Finalmente llegó. Y se instaló. El Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya se discute en el Congreso; pero además se discute públicamente. Y no sólo lo hacen los legisladores: en las audiencias públicas, también hablan dirigentes sociales, empresarios, trabajadores, particulares; cualquiera. Y las cámaras de televisión enfocan. Y la gente en sus casas, aunque sea de pasada, escucha otras cosas sobre la cuestión. Y se entera, se va enterando. Sobre todo se va enterando que la inminencia de las siete plagas de Egipto que los conductores de la televisión monopólica y sus invitados profetizan si la ley se sanciona, no parece ser compartida por mucha, por muchísima gente, que dice otras cosas, que tiene otra visión sobre el tema; que no conocíamos, que no nos mostraban.
Al momento de ir terminando esta nota, la Presidenta anuncia, en conferencia de prensa, que eliminarán los artículos que permitían la entrada de las telefónicas al negocio de los medios audiovisuales y la TV por cable, el punto más criticado por opositores y aliados. Las audiencias organizadas por Silvana Giudici para dilatar la discusión comenzaron en Mendoza con integrantes de organizaciones sociales y de medios comunitarios a los que no se les permitía entrar al recinto del Centro de Congresos y Exposiciones. Estos abuchearon a los legisladores opositores que concurrieron, y trataron a la legisladora de caradura. La televisión nacional tituló: “Manifestantes kirchneristas agredieron a los legisladores e intentaron ingresar con bombos al recinto”. El Canal América 24 transmitía en directo cuando hablaban los opositores; entre ellos, Jaime Correas, director periodístico del diario Uno de Mendoza, quien comparó la situación actual con “la alianza entre loperreguistas y montoneros en los setenta”. Sí, eso dijo. Y varios de los disertantes pusieron el acento en defender a los medios “del Interior” de las decisiones que se toman en Buenos Aires. Sin embargo, cuando uno de los expositores manifestó que de lo que estaba participando no era de una audiencia pública sino de una maniobra para hacer creer que el pueblo de las provincias está contra la Ley de Medios, la imagen volvió a Buenos Aires, y uno de los presentadores dijo: “Volvemos a estudios, con el tema de los medicamentos truchos…”. En realidad, se anotó para hablar un montón de gente que estaba a favor de la ley, pero cuando les llegó el turno ya la tele se había retirado.
La votación viene mejor en Diputados que en el Senado, dicen oficialistas y opositores. Con el anuncio sobre las telefónicas, se supone, el handicap debería mejorar. En el Senado faltan tres votos, sostienen algunos. Lo que explicaría las caídas de ojos de Aníbal Fernández a Menem, en las últimas horas. Paradójico que quien nos metió en esto sea quien tenga ahora la llave para sacarnos, pero así es este país y su política. El número que se consiga en Diputados será determinante para conseguir los votos en el Senado. Lo saben todos.
Después de “La noche de Cobos”, con la 125, y de perder una elección hace dos meses, la pregunta es: ¿Qué pasaría con el Gobierno después de una “Noche de Cobos 2”? No hay duda que los riesgos de esta hipótesis debieron ser analizados por el propio Gobierno a la hora de embarcarse en esta peludeada. Y son su responsabilidad en grado primario, porque para eso es quien gobierna. Lo que no significa que haya tenido que calcular todo al milímetro. Es probable que sí lo haya hecho. Aunque, a juzgar por el operativo de la AFIP, la semana pasada en Clarín, en algo le erró. Lo cierto es que, tal como están planteadas las cosas desde todos los bandos, que son –como diría el poeta- mucho más que dos, la sanción de una nueva ley de radiodifusión es para gran parte de la llamada clase dirigente la madre de las batallas. Para Clarín y sus multimedios aliados, la batalla por sus negocios; para la oposición, la batalla hacia 2011; y para el Gobierno, en gran medida, la batalla por su supervivencia.
Buena parte de la sociedad no quiere literalmente saber nada con los Kirchner. Aunque probablemente sea menos de la que parece según los medios, pero que la hay, la hay. Si el Gobierno decretara mañana regalar un cero kilómetro a cada habitante del país, mucha de esta gente no lo aceptaría simplemente porque “de los Kirchner no quiero nada”. Y es una actitud no reprochable a ningún ciudadano. Simplemente no se quiere saber más nada y punto. Hay derecho a que así sea. Y el matrimonio-sociedad política presidencial debe hacerse cargo de este rechazo motivado por sus decisiones, pero sobre todo, probablemente, por su pésima política comunicacional. Ahora, cuando se trata de la dirigencia política la cosa cambia. Hay (debería haberla) otras responsabilidades que, sin embargo, no se ven.
Mucho se ha dicho de los sistemas parlamentarios de gobierno, como en Europa, donde si una fuerza política pierde sustento, se disuelve el gobierno, se arman otras coaliciones parlamentarias, se elige nuevo primer ministro. Si eso es aplicable a un país como Argentina o no es un debate para constitucionalistas, apasionante, pero futuro. Actualmente tenemos un régimen presidencialista, más rígido, con presidentes que duran cuatro años y legisladores con mandatos fijos, que vencen cuando vencen, no antes. Y mientras tanto están en funciones. Son legales y son legítimos. Aunque se pierdan elecciones en el medio, o aunque buena parte de la ciudadanía no quiera saber nada con el Gobierno, con tal o cual legislador, o simplemente nada de nada. La irresponsabilidad de la dirigencia del núcleo duro de la oposición, la UCR y Unión-PRO, radica en este detalle: en pretender expresar ese descontento social sin la más mínima cuota de razonamiento, sino más bien al contrario, azuzándolo. Lo hace en medio de la discusión de una de las leyes más importantes en 25 años de democracia, afirmando un día que “vamos a la Venezuela de Chávez”, a la semana siguiente que “estamos en un 80 por ciento de acuerdo con este proyecto, pero no lo vamos a votar”, y ahorita nomás, después del anuncio sobre la telefónicas, que “si modifican el artículo 152 y le mantienen las licencias por diez años” a los monopolios, la votamos. Patético.
La centroizquierda, en tanto, coquetea más sus diferencias con el proyecto oficial en los medios que las que realmente tiene, porque si no tendría que admitir que los mismos técnicos que los asesoraron para redactar sus siempre novedosos “proyectos alternativos” son los mismos que pusieron la sesera para el proyecto del Gobierno. Las diferencias en la letra son bien menores que frente a las cámaras de televisión. Lo saben.
Pero hay un sector que con menos protagonismo mediático tiene hoy mayor responsabilidad, por dos razones: por ser quienes tienen “la llave” para definir esto y porque son quienes, no casualmente, han tenido las mayores responsabilidades de Gobierno cuando las políticas neoliberales se aplicaron sin anestesia en el país y dieron lugar a lo que ahora todos criticamos -inclusive ellos, claro- con palabras como pobreza, exclusión, monopolio. Son los compañeros del peronismo disidente. Versión remix del tren fantasma, que hoy por hoy no puede subir a Frankenstein en una esquina sin que Drácula se baje en la otra, asustado porque vio “algo” que después no podrá contar. Como si algo pudieran contar en público de lo que hasta ahora han hecho en privado. Lamentable legión de impresentables que insisten –y con chance, hay que decirlo- en seguir tratando de “generar una esperanza”, apoyados en los mentados aparatos, eternos motores de sus franquicias políticas; en sus insospechadamente extensos tentáculos en los medios de comunicación y en un vínculo cuasi incestuoso con algunos comunicadores. Suficiente para poder afirmar que se está preocupado por un posible “control excesivo del Poder Ejecutivo hacia los medios” sin que la gran mayoría de la comarca periodística arriesgue siquiera una mueca.
Como están planteadas las cosas, más allá de quien sea la responsabilidad, este gobierno puede tener serios problemas para mantenerse si pierde la votación por una nueva ley de radiodifusión. Ningún dirigente político desconoce esto, mucho menos un peronista. Por eso, quien manda a sus legisladores a votar en contra del proyecto sabe perfectamente a qué está jugando. Una tercera década infame puede estar tranquilamente a la puerta en la Argentina. Y otra vez dirán sin ponerse colorados: “Yo no fui”.
José Luis Ferrando
Periodista
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