Aldo Rotman, profesor universitario y responsable del Proyecto de la red de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Agustín Alberin, estudiante de la Carrera de Licenciatura de Comunicación Social de la UNER, participaron del último programa de Hablemos.
La nueva ley de medios establece en su artículo 15 la creación de un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual que estará integrado, entre otros, por un represente por las radios de las universidades nacionales y uno por las que tienen carreras de comunicación.
Al respecto, en diálogo con LT14, Aldo Rotman informó: “El miércoles pasado, en mi carácter de representante de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales de la Argentina (ARUNA), estuvimos reunidos para avanzar y discutir todo lo que falta por hacer”. Enseguida mencionó por ejemplo pensar “quiénes nos van a representar” en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
“Lo que hemos intentado hacer es privilegiar un marco de discusión saludable y sosteniendo los grandes logros que nos vienen acompañado y tratando de dejar a un costado las diferencias”, contó Rotman al tiempo que destacó: “Todavía no hemos arribado a un nombre, pero hemos podido establecer una serie de criterios que van a permitir definir quién será nuestro representante por las universidades nacionales, entendiendo que lo más importante es representar un proyecto y no centralizarlo en la figura de una persona”, aclaró.
Respecto a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su implementación, Rotman expresó: “Desde ARUNA hemos acompañado fervientemente este proceso; presentando algunos capítulos para varios proyectos, estuvimos acompañando la redacción de los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática”.
Y añadió: “Algunas de las expectativas y los reclamos que teníamos las radios universitarias están expresados, mayoritariamente, en el capítulo dedicado a las radios universitarias donde establece una serie de derechos y beneficios para las radios”.
Agustín Alberin es estudiante de la Carrera de Licenciatura de Comunicación Social e integrante del proyecto de la red de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El joven destacó el rol del estudiante en esta iniciativa: “Compartir la experiencia de un grupo de estudiantes que valoramos la radio desde la universidad”, expresó.
Luego, Alberin consideró necesaria la participación de los estudiantes en las radios universitarias. “Es bueno imaginar a la radio como una herramienta al servicio de la comunidad pero estaría bueno participar desde otra lógica, entendiendo a la comunicación de otra manera que no sea como una mercancía”. Y bregó por “tratar de imaginar otras programaciones posibles”. “Es un espacio interesante para participar y formar parte de este proyecto”, completó.
FUENTE:LT14
24/10/09
AFMER espera la reglamentación de la nueva ley de medios
Participaron de otra edición del programa Hablemos: el presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), Darío Basso; la delegada en Entre Ríos del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Cristina Ponce; y también Gerardo Dayub, actor, director y ex secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná; ambos integrantes del Foro Popular de la Comunicación de Paraná.
Darío Basso habló sobre la postura de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) ante la aprobación de la nueva ley de medios. “Nosotros discutimos la ley porque queríamos aportar para tener una mejor ley, tenemos 30 años en el rubro de radiodifusores, somos la única en el país ordenada con personería jurídica; queríamos que nos escucharan”, dijo Basso tras considerar que el nuevo texto de la normativa “no nos contempla, nos ningunea”.
Enseguida, explicó que "el 142 es el único artículo de la ley que habla sobre radios de baja potencia de FM; después hay un largo camino, estamos esperando que la reglamenten”, acotó el titular de AFMER.
Luego, Basso mencionó que en la ciudad de Paraná es una zona de conflicto de frecuencias con la ciudad de Santa Fe. Y aclaró que, sin embargo, que no hay conflicto entre las localidades vecinas como Rosario y Victoria; Diamante y Coronda, ni pueblos entrerrianos cercanos al Uruguay.
“Paraná tiene actualmente entre 60 y 80 emisoras, porque nacen como hongos y cierran, nunca podes tener el número total”, comentó Basso tras insistir en la necesidad de “normalizar las radios chiquitas” para ordenar el espectro radioeléctrico.
Y añadió: “El COMFER tenía ganas de normalizar Paraná, es decir, llamar a concurso” aclarando que el resto de la provincia está normalizado y estimó que “debe quedar lugar para poner más radios”.
Al preguntarle cuál es el punto en concreto que reclaman las PYMES por no haberlas tenido en cuenta en la nueva ley de medios, Basso respondió: “No nos tuvieron en cuenta porque nosotros queríamos que a las radios de baja potencia no nos apliquen la ley como se les va a aplicar a las de alta potencia”. Mencionó por ejemplo, las cargas sociales e impuestos.
Cristina Ponce, en tanto, habló sobre la importancia de haber militado, desde el Foro Popular de la Comunicación, la nueva normativa de comunicación audiovisual. “Peleamos y apoyamos desde del corazón y del alma la aprobación de la nueva ley de medios”, comentó la funcionaria referir al manejo de la información que se realizan en los medios de comunicación en la Argentina. Mencionó la diferencia de tratamiento que se le dio al caso del escrache al senador nacional por la UCR, Gerardo Morales (ocurrido días atrás) con la agresión que recibió el diputado nacional por el PJ, Agustín Rossi, durante el conflicto del campo y el debate de la Resolución 125. “Hubo una movida de prensa importante y nuevamente se siguen manipulando los temas y según los intereses de cada medio”, opinó la titular del INADI en Entre Ríos.
En este sentido, Gerardo Dayub, también comentó sobre el bombardeo mediático y la manipulación de la información: “Yo estoy tratarme de acostumbrarme al desacuerdo, es decir, de no calentarme ni desesperarme cuando en la lucha por el poder se va perdiendo o desparramando. Hay que acostumbrarse a las reglas de juego, por supuesto que hay acciones que no se justifican, pero en el desacuerdo hay que tratar de buscar la vuelta para manifestar su posición. Nos cuesta entender que en este desacuerdo tendremos que crecer para sufrir menos y tener menos angustia política en la lucha”, expresó el integrante del Foro Popular de la Comunicación manifestando su satisfacción por la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
FUENTE: LT14
Darío Basso habló sobre la postura de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) ante la aprobación de la nueva ley de medios. “Nosotros discutimos la ley porque queríamos aportar para tener una mejor ley, tenemos 30 años en el rubro de radiodifusores, somos la única en el país ordenada con personería jurídica; queríamos que nos escucharan”, dijo Basso tras considerar que el nuevo texto de la normativa “no nos contempla, nos ningunea”.
Enseguida, explicó que "el 142 es el único artículo de la ley que habla sobre radios de baja potencia de FM; después hay un largo camino, estamos esperando que la reglamenten”, acotó el titular de AFMER.
Luego, Basso mencionó que en la ciudad de Paraná es una zona de conflicto de frecuencias con la ciudad de Santa Fe. Y aclaró que, sin embargo, que no hay conflicto entre las localidades vecinas como Rosario y Victoria; Diamante y Coronda, ni pueblos entrerrianos cercanos al Uruguay.
“Paraná tiene actualmente entre 60 y 80 emisoras, porque nacen como hongos y cierran, nunca podes tener el número total”, comentó Basso tras insistir en la necesidad de “normalizar las radios chiquitas” para ordenar el espectro radioeléctrico.
Y añadió: “El COMFER tenía ganas de normalizar Paraná, es decir, llamar a concurso” aclarando que el resto de la provincia está normalizado y estimó que “debe quedar lugar para poner más radios”.
Al preguntarle cuál es el punto en concreto que reclaman las PYMES por no haberlas tenido en cuenta en la nueva ley de medios, Basso respondió: “No nos tuvieron en cuenta porque nosotros queríamos que a las radios de baja potencia no nos apliquen la ley como se les va a aplicar a las de alta potencia”. Mencionó por ejemplo, las cargas sociales e impuestos.
Cristina Ponce, en tanto, habló sobre la importancia de haber militado, desde el Foro Popular de la Comunicación, la nueva normativa de comunicación audiovisual. “Peleamos y apoyamos desde del corazón y del alma la aprobación de la nueva ley de medios”, comentó la funcionaria referir al manejo de la información que se realizan en los medios de comunicación en la Argentina. Mencionó la diferencia de tratamiento que se le dio al caso del escrache al senador nacional por la UCR, Gerardo Morales (ocurrido días atrás) con la agresión que recibió el diputado nacional por el PJ, Agustín Rossi, durante el conflicto del campo y el debate de la Resolución 125. “Hubo una movida de prensa importante y nuevamente se siguen manipulando los temas y según los intereses de cada medio”, opinó la titular del INADI en Entre Ríos.
En este sentido, Gerardo Dayub, también comentó sobre el bombardeo mediático y la manipulación de la información: “Yo estoy tratarme de acostumbrarme al desacuerdo, es decir, de no calentarme ni desesperarme cuando en la lucha por el poder se va perdiendo o desparramando. Hay que acostumbrarse a las reglas de juego, por supuesto que hay acciones que no se justifican, pero en el desacuerdo hay que tratar de buscar la vuelta para manifestar su posición. Nos cuesta entender que en este desacuerdo tendremos que crecer para sufrir menos y tener menos angustia política en la lucha”, expresó el integrante del Foro Popular de la Comunicación manifestando su satisfacción por la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
FUENTE: LT14
18/10/09
Loreti: "Que los multimedios vayan a la justicia no es nuevo"
Damián Loreti es vicedecano de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la carrera de Comunicación Social. Participó, desde el ámbito académico, en la redacción del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diálogo con LT14, estos fueron sus principales conceptos:
Proceso de la nueva ley
“Lo que ocurrió fue un proceso casi sin precedentes, no digo que es el único caso pero es difícil encontrar un proyecto en el cual el Poder Ejecutivo tome una propuesta de la sociedad civil y se encargue de plasmarla en una propuesta de proyecto, devolverla a la sociedad civil; que se discutió en más de 24 foros, conferencias y encuentros; que se devuelve con una iniciativa parlamentaria hecha por la Presidenta el 27 de agosto y que además recibe innumerables modificaciones por parte de sectores políticos diversos en temas muy importantes como fue el tema de las telefónicas o la autoridad de aplicación. Logra un consenso importante con sectores de la oposición: esto produjo un proceso que debe ser tomado como ejemplo en otros países”, expresó el doctor.
Futuro Congreso
“Al proyecto de ley lo han apoyado sectores de oposición al gobierno y a la hora de hacer la cuenta sobre cómo quedará conformado el Congreso a partir del 10 de diciembre, hay sectores de la oposición al partido del gobierno que han formado parte de la coalición que votó esta ley”, dijo el vicedecano de Ciencias Sociales de la UBA.
Sobre el planteo judicial del senador Gerardo Morales (UCR-Misiones) contra la senadora correntina María Dora Sánchez por haber votado a favor del proyecto, Loreti afirmó: “Nunca se dirimió ningún artículo en la discusión en particular -y mucho menos en la general- en base a la diferencia de un voto como para modificar las mayorías. A ese efecto sería abstracto”.
Multimedios a la Justicia
“Que los multimedios vayan a la justicia no es nuevo. Cada cosa que ha intentado hacer el Estado en términos de generar instancias de pluralismo fueron a tribunales”, recordó Loreti al tiempo que mencionó por ejemplo cuando se instaló la repetidora de canal 7 en San Rafael; cuando se puso la grilla de programas y señales informativas; cuando salió el Decreto Nº 1214, en la época de Duhalde, pidiendo la instalación de radios y televisión en las provincias.
Y añadió: “La única instancia constitucional para que algo pudiera caerse tendría que ver con la nulidad absoluta del proceso. Y aquí no se registra ninguna”.
"No es un proceso expropiatorio"
“Lo que se establece es un techo a la capacidad de concentración a los grupos, con una cláusula de desinversión que no importa ningún tipo de revocación o caducidad de licencias. No es un proceso expropiatorio. Lo que hay es un régimen como ha ocurrido en otras actividades de la economía, por ejemplo, con la energía eléctrica o con Petrobrás, en el cual superado ciertos topes tienen que adecuarse a límites que no importen posiciones dominantes en el mercado", explicó el docente universitario.
"En ese plano, hay una previsión específica que permite sostener la ecuación económica financiera de los medios como base al respeto a los derechos adquiridos: no es el régimen legal preexistente sino la ecuación económica financiera. Y con la transferibilidad que se autoriza, esto está garantizado”, aseveró Loreti.
Sobre la reglamentación
“Hay distintas cosas para reglamentar”, dijo el doctor. Enseguida ejemplificó: la definición de la unidad jurisdiccional en los sistemas cerrados, porque hay 24 licencias y hay que definir el alcance de cada una de esas licencias; como así también la norma de servicio.
“No tengo ninguna expectativa de sorpresa, sobre todo porque la autoridad de aplicación tendrá mucho que ver en la reglamentación y se trata de una instancia plural. Nada hace suponer que haya sorpresas”, aseguró.
Radiodifusores
“Hay un par de artículos específicamente destinados a los procesos de normalización. La ley no es casuística, no resuelve una lista de problemas individuales porque para eso está la administración. La ley prevé la continuidad de los procesos de normalización en lugares muy complejos como fue el caso de Entre Ríos”, indicó Loreti.
“No sé cuál es la expectativa de solución con que pudieran especular los radiodifusores. Salvo que dijeran que la ley le dará licencia en las condiciones que estaban, lo cual sería pésima técnica jurídica, poco recomendable en términos de administración de espectro y poco respetuoso de los procesos constitucionales”, opinó al respecto.
“En algunos tendrán que pasar por concursos, pero en otros hay un mecanismo mucho más flexible (un articulo de excepción sobre las disposiciones transitorias) que no los obliga a pasar por concurso pero sí por un proceso de normalización”, completó Loreti.
FUENTE: LT14-SITIO DIGITAL/HABLEMOS
Proceso de la nueva ley
“Lo que ocurrió fue un proceso casi sin precedentes, no digo que es el único caso pero es difícil encontrar un proyecto en el cual el Poder Ejecutivo tome una propuesta de la sociedad civil y se encargue de plasmarla en una propuesta de proyecto, devolverla a la sociedad civil; que se discutió en más de 24 foros, conferencias y encuentros; que se devuelve con una iniciativa parlamentaria hecha por la Presidenta el 27 de agosto y que además recibe innumerables modificaciones por parte de sectores políticos diversos en temas muy importantes como fue el tema de las telefónicas o la autoridad de aplicación. Logra un consenso importante con sectores de la oposición: esto produjo un proceso que debe ser tomado como ejemplo en otros países”, expresó el doctor.
Futuro Congreso
“Al proyecto de ley lo han apoyado sectores de oposición al gobierno y a la hora de hacer la cuenta sobre cómo quedará conformado el Congreso a partir del 10 de diciembre, hay sectores de la oposición al partido del gobierno que han formado parte de la coalición que votó esta ley”, dijo el vicedecano de Ciencias Sociales de la UBA.
Sobre el planteo judicial del senador Gerardo Morales (UCR-Misiones) contra la senadora correntina María Dora Sánchez por haber votado a favor del proyecto, Loreti afirmó: “Nunca se dirimió ningún artículo en la discusión en particular -y mucho menos en la general- en base a la diferencia de un voto como para modificar las mayorías. A ese efecto sería abstracto”.
Multimedios a la Justicia
“Que los multimedios vayan a la justicia no es nuevo. Cada cosa que ha intentado hacer el Estado en términos de generar instancias de pluralismo fueron a tribunales”, recordó Loreti al tiempo que mencionó por ejemplo cuando se instaló la repetidora de canal 7 en San Rafael; cuando se puso la grilla de programas y señales informativas; cuando salió el Decreto Nº 1214, en la época de Duhalde, pidiendo la instalación de radios y televisión en las provincias.
Y añadió: “La única instancia constitucional para que algo pudiera caerse tendría que ver con la nulidad absoluta del proceso. Y aquí no se registra ninguna”.
"No es un proceso expropiatorio"
“Lo que se establece es un techo a la capacidad de concentración a los grupos, con una cláusula de desinversión que no importa ningún tipo de revocación o caducidad de licencias. No es un proceso expropiatorio. Lo que hay es un régimen como ha ocurrido en otras actividades de la economía, por ejemplo, con la energía eléctrica o con Petrobrás, en el cual superado ciertos topes tienen que adecuarse a límites que no importen posiciones dominantes en el mercado", explicó el docente universitario.
"En ese plano, hay una previsión específica que permite sostener la ecuación económica financiera de los medios como base al respeto a los derechos adquiridos: no es el régimen legal preexistente sino la ecuación económica financiera. Y con la transferibilidad que se autoriza, esto está garantizado”, aseveró Loreti.
Sobre la reglamentación
“Hay distintas cosas para reglamentar”, dijo el doctor. Enseguida ejemplificó: la definición de la unidad jurisdiccional en los sistemas cerrados, porque hay 24 licencias y hay que definir el alcance de cada una de esas licencias; como así también la norma de servicio.
“No tengo ninguna expectativa de sorpresa, sobre todo porque la autoridad de aplicación tendrá mucho que ver en la reglamentación y se trata de una instancia plural. Nada hace suponer que haya sorpresas”, aseguró.
Radiodifusores
“Hay un par de artículos específicamente destinados a los procesos de normalización. La ley no es casuística, no resuelve una lista de problemas individuales porque para eso está la administración. La ley prevé la continuidad de los procesos de normalización en lugares muy complejos como fue el caso de Entre Ríos”, indicó Loreti.
“No sé cuál es la expectativa de solución con que pudieran especular los radiodifusores. Salvo que dijeran que la ley le dará licencia en las condiciones que estaban, lo cual sería pésima técnica jurídica, poco recomendable en términos de administración de espectro y poco respetuoso de los procesos constitucionales”, opinó al respecto.
“En algunos tendrán que pasar por concursos, pero en otros hay un mecanismo mucho más flexible (un articulo de excepción sobre las disposiciones transitorias) que no los obliga a pasar por concurso pero sí por un proceso de normalización”, completó Loreti.
FUENTE: LT14-SITIO DIGITAL/HABLEMOS
13/10/09
El tercero excluido
“Mis convicciones en materia política son harto conocidas; me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma del escepticismo”, dice Borges en el Prólogo de El informe de Brodie. Más adelante agrega magistralmente: “Cada lenguaje es una tradición, cada palabra, un símbolo compartido; es baladí lo que un innovador es capaz de alterar…”
¿Tiene algo de malo ser conservador? Supongo que no. ¿Acaso somos todos, todo el tiempo, innovadores, cuestionadores del statu quo? ¿Se puede vivir, o tan sólo dar un paso después de otro, si a cada instante nos preguntaremos si está bien que lo demos, hacia dónde lo daremos? ¿Está mal comer un asado habiendo tanto hambre en el mundo? Es más razonable pensar que todos somos un poco conservadores y un poco transformadores de nuestra realidad cotidiana y de la de los demás, en la medida de lo que podemos y queremos.
Si de dirigentes políticos se trata no habría por qué pensar diferente; después de todo, aunque buena parte del periodismo progresista de las últimas dos décadas se haya empeñado en despegar su procedencia de la propia sociedad, los políticos provienen de allí, y es bueno no olvidarlo. Como es bueno saber que cuando uno repite ese tipo de apreciaciones puede ser conservador sin saberlo. Pasa, y muy seguido.
Por eso, insisto con la pregunta: ¿Tiene algo de malo ser conservador? Bueno, en un país con millones de almas en la pobreza, para no abundar con más datos conocidos, ya tendríamos argumento para decir que sí. Sin embargo, uno debe admitir que cualquiera tiene derecho a pensar como le plazca, aún si considera que el hambre de los otros no es un problema. Se trata de una opinión discutible, tanto como la que considera lo contrario. Son dilemas de la democracia. Y es éste el único sistema que permite discutirlos sin, digamos, por ejemplo, matarse. Es curioso, pero el pueblo que inventó la democracia inventó también el teatro, desde donde Aristófanes hacía reír a los atenienses del poder.
La lógica del tercero excluido funciona más o menos de esta manera: dos actores discuten permanentemente hasta ponerse de acuerdo. Aunque parezca que nunca se van a poner de acuerdo, finalmente siempre lo hacen. Y cada tanto miran de reojo a un tercer actor que quiere entrar en la discusión, pero se hacen un guiño y siguen discutiendo sin dejar entrar al tercero. Así viene funcionando la política argentina en veintiséis años de democracia. Peronistas y radicales, Estado y mercado. Esta vez sucedió algo novedoso. Dos actores, uno de la política, el Gobierno; otro del mercado, Clarín, se pelearon en serio. Y el Gobierno se acordó que había un tercer actor: las organizaciones civiles que han venido trabajando todo este tiempo por una nueva ley de radiodifusión sin ser tenidas en cuenta por anteriores gobiernos ni por este, hasta ayer. Y el proyecto de ley de medios K, que no es K, se transformó en instrumento de discusión política. Y con él acaba de ingresar a la política el tercero excluido, el tercer sector. Novedoso. Y peligroso.
Varios legisladores de la oposición, humillados, rabiosos por la paliza que les dio el oficialismo, ya trabajan en las modificaciones que intentarán aprobar en el próximo Congreso. Los gerentes de los multimedios anunciaron el Apocalipsis (que Carrió se olvidó de patentar), esta vez jurídico. Y Mariano Grondona les advirtió a los jueces de la Corte Suprema que deben dejar de ser un grupo de buenos juristas para transformarse en un “Poder de la Nación”. Se vienen.
Vamos a obviar el lugar común de que defienden intereses. Todos los defienden, y no es esperable de ningún análisis político serio ignorar que esto forma parte de la política. Lo que aquí sucede hay que analizarlo algo más allá de las enumeraciones sobre las bondades o defectos de la letra de la ley. No es adecuado comparar social y políticamente fenómenos que no son comparables, pero en este caso vale: al igual que lo que sucede con el conflicto en Kraft Foods, lo que está en juego no es sólo una cuestión de negocios o de rentabilidades. Si a los obreros de la ex Terrabusi no se los “disciplina” convenientemente el panorama para el resto de las grandes empresas puede no ser muy alentador. Lo saben todos, incluido el Gobierno, que ha mantenido una política tímidamente restauradora de algunos derechos perdidos en los ‘90 por el sector trabajador, y cuando puede habla del fifty-fifty entre capital y trabajo. La Presidenta lo dijo más claramente en su discurso inaugural ante el Congreso: “Somos peronistas, no nos interesa la lucha de clases”. No hay por qué olvidarlo.
La nueva ley de medios, tal como fue aprobada, no significa un programa revolucionario de izquierda, como algunos quieren hacer creer. Pero en un país donde ha imperado durante casi tres décadas de democracia una lógica dicotómica, previsible, manejable para las elites dirigentes políticas, empresarias, sindicales, y hasta –por qué no- de las propias organizaciones sociales, la ruptura del paradigma bidireccional de la comunicación puede tener sencillamente consecuencias imprevisibles. “¿Cuál es la respuesta a la pregunta? El problema”, decía Foucault, para ensayar una alternativa al tercero excluido, allá por los ‘70. ¿No será demasiado después de tantos años de dicotomías tranquilizadoras? ¿Estamos preparados para problematizar la realidad?
Como integrante del Foro Popular de la Comunicación, espacio conformado en principio para el debate de la nueva norma y posteriormente para su –y no tengo problemas en decir la palabra- militancia, considero que es sumamente necesario estar atentos a los próximos acontecimientos. Lo que acabamos de conseguir puede significar un antes y un después para la democracia argentina y para las reales posibilidades de un país mejor. O puede transformarse, vía reglamentación, modificaciones impuestas por la oposición, o negociadas con el propio Gobierno, en un instrumento más del juego entre los actores de siempre, entre los integrantes de un no declarado pero claramente operativo Partido Conservador, que en su versión neo, no puede pronunciar su nombre. Su concreta operatividad en mucho dependerá de la continuidad de nuestra lucha y de la construcción de un sujeto colectivo social y político que dé sustancia al cambio para el cual la norma aprobada establece un piso formidable. Para ello es necesario tratar de aprehender la realidad tal como es: compleja, diversa y a veces indescifrable. Pero, sobre todo, aceptar el desafío del reconocimiento y la aceptación de la diferencia, que en definitiva no es otra cosa que el Otro, distinto de uno mismo, y de mi pariente-parecido a mí.
Mientras, por el pago, los más conspicuos representantes del Partido y sus comunicadores amigos se dedican por ahora a distraer la atención. Para ellos, lo importante en estos días no fue la aprobación de una nueva ley de radiodifusión que reemplazó a la de la dictadura más sangrienta, sino la efeméride de la Constitución, aprobada hace un año. Y próximamente asistiremos, como ya se anticipó, un día después del bochorno de no haber bajado a dar el debate en Diputados, a la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial, con la perlita para que nos entretengamos sobre si debe asignarse o no por cuotas de audiencia. Ya se anunció que se convocará a toooodos los periodistas de la provincia. Qué interesante.
José Luis Ferrando - Periodista
¿Tiene algo de malo ser conservador? Supongo que no. ¿Acaso somos todos, todo el tiempo, innovadores, cuestionadores del statu quo? ¿Se puede vivir, o tan sólo dar un paso después de otro, si a cada instante nos preguntaremos si está bien que lo demos, hacia dónde lo daremos? ¿Está mal comer un asado habiendo tanto hambre en el mundo? Es más razonable pensar que todos somos un poco conservadores y un poco transformadores de nuestra realidad cotidiana y de la de los demás, en la medida de lo que podemos y queremos.
Si de dirigentes políticos se trata no habría por qué pensar diferente; después de todo, aunque buena parte del periodismo progresista de las últimas dos décadas se haya empeñado en despegar su procedencia de la propia sociedad, los políticos provienen de allí, y es bueno no olvidarlo. Como es bueno saber que cuando uno repite ese tipo de apreciaciones puede ser conservador sin saberlo. Pasa, y muy seguido.
Por eso, insisto con la pregunta: ¿Tiene algo de malo ser conservador? Bueno, en un país con millones de almas en la pobreza, para no abundar con más datos conocidos, ya tendríamos argumento para decir que sí. Sin embargo, uno debe admitir que cualquiera tiene derecho a pensar como le plazca, aún si considera que el hambre de los otros no es un problema. Se trata de una opinión discutible, tanto como la que considera lo contrario. Son dilemas de la democracia. Y es éste el único sistema que permite discutirlos sin, digamos, por ejemplo, matarse. Es curioso, pero el pueblo que inventó la democracia inventó también el teatro, desde donde Aristófanes hacía reír a los atenienses del poder.
La lógica del tercero excluido funciona más o menos de esta manera: dos actores discuten permanentemente hasta ponerse de acuerdo. Aunque parezca que nunca se van a poner de acuerdo, finalmente siempre lo hacen. Y cada tanto miran de reojo a un tercer actor que quiere entrar en la discusión, pero se hacen un guiño y siguen discutiendo sin dejar entrar al tercero. Así viene funcionando la política argentina en veintiséis años de democracia. Peronistas y radicales, Estado y mercado. Esta vez sucedió algo novedoso. Dos actores, uno de la política, el Gobierno; otro del mercado, Clarín, se pelearon en serio. Y el Gobierno se acordó que había un tercer actor: las organizaciones civiles que han venido trabajando todo este tiempo por una nueva ley de radiodifusión sin ser tenidas en cuenta por anteriores gobiernos ni por este, hasta ayer. Y el proyecto de ley de medios K, que no es K, se transformó en instrumento de discusión política. Y con él acaba de ingresar a la política el tercero excluido, el tercer sector. Novedoso. Y peligroso.
Varios legisladores de la oposición, humillados, rabiosos por la paliza que les dio el oficialismo, ya trabajan en las modificaciones que intentarán aprobar en el próximo Congreso. Los gerentes de los multimedios anunciaron el Apocalipsis (que Carrió se olvidó de patentar), esta vez jurídico. Y Mariano Grondona les advirtió a los jueces de la Corte Suprema que deben dejar de ser un grupo de buenos juristas para transformarse en un “Poder de la Nación”. Se vienen.
Vamos a obviar el lugar común de que defienden intereses. Todos los defienden, y no es esperable de ningún análisis político serio ignorar que esto forma parte de la política. Lo que aquí sucede hay que analizarlo algo más allá de las enumeraciones sobre las bondades o defectos de la letra de la ley. No es adecuado comparar social y políticamente fenómenos que no son comparables, pero en este caso vale: al igual que lo que sucede con el conflicto en Kraft Foods, lo que está en juego no es sólo una cuestión de negocios o de rentabilidades. Si a los obreros de la ex Terrabusi no se los “disciplina” convenientemente el panorama para el resto de las grandes empresas puede no ser muy alentador. Lo saben todos, incluido el Gobierno, que ha mantenido una política tímidamente restauradora de algunos derechos perdidos en los ‘90 por el sector trabajador, y cuando puede habla del fifty-fifty entre capital y trabajo. La Presidenta lo dijo más claramente en su discurso inaugural ante el Congreso: “Somos peronistas, no nos interesa la lucha de clases”. No hay por qué olvidarlo.
La nueva ley de medios, tal como fue aprobada, no significa un programa revolucionario de izquierda, como algunos quieren hacer creer. Pero en un país donde ha imperado durante casi tres décadas de democracia una lógica dicotómica, previsible, manejable para las elites dirigentes políticas, empresarias, sindicales, y hasta –por qué no- de las propias organizaciones sociales, la ruptura del paradigma bidireccional de la comunicación puede tener sencillamente consecuencias imprevisibles. “¿Cuál es la respuesta a la pregunta? El problema”, decía Foucault, para ensayar una alternativa al tercero excluido, allá por los ‘70. ¿No será demasiado después de tantos años de dicotomías tranquilizadoras? ¿Estamos preparados para problematizar la realidad?
Como integrante del Foro Popular de la Comunicación, espacio conformado en principio para el debate de la nueva norma y posteriormente para su –y no tengo problemas en decir la palabra- militancia, considero que es sumamente necesario estar atentos a los próximos acontecimientos. Lo que acabamos de conseguir puede significar un antes y un después para la democracia argentina y para las reales posibilidades de un país mejor. O puede transformarse, vía reglamentación, modificaciones impuestas por la oposición, o negociadas con el propio Gobierno, en un instrumento más del juego entre los actores de siempre, entre los integrantes de un no declarado pero claramente operativo Partido Conservador, que en su versión neo, no puede pronunciar su nombre. Su concreta operatividad en mucho dependerá de la continuidad de nuestra lucha y de la construcción de un sujeto colectivo social y político que dé sustancia al cambio para el cual la norma aprobada establece un piso formidable. Para ello es necesario tratar de aprehender la realidad tal como es: compleja, diversa y a veces indescifrable. Pero, sobre todo, aceptar el desafío del reconocimiento y la aceptación de la diferencia, que en definitiva no es otra cosa que el Otro, distinto de uno mismo, y de mi pariente-parecido a mí.
Mientras, por el pago, los más conspicuos representantes del Partido y sus comunicadores amigos se dedican por ahora a distraer la atención. Para ellos, lo importante en estos días no fue la aprobación de una nueva ley de radiodifusión que reemplazó a la de la dictadura más sangrienta, sino la efeméride de la Constitución, aprobada hace un año. Y próximamente asistiremos, como ya se anticipó, un día después del bochorno de no haber bajado a dar el debate en Diputados, a la discusión sobre la regulación de la publicidad oficial, con la perlita para que nos entretengamos sobre si debe asignarse o no por cuotas de audiencia. Ya se anunció que se convocará a toooodos los periodistas de la provincia. Qué interesante.
José Luis Ferrando - Periodista
10/10/09
"Hemos descubierto periodistas canallas y reveladores"
El Foro Popular de la Comunicación de Paraná organizó una Jornada Cultural en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La actividad se desarrolló en la Plaza 1º de Mayo. Allí se instaló una pantalla de video para seguir el debate del Senado sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Además, durante la jornada, actuaron cantantes de tango, bandas de música de rock y folclore.
José Luis Ferrando, periodista e integrante del Foro Popular de la Comunicación emitió su programa Hablemos desde la plaza y dialogó con varios actores sociales que se acercaron para dar su opinión respecto a la nueva Ley de Medios. Entre ellos, Gerardo Dayub, actor, director y ex secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná; Sergio Cristani, presidente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC) e integrante del Foro Popular de la Comunicación; Dafne Cis, estudiante y miembro de la Agrupación “Barbarie” de la UADER; Emiliano Tomé Pierola, miembro de la Agrupación Peronista Sabino Navarro; Carla Bataglia, integrante del Partido Comunista de Paraná y Beatriz Montaldo, ex secretaria general de AGMER, dirigente de la CTA e integrante del Foro Popular de la Comunicación.
También estuvo presente, Orlando Barone, periodista, escritor y docente universitario, que luego de brindar una charla en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, se unió a la Jornada Cultural en apoyo a la Ley de Medios.
En declaraciones a LT14, Barone expresó su total apoyo al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. "Hay una expectativa favorable, aunque no sabemos cómo va a ser el proceso posterior a la sanción de la ley", subrayó el periodista.
El columnista del programa televisivo Seis, Siete, Ocho (que se emite de lunes a viernes a las 20 por canal 7) consideró que se ha realizado “un debate muy amplio” sobre la nueva Ley de Medios. "Aún cuando gane la mayoría, lo que se ve es el discurso de las objeciones de la oposición, y éstas nacen del lugar psicológico del rechazo y no de la razón", sostuvo Barone al tiempo que comentó: "A uno le da pena eso, porque algunos senadores representan a partidos o agrupaciones políticas con una trayectoria interesante en la política argentina, pero de algún modo, por una razón que desconozco, están esta vez del lado que no debieran estar”.
Luego, el escritor dijo: “Si la ley sale aún con las objeciones, enturbiada por la propaganda mediática de la concentración de medios, creo que lo que ha ocurrido en este último tiempo ha sido como quitar el telón a un teatro y ver cómo se mueven los actores detrás del telón y quiénes son cada uno de ellos. Es así que el público ha descubierto una nueva teatralidad, una era la que estaba en escena y otra la de los actores que se mueven en escena detrás de bambalinas".
Y agregó: "Más allá de las posiciones que tengamos, hemos descubierto periodistas canallas, algunos sometidos y periodistas reveladores. Hemos visto la división de aguas".
En este sentido, Barone expresó: “Las empresas tienen razón por estar en contra de la ley por obvias razones de negocios, pero no entiendo por qué algunos periodistas pueden estar en contra de una ley que beneficia la tarea del periodista. No lo sé y me llama la atención”.
La Jornada Cultural continuó en la Plaza 1º de Mayo hasta las 2.30 de la mañana, hora en la que Senadores aprobó la normativa de comunicación audiovisual en general. El debate se extendió por más de 20 horas, y a las 6.10 de este sábado, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con los votos del Frente para la Victoria y de algunos legisladores de la oposición. La votación general arrojó 44 votos a favor y 24 en contra.
FUENTE: LT14-SITIO DIGITAL/ HABLEMOS
Tras 20 horas de debate, el Senado aprobó sin cambios la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Medios de Comunicación Audiovisual con los votos del Frente para la Victoria y de algunos legisladores de la oposición, tras un extenso debate que se inició ayer a media mañana y terminó a las 6.10. La votación general arrojó 44 votos a favor y 24 en contra.
La nueva Ley de Radiodifusión tiene como objetivos terminar con los monopolios en radio y televisión y darle participación en el espectro radiofónico a entidades sin fines de lucro, entidades con fines de lucro y al Estado Nacional, los tres por partes iguales.
El proyecto se debatió durante casi 20 horas, entre las 10,30 de la mañana del viernes 9 y las 6 de la mañana del sábado 10 de octubre, principalmente, porque hubo más de 50 oradores, la mayoría de los cuales habló durante por lo menos media hora.
Sólo la discusión en general de la norma llevó 16 horas, hasta la 2:30 de la mañana, cuando el proyecto fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra. A la votación faltaron Roberto Urquía (PJ) y Norberto Massoni (UCR), de licencia por enfermedad, y Carlos Menem, del PJ disidente, que se fue del Congreso, y Emilio Rached, del radicalismo que llegó tarde al momento de votar.
A los votos afirmativos del Frente para la Victoria se sumaron el del socialista Rubén Giustiniani, el tucumano de Fuerza Republicana, Carlos Salazar; los fueguinos del ex ARI, María Rosa Díaz y José Martínez; y la radical correntina María Dora Sánchez.
En particular la norma también obtuvo el respaldo de la mayoría del bloque oficialista en tanto que los senadores de la oposición que apoyaron la iniciativa fueron los ex ARI y la senadora Sánchez, incluyendo los artículos más cuestionados por la oposición, como el 161, que fue aprobado con 10 votos a favor del oficialismo.
La larga jornada tuvo una instancia final, cuando en la votación de los últimos artículos, el "apuro" de algunos senadores por dejar el recinto, hizo que se levantasen de sus bancas antes que la máquina que registra los votos terminase de efectuar el recuento, lo que obligó a que, tras varios minutos de espera, debiera realizarse una votación nominal.
Al cerrar el extenso debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, "esta es una norma moderada" que "atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina porque les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, como es el 35 por ciento".
"La ley plantea nuevos espacios de trabajo, especialmente para los periodistas. El corazón del debate de esta Ley es el de la posición dominante, por no llamarla monopólica", indicó Pichetto.
A su turno, su par del radicalismo, Ernesto Sanz, dijo que "este gobierno utilizó los dineros públicos para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y para castigar a aquellos que hablaban mal".
El jefe de bloque dijo que "el peligro de que haya menos medios y menos voces no es una subjetividad" y agregó que "queremos una Ley que además de ser buena, trascienda en el tiempo".
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, dijo que "es más fácil poner mordaza en la libertad de expresión con la Ley vigente, con este marco legal".
"Lo único que nos anima es a romper esta matriz autoritaria para que cualquiera no pueda decir cualquier cosa", enfatizó Ríos al hacer referencia a la vinculación que realizó el diputado electo Felipe Solá entre el crimen de un intermediario de publicidad provincial en Corrientes con la Ley de Medios que se votó esta noche.
El jujeño, y presidente de la UCR, Gerardo Morales, pidió "dejar la hipocresía de lado" y afirmó que "todos queremos una ley de la democracia y nos preguntamos por qué este gobierno no acepta cambios".
Además, Morales planteó una cuestión de privilegio contra la correntina María Dora Sánchez que decidió cambiar su voto por la Ley, al remarcar que "la senadora admitió que pasaba a votar a favor por un objetivo de promesas de recursos para su provincia".
FUENTE: TELAM
7/10/09
"La Ley de Medios viene a decir que tenemos que hablar todos"
José Luis Ferrando, periodista y miembro del Foro Popular de la Comunicación de Paraná, habló con LT14 sobre los puntos más salientes de la normativa de servicios de comunicación audiovisual.
Al preguntarle, si el Canal Todo Noticias puede desaparecer, tal como ellos mismos lo anuncian, el periodista respondió: “TN y varios multimedios quiere seguir manteniendo los privilegios que han tenido durante todo este tiempo a partir de la Ley de Radiodifusión de 1980, firmada por Videla, Martínez de Hoz, y otros. Pero esta ley fue reformada durante el periodo democrático, muy especialmente en la década del ’90, lo que permitió la conformación de grandes monopolios mediáticos”. Mencionó por ejemplo el Grupo Clarín, América, Vila- Manzano, propietarios de diarios, radios, televisión, cable, etc.
El proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
En este sentido, Ferrando subrayó: “La nueva Ley de Medios lo que viene a decir es: Señores, acá tenemos que hablar todos, no solamente los grupos que tienen la propiedad de estos medios”, aclaró el Licenciado en Comunicación Social tras comentar que “en todos estos años se ha ido organizando de acuerdo a cómo han ido presionando estos grupos que hoy tienen la mayoría de las licencias”.
Y añadió: “El Grupo Clarín puede considerar quedarse con Canal 13 o Canal TN. Lo que no significa que va a desaparecer, porque una cosa es una frecuencia y otra es una licencia que se otorga por una determinada cantidad de años y que es de todos. Pero de ninguna manera significa que va a desaparecer, la ley dice que no puede tener todo”, remarcó.
Respecto a los contenidos, Ferrando explicó que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “no establece en ningún articulo un control de contenidos, lo único que establece son cupos de producción local”. Y comentó: “El 80 por ciento de los que vemos o escuchamos son contenidos que vienen desde Buenos Aires, es decir, sabemos más claramente lo que sucede con el tránsito en Buenos Aires y no lo que pasa a la vuelta de nuestra casa”, acotó.
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. En tanto, los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Por su parte, las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
“La finalidad es que haya una frecuencia en nuestra provincia que pueda transmitir contenidos locales”, destacó Ferrando al tiempo que señaló: “De lo contrario, un empresario tiene una licencia, contrata la señal de una emisora de Buenos Aires (como Mitre o la 100), ponen una computadora que la prenden y la apagan; y de este modo no generan puestos de trabajo y la competencia no es justa. Además, no hay trabajo para operadores, locutores, ni periodistas locales”, agregó.
Consultado sobre quién será el encargado de controlar, el periodista explicó que “lo que va a reemplazar al COMFER (el Comité Federal de Radiodifusión que viene de la época de la dictadura no tiene ningún tipo de control y está bajo la órbita del Poder Ejecutivo), es la llamada Autoridad de Aplicación, que es un cuerpo colegiado”. La normativa crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Además, existirá un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.
FUENTE: LT14
Al preguntarle, si el Canal Todo Noticias puede desaparecer, tal como ellos mismos lo anuncian, el periodista respondió: “TN y varios multimedios quiere seguir manteniendo los privilegios que han tenido durante todo este tiempo a partir de la Ley de Radiodifusión de 1980, firmada por Videla, Martínez de Hoz, y otros. Pero esta ley fue reformada durante el periodo democrático, muy especialmente en la década del ’90, lo que permitió la conformación de grandes monopolios mediáticos”. Mencionó por ejemplo el Grupo Clarín, América, Vila- Manzano, propietarios de diarios, radios, televisión, cable, etc.
El proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
En este sentido, Ferrando subrayó: “La nueva Ley de Medios lo que viene a decir es: Señores, acá tenemos que hablar todos, no solamente los grupos que tienen la propiedad de estos medios”, aclaró el Licenciado en Comunicación Social tras comentar que “en todos estos años se ha ido organizando de acuerdo a cómo han ido presionando estos grupos que hoy tienen la mayoría de las licencias”.
Y añadió: “El Grupo Clarín puede considerar quedarse con Canal 13 o Canal TN. Lo que no significa que va a desaparecer, porque una cosa es una frecuencia y otra es una licencia que se otorga por una determinada cantidad de años y que es de todos. Pero de ninguna manera significa que va a desaparecer, la ley dice que no puede tener todo”, remarcó.
Respecto a los contenidos, Ferrando explicó que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “no establece en ningún articulo un control de contenidos, lo único que establece son cupos de producción local”. Y comentó: “El 80 por ciento de los que vemos o escuchamos son contenidos que vienen desde Buenos Aires, es decir, sabemos más claramente lo que sucede con el tránsito en Buenos Aires y no lo que pasa a la vuelta de nuestra casa”, acotó.
Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. En tanto, los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Por su parte, las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
“La finalidad es que haya una frecuencia en nuestra provincia que pueda transmitir contenidos locales”, destacó Ferrando al tiempo que señaló: “De lo contrario, un empresario tiene una licencia, contrata la señal de una emisora de Buenos Aires (como Mitre o la 100), ponen una computadora que la prenden y la apagan; y de este modo no generan puestos de trabajo y la competencia no es justa. Además, no hay trabajo para operadores, locutores, ni periodistas locales”, agregó.
Consultado sobre quién será el encargado de controlar, el periodista explicó que “lo que va a reemplazar al COMFER (el Comité Federal de Radiodifusión que viene de la época de la dictadura no tiene ningún tipo de control y está bajo la órbita del Poder Ejecutivo), es la llamada Autoridad de Aplicación, que es un cuerpo colegiado”. La normativa crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Además, existirá un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.
FUENTE: LT14
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