El urrikirchnerismo

Entre las críticas que se le hacen al gobernador Sergio Urribarri, tal vez la más feroz tiene que ver con su alineamiento incondicional con la presidenta Cristina Fernández. En tal sentido, se le ha negado incluso su condición de mandatario elegido por los votos de los entrerrianos, tratándolo indiscriminadamente de enviado, mandadero, delegado y otros calificativos descalificativos -valga el oxímoron-. Se ha sugerido que no defiende a su provincia sino que sólo se ocupa de hacer lo que le mandan desde el poder central, a cambio de obra pública y favores económicos y políticos. La consecuencia de tal cadena de afirmaciones pretende que no se lo debería apoyar precisamente por eso, por no ser un gobernador, sino sólo un empleado de la Presidenta, o hasta hace poco, “de los Kirchner”.

A mi me gustaría comenzar por el final de esta afirmación y habilitar la posibilidad de pensarla de otra manera. Mi tesis sería la siguiente: si algo hace interesante apoyar a este gobernador, es decir, su reelección, es su alineamiento incondicional con la Casa Rosada.

Paso a explicar por qué. Luego de ser intendente de General Campos, de lo que tal vez preferiría no acordarse, lo cierto es que a la primera de la política provincial Urribarri llegó de la mano de Jorge Busti. Primero como diputado y luego como ministro de Gobierno, participó de las principales acciones de la última etapa de la carrera ejecutiva del ex gobernador, que fue muy extensa (¿fue?). Aprendió de él probablemente las mejores y peores mañas para manejarse en la más compleja escuela de política que existe en este país, que es el peronismo. Y accedió al primer lugar como su “continuidad positiva”. No haré ninguna consideración sobre si configurar rancho aparte luego de asumir como gobernador fue o no una traición. Sabrán ellos cuanto de personal y cuanto de político tiene su ventilada disputa.

Una vez asumido, Urribarri tomó clara posición con respecto a la Casa Rosada, en momentos en que todavía el mismo Busti, sin declararse kirchnerista, hablaba bien del Gobierno Nacional, cuyas principales figuras nunca lo quisieron a él. Pero los días de prueba para el actual mandatario llegarían durante el conflicto con las patronales agropecuarias. Y allí Urribarri no dudó un instante en sentarse a la derecha de Cristina Fernández prácticamente del primero al último de los seis discursos pronunciados por la Presidenta, cuando estos, pese a su verba, cotizaban en baja. Fueron tiempos difíciles, y Urribarri estuvo donde consideró que tenía que estar; dudosamente alguien afirmaría que para tal decisión consultó una encuesta. Tal vez Busti también estuvo donde tenía que estar. Y su lugar estaba del otro lado del salto que finalmente dio, para ubicarse en el llamado luego, con carácter retrospectivo, Peronismo Federal. Aunque acentuando la retrospectividad podríamos denominarlo, sin demasiado temor a equivocarnos, menemismo residual.

Gracias a ese alineamiento, Entre Ríos es hoy una de las provincias más favorecidas en la planificación de obras públicas y en la asignación de fondos. Se han proyectado inversiones como hacía décadas no sucedía, se ha logrado refinanciamiento para las deudas provinciales, prácticamente a diario se inaugura alguna obra de mayor o menor magnitud y se habla ya, incluso, de planificar una provincia como un polo agroindustrial, algo impensable hasta hace nada. Todo esto, pese a la fea trastabillada con “el campo”. Hay quienes consideran, no obstante, que el alineamiento gubernamental no dio los resultados que debería y mencionan por ejemplo en el debe las retenciones que “se llevan” y no devuelven a la provincia. Tema complejo y tramposo para discutir a los gritos desde micrófonos que todo lo amplifican, especialmente en tiempos electorales. Pero también están quienes critican tal alineamiento como falta de ética, ignorando deliberadamente o no que la política es, también, juego de intereses. Y en este caso, los de la provincia han resultado claramente favorecidos. En tal sentido, podríamos decir que en el marco de la recuperación económica general del país, esta vez a Entre Ríos le ha tocado estar entre las primeras. ¿Y por qué? ¿No será por la mencionada decisión política de su gobernador?

Ahora bien, no todas son rosas. Hay falta de gestión en muchos lugares de la administración provincial. Uno de los más evidentes continúa siendo el de la salud, lo que no se soluciona sólo construyendo hospitales sino sobre todo gestionando el día a día de otra manera. Hasta ahora, pese a los esfuerzos, el Hospital San Martín, por ejemplo, para no salir de la capital, deja todavía bastante que desear. Algo similar sucede, a veces con desparpajo, en el paquidérmico Consejo de Educación, al que no ha habido presidente en los últimos años capaz de domarlo. En ambos ejemplos citados, los problemas vienen de larga data, con empleados honestos y eficientes mezclados con grupos que todos adentro conocen, conformados a lo largo de las gestiones, que, no casualmente, suelen ser quienes manejan los hilos de lo cotidiano. Pero, además, los sueldos de los trabajadores estatales están atrasados, muy atrasados, y la relación del Gobierno con los docentes es mala. La obra pública no llega a compensar los atrasos edilicios en las escuelas, que vienen de largos años, y en los comedores escolares se sigue haciendo magia para tratar de dar de comer dignamente con flujos dinerarios que son lo más parecido a un hilo dental. Hay en este intríngulis dos polos de responsabilidad: un Gobierno poco dispuesto a escuchar y un gremio mayoritario, el que decide hasta donde sube la temperatura, que juega permanentemente a que en cualquier momento se atrinchera en la Sierra Maestra. Difícil.

Pero existe además, en lo político, lo que ahora se ha vuelto a considerar bajo el paraguas de las contradicciones secundarias de cualquier proyecto político (aunque a Tardelli no le guste). En una situación de marcada paridad -según la mayoría de las encuestas que manejan oficialismo y oposición- entre la reelección de Urribarri, la vuelta de Busti y el posible estreno de Benedetti con un radicalismo que trata de recomponerse, el gobernador hace su juego, que consiste, sin ninguna sorpresa para nadie, en lograr que la mayor cantidad de dirigentes peronistas se pasen a su sector. Eso implica que algunos de los que se pasan resulten ya poco menos que impresentables para el común de la sociedad y para buena parte del propio peronismo; pero esto es así, dicen en el oficialismo con pragmatismo también peronista: a los votos hay que juntarlos. Y aunque muchos de ellos no traigan consigo necesariamente grandes bolsas con sufragios, su pase significa golpear al adversario, y eso tiene un valor simbólico intrapartidario que en estos momentos cotiza.

Cuando Kirchner asumió con el veintidós por ciento de los votos, muchos consideraban que no tendría poder para nada. Una de las estrategias para lograr la formidable performance que finalmente logró no fue tirar todos los días un viejo por la ventana. Por el contrario, fue muy criticado por acordar, por ejemplo, con los “barones del conurbano”, a cuyo jefe Cristina Fernández llamó “El Padrino” sólo después de haber intercambiado con ellos las figuritas que le permitieron arrasar en la provincia de Buenos Aires en 2007. Más cerca en el tiempo, también el progresismo bien pensante criticó a Kirchner cuando, fracasada la transversalidad, se refugió en el Partido Justicialista. Muchos de esos progres consideran hoy a Kirchner el mejor presidente de los últimos cincuenta años. Qué difícil es la política.


Ahora bien, esto podría ser entendible para quien intenta comprender los vaivenes de la disputa, pero, ¿cómo lo ve el ciudadano medio, si es que existe tal construcción sociológica? ¿No podríamos estar a las puertas de un neobustismo sin Busti? El único reaseguro contra esto, perdón, es el kirchnerismo. Si algo está convocando hoy a multitudes de jóvenes que vuelven a creer en la política no es el urribarrismo, tampoco el bustismo. Nobleza obliga, algo insinúan los jóvenes del radicalismo y el PRO, aunque con una orfandad que casi provoca ternura. Quien convoca no sólo masivamente sino, sobre todo, desde la disputa del sentido, es el kirchnerismo. Si estos jóvenes conformarán lo que desde hace tanto tiempo se pregona como la nueva política, está por verse, pero que si no lo hacen seguirán quienes están, qué duda cabe. ¿Y eso es bueno o es malo?

No es bueno comparar cosas que no son comparables ni generalizar situaciones dadas en lugares y tiempos particulares. Hecha la aclaración, arriesgo la pregunta: ¿Cuánto de distinto tiene el urribarrismo del bustismo si le sacamos el kirchnerismo? Arriesgando un poco más, suponiendo que el gobernador obtuviera su reelección, ¿se investigaría para el lado de los perdedores, llegado el caso? ¿Se intentaría desarticular a las corporaciones que cooptan buena parte de la administración pública, de la Justicia, de la Policía, con personajes en plena actividad, algunos de ellos activos desde la dictadura, muchos aportados por gestiones democráticas? ¿Garantiza Urribarri algo o todo eso? ¿Lo garantiza el kirchnerismo? En mi modesta opinión, sólo en la medida en que tome protagonismo una dirigencia nueva, surgida del campo popular, figura todavía incipiente, pero que se dibuja con trazo cada vez más firme. Y ahora sí, de los tres actores políticos mencionados, es innegable que el kirchnerismo es quien convoca más activamente la participación de esos nuevos dirigentes que piden pista. El Consejo de Políticas Públicas de Juventud, puesto en marcha recientemente es una consecuencia de ello, capitalizada, encauzada si se prefiere, por el urribarrismo, lo que no significa que haya sido su motor eficiente. Unos días después de la muerte de Kirchner, en un acto en su homenaje ante los principales dirigentes del palo, en Villaguay, el gobernador pronunció una frase inédita en la política entrerriana, por lo menos de las últimas décadas: “Abrir las puertas a los jóvenes, aunque eso nos lleve puestos a nosotros”. ¿Será? Entre quienes lo escuchaban no abundaban los kirchneristas de la primera hora, casi no abundaban kirchneristas pese a las declaraciones sentidas que por la muerte del ex presidente se daban a la prensa. La razón es sencilla: porque en la provincia, el kirchnerismo está todavía por hacerse. Lo que tenemos es un gobernador proveniente del bustismo, jugado con un proyecto nacional de gobierno del que forma parte, porque si los gobernadores necesitan de la Presidenta, también ésta necesita de los gobernadores. No es poco. Lo que sí es poco es el número de dirigentes que integrando una estructura de gobierno o partidaria, hasta ayer nomás, se dijera kirchnerista sin ponerse los dedos en los labios para que se escuchara poquito. Y los que sí lo hacían no ostentan tales lugares. Hay para ello las razones ya expuestas y también otras históricas, más profundas. Una vieja arpía lo decía hace unos años: “Se viene el zurdaje…”. Ella nunca fue peronista, pero sí más arpía de lo que parece. Lo cierto es que, hacia abajo, si llega a ser, el proyecto nac & pop necesita de nueva dirigencia, lo que no sería un sapo fácil de tragar para varios de quienes aplaudían al gobernador en la plaza de Villaguay. Aunque, a las puertas de un año electoral, está aún por verse qué sector deberá digerir más batracios.



José Luis Ferrando - Periodista

Son los gorilas…

“Me puse contento cuando derrocaron a Perón, pero salí a la calle y vi a los pobres tristes. Y comprendí que en algo me había equivocado”, dicen que dijo Sábato alguna vez. Es el mismo Sábato que reivindicaba al “pueblo peronista”, separándolo de su líder, a quien odiaba profundamente. Algo así como “seamos realistas, pidamos lo imposible”, pero en su peor versión: pidamos lo imposible para que la realidad nos confirme que es imposible, y así poder seguir oponiéndonos sin cargos de conciencia. Tomar la parte “buena” de la realidad y ubicar allí mi bella alma, desde donde poder contemplar a la chusma, en esencia buena, pero equivocada, que sigue a líderes corruptos.

El vaso está hoy más lleno que vacío, ¿por qué comenzar entonces por la parte vacía? La actriz Florencia Peña dijo algo que ningún intelectual resumió tan bien: lo querían muerto políticamente, ahora está más vivo que nunca. No hace falta aclarar de quién hablaba. Un mito es un habla elegida por la historia, escribió Roland Barthes. ¿Y por qué no?.

Las razones del gorila son siempre inconfesables. Son la marca de identidad del gorila, que, perdón Mordisquito, no es sólo un antiperonista. Uno podrá esforzarse en expresarle razones, pero ese no es el campo de discusión del gorila. Su ámbito es el deseo. Por eso en cualquier disputa se está condenado de antemano. Sus análisis sobre un gobierno popular son siempre lapidarios: “estos no llegan a fin de año”, dicen, tirándose hacia atrás con mueca imperturbable. Sus opiniones no son puntos de vista, son sentencias. Siempre deseo, oculto en gestualidad grandilocuente.

Temen. Un gorila no podrá aceptar jamás la discusión abierta con quien no considera a su nivel. Su problema no es la dialéctica, sino conservar su lugar en la sociedad. O, mejor dicho, su miedo a perderlo. No cree que eso valga la pena, no cree en proyectos colectivos con esa gente que, sospecha, lo traicionará tarde o temprano; mucho menos en la perorata de las contradicciones principales y secundarias. Para él, la realidad es un bloque compacto, ahistórico, potente, en el que se está adentro o afuera. El mundo es sustancia, no relación. No entiende ni quiere entender qué pasa por la cabeza de un obrero, de un pobre, de un humillado que se cuestiona ser humillado. No cree que su padre no tenga razón, aún si lo humillara, aún después de muerto. No hubiera podido negarse a que su hijo se llame como su abuelo. Nombrar es un poder que le fue concedido sólo parcialmente. No pudo hacerlo, no puede; no lo jodan, pobre tipo. No cree, teme. Y su fatalismo, y el de sus amigos, es su mejor refugio: “este país no cambia más”.

No confundir gorila con clase media. Estamento sociológico complejo, fluctuante y contradictorio que conformó su identidad de clase como contraposición a la irrupción de las clases populares y que en afán de diferenciación comenzó a autodenominarse clase media, con la mal disimulada intención de parecerse al bacán de la clase alta, la tradicional, la que viajaba a Europa. La clase media es la que puede participar de las peores expresiones del gorilismo, la que no se plantea la historicidad de sus derechos adquiridos en la cuna, la que mira con desprecio al pobre, pero también la que es capaz de generar en tiempo record los cuadros que obren el milagro de los Derechos Humanos, de la recuperación de la democracia después de la dictadura más feroz, la de la construcción, sobre ruinas, de una nueva identidad como Nación. En definitiva, muchas cosas, pero siempre el territorio de la disputa por el sentido. Para más datos, Jauretche. Que, por suerte, vuelve a estar de moda.

El núcleo duro gorila, no nos engañemos, en su mejor momento nunca superó el 15 por ciento de los votos. El resto es boca de ganso, mezcla de conservador maltratado y lumpenmenemismo residual; y los medios. Los medios, claro. Pero están en el sentido común, en la capilaridad de los discursos cotidianos. En ese que no se considera provocador por decir a bocajarro que estamos en una dictadura y que sí considera una provocación que alguien se asuma kirchnerista, o tan solo militante; el que pretende que escribir KK en un comentario Web constituye algún ejercicio de la ironía, (¿el que escribe todo con mayúsculas también?); el que al leer este comentario opinará sobre su autor antes que sobre lo que dijo. Sencillo funciona el sentido común, el menos común de los sentidos.

En El otro rostro del peronismo, en 1956, Sabato –el que luego denunció torturas a obreros peronistas, pero luego comió con Videla, pero luego integró la Conadep -, Sabato el longevo, sostiene que "el motor de la historia es el resentimiento que, en el caso argentino, se acumula desde el indio, el gaucho, el gringo, el inmigrante y el trabajador moderno, hasta conformar el germen del peronista, el principal resentido y olvidado". Sabato es polémico, contradictorio, genial y antiperonista. Las razones del gorila medio argentino son inconfesables, berretas y, cada tanto, asesinas.

¿Y los gorilas progres..? Eso da para otro comentario.

José Luis Ferrando.

Dolor y esperanza…

El Foro Popular de la Comunicación de Paraná comparte el dolor de la inmensa mayoría del pueblo argentino por la desaparición física del ex presidente Néstor Kirchner. El pueblo en su conjunto juzgará sus aciertos y errores, pero no cabe duda para nadie que ya ocupa un sitial en la historia por su militancia, dejando su vida por sus ideales y con su ejemplo de revalorizar a la política como instrumento para el cambio social.

Asimismo, en vista de los acontecimientos posteriores a su muerte, a la masiva movilización popular y el dolor manifestado por vastos sectores de la sociedad, queremos hacernos algunas preguntas sobre los grandes medios de comunicación: ¿Cuál era el estado de crispación que permanentemente repetían los grandes medios y del cual responsabilizaban al Gobierno? Con la presencia de casi todos los presidentes de Sudamérica en el velatorio de Néstor Kirchner, quienes destacaron la figura del ex mandatario como un actor fundamental en la integración latinoamericana, y viendo las páginas de los principales diarios del planeta, ¿de qué hablaban los lenguaraces de los grandes medios cuando decían que estábamos aislados del mundo?

Ante la asamblea popular en que se transformó el velatorio del ex presidente, donde todo quien quiso participar pudo decirle a Cristina Fernández en un plano de igualdad literalmente lo que quiso, lo que sintió, nos preguntamos: ¿de qué autoritarismo hablaban los columnistas de los medios hegemónicos? Por último, queremos preguntarnos además, en voz bien alta, ¿dónde estaban esas miles, millones de personas que los medios no mostraban, que querían tanto a Néstor y Cristina Kirchner, que lloraban, que sufrían, que nadie los llevó, que nadie les pagó?

Una vez más, reafirmamos la necesidad de consolidar la efectiva aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fuera motivo de nuestro nacimiento como espacio de debate. Pero, además, manifestamos nuestra esperanza, contagiada de los sentimientos y expresiones de los miles y miles de jóvenes que por primera vez se hacen visibles para los grandes medios de comunicación, que expresan su voluntad de defender un proyecto colectivo, emergente luego de décadas de oscurantismo, de entrega y de traición de buena parte de la dirigencia política y empresarial de este país.

Junto a esa juventud, a los trabajadores, a los jubilados, a cada ciudadano de a pie, a nuestro pueblo, que es capaz de transformar el dolor en canto de batalla, recuperamos la esperanza y la fuerza para luchar por la construcción de un nuevo sujeto social: el que debe sostener los cambios necesarios para una Patria más justa y libre.



Foro Popular de la Comunicación

Paraná, 31 de octubre de 2010

Profundo dolor

El Presidente que cambió el paradigma

Intendente, gobernador, presidente, su proyecto siempre fue reelecto. En el gobierno puso en discusión temas que los demás esquivaban.


Por Mario Wainfeld/ PAGINA 12

El ex presidente Néstor Kirchner murió ayer, en El Calafate que tanto amaba y tanto lo sedaba, en pleno protagonismo, cuando tenía apenas sesenta años. Es difícil encontrar un parangón histórico con la desaparición de un líder de su porte, en tales circunstancias. Raúl Alfonsín falleció hace poco; el impacto y la emoción fueron grandes, tanto como el reconocimiento. Pero al líder radical todo le llegó cuando estaba en el ocaso de su carrera, cuando ya no era un protagonista de primer nivel. Tal vez el parangón más cercano sea la desaparición de Juan Domingo Perón durante su tercer mandato: una figura central, en torno del cual constelaba la política, que ordenaba (por así decir) amores, odios y alineamientos. Pero hay una diferencia sideral con esos días, que alude al legado que deja Kirchner. Sin Perón, era evidente que la Argentina se encaminaba, irremisiblemente, a una situación peor y su fuerza a una crisis fenomenal. Kirchner deja el centro de la escena en un país gobernado y gobernable. Con una economía y una situación social sustentables, con previsibilidad política. En el ’74 la política era colonizada por la violencia; en 2010 se cumplen varios años de paz social muy grande (para los parámetros argentinos) y con un rumbo mejorable (como todo) pero racional. Kirchner llegó a la Casa Rosada en un país devastado, se fue en otro, aún cargado de deudas sociales y contradicciones pero indeciblemente mejor.

Una comunicación social para la equidad

El pasado 10 de octubre de 2009, la Cámara de Senadores de la Nación dio sanción, por amplia mayoría, a la Ley 22.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Con base en los llamados 21 Puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, la nueva norma viene a saldar una antigua deuda de la democracia recuperada en 1983 y a coronar una lucha social y política que lleva no menos de tres generaciones. Su aplicación implicará desarticular un andamiaje legal iniciado en el Decreto-Ley 22.285 de la última dictadura cívico-militar, modificado en democracia cuantas veces fue necesario para favorecer intereses monopólicos.
Pese a que fue trabada escandalosamente por algunos tribunales federales en las provincias de Mendoza y Salta, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo ejemplar, el 15 de junio de este año, dio por finalizada la insólita situación, estableciendo la “irrazonabilidad” del planteo de los tribunales inferiores, alegando que la Justicia no puede suspender en su totalidad una ley aprobada por el Congreso.
Las consecuencias que el nuevo cuadro jurídico tendrá en el plano mediático, pero sobre todo político, social y cultural para los próximos años son todavía inimaginables. Mientras tanto, conviene repasar algunos de sus principales tópicos.
La norma regula los servicios abiertos de radio y TV y los sistemas complementarios, como antenas comunitarias y el cable. De esta manera se otorga un marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión. El libre acceso a las nuevas tecnologías permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales.
La vieja ley establece que la libertad de expresión está limitada por las necesidades de la Seguridad Nacional y admite restricciones basadas en este motivo. En el nuevo esquema, se garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión como lo prevé el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones.
Se crea además, una nueva autoridad de aplicación que reemplaza al viejo COMFER, el organismo que regulaba la radio y la TV, que debía ser dirigido, según la ley de la dictadura, por militares, servicios de inteligencia y empresarios. El nuevo organismo estará conducido por un cuerpo colegiado integrado por representantes del parlamento nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se establece un consejo asesor integrado por representantes de las universidades, de las asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector y de las provincias.
Se protege también el trabajo argentino y local mediante cuotas de pantalla de cine nacional y la exigencia de un 70% de producción nacional en las radios y el 60% en la TV.
La ley de la dictadura establecía que la radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Las modificaciones operadas durante la década de los 90´ facilitaron la concentración horizontal por vía de la admisión de los multimedios y la aparición de holdings. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Ahora, no sólo se permite el acceso a las entidades sin fines de lucro, sino que se reserva el 33% del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.



Lic. José Luis Ferrando
Foro Popular de la Comunicación de Paraná
Fuente: UNER NOTICIAS

Se lanzó el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales en Entre Ríos

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Gabriel Mariotto, junto al gobernador Sergio Urribarri participaron este viernes por la mañana del acto de lanzamiento del Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales. Estuvieron presentes los integrantes del Foro Popular de la Comunicación de Paraná.

Al término del encuentro, que se llevó a cabo en el salón de actos del Consejo de Educación, el Gobernador mencionó la “satisfacción de que Entre Ríos sea nuevamente protagonista o dé un paso importante. Lo hicimos en la etapa preliminar cuando se discutía un borrador de lo que luego sería la ley. Creo que es una de las primeras provincias que se organiza y conforma este foro”.

El objetivo del consejo será “la aplicación, en todos los alcances de lo que dicta la legislación en materia de medios audiovisuales en la Argentina, con la participación de los sectores que representan a la comunicación y de actores sociales, que como estuvieron en la preliminar, ahora también participan en la aplicación de la ley”, consignó.

Por su parte, Mariotto consideró que el modelo que seguirá la provincia será “un faro” para el resto del país. “Este debe ser el formato que debe seguir el resto de los estados provinciales para garantizar el debate y la pluralidad en el diseño de las políticas de comunicación de cada distrito”, apuntó.

Con respecto al Consejo, mencionó: “Es una iniciativa que ha tomado Entre Ríos muy importante que democratiza los medios de comunicación, que le da participación para garantizar la diversidad y la pluralidad. Venimos a apoyar al Gobernador”.

“La ley de comunicación audiovisual está vigente. La presidenta está en condiciones, la semana próxima, de firmar el decreto reglamentario para la aplicación en todo el país de la ley de la democracia”, anticipó.

“El fallo de la Corte (que rechazó la inhabilitación que había dispuesto un Tribunal Federal de Mendoza) fue muy preciso y contundente. Las medidas cautelares que frenaron la implementación de la ley carecen de razonabilidad, dice la Corte”, agregó.

A partir de entonces “hemos trabajado en el decreto reglamentario, que está a consideración de la Presidenta. Esperamos que la semana que viene se firme el decreto”.

“La aplicación de esta ley es resistida por los grupos monopólicos que, en el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, se ven afectados en sus intereses sectoriales”, dijo. En su visión, mencionó que dilataron la discusión en el Congreso durante 26 años, luego, con las medidas judiciales, ganaron seis meses más por lo que estimó “van a buscar alguna otra instancia para detener la aplicación de la ley, pero también hay gran apoyo de la ciudadanía, así que no nos vamos a detener”.

Se presentaron las propuestas para reglamentar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Distintas organizaciones civiles acercaron sus aportes al foro participativo para la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las propuestas abordaron temas como la democratización y federalización del Estado y los medios; la independencia editorial; los medios comunitarios, alternativos, estatales y universitarios. También se requirieron precisiones sobre cuestiones técnicas y jurídicas. Los aportes serán remitidos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el salón de actos del Consejo General de Educación distintas organizaciones civiles expresaron sus opiniones y presentaron sus propuestas para de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la oportunidad, participaron representantes del Foro Popular de la Comunicación de Paraná, la Asociación del Seguro Social Vial de Entre Ríos (Assver), la Red Nacional de Medios Alternativos y la Asociación de Radios y Universidades Nacionales (Aruna), Sindicato Argentino de televisión; Sindicato único de Espectáculo Públicos; Sindicato de prensa; organizaciones que integran el Foro Popular de la Comunicación de Paraná; representantes de medios públicos, de universidades, trabajadores de prensa, de diversas organizaciones políticas y sociales, particulares interesados, mutuales, dieron a conocer sus propuestas sobre el tema.

En la jornada el director de Información Pública de la provincia, Pedro Baez, explicó: "Acá estamos cumpliendo con esta instancia de participación abierta, plural y transparente en el marco de lo establecido por la propia ley. La demora en los tiempos de la reglamentación se produjo por el mamarracho jurídico de suspender los alcances de una ley por una medida cautelar, lo cual fue superado por un fallo unánime y contundente de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación a partir del cual la ley vuelve a ser operativa con toda su legalidad y legitimidad".

Al cerrar el Foro, Baez expresó "la satisfacción por el trabajo realizado y el agradecimiento a todos los asistentes por las propuestas que serán elevadas a la Autoridad Federal con la certeza que serán tenidos en cuenta, como ya quedó demostrado con las propuestas que Entre Ríos realizó a la ley. Estamos aportando a la consolidación y perfeccionamiento de una norma jurídica construida con un enorme consenso social y político, ya que no hay que olvidar que la ley N 26.522 fue votada no sólo por el oficialismo, sino también por un amplio arco de parlamentarios de la oposición, y eso es así porque todos sabemos que no es posible pensar una Argentina distinta y más justa sin esta ley y su aplicación"

También ratificó la voluntad política del gobierno provincial anunciando que próximamente se pondrá en marcha en nuestra provincia el Consejo de Provincial de Políticas Comunicacionales, que será una de las herramientas claves en la federalización de las políticas de comunicación.

Democratización y federalización

Como particular interesado, y señalando ser representante de la Unión Arabe ante el Foro Popular de la Comunicación de Paraná, Edgardo Massarotti, señaló que para ellos "vale la pena aportar a esta patriada que representa la ley", y a través de una extensa y pormenorizada ponencia se explayó sobre diversos aspectos de la ley y la necesidad de darle rigurosidad y precisiones a términos y conceptos que ofrecen márgenes demasiado extensos para su interpretación.

Demostrando un ajustado manejo de la técnica legislativa Massarotti abundó en el análisis de numerosos artículos de la ley y sostuvo que "la reglamentación debe operativizar los objetivos y definiciones políticas de la ley y apuntar a la precisión de los factores jurídicos y técnicos".

La ponencia del gremialista no se limitó a los aspectos técnicos sino que también contempló el análisis de las aristas políticas de la ley y en ese sentido rescató "la posibilidad de ser sujetos sociales activos y protagónicos de una construcción jurídica que no registra antecedentes en nuestra historia en términos de participación popular masiva".

Se extendió luego en las propuestas concretas acerca del texto reglamentario de diversos artículos. Algunas de ellas giraron en torno a la regionalización institucional de la figura del Defensor del Público, el Consejo Asesor de la Infancia y el Consejo Asesor de Medios Públicos. También se refirió a diversos mecanismos para garantizar la transparencia y la participación en instancias como la elección de directores y delegados, el uso de la cadena nacional y los avisos oficiales, la financiación del Consejo Federal y las exenciones o reducciones en los gravámenes.

En lo referido a la democratización de los medios, Massarotti señaló la necesidad de que la reglamentación contemple la posibilidad de que no solo las Universidades Nacionales y la Iglesia Católica tengan sus señales o frecuencias propia, sino que esa posibilidad alcance a Universidades provinciales como la UADER y a otros credos.

Medios comunitarios y alternativos

El representante de la Asociación del Seguro Social Vial de Entre Ríos (Assver), Guillermo Caligari, requirió precisiones sobre el significado de los medios comunitarios, como así también en las formas en que los mismos serán financiados. En este sentido, coincidió en plantear cuestiones inherentes a los gravámenes y propuso la exención de los mismos a los medios comunitarios. Formuló también la proposición de que "los grandes anunciantes podrían aportar fondos para estos medios como un forma de responsabilidad social con las comunidades que los rodean".

A su momento, Daniel Villagra , integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, un proyecto de extensión en Economía de la Uner y la Asociación Civil Barriletes, habló de la necesidad "de contar con el compromiso de la autoridad de aplicación para garantizar el funcionamiento de los medios alternativos cuando se determine la legalidad de los mismos". Coincidió también en las afirmaciones realizadas por los anteriores expositores en cuanto a los temas puntuales de gravámenes y financiamiento de medios comunitarios y alternativos. Finalmente manifestó "que la ley supera ampliamente la de la dictadura. No es una letra muerta sino que sirvió para modificar la realidad de muchos y dar un ejemplo de que se puede continuar ampliando la democracia".


Medios estatales y universitarios

José Luis Ferrando, periodista e integrante del Foro Popular de la Comunicación, se definió como "un trabajador del medio público" y recordó que "LT14 Radio general Urquiza sobrevivió a las privatizaciones de la dictadura y la década de los noventa gracias la acompañamiento de sus trabajadores y la comunidad entrerriana".

Luego mencionó los puntos principales de la ponencia (para la reglamentación de la nueva ley de medios) vinculados a los medios de comunicación del Estado. Ferrando habló de la necesidad de garantizar la independencia editorial, la inclusión de grupos sociales en los contenidos, que la designación de directores sea sometida a consulta pública y el equilibrio de representaciones en los Consejos Asesores.

Finalmente, el comunicador social puntualizó sobre la necesidad de fundamentar el hecho de que el Estado cuente con sus propios medios de comunicación para evitar procesos privatizadores a futuro.

Aldo Rotman, como representante de la Asociación de Radios y Universidades Nacionales (Aruna), de la cual forma parte la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), expresó su satisfacción de "poder participar desde el principio en el proceso que significó esta ley". Sintetizó su presentación haciendo referencia a las radios y centros de producción de las universidades como proveedores naturales del Estado, solicitó la definición de los procesos para contar con pautas publicitarias por parte del gobierno, el acceso a los contenidos de interés nacional y regional y la jerarquización y participación de las facultades de Comunicación y Tecnológicas en procesos inherentes sus temas específicos de abordaje.


Los plazos

Se informó a su vez, que para todos aquellos que por distintas razones no pudieron participar del foro el plazo para la presentación de propuestas vence el 22 de julio, recepcionándose los aportes que quieran formularse en la dirección de correo electrónico: afscaentrerios@gmail.com.

Fuente: DGIP

El Foro Popular de la Comunicación de Paraná en la UTN

Miembros del Foro Popular de la Comunicación de Paraná y la Asociación Profesionales Universitarios de la Comunicación (APUC) fueron recibidos este viernes por el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Omar Berardi.

La visita tuvo como objetivo la presentación formal de estas organizaciones ante la UTN y un análisis de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sus alcances sociales y la importancia de la participación de las universidades públicas.

El ingeniero Berardi puso a disposición la capacidad de la UTN y del Laboratorio de Telecomunicaciones en particular para capacitar en temas técnicos e interactuar con quienes se interesen por la temática.

Se analizó también la inminente conformación del Consejo Provincial de Políticas de Comunicación creada por Decreto Nº 432 del Gobierno de la Provincia y confirmó la participación de la UTN-FRP en el organismo colegiado.

La delegación visitante estuvo compuesta por la Presidente de la APUC Lic. Mónica Portillo, los miembros de APUC Lic. Sergio Cristani, Lic. José Luis Ferrando y los miembros del Foro, Edgardo Massarotti y la Prof. Beatriz Montaldo, mientras que el Decano estuvo acompañado por el responsable del Área de Prensa de la UTN, Alfredo Pintos.

Fuente: Foro Popular de la Comunicación de Paraná

Foro Popular de la Comunicación: "Celebramos y seguimos trabajando"

Desde el Foro Popular de la Comunicación celebramos el fallo de la Cámara Federal de Salta que, en armonía con lo dispuesto hace días atrás por la Corte Suprema, dejó sin efecto la medida cautelar y levantó la suspensión de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.


Coincidimos en que la medida judicial es otro paso más hacia la democratización de la palabra y de la propiedad de los medios, proceso que ya no tiene marcha atrás. No obstante sabemos que aún restan resolverse dos medidas cautelares parciales que impiden la aplicación plena de la norma. Una de ellas es la que interpuso el Grupo Clarín sobre el artículo que dispone la desmonopolización de los grandes multimedios. Lo que demuestra que el interés de Clarín no tiene nada que ver con el espíritu democratizador de la nueva ley ni con la libertad de expresión que a diario ellos mismos enarbolan, sino pura y exclusivamente con la libertad de empresa y el interés particular.


La Ley 26.522 es la segunda ley en la historia institucional argentina. La primera data de 1953 y duró poco más de un año. Creemos que el panorama que posibilitará la aplicación de la nueva ley de medios nos coloca ante desafíos más duros y exigentes. Uno de ellos en lo inmediato, que las organizaciones sociales no debemos desaprovechar, es la participación en la reglamentación. Es en esta instancia donde debemos trabajar sobre aquellas cuestiones y mecanismos que fortalezcan la democracia participativa y expandan el horizonte emancipador de la comunicación social.



Fuente: Foro Popular de la Comunicación de Paraná

Sabbatella se lleva un proyecto del Foro de la Comunicación

El diputado nacional, de paso por Paraná, se reunió con dirigentes de diferentes sectores. En un encuentro en la Facultad de Ciencias de la Educación habló de política. Calificó a De Narváez y Macri de representar la “derecha más recalcitrante” y negó ser parte del oficialismo.


Martín Sabbatella llegó a Paraná para presentar la Junta Promotora del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad. En una conferencia de prensa, que se realizará este jueves, hará público la conformación del nuevo bloque unipersonal en la Legislatura que encabezará el diputado Héctor De la Fuente.

En el cronograma de actividades que desarrolló en esta capital se incluyeron encuentros con la asociación civil Barriletes y con el Foro Popular de la Comunicación.

Con los integrantes de esta última entidad, el diputado nacional conoció de primera mano el proyecto de decreto por el que se crea el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales elaborada por el Foro. La iniciativa, entregada oportunamente a Sergio Urribarri, propone un espacio de discusión integrado por representantes de asociaciones civiles, legisladores, universitarios y dueños de medios, entre otros, con el fin de colaborar y asesorar en el diseño de la política pública comunicacional. (Ver relacionada)

Sabbatella se comprometió ante los representantes del Foro a tomar el texto y llevarlo al Congreso para que sus pares, incluso la presidente Cristina Kirchner, lo tomen como una referencia para la aplicación de la Ley de Medios, aún a la espera. “Esto puede ser un disparador para abrir el debate sobre la regionalización de la aplicación de la nueva norma”, dijo el ex intendente de Morón.

Lo escuchaban Aldo Bachetti, Sergio Elizar, Edgardo Massarotti, José Luis Ferrando, Manuel Ramat y Daniel Paduán, entre otros integrantes del Foro y estudiantes universitarios.

Las dos avenidas

En el tercer piso de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sabbatella también fue consultado sobre política. Como lo hizo durante la tarde en diferentes medios radiales, el diputado habló de “dos grandes avenidas” para referirse a escenario actual. “En una de ellas se ubica la derecha que quiere volver a los ’90, no tolera la intervención del Estado y tiene un proyecto de país para pocos; en la otra hay sectores políticos y sociales que reconocen el techo que tiene este gobierno, pero están dispuestos a subirlo”, ilustró.

“La derecha más recalcitrante, esto es (Francisco) De Narváez y (Mauricio) Macri, han errado el pronóstico: pensaron que tras el triunfo del año pasado este proceso se terminaba y era el turno de ellos. Todo está en disputa”, aseguró sobre el futuro.

Negó nuevamente pertenecer al oficialismo, como lo suelen señalar. “Tener autonomía política no significa tener neutralidad en las posturas”, definió para sentar cual es la posición de la fuerza que conduce y viene a lanzar en Entre Ríos.

Fuente: Página Política

Charla debate sobre la comunicación y la ley de medios de la democracia

Se invita a toda la comunidad a participar de la charla debate sobre la realidad de los medios de comunicación, en el marco de los cambios que promueve la instrumentación de la Ley Nº 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Participarán Luis Lázaro y Eduardo Seminara. La actividad, prevista para el 30 de junio, es organizada por el Foro Popular de la Comunicación de Paraná.

La charla debate está prevista para el miércoles 30 de junio, a las 19.30, en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, en calle Buenos Aires 389, de la ciudad de Paraná.
En la oportunidad, disertarán Luis Lázaro, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; y Eduardo Seminara, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario y director de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La actividad es de acceso libre y gratuito a todo público. Se solicita puntualidad para el inicio.

Lanzamiento del Concejo de Políticas Comunicacionales
El Foro Popular de la Comunicación, constituido en el 2009, como espacio de confluencia de organizaciones sociales, gremiales, políticas, vecinales y profesionales, impulsa esta nueva actividad con el mismo convencimiento con que se iniciaron los debates por la sanción de la Ley Nº 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazó el decreto- ley de radiodifusión de la dictadura. Es decir, lograr que el sistema de medios de comunicación en Argentina responda a un reparto de frecuencias muy diferente al modelo actual, rompiendo el esquema monopólico y comercial en función de priorizar el interés social de toda la población.
“Hoy tenemos la posibilidad de construir colectivamente y con la mayor cantidad de argentinos posibles, un espacio que impida re-otorgarle el poder a los sectores que ya tienen el poder político y económico sobre los medios de comunicación, para que las múltiples voces de nuestro pueblo encuentren y tengan nuevos modos de expresión y participación; y ese espacio es lograr la plena instrumentación de la nueva ley de medios”, expresa la misiva.
Asimismo, desde el Foro se recuerda que ya se propuso al gobierno provincial la creación de un Concejo de Políticas Comunicacionales, el cual estaría por constituirse a la brevedad. “El miércoles o jueves de la semana próxima se hará el lanzamiento”, aseveró el gobernador Sergio Urribarri, tras mantener un encuentro este jueves por la mañana con integrantes del Foro.
“Esperamos que con ello se logre instrumentar en Entre Ríos un Concejo democrático y participativo, donde se puedan expresar los diferentes sectores de toda la comunidad, para que desde la voz del interior de nuestra provincia, el máximo organismo nacional en materia de autoridad de aplicación de la ley de medios, encuentre sustento, participación, interés social y propuestas. Además, para que se logre redimensionar absolutamente todo el espacio de medios en la República Argentina, a través de la capacidad de incidencia de la propia sociedad civil”.


FORO POPULAR DE LA COMUNICACIÓN DE PARANÁ.

UN PASO MÁS HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

El Foro Popular de la Comunicación de Paraná celebra el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó, por unanimidad, la medida cautelar dictada por una jueza y ratificada por una Cámara de Mendoza que inexplicablemente suspendía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por amplia mayoría del Congreso Nacional.

Desde el Foro consideramos que la decisión de los magistrados va más allá de los límites de puesta en vigencia de esta ley. Por el contrario, en su texto, deja sentados precedentes de enorme valía para el funcionamiento de la democracia y la división republicana de poderes.
En consecuencia, el fallo no sólo deja sin efecto decisiones de jueces que seguramente deberán rendir cuentas de su retorcida interpretación del derecho para defender a poderosos intereses, sino que advierte sobre cuestiones que no pueden soslayarse en un régimen democrático.
En tal sentido, el fallo considera que "admitir la legitimación (del demandante) en un grado que la identifique con el 'generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobierno…', deformaría las atribuciones del Poder Judicial y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”.
Al mismo tiempo, consideraron que "un diputado no tiene legitimación para reeditar en el poder judicial un debate que perdió en el parlamento" y manifestaron que "no está demostrado que el demandante fue inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador".
Además, expresaron que "una cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad".
Desde el Foro manifestamos una vez más nuestra profunda alegría por la decisión de los ministros de la Suprema Corte y convocamos a todos los actores sociales a una participación concreta para su efectiva puesta en funcionamiento en la medida en que se van despejando los obstáculos que siguen colocando en el camino los mismos actores acostumbrados a décadas de impunidad que trataron de impedir su aprobación.
En tal sentido, renovamos la convocatoria a las organizaciones sociales de todo tipo que deseen integrar el flamante Consejo Provincial de Políticas de Comunicación, que en breve comenzará a funcionar, para discutir y dar adecuada transparencia las decisiones estatales que de aquí en más se tomen en la materia.


FORO POPULAR DE LA COMUNICACIÓN
Paraná Entre Ríos

LA CORTE REVOCÓ LA MEDIDA CAUTELAR DE LA CÁMARA FEDERAL DE MENDOZA

La Corte Suprema de Justicia anuló la medida cautelar dictada en Mendoza, que suspendió la aplicación de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La causa había sido iniciada por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal), quien cuestionaba el proceso legislativo de aprobación de la nueva norma. Por unanimidad, los Supremos acompañaron el dictamen del procurador Esteban Righi, al considerar que un diputado no tiene legitimación para revisar en sede judicial una votación que perdió en el Congreso. Aun falta que lleguen al Máximo Tribunal las medidas cautelares promovidas por particulares que objetan artículos específicos de la ley 26.522.

La sentencia fue dictada con el voto de la mayoría constituida por los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt, Zaffaroni, Maqueda, quienes aclararon que la decisión "no se relaciona con la valoración constitucional del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos con fundamento en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario”.
Es decir, dejaron en claro que aun no se pronunciaron sobre cuestiones de fondo del contenido de la nueva norma y que lo harán cuando traten un caso en el que exista un interés directo y concreto, porque "el Poder Judicial no hace el control de legalidad de las leyes de manera abstracta". La ley 26.522 seguirá suspendida por ahora, ya que subsisten otras medidas cautelares dictadas por jueces de la Capital Federal, Salta y San Juan.
"Admitir la legitimación en un grado que la identifique con el 'generalizado interés de todos los ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobierno…', deformaría las atribuciones del Poder Judicial y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”, sostuvieron los supremos en el fallo.
Al mismo tiempo, consideraron que "un diputado no tiene legitimación para reeditar en el poder judicial un debate que perdió en el parlamento" y manifestaron que "no está demostrado que el demandante fue inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador".
Además, expresaron que "una cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población, es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad".
Los jueces Argibay y Petracchi emitieron un voto propio, pero concurrente y con argumentos similares a los de la mayoría, señalando la ausencia de legitimación del reclamante y la falta de razonabilidad de la medida.

FUENTE: PAGINA 12

Oficializan a los directores del Consejo de Medios

Los nombres: Gabriel Mariotto como presidente del directorio y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al ex diputado Manuel Baladrón y a Eduardo Seminara.

La decisión, que lleva el número 1974/2009, coloca a Gabriel Mariotto como presidente del directorio, en tanto que define como integrantes del directorio al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al ex diputado Manuel Baladrón y a Eduardo Seminara.

La puesta en funciones de los integrantes del organismo de aplicación de la Ley de Medios rige desde el 10 de diciembre.

El decreto -que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- destaca que se publicaron en diarios los datos personales y antecedentes curriculares de los candidatos propuestos, y que las impugnaciones presentadas "carecieron de mérito suficiente".

En los considerandos se recuerda que la reciente sancionada ley 26.522 dispone la creación de la AFSCA "como organismo descentralizado y autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional", y resuelve que la conducción sea ejercida por un directorio integrado por siete miembros nombrados por el Gobierno.

En ese sentido, se destaca que el directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el PEN, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento y dos a propuesta del Consejo Federal de Comunicación.

En tanto, también en el marco de la Ley de Comunicación pero a través del decreto 1973/2009, se oficializó la designación de los directivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

En representación del Poder Ejecutivo Nacional, Tristán Bauer será presidente del directorio de la empresa que tiene a su cargo Canal 7 y Radio Nacional, y Sergio Fernández Novoa, director.
A su vez, el decreto designa los dos directores propuestos por el Consejo Federal, Alejandro Verano y Néstor Cantariño.

Fuente: El Argentino

Los Supremos tienen la última palabra

Los supremos hicieron lugar al planteo del Ejecutivo y decidieron analizar la medida cautelar de la Cámara de Mendoza que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En quince días se expide el procurador Esteban Righi.


La Corte Suprema admitió la apelación que el Estado nacional presentó contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tribunal, en una decisión que le tomó unas pocas líneas, solicitó al procurador General de la Nación, Esteban Righi, que diera su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Si bien se trata de un paso en apariencia formal, un rechazo del máximo tribunal al pedido del Gobierno hubiera significado la convalidación de las decisiones que frenan la norma y la imposibilidad de aplicarla por un largo tiempo. Mientras el amparo siga vigente, rige la vieja Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura.

“Creo que es una decisión importante porque al haber admitido la apelación, la Corte está diciendo que hay gravedad institucional”, dijo a Página/12 el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el funcionario que llevó el reclamo del Gobierno ante el máximo tribunal. En su escrito, justamente, Da Rocha planteó que había “gravedad institucional” porque se estaba privando al sistema de medios del régimen jurídico aprobado por el Congreso. Si bien los integrantes del máximo tribunal no dijeron nada al respecto, en el Gobierno destacaban que los Supremos suelen oponerse a admitir el tratamiento de medidas cautelares porque no son sentencias definitivas. Ocurre que, en este caso, la resolución de la Justicia mendocina implica la parálisis íntegra de una ley. “Se está jugando un tiempo político institucional. Está paralizada una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo”, agregó Da Rocha al reclamar que el máximo tribunal no estire los tiempos para tomar una decisión de fondo.

La decisión de los jueces de la Corte, que fue unánime, no significa un aval o rechazo al contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que está en juego es la medida tomada por la Justicia mendocina, que congeló la aplicación de la norma por pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. Pero, ayer, la Corte tampoco se pronunció sobre el amparo, sino sobre la posibilidad de analizarlo. Por ese motivo, la ley seguirá suspendida hasta que los jueces se expidan sobre la medida cautelar.

Thomas impugnó el proceso de sanción de la ley por supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal avaló su reclamo y luego lo respaldó la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Otilio Romano. Este último magistrado intentó instalar que había sido presionado por organismos de derechos humanos para avalar la ley de medios, cuando, en realidad, estas agrupaciones lo habían denunciado antes por su actuación durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal.

El próximo paso de este expediente estará a cargo del procurador Esteban Righi, quien, en quince días, se expediría contra la medida cautelar y pediría que se levante la suspensión de la ley. Luego, deberá pronunciarse la Corte. Aunque en esa instancia no hay plazos para tomar una decisión, en el tribunal esperan poder fallar antes de la feria judicial de invierno. Entre otros aspectos, los supremos deben resolver si Thomas estaba legitimado o no para llevar adelante esa acción judicial y si el proceso de formación de las leyes es una cuestión “judiciable”. Esas fueron algunas de las cuestiones planteadas por el Gobierno en su escrito. En caso de que el amparo mendocino sufra un revés en el máximo tribunal, tampoco estará dicha la última palabra. Es que hay otras suspensiones en danza, aunque en la mayoría de los casos se trata de impugnaciones parciales a la norma que reemplazó la Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura militar. En Salta, un juez frenó la norma íntegra al estilo mendocino y el caso está siendo estudiado por la Cámara Federal local. En tribunales se especula con que esperarán el guiño de la Corte para resolver. Si, en cambio, la Cámara salteña se expide antes, avala la suspensión y el Gobierno vuelve a apelar, el máximo tribunal deberá analizar si trata ambos casos en el mismo fallo.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, celebró la medida de la Corte y dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está “irregularmente suspendida, ya que los jueces no sólo no eran competentes, sino que además era el primer caso en la historia del derecho argentino que la Justicia suspende la aplicación de una ley en todo el país”. Subrayó que aguardaba que en las próximas semanas se pueda “aplicar la primera ley de los últimos 26 años de democracia” en materia de medios de comunicación. La resolución del máximo tribunal también fue bien recibida por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El dirigente de la Asociación Argentina de Actores Norberto Gonzalo señaló que la Coalición “no sólo quiere festejar la decisión de la Corte sino revalidar la metodología del debate horizontal que nos permitió elaborar los 21 puntos y contribuir a la elaboración de la ley con la participación de todos los sectores involucrados”.

FUENTE: PAGINA 12

6-7-8

El programa de Canal 7 de Buenos Aires 6-7-8 se ha transformado en un fenómeno de opinión impensado hasta hace muy poco tiempo. Se trata, para quien no lo conoce, de un magazine dedicado, como lo aclara su conductor, Luciano Galende, todos los días en la apertura, a la discusión y análisis de lo producido por los medios de comunicación. En tal sentido, si bien no es el primero, sí lo es desde un medio del Estado. Y el primero en su tipo, sin dudas, en trascender las fronteras de la pantalla para proyectarse en actos públicos de cierta masividad y en las llamadas redes sociales de la Web, además de haber producido un debate entre periodistas y políticos que ha llegado ya, a estas alturas, hasta el Congreso de la Nación.

A modo no taxativo, al programa se le hacen las críticas como que es agresivo, panfletario, hiper-oficialista, se paga con dineros de “todos nosotros”, etc., para citar sólo las que tienen una elaboración y no repetir algunos comentarios insultantes que también pululan en páginas de Internet o en las mencionadas redes sociales.

Como todo fenómeno social masivo, el tema ofrece múltiples planos de análisis. Desde estas líneas considero que 6-7-8 puede resultar un excelente disparador para la añeja y postergada discusión sobre los medios de comunicación del Estado.

Si bien la cuestión se debatió durante los sucesos que desembocaron en la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin dudas el debate principal, el que debió darse en el Congreso de la Nación, fue muy pobre. Según desde donde cada uno se pare tendrá distintas lecturas. A mi modesto entender, la oposición de centroderecha con su indiferencia ante el debate previo en los foros realizados en todo el país, y sus chicanas dilatorias posteriores en el debate en comisiones, malogró (nos) la posibilidad de muchas discusiones interesantes en relación al tema de los medios en general y de los del Estado en particular. La imagen de una oposición que no bajó al recinto en Diputados fue tan gráfica como patética.

Para comenzar, algunas preguntas. ¿Desde cuándo es un escándalo que se haga oficialismo en un medio del Estado? ¿No fue acaso lo que se hizo casi siempre y en casi todas las gestiones? ¿Y eso está bien o está mal?

Desde 2003, todavía con los ecos del que se vayan todos, el kirchnerismo devolvió a la política un lugar de importancia en el poder real de la Nación tras el avasallador avance registrado por el capital financiero concentrado durante las tres décadas neoliberales anteriores. Puede discutirse in eternum sobre la metodología utilizada a tal fin, lo que no puede negarse es el resultado. De una imagen presidencial devaluada, la de un De la Rúa que debió huir en helicóptero, pasando por los famosos “cinco presidentes en una semana” elegidos por el parlamento, y tras asumir con un 22 por ciento de los votos por la renuncia al ballotage nada menos que de Carlos Menem, hoy buena parte de la oposición político-mediática está hablando de “dictadura”, “tiranía” y términos similares para dirigirse tanto a la Presidenta como al ex Presidente. No acuerdo con tales acusaciones, pero el hecho mismo de que se las hagan habla por sí solo de lo que sucedió con la otrora mellada autoridad presidencial. Más allá de las formas o la retórica del matrimonio, este no es, ni de lejos, un Gobierno autoritario, por muchas razones que sería largo enumerar aquí. Pero sobre todo, ¿no es saludable que tenga autoridad quien fue elegido por la mayoría de los votos? Quien no piensa así, debería blanquearlo.

Mucho se ha hablado en las facultades y escuelas de comunicación y en la política en general sobre el fenómeno de la videopolítica y la incidencia cada vez más importante de los multimedios en el poder real en todos los países, especialmente en los periféricos, ligados a la trasnacionalización del capital y sus nefastas consecuencias para la mayoría de los habitantes de estos países. Pero el análisis del discurso no alcanza para cambiar las cosas si no hay voluntad política con posibilidades ciertas de poder.

El kirchnerismo tomó en tal sentido una decisión política: la de identificar por primera vez a determinados multimedios y a sus directivos como partes, e incluso jefes, de la oposición política. Esa decisión es inédita. Y por las consecuencias que ha producido, histórica. Es difícil que la discusión sobre si el kirchnerismo está o no a la izquierda pueda ser saldada en poco tiempo; aunque es bueno preguntarse si tiene demasiado sentido en un país donde desde hace 65 años la antinomia dominante en las relaciones de poder tanto de la estructura como de la superestructura ha sido peronismo-antiperonismo. Lo que sí está claro, y el kirchnerismo ha jugado un rol decisivo en develarlo, es que los medios hegemónicos son la derecha, la derecha argentina, nada menos. Y cuando hablamos de derecha hablamos de política, en el sentido partidario del término. En tal esquema, los grandes medios son hoy un partido político, el partido de la oposición. Ahora se sabe, ahora se nota.

Volvamos a los medios del Estado. Conozco muchos colegas que con gran honestidad suelen quejarse porque en determinadas gestiones fueron “echados” de un medio del Estado. En muchos casos he compartido y manifestado mi desacuerdo con tales decisiones porque me ha parecido gente valiosa que enriquecía el debate público con sus opiniones o porque no comparto ni compartiré que a alguien se lo despida de un medio por ellas. Pero también me he hecho algunas preguntas que, creo, humildemente, no siempre se las han hecho ellos: ¿Por qué debían estar ellos y no otros en ese lugar? ¿Por qué el Estado debía pagarles a ellos para que den su opinión y no a otros? La respuesta la encuentro siempre más en el orden de lo empírico que del deber ser: porque entraron con una gestión con la cual simpatizaban, o mejor dicho, con una gestión que simpatizaba con ellos y no con otros periodistas. Es poco épico, pero es así. Desde siempre, de dar opinión en los medios del Estado se egresa por antipatías políticas pero también se ingresa por simpatías. Eso es lo que a veces no reconocen estos honestos colegas. Tal vez porque consideran que, pese a todo, ellos deberían ser quienes siempre estén, a quienes el Estado siempre debería permitirles/financiarles la palabra pública, a costa, incluso, de ignorar la palabra de otros.

Una respuesta posible podría ser: el Estado debería permitir en sus medios la palabra de todos. Y eso es muy interesante. En ese sentido, creo que la nueva ley de medios, si la destraba la Corte, podría significar un buen piso de discusión sobre los medios del Estado, pero aún falta un debate mucho más profundo. El de cómo lograr un diseño institucional para los medios públicos en el que pueda escucharse la mayor cantidad de voces y que trascienda las gestiones; es decir, lo que se conoce como política de Estado. Cómo lograr que podamos hablar todos sin que determinados actores muy numerosos de la sociedad civil corporativa crean que el Estado debe estar a su servicio; al servicio, claramente, de una clase social determinada, la del “sentido común” compartido, construido por un sistema de medios privados monopólico que ha hegemonizado tal producción de sentido. Este gobierno, como decíamos, ha tomado una decisión política, identificando a los empresarios de medios monopólicos como actores político-partidarios. Ha corrido el eje de las certezas cotidianas en torno a la producción de “realidad”. Decisión que puede resultar un progreso social o no, porque todo está por verse, aunque cada vez está más claro que habrá lugares a los que no se podrá regresar. Mientras tanto, se repiten argumentos tan pobres como que a los integrantes de 6-7-8 o a los empleados de los medios del Estado les pagamos el sueldo “todos nosotros”, en una forma enunciativa que habla por sí sola sobre ciertos imaginarios excluyentes, por decirlo con cierta suavidad. Un sólo dato: la licuación de la deuda del Grupo Clarín y de otros grupos empresarios en el 2002, nos costó a “todos nosotros” la guita que no nos costarían 20 años de 6-7-8. Sería bueno comenzar a razonar un poco más seriamente aquello de que Clarín gasta su propia plata y Canal 7 la de todos nosotros.

Clarín es Clarín con nuestra plata, por ser una empresa monopólica en el cable, por estar asociado de una u otra manera a los grupos y sectores que hicieron posible un país con este estado de inequidad, por presionar a los gobiernos para que le facilitaran sus negocios a cuenta de otras empresas o que salieran a salvarlo con la guita de “todos nosotros” cada vez que no podía o no quería pagar sus deudas. Clarín y los grandes grupos empresarios se quedan, en definitiva, con buena parte de la plusvalía de todos los argentinos. El que sigue creyendo aún en una relación impoluta, transparente, equidistante, entre el Estado y las corporaciones, sería bueno que fuera revisando un poco sus papeles. Porque, además, debería estar dispuesto a pagar, por ejemplo, la energía eléctrica o el colectivo a un precio no subsidiado. La pregunta es la misma ¿Por qué el Estado debe intervenir para que no suban las tarifas de los particulares?

Hay una falacia liberal llevada hasta el delirio que sostiene un cuentito más o menos así: “El Estado sería el producto de la preocupación de un grupo de vecinos bienintencionados que un día se reunió en la plaza del pueblo y decidió que pondrían unos mangos cada uno para crear un artefacto prestador de servicios y que, cada tanto, votarían un administrador. A todos les pagaría el sueldo el buen vecino, quien, por supuesto, tendría derecho a reclamarles si no cumplen con tan cívico deber y como única obligación, sacar la bolsita de basura a horario”. En la construcción e instalación social de tal imbecilidad tienen responsabilidad muchos de los periodistas ahora autodenominados perseguidos. Pero, sobre todo, los monopolios mediáticos.

Mientras tanto, pocos hablan por ejemplo de la calidad del Canal Encuentro, un medio estatal impensado hasta hace muy poco tiempo, que pone al aire materiales valiosísimos, de los que nos han privado a los argentinos, a esas capas medias críticas sobre todo, durante décadas. Y a los que hoy podemos acceder a diario debido a que los cables fueron obligados a incluirlo en su grilla de canales, porque si no tampoco lo hubieran hecho. Nadie habla tampoco de la calidad de toda la programación de Canal 7, que puede ser criticada desde muchos ángulos, pero no tiene punto de comparación con la impresentable carpa de las pulgas donde se cortaban manzanas en la década del 90. Y el fútbol. El fútbol, al cual se suele observar prendidos casi obsesivamente a buena parte de los críticos del Gobierno y de su decisión de intervenir en ese negocio.

Lo que más molesta de 6-7-8 no es su oficialismo, sino su efectividad. Su capacidad para lograr lo que la derecha jamás pensó que lograría un programa oficialista: tener audiencia haciendo oficialismo. En todo caso, lo que desde la técnica periodística habría que considerar en primera instancia es el punto número uno del manual: ¿miente o dice la verdad? ¿Es culpa de 6-7-8 que buena parte de la dirigencia política y empresaria o de la crema periodística de este país no resista un archivo? Lo que el programa hace son informes, como cualquier otro programa periodístico. Y sus editores editan, como cualquier editor del mundo. Y sus panelistas opinan, como cualquier panelista de cualquier programa. Y todos hacen su tarea desde algún lugar, desde una postura ideológica, como lo hace cualquier periodista, pero también como lo hace cualquiera que se levanta a la mañana y prende la radio que eligió escuchar. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la objetividad que deberían tener y no tienen? ¿La de criticar al Gobierno, la de invitar críticos del Gobierno? Lo dicen Bonelli y Sylvestre, lo han repetido durante años: “la gente decide” y puede cambiar de canal. Y tiene una oferta más que numerosa de críticos del Gobierno con traje de “objetivos”. Y 6-7-8 es sólo un programa en una programación de 24 horas en un canal público que ha mejorado enormemente su oferta.

Pero, insisto, el debate sobre qué medios públicos serían deseables para una sociedad como la nuestra aún está pendiente. Y será tan complejo y difícil como el de la mentada construcción de ciudadanía desde lugares más interesantes que el modelo Santo Biasatti. Desde aquí vaya una pequeña propuesta de conversación. La de admitir la necesidad de que el Estado sea propietario de medios de comunicación; porque el fenómeno de la comunicación es complejo, y es responsabilidad del Estado la intervención eficaz dando cuenta de esa complejidad en la que intervienen siempre no menos de dos sujetos, a veces individuales, a veces colectivos; tratando siempre de que los discursos hegemónicos no aplasten ni subsuman a los alternativos, a los minoritarios ni a los contrahegemónicos. La de establecer y operativizar las categorías de acceso y participación, para que puedan ejercer la palabra pública los sectores más postergados de la sociedad y no sólo quienes tienen los medios de presión para hacerlo. La de dar participación a la llamada sociedad civil en los medios del Estado, para airear las anquilosadas estructuras burocráticas pero también para que los actores sociales puedan ejercitar la práctica de la discusión en una relación distinta con ese Estado, al cual hoy buena parte de ella ve como el Otro a vencer. La de fomentar un debate en sociedad, con la comunidad de referencia de cada uno de las emisoras públicas, que en definitiva no sería otra cosa que la apuesta a una nueva construcción ciudadana.

Sería muy bueno poder debatir estas cosas ampliamente y con argumentos. Lamentablemente, la gesta por la ley de medios demostró que no todos los actores están dispuestos a tal ejercicio. Mientras tanto, tenemos 6-7-8.

José Luis Ferrando

El Foro de Periodismo Argentino reclamó la función sindical en las empresas informativas

La entidad aseguró hoy que “quiere llamar la atención” sobre la importancia de la labor sindical para el desarrollo de la profesión. Y enfatizó que “uno de los factores principales para promover la calidad periodística está constituido por las condiciones laborales adecuadas y con respeto a las pautas legales”. En un comunicado, FOPEA expresó que quiere “recordar el derecho de los periodistas a organizarse y a participar en distintas instancias, como los gremios específicos y las comisiones internas, sin que eso implique sufrir represalias de ningún tipo por esa labor”.
En ese sentido, consignó que “existen muchas empresas informativas en el país donde la actividad sindical es hostigada, sus representantes han sufrido represalias o directamente no fueron reconocidos como interlocutores para la discusión de las condiciones laborales”
“Dado que estamos convencidos de que la calidad periodística se ve afectada dramáticamente en un contexto donde las condiciones laborales no sean debidamente defendidas, hacemos un llamado a los empresarios a que reconozcan y respeten la labor sindical en el marco de sus empresas periodísticas”, subrayó la entidad periodística.
Finalmente, el documento recuerda que FOPEA “!no es un sindicato sino una asociación profesional, pero promueve entre sus socios la participación gremial y pide a las empresas que garanticen su ejercicio”.

FUENTE: TELAM

La Ley de Medios llegó a la Corte Suprema

El máximo tribunal analizará el 19 de mayo el recurso extraordinario contra la medida cautelar de la justicia federal de Mendoza que dejó en suspenso la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual. La Corte, que recibió hoy el expediente con alrededor de 2000 páginas, decidirá en ese acuerdo si el planteo reúne los requisitos formales para su tratamiento y, en ese caso, dar intervención al Procurador General de la Nación.
"El expediente, un total de ocho cuerpos llegó una hora antes del acuerdo" que la Corte celebra habitualmente todos los martes. Para que los jueces del máximo tribunal puedan evaluar sobre el cumplimiento de las formalidades que habilitan su intervención "se sacarán fotocopias y se distribuirán entre todos los ministros".
El próximo acuerdo se celebrará dentro de dos semanas, y la Corte "puede rechazar `in límine` -sin más trámite- el planteo contra la medida cautelar o remitir las actuaciones al Procurador General de la Nación", Eduardo Righi, para que dictamine sobre la procedencia del recurso extraordinario.


FUENTE: PAGINA 12

Dictadura, prensa, medios y Madres

El juicio simbólico celebrado el jueves último por las Madres de Plaza de Mayo –junto a un grupo de decididos periodistas y militantes– fue sometido a censura por los medios hegemónicos de comunicación, los cuales se dedicaron sistemáticamente a victimizar a los victimarios y a señalar el evento de manera difamatoria y mentirosa. Ninguno de los medios hegemónicos publicó ni informó con elemental seriedad lo que allí se dijo, recordó, analizó, rememoró y lloró. Pero hay aun otra cosa que decir respecto del evento del jueves.
De manera notable, y siguiendo siempre esa intuición titánica que caracteriza a las Madres, el principal mensaje del evento del jueves no es lo que allí se dijo del pasado, sino precisamente el hecho –presente– de que lo que allí se dijo fue sometido –en plena vigencia de la institucionalidad democrática– a una censura que reprodujo casi como una metáfora, aunque con desgraciada eficacia, la misma situación que cada jueves se reiteraba en la dictadura, a saber: que lo difundido de la presencia de las Madres, en lugar de referir a lo que tenían ellas para decir, fue sustituido por la difamación y la mentira. En lugar de discutirse en las agendas mediáticas lo que allí se dijo, los medios hegemónicos procuraron instalar en la esfera pública un cuestionamiento y la ridiculización del evento, al cual se yuxtapusieron las anécdotas desafortunadas acontecidas en la Feria del Libro. En lugar de manifestarse entonces en las agendas la denuncia del horror de un pasado que se niega a quedar atrás, lo difundido fue una campaña de falsedades que logró en una medida importante ocultar lo esencial.
La medida en que lo lograron ocultar es la medida de su poder monopólico, esa medida es la que la Ley de Medios viene a reducir, y el más profundo sentido del evento del jueves fue demostrar de una manera patente e indesmentible de qué manera el aparato monopólico de la mentira que llamaba “locas” a las Madres cuando ellas, solas, daban vueltas a la Plaza en el medio del horror, sigue casi intacto y logra ahora llamarlas de nuevo de maneras que reproducen la infamia.
Millones de jóvenes y adultos que no vivieron aquella época necesitan imperiosamente conocer en detalle qué fue lo que sucedió con la prensa en la dictadura. Ese conocimiento es tan indispensable como el que se difundió en su oportunidad sobre la perpetración de las torturas y las desapariciones. Desde el punto de vista de la viabilidad de una sociedad pos-dictatorial, a la larga, no hay diferencia entre uno y otro conocimiento de lo que sucedió.
El desconocimiento en el que está sumida gran parte de la sociedad argentina se agrava porque una buena parte de los medios de comunicación hegemónicos sigue bajo la conducción y liderazgo de las mismas figuras que mantuvieron su continuidad desde la dictadura, algunas de ellas mencionadas en el evento del jueves.
Es imperioso que la Corte Suprema habilite la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque es el instrumento legítimo y competente para modificar, atenuar, limitar una situación que constituye una de las mayores lesiones para la libertad de prensa, la libertad de expresión, y los derechos laborales y de conciencia de periodistas y comunicadores.
Todo esto es sabido, aunque necesitemos repetirlo hasta que se consiga una transformación al menos significativa del actual y oprobioso estado de cosas.
Ahora, cuando ha llegado la hora de dar fin a esa infamia, las Madres lograron otra vez instalar un gesto radical en una sociedad que en buena parte está todavía mirando para otro lado.

Alejandro Kaufman. Ensayista, docente.
FUENTE: PAGINA 12

Sobre afiches y periodistas

Este comentario es a propósito de la aparición de afiches en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el pasado jueves 15 de abril, en coincidencia con la masiva marcha convocada para defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En muchos espacios de publicidad callejera podían observarse las fotos con los rostros de los periodistas más conocidos del Grupo Clarín. Por encima de ellos, la pregunta: ¿Se puede ser “Periodistas Independientes” y servir a la dueña de un multimedio que está acusada de apropiación de Hijos de Desaparecidos? El afiche no llevaba ninguna firma y nadie se hizo públicamente cargo de su autoría hasta el momento.
El hecho generó varias reacciones, mayormente críticas. En algunos casos, de repudio. Aquí va una modesta opinión.
En general, desacuerdo con los anónimos, pero no siempre; sino cuando contienen una información, cierta o inventada, sobre la vida privada de alguien o pretenden instalar un rumor, y quien la da a conocer no se da a conocer a sí mismo. Pero en este caso no hay ninguna información develada sino sólo una pregunta, generalizadora, simplista y hasta torpe, pero una pregunta al fin, sobre un tema que es de dominio público. Habrá quien considere que está bien o lo contrario, pero no está afectada la honra ni la vida privada de nadie. Si se quiere, es una opinión en forma de pregunta, sobre la ética de algunos periodistas, cuyas acciones públicas son también, como las del resto de los ciudadanos, pasibles de ser examinadas. Por otra parte, aunque ya pocos se acuerden, fue uno de los aludidos, Joaquín Morales Solá, quien hiciera público un “anónimo” que circulaba en el Senado y que diera lugar al escándalo y posterior juicio por coimas presuntamente cobradas por senadores para apoyar la flexibilización laboral. Bien mirados, los anónimos también pueden servir a veces, evidentemente, para fines de purificación.
Pero el tema vuelve a activar el consabido debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los periodistas en relación con las empresas para las que trabajan. Aunque no tiene nada de nuevo, los interrogantes de siempre adquieren nuevos bríos en la dinámica histórica y social del presente. ¿Qué somos los periodistas? ¿Trabajadores, empresarios, asociados de las empresas? ¿Quiénes son los señores de las fotos? Es odioso comenzar por la plata, pero si son trabajadores, como algunos sostienen, es evidente que hace ya varios años que se vienen quedando con una parte más que importante de la plusvalía que producen. Si bien el grupo empresario que les da trabajo usufructúa, por cierto, una mucho mayor, la tajada de estos contratados está bastante por encima de la media de lo que en este país se entiende por un trabajador, incluida la mayoría de los trabajadores del multimedios para el que trabajan. Recordemos que el salario mínimo en la Argentina no supera los mil quinientos pesos. Me dirán que la cosa no debe medirse por el tamaño del sueldo, pero la AFIP no considera lo mismo a la hora de calcular el mínimo no imponible, por eso entiende como “ganancia” cualquier partecita que supere ese mínimo en el salario de un trabajador digamos, calificado. Y le cobra en consecuencia.
La inmensa mayoría de los trabajadores de prensa trabaja en condiciones paupérrimas, en grandes, medianos y pequeños medios de comunicación. Un alto porcentaje lo hace en negro, sin los aportes sociales mínimos, o con contratos de media jornada. Son los que ponen el cuerpo en las oscuras redacciones, en los móviles, los que en los medios chicos patean y cabecean el corner, los que esperan que un sindicato alguna vez hinche por ellos. Como contrapartida, un minúsculo grupo de periodistas-personajes- operadores, posicionados como interlocutores legitimados por el poder, vive con ingresos muy superiores, producto del favoritismo en la adjudicación de la publicidad estatal (sobre todo en provincias), o como beneficiario de suculentos contratos con alguno de los grandes multimedios, en el cual pivotean, en el mejor de los casos entre lo que queda de sus convicciones y los intereses del pulpo que les estiró un brazo. En medio de todo esto, una ancha línea gris de pequeños emprendedores, integrantes de medios comunitarios, quijotes de todas las calañas, en la cual cada uno hace lo que puede.
Insisto, ¿quiénes son los señores de las fotos? ¿Alguien tiene ya alguna duda de quiénes son, cómo viven y para dónde patean? ¿De qué hostigamiento a periodistas hablan algunas entidades corporativas? ¿Se sienten hostigados por un afiche con una simple pregunta quienes tienen en la pregunta su más importante instrumento de trabajo? ¿Qué pensaría Rodolfo Walsh –a quien algunos de ellos no pierden oportunidad de mencionar en paneles sobre periodismo-, si viviera, si no hubiera sido tan testarudamente periodista, ante semejante defensa contra nada? ¿Y los más de cien periodistas desaparecidos por la dictadura?
En su repudio a los afiches, ADEPA (sí, ADEPA), consideró que “el señalamiento” de periodistas es “una manera de marcar a un enemigo” y de instigar a “personas que no estén en capacidad de procesar el mensaje” a “disparar reacciones peligrosas contra los señalados”. Preguntas: ¿Nadie tuvo durante el conflicto “del campo” ganas de pegar en el vidrio del auto un cartel que dijera “Estoy con el Gobierno”? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y de decírselo a los piqueteros rurales cuando te paraban en la ruta? Y los grandes medios, ¿no tuvieron nada que ver en arengar en muchos casos a bandas de locos desaforados que llegaron a dar vuelta autos y quemarlos porque sus conductores se negaron a recibir un panfleto? ¿Se pusieron entonces a pensar en el coeficiente intelectual de estos impresentables?
La hipertrofiada plusvalía que percibe el grupo empresario para el que los periodistas del afiche trabajan, de la que ellos se llevan sólo una pequeña parte, es producto de lo más salvaje del mercado. Salvajismo del que la apropiación de menores a la que la pregunta hace referencia, como la apropiación de Papel Prensa merced a la tortura de sus accionistas, son símbolos que, al fin, comienzan a develar la íntima relación entre dos lógicas bien conocidas en la Argentina: la del libre mercado y la del terrorismo de Estado. Por eso, en este humilde razonamiento, salvaje no pretende ser un mero adjetivo embellecedor del texto.
Criticar a un cronista por no ver a un elefante que le acaba de cruzar por delante es de sentido común. ¿Por qué no habría que criticar a los señores periodistas del afiche? Y otro dato. Para quien no resista más la tensión entre responder a los intereses de sus patrones y resignar sus convicciones éticas para seguir conservando un lugar importante en un medio importante, es bueno recordarle que la profesión ofrece otras posibilidades. Como la de trabajar en un medio menos importante, o en una redacción, o en un móvil, en fin. Eso sí, hay que volver a pegar el culo en la silla, frente a la máquina, por horas, o hay que transpirar y romperse el alma para conseguir una nota; y sobre todo hay que bancarse no estar todo el tiempo en el escenario. No se gana lo mismo, no se tienen las mismas satisfacciones, casi seguro se pierde status. Pero se puede seguir siendo periodista. Y digno.


José Luis Ferrando
Periodista,integrante del Foro Popular de la Comunicación de Paraná

Más de 50 mil personas se manifestaron para reclamar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La movilización había partido a las 17 desde el Congreso Nacional para desembocar luego frente al Palacio de Tribunales. Allí, una multitud desbordó la plaza Lavalle para reclamar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso entre septiembre y octubre del año pasado y suspendida por la decisión de un tribunal mendocino.

En una actividad organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, se convocaron más de 300 organizaciones de todo el país, entre ONG, autoconvocados a través de Internet, sindicatos y partidos políticos.
En el escenario, ubicado en la plaza Lavalle, estaban presentes las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, legisladores de numerosas fuerzas políticas, funcionarios del gobierno nacional, dirigentes sindicales, periodistas y figuras de la cultura y el espectáculo.
Más de 50 mil personas participaron del acto que comenzó con la lectura de las adhesiones y las palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También hablaron Milagro Sala, dirigente jujeña; Hugo Yasky, secretario general de la CTA; Julio Piumato, diputado y dirigente del sindicato de trabajadores judiciales. Luego, la lista de oradores continuó con Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y el cierre estuvo a cargo de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
El acto también incluyó un intervalo musical a cargo de Ignacio Copani y un minirecital de las artistas Teresa Parodi y Liliana Herrero; que también entonaron las estrofas del himno nacional junto a la multitud.

De la marcha participaron:
La agrupación Túpac Amaru; Movimiento Evita; Movimiento Unidad Popular; Movimiento de Unidad Clasista; Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina; Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; Sindicato Argentino de Televisión; Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social; Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la Argentina; Trabajadoras de Amas de Casa; Movimiento Octubres; Sindicato Único de Publicidad; agrupaciones de estudiantiles de todo el país, entre otros.


De Entre Ríos estuvieron presentes:
el Foro Popular de la Comunicación de Paraná; INADI delegación Entre Ríos; la Agrupación Celeste de AGMER, estudiantes de la Carrera de Comunicación Social y Trabajo Social, pertenecientes a distintas agrupaciones; jóvenes del Partido Comunista y de la Agrupación Sabino Navarro; también autoconvocados de 678 Facebook Paraná y Entre Ríos. El contingente entrerriano formó parte de la enorme caravana que desembocó frente a la Corte Suprema, portando un gran cartel que decía “Ley de medios para todos” y banderas que identificaban a las distintas agrupaciones. Una vez en el lugar, lograron llegar hasta unos dos metros del palco central, junto a la Agrupación Túpac Amaru de Jujuy. También pudieron acercar su adhesión por escrito a la marcha, la que fue leída por los locutores encargados del acto.

Presencias políticas y sindicales:
El titular de la Autoridad de Aplicación de la ley de Medios, Gabriel Marioto; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía; la titular de Ctera, Stella Maldonado; la senadora nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna; y diputados nacionales entre los que estuvieron Silvia Vázquez, Martín Sabbatella y Juan Carlos Dante Gullo, y buena parte de la plana mayor de la CTA se sumaron a la marcha. También se presentaron más de 7 mil planillas -de todo el país- con las firmas de adhesión a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Periodistas, figuras de la cultura y el espectáculo:
Los periodistas Horacio Vervisky, Eduardo Aliverti y Pedro Brieger; Daniel Fanego, Federico Luppi; Arturo Bonín, Florencia Peña; Horacio Fontova, Rubén Patagonia; el guitarrista del grupo de rock El Otro Yo, Cristian Aldana; también participaron el vocero de la AFA, Ernesto Cherquis Bialo, entre otros.


Fuente: Blog Hablemos

Desde el Foro de la Comunicación lamentaron la cobertura de los dos grandes diarios a la marcha por la Ley de Medios

Unos 120 integrantes del Foro Popular de la Comunicación de Paraná participaron de la movilización que se llevó adelante este jueves 15 en Buenos Aires, a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sergio Cristani, miembro del foro, lamentó la cobertura que hicieron de la manifestación medios como Clarín y La Nación: “Los 50 mil que estábamos ayer éramos 50 mil desaparecidos, porque no existíamos”, dijo. Además, el referente vio con beneplácito la creación por decreto provincial del Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales.

“Participamos alrededor de 120 personas del foro, muchos de ellos jóvenes estudiantes de distintas agrupaciones universitarias, para quienes fue una experiencia nueva en cuanto a ver la magnitud, el colorido y la pluralidad de agrupaciones políticas, sociales y culturales que estuvieron presentes ayer”, indicó Cristani.
Según el referente, para “medios de alcance nacional como Clarín o La Nación esta marcha multitudinaria fue simplemente un problema en el tránsito. Con ese título escondían la legitimidad del reclamo de fondo”.
“Fuimos sin que nadie nos lleve, por nuestras propias convicciones, para reclamar por algo que es justo. En 1953 se sancionó la primera ley de medios, pero duró dos años porque quedó sin efecto por el golpe de Estado. Ahora, el 10 de octubre fue sancionada y promulgada la nueva ley, pero el 25 de marzo se conoció el fallo de la Justicia federal mendocina, lo que marca un retroceso de la ley y vuelve a poner en vigencia el decreto de la dictadura que produjo esta concentración atroz de medios en nuestro país”, comentó.
Al mismo tiempo, destacó que para esos dos grandes medios de Buenos Aires “los 50 mil que estábamos ayer éramos 50 mil desaparecidos, porque no existíamos. Éramos un problema de tránsito, nada más”.


Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales

Por otra parte, Cristani expresó satisfacción por el decreto provincial que crea el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales: “Habíamos presentado en su momento un borrador al Poder Ejecutivo y lo ha tomado. Destacamos esa decisión política”, añadió.
“Será un consejo constituido por 41 miembros. Es lo que venimos buscando, porque las políticas de comunicación del Estado son públicas. Es la sociedad la que debe mediar en este proceso”, concluyó.

Fuente: APF

Massarotti: “Es necesaria la inmediata aplicación de la Ley de Medios”

Edgardo Massarotti, integrante del Foro Popular de la Comunicación de Paraná, contó que viajó a Buenos Aires para participar de la marcha en respaldo a la Ley de Medios Audiovisuales. En la movilización se exigió “la inmediata aplicación de la ley, ya que fue aprobada por la mayoría y es absolutamente democrática”.

La concentración de la marcha fue en la esquina de Juan B. Justo y avenida Alberdi frente al Banco Hipotecario, trasladándose hasta la plaza España. “La movilización fue muy importante y contó con una masiva presencia de gente, había aproximadamente unas 14 cuadras llenas de gente”, expresó.
También dijo que “hubo representantes de diferentes provincias en la marcha, y de la provincia hubo de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.
“La ley contó con aprobación en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por lo tanto es totalmente democrática”, aseguró Massarotti en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
Planteó además la necesidad de que “quienes critiquen la ley lo hagan de un modo reflexivo, sin violencia y con argumentos. Sin decir que es una ley K, porque fue votada por diferentes sectores, por lo tanto es una ley de la democracia”.
“Es fundamental contar con una nueva norma jurídica y no permitir que estos fallos traben a la ley”, remarcó.
Finalmente aseguró: “Estoy en contra del grupo Clarín porque ha bastardeado al periodismo argentino y hasta que no se derroten estos grandes grupos, democracia va a ser siempre limitada”.

Fuente: Análisis Digital

Nueva Ley de Medios, punto por punto

Una síntesis con los términos más sobresalientes de la nueva normativa de servicios de comunicación audiovisual para entender de qué se trata y las mejoras que introduce al sistema vigente.


1) Democratización y universalización

La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2) Servicios de interés público

Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.

3) Órganos colegiados

Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.

4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.

5) Abono Social

Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.

6) Desmonopolización

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.

7) Titulares de las licencias

El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.

8) Participación de cooperativas

A diferencia de la ley vigente, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.

9) Plazo de las licencias

La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.

Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.

10) Más contenidos nacionales

Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.

Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos.

Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.

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