17/7/09

Editorial

Esta semana sucedieron dos cosas importantes en relación a la temática de nuestro programa. En primer lugar sucedió la visita de Frank La Rue, relator de las Naciones Unidas en materia de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión.
La Rue es un abogado y periodista guatemalteco que alguna vez fue candidato a Premio Nóbel de la Paz. Tiene como trabajo redactar un informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo, recibir denuncias sobre violaciones a la libertad de prensa y hacer observaciones a los gobiernos. Apenas llegado a Buenos Aires, se encontró con un inesperado comité de bienvenida. Varias entidades empresariales de la comunicación, al igual que legisladores de la oposición, habían expresado sus dudas porque La Rue había sido invitado por la Cancillería; aunque, en rigor, fue invitado por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería.
Después de reunirse con la presidenta Cristina Fernández, el guatemalteco tiró la bomba: dijo que el anteproyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno argentino “es lo más avanzado que he visto en el continente y un ejemplo para el mundo”. Pero, además, en una entrevista con Página 12, dijo entre otras cosas: “La libertad de expresión implica pluralismo, y el pluralismo implica combatir los monopolios. Y me hubiera gustado que Clarín me diera el derecho a réplica”.
Después se reunió con los integrantes de la Comisión de Comunicación y la de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y escuchó toda clase de críticas de la oposición. Digresión: por lo que dicen todas las crónicas, no estaba en esa reunión el vicepresidente de dicha Comisión, el diputado entrerriano Gustavo Cusinato. Probablemente no habrá podido ir por cuestiones de agenda, entendemos.
Los planteos fueron los que ya conocemos: que la discusión no se da en el Congreso, que el proyecto va contra algunos medios y que la libertad de expresión está amenazada en la Argentina. Ante los diputados, La Rue dobló la apuesta. Dijo que el anteproyecto del Gobierno es “fascinante”.

La otra noticia tuvo menos lugar en los medios, muy especialmente en Clarín. El Gobierno decidió autorizar al Grupo Clarín para que ofrezca el servicio de telefonía a través de su empresa controlada, Fibertel. De este modo, el multimedios podrá ofrecer a sus clientes el llamado “triple play”, es decir, en una misma conexión, telefonía, televisión por cable e Internet. En un contexto de público enfrentamiento entre el mismo Néstor Kirchner y el Grupo mencionado, la decisión causó lógica sorpresa en el mundo empresarial pero también político. Una de las principales críticas que se le hacen al nuevo proyecto de ley de medios es precisamente que autorizaría a las empresas telefónicas, monopólicas, a intervenir en el mercado de la producción y venta de contenidos en radio y televisión, como es Clarín; algo que hoy tienen prohibido por la propia ley de privatización de la entonces ENTEL, en los 90. Esta posibilidad era fuertemente resistida por los actuales propietarios de los grupos multimedios. La decisión de esta semana, que permite a estos saltar a la vereda de las telefónicas genera más de una sospecha de negociaciones ocultas entre el Gobierno y el Grupo Clarín.

Bien: ¿cómo analizar esto? Seguramente no habrá una sola lectura, como es habitual. Al interior de las discusiones del Foro Popular de la Comunicación y cuando nos hemos reunido con otras entidades y personas en general, uno escucha los comentarios de rigor: que el proyecto es una más de los Kirchner para presionar a Clarín, que lo van a negociar y no va a pasar nada, que si sale, va a salir un proyecto lavado, que no afecte los intereses de los monopolios, etc.
Creo que con toda honestidad, uno no puede decir más que comparte las mismas dudas de todo el mundo. ¿Qué implica esta decisión? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Se terminará la crisis en las tapas de Clarín, a partir de ahora? ¿Se terminará la Gripe A? ¿Moreno dejará de ser el enemigo público número uno del país? No lo sé. Habrá que estar atentos, es todo lo que uno puede decir al respecto. Es decir, las dudas lógicas de quienes no conocen las verdaderas intenciones de un Gobierno que toma decisiones entre un círculo muy reducido de personas.
Por de pronto, hay un detalle no menor: en la edición papel de ayer de Clarín, no hubo una sola mención a la decisión del Gobierno de permitirles ingresar al negocio telefónico. Eso no fue noticia para Clarín.
No obstante esto, insistimos en lo que desde este programa venimos diciendo desde el principio: todos quienes hemos bregado por una nueva ley de radiodifusión, que reemplace a la de la dictadura, queremos ver a este proyecto convertido efectivamente en eso, una nueva ley. Si esa ley es como nosotros la imaginamos, mejor, o peor, será siempre una consecuencia del debate en democracia, donde a veces se consigue lo que se quiere y a veces algo de lo que se quiere, y no está mal. Pero el espacio de discusión que se ha abierto sobre temas que hasta hace poco eran impensables, entre ellos, por supuesto, el accionar de los grandes medios de comunicación, dejará sembrado algo, una duda, una inquietud, donde antes no la había. Y en tal sentido, creemos que vale la pena continuar.