas sus preocupaciones sobre “las malas ideas sobre los medios”, “el autoritarismo” que “no es historia”, “la contaminación, vía estadísticas” o “los caminos de la censura”, entre otras. Ninguno mencionó la palabra monopolio.
El pluralismo, según Clarín
El Portal de Estudios en Comunicación y Periodismo es una organización no gubernamental sin fines de lucro abocada a la capacitación de periodistas y comunicadores sociales, a la investigación especializada y divulgación de contenidos. Está integrado por profesionales y académicos especializados con destacadas trayectorias y lleva adelante un observatorio de medios que no es el del Gobierno Nacional. En la dirección http://www.pecyp.com.ar/0028.html pueden consultarse datos cualitativos y cuantitativos sobre el tratamiento que los principales diarios argentinos han dado a algunos temas de “actualidad”.
Entre el 26 junio y el 13 de julio de 2008 (cuando todavía no se había lanzado oficialmente), el tema “proyecto de nueva Ley de Radiodifusión” tuvo un porcentaje de aparición igual a 0,0 no sólo en portadas sino en información complementaria, secundaria, opinión, etc., de los diarios Clarín, La Nación y Crítica. Pese a que los datos son del año pasado, la situación no ha variado sustancialmente desde el lanzamiento oficial del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 18 de marzo, en el Teatro Argentino de La Plata. En la oportunidad, Clarín sólo mencionó la noticia en forma breve, en el interior del diario, y La Nación publicó –también en página interior: “Limitarían licencias en radio y televisión”. De allí en más, con poquísimas excepciones, siempre críticas hacia el anteproyecto, el silencio.
No obstante, el pasado 5 de mayo, Clarín adelantó en su tapa el título de una nota en página 11, que reproducía parte de las conclusiones de una reunión -en Washington- de la comisión directiva de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), una organización de propietarios de medios de todos los continentes, ante José Miguel Insulza, secretario General de la Organización de Estados Americanos. Las “duras críticas” al proyecto oficial del documento de AIR, reproducen casi textualmente las conclusiones del 139º Congreso de la junta de directores de ADEPA, del 24 de abril pasado. Pese a que la nota incluía una foto de Insulza hablando en el encuentro, y a la mención de Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, como presente en el encuentro, la cobertura no incluyó la palabra de estos importantes funcionarios internacionales sobre el tema. Sólo se recogen impresiones de Luis Pando, presidente de AIR y se sostiene que desde su presentación, el proyecto del Gobierno “recibió en la Argentina una multiplicidad de cuestionamientos desde los sectores más diversos”. Entre ellos se menciona a “legisladores de la oposición, ex funcionarios, expertos en medios de comunicación y empresarios”.
La Justicia, según Clarín
El pasado 20 de marzo, la dirigente de la Coalición Cívica y superestrella de los medios del Grupo Clarín, Elisa Carrió, dijo en conferencia de prensa, en referencia al anteproyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno nacional: “No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es en defensa de la libertad de expresión". Algo así como una expresión de honestidad brutal.
Ernestina Herrera de Noble es la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, heredera del fundador del diario, Roberto Noble, fallecido en 1969. La viuda tiene dos hijos adoptivos: Marcela y Felipe, de quienes se sospecha que son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. El tema no es nuevo, ni mucho menos. Surgió apenas comenzaron a investigarse las apropiaciones ilegales de bebés durante aquella época e implicó que la señora estuviera cuatro días y medio presa en diciembre de 2002.
Pablo Llonto es un ex periodista y delegado gremial de Clarín, despedido con motivo de una huelga en el año 2000. Además de periodista, Llonto es abogado y defensor de familiares de desaparecidos durante la dictadura. En 2003, contó los detalles de la trama de las adopciones de Marcela y Felipe y sus posteriores consecuencias judiciales, en un libro llamado La Noble Ernestina (Editorial Punto de Encuentro), que tuvo muy poca difusión. El libro fue reeditado en 2008, aunque sigue sin difundirse.
La causa por los hijos de la viuda de Noble consta de dos partes: en una se trata de averiguar qué hizo con esos dos chicos y en la otra si efectivamente son hijos de desaparecidos. Lo que está probado desde hace muchos años es que las adopciones fueron falseadas. Para abreviar, transcribo cómo cuenta Llonto la versión que Ernestina de Noble dio a la justicia sobre la adopción de sus hijos, en 1976: “La señora contó que a la nena la había encontrado en una cajita en el jardín y que se la quedó en su casa. Después de 7 días fue a un juzgado a decir “me encontré una nena en una cajita y quiero adoptarla”. Y del nene explicó que cuando fue ella al juzgado a llevar a la beba, que tenía 6 meses, justo allí había una señora que venía a entregar a su bebé del mismo tiempo porque no podía mantenerlo. Entonces, en el juzgado, gran coincidencia, dijeron justo acá esta la señora de Noble. Se lo vamos a ofrecer. Así la señora de Noble salió del juzgado con dos bebés adoptados.” (http://revista- zoom.com.ar/articulo1808.html). Lo que Llonto cuenta está en un expediente judicial. Pero fue la misma viuda quien, luego de su detención y posterior liberación, en una nota del diario Clarín, el 12 de enero de 2003, reconoció: “muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”. Lo que motivó una carta de Abuelas de Plaza Mayo, dos días después, en la que se le pregunta, entre otras cosas: “¿Por qué entonces (…) no hizo valer su influencia y la fuerza de su amor a ellos y a la verdad, para animarlos a realizar los análisis inmunogenéticos y de ADN, que hubiera dado respuesta a sus dudas?”
Cuando el juez Roberto Marquevich mandó a detener a Ernestina de Noble, en 2002, las pruebas de la falsificación de las partidas de nacimiento y las irregularidades en la adopción de Marcela y Felipe ya habían pasado por varios juzgados; entre ellos, el del propio Marquevich, quien las había desestimado siete años antes. Para justificar su historia la señora Noble presentó dos testigos. Uno era un ex chofer suyo, ya jubilado, quien debía corroborar si había visto que ella se había encontrado una beba en el jardín adentro de una cajita. Ante el juez el hombre dijo: “Yo no vi nunca nada, sólo era chofer de la señora Noble en el ‘76 y a mí una vez el abogado de la señora me llevó a su estudio y me hizo firmar una declaración que no me acuerdo qué decía y que yo la firme porque era empleado” (Llonto, ob.cit.). El otro testigo era una vecina, por entonces fallecida. Cuando el magistrado citó a su hija, ésta declaró: “Mi mamá no era vecina de la Noble, ella vivía en otro lado en el ‘76”. (Ibídem) Los dos testigos eran truchos. Pese a esto, un importante grupo de periodistas de AGEA, empresa editora de Clarín, y de otros medios, criticó en una solicitada la “abusiva detención de la señora Herrera de Noble”, argumentando “medidas manifiestamente contrarias a los derechos constitucionales básicos de libertad ambulatoria, debido proceso y garantía de la defensa en juicio”.
Pero Marquevich tenía ya varias causas abiertas por algunas actuaciones escandalosas como juez. Comenzó a hablar por los medios jactándose de que había metido presa a la dueña de Clarín. A los cinco días, Ernestina estaba en libertad, y nueve meses después, juicio político mediante, el juez ya no era más juez.
Con posterioridad, el tema llegó a la Corte Suprema de Justicia, en 2004. Pero esta lo resolvió recién en 2007. Por lo que, en ese lapso, la causa no registró ningún avance. La Corte le pidió a la Cámara de Casación, un tribunal inferior, que examine la petición de Marcela y Felipe Noble de prestarse a una extracción de sangre para cotejarla genéticamente solamente con las dos familias presentadas en el expediente: Lanuscou y Gualdero. Pero de ninguna manera les ordenó que lo hagan con el banco de datos genéticos donde están depositadas las muestras de la mayor parte de los familiares de desaparecidos. En palabras de Llonto, “evidentemente saben de dónde vienen y están presentando este recurso absurdo”. Mientras tanto, “dilatan las cosas esperando que la causa prescriba una vez que Noble, que tiene 82 años, muera de viejita”. (Ibídem).
¿Y la Corte? ¿No se da cuenta de esto? Abuelas de Plaza de Mayo, presidida por Estela de Carlotto, pidió que el tribunal anule su propio fallo a través de un mecanismo casi nunca usado en la Argentina: una “acción de nulidad por sentencia fraudulenta” o “nulidad de la cosa juzgada fraudulenta” porque sostienen que existió fraude, debido a que se ‘desvió el proceso de su curso normal’ -y “colusión”-. Las abuelas afirman que jueces de la Corte participaron de ágapes, cócteles y charlas relacionados con el Grupo Clarín. En particular, señalan a Enrique Petracchi, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco”. (Videla Alan. www.periodicotribuna.com.ar. "Apretar al soberano, las interminables andanzas del Grupo Clarín". 25.10.2007)
Un dato menos mencionado en esta historia es que las pruebas que terminaron con la detención de Noble pasaron, en 1997, por el juzgado Federal Nº 7 de Capital Federal, a cargo de Adolfo Bagnasco, quien investigaba el llamado “plan sistemático” implementado por la dictadura para el robo de bebés. Sin embargo, Bagnasco desestimó la denuncia a pesar de tener evidencia suficiente del delito. Entre otras cosas, se encontraban las partidas de nacimiento de Marcela y Felipe Noble Herrera, los expedientes de guarda y adopción de ambos jóvenes, y la propia investigación realizada por la Comisión Nacional de Derecho a la Identidadla Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. No obstante, la por entonces presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Elisa Carrió, rechazó “de plano” un pedido de juicio político contra el juez Bagnasco por esta causa. Lo cuenta Joaquín Morales Solá -empleado de Clarín en aquel momento- en un artículo posterior, publicado en el diario La Nación en diciembre de 2002, cuando Ernestina se hallaba detenida, en el que agrega: “(…) Se lo acusaba al magistrado de haber demorado la investigación. Carrió reclamó, antes de tomar la decisión, el testimonio personal y reservado de varias personas (entre ellas, la de quien esto escribe)”. Lo que se dice, otra expresión de honestidad brutal. de las Personas, dependiente de
Clarín, según Clarín
Héctor Magnetto es el segundo accionista del grupo Clarín. Pero es el verdadero gestor del crecimiento y consolidación de un monopolio económico financiero con base multimedia desde que éste era sólo un diario más, consustanciado con el desarrollismo. El contador Magnetto ingresó a Clarín el 2 de marzo de 1972, como “adscripto a la Dirección”, luego de trabajar en la concesionaria de automóviles Berlinghieri. Lo hizo recomendado por el dirigente desarrollista Rogelio Frigerio, amigo de Roberto Noble y de gran influencia en la línea editorial del diario hasta 1980, año en que Clarín cortó el cordón umbilical con ese movimiento. Luego de la muerte de Noble, el 1969, su viuda, una excelente bailarina de flamenco, fue dando a Magnetto paulatinamente cada vez más participación y responsabilidad en las decisiones de lo que todavía ni siquiera se insinuaba a sí mismo lo que después se denominaría Grupo Clarín. Fue ya en esta etapa, en la década del ‘90, cuando Magnetto, absolutamente consolidado como hombre fuerte de un conglomerado que llegó a reconocer unas cuarenta empresas, pasó de ser “gerente general” a denominarse CEO (Chief Executive Officer), y segundo accionista del tercer grupo multimedia de Latinoamérica.
Magnetto, quien siempre cultivó el bajo perfil, tiene una enfermedad aparentemente terminal. Al menos, eso sugiere su biografía autorizada El hombre de Clarín. Vida privada y pública de Héctor Magnetto (Editorial Sudamericana), publicada en 2008 por el ex vocero de Raúl Alfonsín, José Ignacio López. En realidad, atendiendo a algunos detalles, casi podría hablarse de una autobiografía. Por ejemplo, en la página 362, López relata un viaje del ejecutivo a Italia mencionando “una posible incursión nuestra en telefonía”, en primera persona, sin comillas. Pero, se entiende, a veces a los correctores se les escapan cosas.
Nadie puede afirmar nada a ciencia cierta sobre las motivaciones de un personaje como Magnetto para, en una situación como la que atraviesa, prestarse a contar su versión de su vida, que es prácticamente la del Grupo Clarín. Lo que sin dudas queda claro en la prosa de López es la voluntad de justificar todas y cada una de las acciones de este hombre, de sus aliados y subordinados, en la construcción de un imperio cuya meta fue siempre, y eso no se puede ocultar, el poder y el dinero. La estrategia no tiene mucho de novedosa: cuando le iba bien a Clarín le iba bien al país; cuando le iba mal a Clarín era por culpa del país; cuando le iba mal al país, era por culpa de su dirigencia política. En tal sentido, “El hombre…” no refleja más que el pensamiento de buena parte de la dirigencia empresaria argentina. Con la salvedad de que se trata de la biografía de un personaje que se atrevió a decirle a un vicepresidente recién asumido con casi el cincuenta por ciento de los votos: “No te equivoques, el poder lo tenemos nosotros”. No voy a hacer otra consideración sobre el autor, a quien respeto. Sólo aclarar que las menciones a Gregorio Badeni, Rodolfo Terragno, Elisa Carrió y Joaquín Morales Solá, donde no se especifica la fuente, fueron extraídas de las páginas 307, 505 y 320 (en ese orden) del mencionado libro, que a pesar de sus volteretas para justificar lo injustificable, no deja de ostentar también cierto lujo de honestidad brutal. El resto, está en Clarín.
