Junto a los diputados entrerrianos del radicalismo Gustavo Cusinato y Sergio Varisco, y al de la Concertación Entrerriana Emilio Martínez Garbino, los tres legisladores del llamado peronismo disidente, Cristina Cremer de Busti, Gustavo Zavallo y María de los Ángeles Petit, votaron en contra del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el pasado 17 de septiembre.
En declaraciones a Radio de la Plaza, la diputada Cremer expresó que entre otras razones, su decisión y la de sus compañeros de bancada se debió a que “no se introdujo ninguna de las sugerencias que realizaron los foros que se realizaron en todo el país”.
Desde el Foro Popular de la Comunicación expresamos nuestro más enérgico repudio a esas palabras, tanto si fueren motivadas por el desconocimiento, la chicana, o el oportunismo político. En primer lugar, porque ni Cremer, ni Zavallo, ni Petit, ni ninguno de los diputados que votaron en contra, asistieron al encuentro -que fue abierto, plural y sin condicionamientos- realizado en La Vieja Usina el 6 de abril pasado. En tal sentido, la actitud de los legisladores del llamado peronismo disidente coincidió con la de sus pares del radicalismo, de la Coalición Cívica, del PRO y de la Concertación Entrerriana, que viró entre ignorar este mecanismo de participación popular y lisa y llanamente descalificarlo bajo el argumento de que la verdadera discusión debía darse en el Congreso de la Nación, y que además debía realizarse después del 10 de diciembre, deslegitimando a los actuales legisladores para realizar tal discusión. Cuando efectivamente el proyecto llegó al Congreso y se habilitaron audiencias públicas en el marco de la propia institución republicana, prestaron su consentimiento para las maniobras dilatorias encabezadas por la diputada Silvana Giudici, que pretendía, ahora sí, llevar el debate a las provincias, cuando ninguno de estos legisladores había asistido siquiera a uno de los foros realizados en todas las provincias del país.
Hacemos notar que tampoco se acercaron ni ellos ni sus asesores al Foro Popular de la Comunicación, espacio de la sociedad civil totalmente independiente, que formamos en Paraná desde el 24 de marzo pasado para debatir el anteproyecto.
Tal vez por esta razón, la diputada Cremer no se enteró que de las más de cincuenta modificaciones realizadas al anteproyecto original, cinco fueron resultado del aporte de entrerrianos, quienes no sólo asistieron a estos foros sino que también enviaron por escrito sus sugerencias al Comité Federal de Radiodifusión, los que estuvieron disponibles en su página Web. Estos aportes figuran en la propia letra del proyecto, lo que constituye un reconocimiento que quedará en la historia de esta ley capital para la democracia argentina y que enaltece a la sociedad civil de esta provincia.
Para que se entere, señora diputada, se los detallamos:
La primera sugerencia hecha desde Entre Ríos y tomada por el Gobierno se encuentra en el punto 3º, donde se establecen los objetivos de la nueva ley. Allí se agregó a instancia, entre otros, del aporte hecho por el bloque de Senadores justicialistas el inciso “N”, que reza: “El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad”.
La segunda incorporación fue una propuesta de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), y se encuentra en el artículo 4º, dedicado a fijar las definiciones de los conceptos que se vierten en el proyecto. La moción de AFMER llevó a sumar a las “emisoras comunitarias”, definidas como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales”.
En la tercera incorporación, el COMFER sumó un aporte donde se aglutinan varios actores entrerrianos, como Alejandro Caudis, de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Edgardo Massarotti, el ex secretario general de ATE y uno de los impulsores del Foro donde se debatió la propuesta; el Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos y también Néstor Banega, periodista que se desempeña en la Legislatura provincial. Se trata del punto que federaliza la Defensoría del Público que la nueva ley incorpora, tomando a las delegaciones provinciales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (el ente que reemplazará al COMFER) como puntos de recepción de quejas que deberá resolver el Defensor.
También en este sentido se avanzó por aportes de esos mismos entrerrianos respecto de una mayor federalización de la Autoridad de Aplicación.
En el párrafo que pone límites al capital extranjero, el COMFER tomó en cuenta otra sugerencia hecha por Caudis e impuso una cláusula de reciprocidad para flexibilizar las posiciones de los propietarios foráneos en medios argentinos, siempre y cuando existan las mismas condiciones para los argentinos en el país de origen del capital.
Alejandro Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), propuso poner como condición a las empresas telefónicas que quieran sumarse como prestadores de servicios audiovisuales que cualquier operador pueda tener interconexión con la red de telefonía que disponen en cualquier punto técnicamente factible.
Una de las más importantes incorporaciones fue en lo referido al destino de los fondos por gravámenes recaudados, donde a propuesta de Massarotti, se dispone de un porcentaje para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a medios de Fomento, Comunitarios, y de Pueblos Originarios con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización.
Por último, otra corrección fue la hecha por Massarotti respecto de la duración del Directorio de Radio y Televisión Argentina SE.
Todos los legisladores tienen facultades para votar como crean conveniente, y como defendemos la libertad de expresión, somos respetuosos de ello. Pero permítase que les digamos que al no haberse considerado esto al retirarse del recinto, no representaron al conjunto del pueblo entrerriano, lo cual es su obligación como funcionarios públicos, en particular a quienes trabajamos independientemente para realizar aportes sin prejuicios K, o anti K.
La cobardía en no aceptar las reglas de juego de la democracia, debatiendo y opinando según sus convicciones, ha redundado en exhibir con verdadera transparencia las hilachas del disfraz de los oportunistas.
FORO POPULAR DE LA COMUNICACIÓN DE PARANA
19/09/09
