Qué me vienen a hablar de Clarín

Las iglesias eran los medios de comunicación de la Edad Media, decía Umberto Eco. En ellas se reunía periódicamente gran parte de la comunidad y, desde el púlpito, los ministros de la Iglesia daban a conocer los misterios de Dios pero también algunas noticias, que eran luego comentadas por los feligreses. Se estima que un hombre de la Edad Media recibía en toda su vida menos información que la que consume en un solo día uno de nuestro tiempo, en el que los modernos medios masivos de comunicación han transformado, y lo hacen casi diariamente, la cantidad y calidad de la información que recibimos y la forma en que lo hacemos.
La libertad de expresión es una expresión íntimamente ligada al ascenso de una clase social: la burguesía. Cuando con la Revolución Francesa esta clase tomó el poder, los medios de comunicación, mayoritariamente los diarios, fueron instrumento de debate político. Tanto es así que casi no había político importante que no tuviera su propio periódico, o el de algún correligionario, a través del cual combatir a sus adversarios.
A fines del siglo XIX, con el desarrollo de la segunda revolución industrial en Europa, los cambios tecnológicos comenzaron a preparar el nuevo escenario para la irrupción de lo que los teóricos denominaron con posterioridad la cultura de masas. Es este el tiempo primero de la radio y luego de la televisión, instrumentos privilegiados de la manipulación política del siglo XX, aunque también fuente inagotable de entretenimiento y transmisión de cultura. Este destape de símbolos, en un contexto de capitalismo concentrado, se desarrolló bajo el impulso de las grandes corporaciones. Para dar un ejemplo: los mayores accionistas de las primeras cadenas de televisión norteamericanas eran los propios fabricantes de televisores. Por esa época empezaron unos debates teóricos interesantísimos, que la posteridad ha terminado simplificando en la antinomia “libertad de prensa vs. libertad de empresa”. Se trata de discusiones que, por cierto, están lejos de cerrarse.
La hegemonía del paradigma radiotelevisivo duró hasta la masificación de la Internet, nuevo salto tecnológico mediante, hace apenas una década. Pero, para entonces, ya estaba sucediendo un fenómeno que muchos advertían pero nadie parecía poder impedir: el paso de la política desde el espacio público a la televisión o como algunos la denominan, la videopolítica. El proceso, en apariencia inocente y bien intencionado, terminó imponiendo a la política los códigos de la televisión, que no son bajo ningún aspecto democráticos, sino más bien todo lo contrario. El resultado, casi nos podríamos arriesgar a denominarlo sin mayores explicaciones, fue la despolitización de la política.
Como sabemos, nuestro país ha sido primero en muchas cosas y en varias ocasiones un ejemplo para el mundo. En la década del ‘90 lo volvimos a ser, como experimento de hasta donde podía llegar la aplicación de políticas neoliberales en un país del tercer mundo. Ya casi nadie lo recuerda, pero un ministro de Economía llegó a gestionar con el Gobierno de EEUU (con foto incluida) garantizar un canje de deuda externa con la recaudación fiscal, es decir, con los impuestos que el Estado cobra y son su mayoritario sustento. Varios dirigentes de la oposición se quejaron seriamente y el globo se desinfló antes de elevarse. Entre ellos había una legisladora que entonces era de centroizquierda y hoy podríamos incluir en la centroderecha, para ubicarla en algún lugar que haga inteligibles sus profecías. Ella trataba entonces de traidores a la Patria a quienes seguían los dictados del FMI, aunque hoy esté recomendando “volver al Fondo”. Eso sucedió, yo no lo soñé.
El mencionado experimento económico y político tuvo también su correlato en los medios de comunicación. Por ejemplo: hay una dicotomía muy instalada en el pensamiento de la clase media argentina que entiende que todo lo relacionado con la política es corrupto, y que todo lo relacionado con la sociedad civil (otra construcción interesante de debatir) es transparente. Más allá de la responsabilidad de muchos políticos en esto, ¿alguien cree seriamente que es fruto de la casualidad? En los ‘90 también floreció el periodismo de denuncia y sus estrellas. Y aunque la situación de entonces no es comparable con la de una dictadura, no es menos lógico mencionar que en determinado momento no era difícil estar en contra de Menem y de la llamada clase política en general, como no era difícil para cualquier progresista estar en contra de Onganía o de Videla (aunque sepamos que hubo revolucionarias excepciones). Pero el buen ciudadano estaba ávido de que los periodistas le contaran cuan malos eran los representantes que había elegido, mientras le daban a entender que estaba claro que él nada tenía que ver con eso/s.
Sin considerar al gobierno de Néstor Kirchner de izquierda ni mucho menos, es evidente que el campo progresista ha tenido que comenzar a hilar mucho más fino desde su gestión. Y la prueba para todos debió ser la mediática resolución 125, ya en el gobierno de Cristina Fernández. Por primera vez en muchos años pareció que los políticos no discutían dos variantes de una misma opción, que no se encontrarían después del debate en el café, a la vuelta del Congreso, a comentar la comedia de hace un rato. El abrazo entre Rossi y Buzzi, una vez finalizada la votación victoriosa para el oficialismo en Diputados, fue criticado pero público. Y el resultado posterior en el Senado tal vez postule para la historia una primera contracara de tantos encuentros furtivos en el café. ¿El regreso de la política? ¿La repolitización de la política? Vaya uno a saber. Por de pronto, a muchas estrellas de la denuncia periodística se las ve hoy muy preocupadas por mantener sus trabajos. Y su nivel de vida. Pero, sobre todo, muy desorientados a la hora del análisis político. Insisto, con Menem, con De la Rúa, era más fácil. Ahora hay que pensar.
La década menemista dejó un sistema de medios absolutamente concentrado y perverso. Una nueva ley de radiodifusión es tan necesaria como que se trata de la diferencia entre que se pueda o no plantear una razonable distribución del ingreso en este país. En esta situación, ya quedó bastante claro cuál es la partecita del corazón que los grandes medios tratarán de conmover en el medio pelo argentino ante cualquier gobierno que quiera intentarlo. Mientras tanto, estos han mantenido una estrategia más o menos uniforme: en tanto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era un anteproyecto, el silencio; una vez presentado el proyecto en el Congreso, el ataque público más feroz. Amén de tener elaborado, se dice, otro proyecto que sería ingresado a la brevedad por algún legislador afín.
El ataque, en general, se basa en dos o tres enunciados con la siguiente estructura lógica: “Con este proyecto vamos a ser la Venezuela de Chávez”, se dice; sin aclarar qué es la Venezuela de Chávez y dando por sentado que se trata de algo indeseable. Mucho menos se aclara cuáles son los artículos del proyecto que hacen que un país se transforme en otro por sancionar una ley.
Otra de las diatribas es: “Es una ley para amordazar a la prensa”, sin tampoco explicar cuáles son los dos renglones donde eso queda más o menos claro. Una pregunta: ¿Lo leyeron? Varios de los más conspicuos opinólogos dejan serias dudas.
A los cinco minutos (minutos políticos, se entiende) del anuncio de la Presidenta, en conferencia de prensa, la mayoría de los principales dirigentes de la oposición anticipó que de acá en más van a repetir hasta que las velas ardan que este Congreso está deslegitimado y que tratándose de un asunto de política de Estado el proyecto amerita un debate más largo (profundo, dicen); por lo tanto, debe tratarse después del 10 de diciembre. El más osado fue el diputado radical Oscar Aguad, quien horas antes ya se había autoproclamado diputrucho. Nuevas preguntas: ¿Qué deben hacer los legisladores de aquí al 10 de diciembre? ¿Ir a las cámaras a jugar al truco, tal vez?
Algunas autoridades de la Iglesia se han manifestado en sentido similar. Sin embargo, el arzobispo Mario Maulión, en el escenario del Foro de La Vieja Usina, en abril pasado, antes de las elecciones, había dicho: “Consideramos sumamente positivo y necesario que el Poder Ejecutivo Nacional formule un proyecto de ley que regule la radiodifusión en nuestro país como un bien social y que con la incorporación de las nuevas tecnologías pueda dar progreso al país, acorde a los tiempos”. Evidentemente, monseñor no se refería a los tiempos políticos, o sí.
El proyecto presentado por el oficialismo puede y debería ser mejorado y fortalecido por el debate parlamentario. Aunque de hecho ya ha recibido muchísimos aportes fruto de los foros realizados en todas las provincias, los que figuran con nombre y apellido al pie del texto, en un gesto tan inédito como notable. Lo que resta ajustar convenientemente es la debida instalación del tema en la sociedad. Y esa deuda constituye hoy el mayor obstáculo para su aprobación. Más allá de lo sucedido en relación a la televisación del fútbol, una gran mayoría de la sociedad no sabe qué es lo que se está discutiendo, y sólo recibe información a través de los grandes medios que, no abundaremos más al respecto, ya sabemos que están en contra. Hoy es el momento del Estado. El Estado y sus estructuras. Y la principal de ellas para esta empresa es la escuela.
Con su civilización o barbarie, Domingo Faustino Sarmiento tal vez haya sido el autor de la madre que las parió entre todas las zonceras argentinas. Pero también, con su genio contradictorio, discutido y discutible, fue el creador del mayor medio de comunicación, el más efectivo y duradero que los argentinos hayamos conocido. Su escuela normalista fue criticada con y sin razón hasta el hartazgo, pero hasta hoy no hemos sabido fundar un paradigma que la reemplace en toda su dimensión, un instrumento capaz de crear un imaginario colectivo de nación de la envergadura de aquel proyecto.
Ya está, llegó la hora de la verdad. El proyecto de ley de radiodifusión ya no es “ante”, ya no es “borrador”, ya está en el Congreso. Es tan sencillo como que es ahora o nunca. La escuela es un gran medio de comunicación. Enorme y efectivo. No para imponer una idea, sino para favorecer el debate en su real complejidad. Si la escuela no lo hace, si no lo hacen los docentes, los directivos, los propios alumnos con su pensamiento, con su opinión, los padres y todos quienes integran lo que llamamos “la comunidad educativa”, lo harán los medios con sus simplificaciones: Argentina-Venezuela, medios K-libertad de expresión, Kirchner contra Clarín. Como lo vienen haciendo desde hace demasiado tiempo con tantos otros temas, como tal vez nos hayamos acostumbrado a que lo hagan.
Se trata nada menos que de una ley bisagra para los próximos treinta años. Para saber si la mayoría de nosotros tendremos el derecho a pensar, hablar, ser partícipes de la vida en sociedad, ser en definitiva ciudadanos, y si lo podrán hacer nuestros hijos. O si sólo lo podrá seguir haciendo un grupo reducido de grandes propietarios. Y sus hijos, claro.

El proyecto de ley de Servicios Audiovisuales tomó sugerencias hechas por entrerrianos

El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) citó cinco sugerencias tomadas de personas e instituciones de Entre Ríos que generaron cambios entre el borrador del proyecto de ley de servicios audiovisuales que se puso en discusión en marzo y el proyecto que finalmente ingresó el jueves pasado al Congreso de la Nación.

De las 50 modificaciones que se generaron entre el texto puesto en debate público por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de marzo en La Plata y el proyecto que fue remitido por el Ejecutivo nacional el pasado jueves 27, cinco receptan aportes hechos por organizaciones y particulares de la provincia de Entre Ríos.
La primera sugerencia hecha desde Entre Ríos y tomada por el Gobierno se encuentra en el punto 3º, donde se establecen los objetivos de la nueva ley. Allí se agregó a instancia, entre otros, del aporte hecho por el bloque de Senadores justicialistas el inciso “N”, que reza: “El derecho de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad”.
La segunda incorporación fue una propuesta de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER), y se encuentra en el artículo 4º, dedicado a fijar las definiciones de los conceptos que se vierten en el proyecto. La moción de AFMER llevó a sumar a las “emisoras comunitarias”, definidas como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales”.
En la tercera incorporación, el COMFER sumó un aporte donde se aglutinan varios actores entrerrianos, como Alejandro Caudis, de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Edgardo Massarotti, el ex secretario general de ATE y uno de los impulsores del Foro donde se debatió la propuesta; el Bloque Senadores Justicialistas, Entre Ríos y también Néstor Banega, periodista que se desempeña en la Legislatura provincial. Se trata del punto que federaliza la Defensoría del Público que la nueva ley incorpora, tomando a las delegaciones provinciales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (el ente que reemplazará al COMFER) como puntos de recepción de quejas que deberá resolver el Defensor.
Cuando la ley pone límites al capital extranjero, el COMFER tomó en cuenta otra sugerencia hecha por Caudis e impuso una cláusula de reciprocidad para flexibilizar las posiciones de los propietarios foráneos en medios argentinos, siempre y cuando existan las mismas condiciones para los argentinos en el país de origen del capital.
Por último, Alejandro Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), propuso poner como condición a las empresas telefónicas que quieran sumarse como prestadores de servicios audiovisuales que cualquier operador pueda tener interconexión con la red de telefonía que disponen en cualquier punto técnicamente factible.
La discusión del proyecto presentado por la Presidenta el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. Tras este acto, se realizaron más de 24 foros y 80 charlas en donde los ciudadanos dieron más de 15 mil opiniones. El proyecto final tiene 156 artículos que, con citas y referencias, se extiende a lo largo de 163 páginas.

Mecanismo democrático
“Es uno de los procesos más democráticos de elaboración de leyes. Es muchísima la satisfacción de poder ver que han sido recogidas nuestras opiniones, como también las de infinidad de organizaciones sociales e individuos de todo el país”, postuló Edgardo Massarotti, integrante del Foro Popular de la Comunicación, al analizar la toma de sugerencias que hizo el COMFER.
“Es algo pocas veces visto. Por eso, cuando algunos hoy plantean que hay que dejar para otro momento la discusión de la norma, la mejor respuesta está en que hace bastante tiempo que las organizaciones populares, sin distinciones, pudimos participar y además esta participación se ve reflejada en el texto de la ley”, abundó.
Massarotti, es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aseveró que le causó “asombro” que el Gobierno nacional haya tomado estas referencias, que además están en el texto definitivo que ingresó al Congreso. “Le da un valor inmenso”, aseguró.

Fuente: APF

La nueva ley de medios al Congreso

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Congreso de la Nación el texto definitivo del Proyecto de Ley de Sertvicios de Comunicación Audiovisual.
El programa HABLEMOS estuvo presente en el acto realizado en Casa de Gobierno y en la marcha posterior hasta el Congreso donde se leyó un documento reclamando el debate de la iniciativa. Pese a lo que dijeron muchos medios, la marcha tuvo una importante concurrencia y su característica, sin dudas, más saliente fue su diversidad y colorido. Además, un dato llamativo: no todos los grandes medios de comunicación cubrieron la movilización.Entre los presentes, se comentaba la notoria ausencia del móvil de Canal 13 y Todo Noticias.


Palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner:

“Muy buenos días a todos y a todas.
Señores gobernadores; vicegobernadoras; legisladores; Madres y Abuelas: tal cual lo enunciara en el mensaje que dirigí al Parlamento con motivo del inicio de las Sesiones Ordinarias este año, 1º de marzo de 2009, el Congreso va a debatir este año, el proyecto de ley de Medios Audiovisuales que sustituye a la vieja ley de la dictadura.
No es casualidad tampoco que hayamos elegido este día, Día de la Radiofonía y además el 5º aniversario de la constitución de la coalición democrática que precisamente fue el conjunto de organizaciones no gubernamentales que impulsó una nueva ley de medios que sustituyera a la dictadura. A ellos muchas gracias por haber tenido la férrea voluntad durante tanto tiempo.
Es de ellos, es de ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática y más plural, este proyecto. No es de este Gobierno, no es de un partido político; es de la sociedad, es también en nombre de los 118 periodistas detenidos desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa.
Esta ley tiene una metodología novedosa. Como anteproyecto la presentamos un 18 de marzo en la ciudad de La Plata para que fuera discutida en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas; más de 23 foros, más de 80 conferencias, participación de todos los sectores para que realmente constituya un proyecto colectivo, un proyecto común.
Algunas de las cuestiones fundamentales de sus contenidos: el establecimiento de tres segmentos de la información y de los medios audiovisuales.
El campo de los medios audiovisuales que hoy mayoritariamente es de carácter comercial y solamente hay un pequeño espacio para el sector cooperativo, para el sector de las ONG, va a cambiar en forma estructural, porque un tercio será para el espacio comercial, un tercio para el espacio público y un tercio para las organizaciones no gubernamentales; universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales, podrán acceder también a frecuencias para poder hacer conocer su voz.
Se sustituye el viejo directorio militar por un organismo amplio, plural en el que participan Poder Ejecutivo y oposición parlamentaria creándose también organismos como el Consejo Federal donde van a intervenir todas las provincias y todos los actores, los privados, los públicos, los cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales, los pueblos originarios, para el control de lo que significa el derecho al acceso a la información pública y a la libertad de prensa.
Alguien decía, Mariotto creo, que pasaron veintiséis años sin que ningún Poder Ejecutivo -y cuando digo ninguno es ninguno- enviara este proyecto de ley al Congreso.
Es curioso, se ha hablado en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir del año 2003, de gobiernos con superpoderes, los mismos poderes que se tenían durante los años ´90 en todas las legislaciones y que tienen en numerosas provincias.
Lo que pasa que esas facultades que tenían en todas las legislaciones eran facultades que se ejercían no a favor de la sociedad sino para privatizaciones, para bajar sueldos, para achicar presupuestos sociales. Mientras eso fue así, nadie habló de superpoderes. Se comenzó a hablar de superpoderes cuando esas facultades que estaban años en nuestra legislación comenzaron a usarse a favor de la sociedad, a favor del pueblo.
Yo me permito una hipótesis, una hipótesis porque uno tiene la obligación de ciertos términos, pero para mí, en mi fuero más íntimo es una certeza. Yo tengo una respuesta para esa pregunta que se hacía Mariotto de por qué durante 26 años nadie envió un proyecto.
Porque mientras hablaban de los superpoderes en realidad había un suprapoder en la República Argentina, un suprapoder, suprapoderes, lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, hay otros poderes, sutiles y no tanto, que tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión.
Por eso conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información y a la distorsión y manipulación de la otra parte.
Porque en definitiva libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, sus titulares no son los que tienen la noble función de ejercer el periodismo y lo han elegido como vocación, tampoco está su titularidad en la cabeza de los que son propietarios de las grandes empresas periodísticas; libertad de prensa, libertad de expresión, derecho y acceso a la información están en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos que conforman este bendito país que son los verdaderos propietarios de estos derechos.
Esta ley busca consagrar esa pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, la de los que nos gustan y la de los que no nos gustan; la de los que nos conviene y la de los que no nos convienen a cada uno de nosotros.
Pero además también sería ingenuo no advertir la necesidad de esta norma como un salto a las nuevas tecnologías. Cuando se sancionó esta ley, además de haberlo sido por una dictadura, lo más moderno que existía en materia de comunicaciones era el fax.
Esta es también la historia contemporánea de la sanción de esta ley.
Hoy el advenimiento de las nuevas tecnologías, la digitalización, la incorporación de nuevas normas exige la apertura de nuevos y mayores actores, pluralidad de actores que garanticen a todos los ciudadanos que vamos a poder acceder a las mejores tecnologías y a los mejores precios también de esas tecnologías; la necesidad de garantizar esa apertura es imprescindible.
Yo creo que esta ley va a poner a prueba a la democracia argentina, va a ponerla a prueba porque vamos a ver si en nuestro Parlamento…, y hablo de nuestro porque yo me siento allí como ciudadana, yo tengo representantes.
Tengo representantes como miembro del Poder Ejecutivo, en toda organización democrática hay un sector oficialista, pero también tengo representantes como ciudadana simple y como ciudadana rasa porque yo voté diputados y senadores para que representaran los intereses precisamente del conjunto. Y creo que como nunca se va a poner a prueba la capacidad de ese Parlamento, que en otras oportunidades y en otras etapas históricas se vio agobiado por las secuelas de lo que fue la tragedia de 30 años de historia que arrancaron a ese Parlamento leyes no queridas. Creo y estoy convencida de que hemos adquirido la madurez institucional para poder decidir en nombre y representación precisamente de los que nos han votado y de los intereses del colectivo social.
Estoy absolutamente convencida de que en esta prueba a la que va a ser sometida nuestra democracia va a salir victoriosa.
¿Y saben por qué? Porque creo que han sido demasiados años en los cuales todos, no solamente quienes trabajan en política o tienen responsabilidades institucionales, sindicales o empresariales, han visto coartadas sus libertades al no poder escuchar su voz frente a otra voz, su expresión y su verdad frente a otra verdad o frente a otra mentira.
Pero en definitiva creo sinceramente que es una oportunidad histórica que tenemos los argentinos para mostrar ante el mundo eso que tanto reclamamos permanentemente y que es la calidad institucional.
No hay calidad institucional únicamente por las formas, la calidad institucional es de fondo, es de contenido, es de sustancia, es cuando las instituciones de la Constitución sirven al pueblo y solamente al pueblo y no a otros intereses.
Muchas gracias a todos los que durante tanto tiempo esperaron, trabajaron y lucharon por este momento. Muchas gracias”.

Palabras del Interventor del Comfer, Gabriel Mariotto:

“Señora Presidenta, señores Ministros, señores Gobernadores, compañeros: es un día realmente trascendente, este es un tema que hace muchos años distintos militantes, compañeros, trabajadores de prensa, trabajadores de los medios de comunicación vienen soñando: que un Ejecutivo se comprometa de esta forma, con toda la fuerza que la presidenta de la Nación le da el impulso de un debate en el Congreso. Algo tan simple después de más de 25 años de democracia, que este tema, los medios de comunicación, su marco jurídico, se debata en el Congreso de la Nación. Habrá que pensar qué presiones persistieron para que ésto no ocurra, algo tan simple como que los ciudadanos asistamos a que nuestros representantes debatan este tema en el Congreso.
Libertad de expresión, históricamente, fue defender que un ciudadano, un grupo de ciudadanos, pudieran expresarse, hablar en la esquina de las casas de los barrios; esa esquina se trasladó a los medios de comunicación. Hay que defender, entonces, libertad de expresión, derecho a la información en los medios de comunicación. El mundo está discutiendo estos temas, la Argentina también, respetando los principios que dictan los organismos de Derechos Humanos, respetando derecho a la información y libertad de expresión.
Por instrucciones de la Presidenta de la Nación, el 18 de marzo se presentó una propuesta de Proyecto de Ley en la Ciudad de La Plata. Esa propuesta contenía casi 150 artículos, que fue el disparador, el inicio para que transitemos por distintos foros en todo el país. Más de 24 foros, más de 80 charlas en donde los ciudadanos dieron más de 15 mil opiniones en el micrófono, en un teatro, para aportar y enriquecer esa propuesta de proyecto de ley, que hoy la Presidenta de la Nación firma para que el Congreso discuta. Los ciudadanos ahora tenemos la certeza que con ese impulso, con ese respaldo va a ser mucho más fácil asistir a esos debates. Estemos atentos para que nuestros representantes, entonces, debatan con profundidad, con claridad, con convicción. Porque ese pueblo que participó, esos ciudadanos que han participado en los foros, y sus aportes que han enriquecido la ley, tienen que ser un respaldo para nuestros legisladores, que cuando reciban la presión tengan un pueblo atrás que los está sosteniendo.
Muchas gracias”.

Carta enviada por Frank La Rue, relator de la ONU

“Excelentísima Señora Presidenta:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia con el propósito de manifestarle mi más profundo reconocimiento al esfuerzo que Ud. personalmente ha realizado en el desarrollo de la propuesta de Ley sobre medios Audiovisuales en Argentina. Como relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, me permito reconocer públicamente que esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países, en virtud de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias de la radio y la televisión, manteniendo el principio de pluralismo y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión.
El establecimiento de tres segmentos equivalentes de frecuencias comerciales, comunitarias y públicas, es un paso avanzado en el ámbito de la legislación sobre telecomunicaciones.
Deseo, además, felicitarla por el proceso seguido para la elaboración de este Propuesta de Ley, pues pude verificar personalmente en Argentina que la misma surge del documento de principios propuesto por organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente fue sometida a consulta popular en todas las regiones del país. Esto también constituye un gran precedente en materia de propuestas legislativas, que estoy seguro que el Congreso de la República sabrá valorar. Resaltando esta iniciativa como una de las buenas prácticas que surgen del continente, me permito expresar mis deseos para que proceso de aprobación de la ley mantenga el espíritu positivo de la misma.
Reiterando mi compromiso como relator de brindar a las diferentes instancias del Estado Argentino el acompañamiento técnico que en materia de derechos humanos y de libertad de expresión pueda yo brindar, me suscribo a Ud., respetuosamente, Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión”.

Fuente: www.comfer.gov.ar

Solicitan mayor compromiso del CGE

Dirigentes gremiales que integran el Foro Popular de la Comunicación de Paraná consideraron que si se quiere instalar el debate sobre el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la sociedad, “el Estado debe comprometerse”.

Tras la presentación oficial del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego su envío a la Cámara de Diputados de la Nación (el jueves 27 de agosto) para su posterior tratamiento, este viernes en el Programa Hablemos de LT14, dirigentes sindicales que integran el Foro que debate de éste proyecto en Paraná; se expresaron respecto de lo que viene, la ampliación de la discusión sobre el mismo.
Beatriz Montaldo, ex secretaria general de AGMER y dirigente de CTA; manifestó la importancia que este Foro Popular de la Comunicación "haya sido declarado de interés tanto por el municipio paranaense como por el Consejo General de Educación (CGE), pero añadió que el “CGE tiene que hacer muchísimo más”.
“Tenemos que instalarlo en la escuela, si realmente les interesa que la sociedad se involucre, que develemos esto que está ocurriendo, tenemos que hacer que este Estado, se comprometa”, afirmó la dirigente agregando que están “esperando la convocatoria del CGE”.
En tanto, Edgardo Massarotti, ex secretario general de ATE, miembro del Foro Popular de la Comunicación y Carta Abierta, expresó que lo que están solicitando es “que se declare de interés la promoción del debate”.
Luego, consideró que para él “se puede mejorar, pero la ley es buena”. Al mismo tiempo, reclamó que “se promueva el debate" de proyecto.
Dejó también aclarado que el envío de este proyecto a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo “no es una imposición autoritaria de un gobierno" sino que "pedimos es que se abra el debate que es muy importante”.

Fuente: LT14

Nueva ley de medios: "Los argentinos ya no tenemos más excusas"

En una nueva edición del programa Hablemos, los invitados: Julio Goyeneche, director de la Agencia Entre Ríos Deporte y titular de la Federación Entrerriana de Fútbol; Marcelo Haddad, ex concejal y presidente del Partido Socialista de Paraná y Simón Volcoff, periodista de LT14 y comentarista deportivo, debatieron sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En declaraciones a LT14, Haddad expresó: “Nos parece que lo más importante es que se mantenga la discusión abierta, porque hace 25 años que nos debemos corregir una ley de la dictadura”. Sin embargo, aclaró que “no es un anteproyecto sino un borrador de debate porque no tiene estado parlamentario. Y esto nos preocupa porque una exteriorización de la vocación de cambio es concretamente ingresarlo al Parlamento. Muchas veces los argentinos tenemos la tentación de cambiar las cosas y generamos anuncios o discusiones que después no podemos llevar a la práctica”, sostuvo el ex candidato a diputado nacional.
“Hay un borrador de trabajo que está siendo discutido pero nos parece que debería tener estado parlamentario que marque la voluntad política del Ejecutivo y de todas las organizaciones que somos parte de la vida democrática de este país de querer discutir en serio debatirlo en el marco del Congreso de la Nación”, consideró Haddad.
Al preguntarle sobre la diferencia técnica entre un anteproyecto y un borrador, Haddad respondió: “Hay una voluntad política de querer modificar una ley cuando se ingresa por mesa de entrada al parlamento, luego entra a la sesión, va a las comisiones, las comisiones lo tratan, sacan un despacho, vuele al recinto y el recinto lo vota. Pero cuando se realiza una idea o un borrador que someten por afuera del parlamento puede ser una discusión eterna que nunca tenga una concreción en la sanción de una ley”.
Y añadió: “Ya no tenemos más excusas los argentinos que queremos vivir en sociedades democráticas para este tipo de leyes que merecen una revisión y creo que el anteproyecto o borrador que está dando vueltas tiene muchos avances pero requiere que tenga estado parlamentario”, insistió.

Por su parte, Volcoff opinó: “Hay que ver qué disposición política hay en el Congreso, no para sancionar este proyecto así como está, independiente de estar a favor o en contra. Creo que un proyecto que va a regular, de aquí en adelante, los servicios de comunicación audiovisual – radiodifusión y nuevas tecnologías - necesita el mayor consenso necesario. Es decir, debe ser votado casi por unanimidad y si hay una diferencia tiene que ser 9 a 1”.
“Las políticas públicas son las que deben generarse de la discusión y del consenso; y ese consenso necesita la voluntad de una parte pero también la de otros. Se trata de una negociación y forma parte de la vida política”, considero el periodista.
En tal sentido, reflexionó que: “mi duda o la incógnita es si realmente hay voluntad de sancionar un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual con el mayor consenso posible”. Y añadió que es necesario que “haya voluntad de ceder posiciones”.
En relación a las consideraciones de Haddad sobre el anteproyecto, Volcoff entendió que éste “es mucho más que un borrador” y recordó que “hay sectores de la oposición que tienen proyectos presentados, aunque no han sido tratados porque a otro sector no le interesó tratar esa iniciativa”. Mencionó en tal sentido un proyecto de la diputada radical, Silvana Giudici (UCR Capital), titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, relacionado con el manejo de la publicidad oficial. “Un proyecto de estos también se puede consensuar con el proyecto oficial, que no creo que sea muy distinto”, entendió Volcoff.

En tanto, Goyeneche coincidió con los otros invitados en la necesidad de “lograr un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que salga con el consenso unánime o mayoritario”. Y también en la importancia de “lograr una legislación que no sabemos por cuánto tiempo la vamos a tener”.
Enseguida recordó la ley decreto 22.285/80: “No es un producto final que mañana lo podemos modificar, es una cuestión seria y profunda porque eso merece el mayor tiempo de debate posible y la participación de todos los sectores, que pueda aportar y lograr un producto con el que estemos todos conformes y cómodos”.
Además, el dirigente anunció a LT14 que a partir del convenio entre el Estado Nacional y la AFA para la transmisión de todos los partidos de fútbol por canales de aire y en forma gratuita, se conoció también que el fútbol liguista "va a recibir dinero".
Agregó que "después de tanto que le hemos dado, tanto que nos quitaron -porque con eso de la televisación de fútbol a toda hora, la gente dejó de ir a las canchas- es válido que algo vuelva”.
En tal sentido, Goyeneche reiteró que “va a haber dinero para el Argentino B” y que “la escala se amplía al Argentino B y A; y obviamente, para el Nacional B y A. O sea que acá, Colegiales de Concordia y Juventud Unida van a comenzar a recibir parte de este porcentaje”, afirmó.
Al mismo momento, contó que hasta ahora “la letra fina del acuerdo nadie la conoce” pero no dejó de demostrar su conformidad con “los puntos por todos conocidos” de este acuerdo firmado este jueves en la sede de la AFA en Ezeiza.

La decisión de la AFA y la discusión de una nueva ley de radiodifusión

La charla durante la nueva emisión del programa Hablemos estuvo prioritariamente influida por la noticia de la rescisión, anunciada durante la semana, del contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Televisión Satelital Codificada (TSC), para la transmisión de los partidos de fútbol. La intervención del Estado en el negocio y sus consecuencias en el debate del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los invitados de este encuentro fueron: Gustavo Sánchez Romero, periodista y Licenciado en Comunicación Social; Rubén Gey, periodista deportivo y relator de fútbol; Edgardo Massarotti ex secretario general de ATE, miembro del Foro Popular de la Comunicación y Carta Abierta; y Gerardo Dayub, actor, director y ex secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

"Estamos en el lumbral de una guerra sin cuartel"
En declaraciones a LT14, Sánchez Romero habló sobre el inicio de la relación entre la televisión y la AFA: “Cuando los dirigentes deciden convertir al fútbol en un producto, cuando acompañados por la revolución tecnológica y la globalización de las comunicaciones, deciden convertir al fútbol en un espectáculo y mercancía, el principal perjudicado es el fútbol del interior, el hacinamiento de las canchas y su muerte. Ahí comienza un fenómeno que trasvasa lo estrictamente deportivo y acompaña al proceso de los shopping, los hipermercados, etc.”, sostuvo el periodista.
También consideró que “en realidad no son 600 millones sino 300” los que pondría el Gobierno nacional para la televisación de los partidos de fútbol, porque “300 millones se queda el Estado en concepto de las deudas que los clubes tienen con el fisco; hay 40 millones que van a los clubes para saldar las deudas inmediatas que tienen con agremiados; y lo que queda en realidad son 200 millones”, sostuvo Sánchez Romero.
Agregó que “el problema político se enmarca en la crisis del Gobierno, que tuvo una derrota importante en las últimas elecciones legislativas y que sabe que tiene que recuperar iniciativa política en su interna con Clarín. Estamos en el lumbral de una guerra sin cuartel”, vaticinó.

"El fútbol siempre fue un negocio"
Por su parte, Gey aseguró que “el fútbol siempre fue un negocio; desde que empezó el profesionalismo, la televisión y los codificados. Este proceso mató al interior”. Agregó que “se sabe que si al fútbol lo comprás por 10 pesos, vas a recaudar 100, entonces ninguno es tonto y todos lo quieren agarrar”.
“Es decir, el fútbol da trabajo a todos, porque es el deporte más popular; gana el que vende banderitas, girasol, los colectiveros, todos ganan con el fútbol”, consideró el relator.
“No son 600 millones de pesos, es muchísimo más (el monto del negocio que involucra las transmisiones de fútbol), sostuvo Gey, quien dijo que le parece bien “que dijeran que habrá fútbol: televisado o no, pero por televisión abierta va a haber”, sostuvo.
El periodista también se manifestó de acuerdo con la posibilidad de que los partidos se transmitan por la televisión abierta: “Que el jubilado o el que no tiene plata para pagar el codificado, al que le gusta de alma el fútbol y recibe la noticia que podrá ver en su casa lo mejores partidos y que ya no tendrá que ir a pagar un café para ver fútbol; creo la gente se pone contenta; y es la gente la que mantiene el fútbol”, consideró.
Por otra parte, el periodista se refirió a los beneficios que la nueva situación podría traer a las instituciones deportivas: “Todo esto viene bien porque todas las ligas -19 en total- van a recibir una ayuda, porque esto explotó. Y es importante porque estaban muertos; esto viene como un alimento para los chicos, para levantar la liga”, dijo.

"Algunos hacen demagogia barata"
En tanto, Massarotti, habló sobre la relación del fútbol y la nueva ley de medios. Dijo que “una de las visiones tiene que ver con el fútbol como negocio; pero también, y lo más importante, y en segundo lugar, es un derecho que tiene la gente. Derecho al acceso al deporte, a la recreación”.
“Si no lo miramos de este lado, aparecen algunas voces que quieren negativizar este proceso mirando desde la plata y hacen demagogia barata con este tema”, sostuvo el integrante de Carta Abierta. Y agregó que “aquellos que critican que el Estado va a poner tanta plata en el fútbol habiendo tantos pobres, son como Biolcatti cuando habla de la pobreza: me da asco”, dijo Massarotti.
Para el ex gremialista, “hay que mirar este tema de dos lados: desde lo cultural- deportivo por un lado y desde lo económico por otro. ¿O a caso el Estado no va a subsidiar el arte?¿La gente no tiene estos derechos?, se preguntó.
“El Estado está apoyando la industria cinematográfica, y la ley de radiodifusión prevé, en uno de sus artículos, el apoyo a la actividad del INCAA para promover las producciones nacionales y esto va a permitir muchísimas cosas”, agregó.
También se refirió a la situación generada por la rescisión del contrato entre la AFA y TSC: “Uno de los motivos que llevaron a la rescisión del contrato con TSC es que la AFA tenía algunos problemas internos y se empezó a reclamar que por los derechos que perciba 286 millones se estaban pidiendo 500 millones”, dijo al respecto. Y consideró que “esto muestra a las claras que esto de los 600 millones es una absoluta inversión, porque el fútbol tiene publicidad, venta al exterior de eventos, etc.”, concluyó.

Un caso de censura
Finalmente, Dayub dio a conocer una carta abierta a la comunidad de periodistas de Visión colonense, que se emite por un canal de cable de Colón, provincia de Buenos Aires, y compra la señal de Cablevisión, del Grupo Clarín: “Han recibido presiones, a partir de expresarse con total libertad respecto a la ley de radiodifusión, y participar de los debates sobre el tema”, dijo Dayub. Agregó que “esto no le gusta al Grupo Clarín, tuvieron reuniones bastante difíciles en las cuales se les planteó que hay cuestiones de las que no pueden hablar. Les cortaron la señal, los han censurado”, sostuvo.
“Aquellos que hablan de la libertad son muy autoritarios, y cuando no les conviene censuran. Esto hay que decirlo porque es una realidad. Siempre sacan el caballito de batalla sobre la libertad de expresión pero el mecanismo que tienen en el mercado de la comunicación es manejarse con la censura”, consideró el actor, quien leyó parte de la carta.
En relación a las palabras de los periodistas presionados, comentó que les manifestaron “concretamente que no nos expresáramos a favor de la nueva ley de medios, ni que habláramos de los hijos de Ernestina Noble, supuestamente apropiados por la dictadura, ni ser parte de Carta Abierta, ni de hablar al respecto”.

“No hay que criticar el proyecto, sino discutirlo”

En una nueva edición del Programa Hablemos, debatieron sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Jorge D’ Agostino, constitucionalista y docente universitario; Daniel Enz, periodista y director de la Revista Análisis; y Sebastián Britos, periodista deportivo, relator y gerente de Contenidos de LT14.

Conflicto AFA y televisión
En diálogo con nuestra emisora, Britos refirió al conflicto entre la AFA y la televisión. “Hasta 1998 sólo se podían ver los partidos de la selección argentina por cable (sistema codificado) y recién durante la gestión de Carlos Menem se levantó la medida. A partir de esa época, a través de ese decreto, el abonado al cable accedió a ver los partidos de selecciones (fútbol, básquet o voley) pero no otros partidos de fútbol”, recordó el periodista tras explicar que esta situación tiene que ver con un contrato que tiene la Asociación del Fútbol Argentino con Torneos y Competencias (TyC) del Grupo Clarín.
“No está bien, porque hay mucha gente que no tiene posibilidades de acceder al cable e incluso los días que hay clásicos (como por ejemplo un partido entre Boca y River) los bares pasan el partido codificado pero tenés que pagar la entrada o consumir”, comentó al respecto.
Al preguntarle si el negocio del fútbol alcanza los $9.300.000 millones de pesos anuales, como sostienen algunas publicaciones, Britos respondió: “Esa es la cifra que se habla” e informó que “hoy la televisión le paga a la AFA 264 millones de pesos para repartir entre todos los clubes”.
El conflicto actual entre la AFA y la televisión, y la incertidumbre del inicio del Apertura, radica en que esta reclama el pago de 500 millones de pesos, pero TyC se niega a pagarlos por el contrato aún vigente. “Hasta el momento no hay arreglo”, acotó Britos.
“Ante esta situación, se habla de que el contrato, vigente hasta 2014, puede quedar nulo. Dicen que se está trabajando, pero yo no creo que eso se haga efectivo hasta el 2014”, estimó.

“Hay fundamentalistas de los dos lados”
Por su parte, D`Agostino opinó: “El proyecto, que no ha dejado de ser tal y que aún no está en el Congreso de la Nación, reclamado diariamente por los Diputados a los efectos de habilitar las audiencias públicas, ha sorteado diferentes etapas del humor”.
“Hay fundamentalistas blindados en que ese debe ser el esquema de la ley pero hay otros fundamentalistas que quieren destruir el proyecto de ley en su totalidad. Obviamente, los dos extremos son malos. Nosotros creemos que el equilibro en la mirada sobre la ley, como corresponde, y lo que tenga que ver con el gobierno para lograr el bien común. El equilibrio no es criticar el proyecto de ley sino discutirlo”, aseveró el asesor legal de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER).
El letrado consideró que está “mal llamada” la 22.285 como ley de la dictadura, “porque los diputados y senadores que desde 1983 hasta hoy están hablando sobre el tema y pasaron por el Congreso, deberían asumir algún cargo de porqué dejaron pasar 25 años; y que la democracia tenga una ley de esta magnitud e influencia”. Mencionó por ejemplo que hasta hace 24 meses una mutual no podía ser titular de una licencia y una cooperativa tenia que pleitear años en la corte para lograr una licencia.
“Como introducción es una oferta muy interesante para discutir, creo que técnicamente hay cosas que no corresponden; puntualmente, el tema de las autoridades de aplicación que crea la ley; llevada con dos o tres órganos”. En tal sentido criticó lo que consideró una excesiva “burocratización” de la propuesta.
También hizo referencia a las posiciones que propician un mayor control del Estado en la materia: “La mejor ley de prensa es la que no se escribe. En este estilo debe establecerse la metodología de reglamentación de la radiodifusión”, sostuvo el constitucionalista. Y consideró que, si bien antes mantenía una posición más optimista sobre el tema “estoy yendo hacia el pesimismo de que esta ley tenga voto favorable en el Congreso”.
“Habrá que tener mucho cuidado cuando reglamentamos o controlemos el sistema audiovisual. En esta mesa y otras mesas, se ha dicho que hay que controlar. Yo tengo un perfil radical, una posición ideológica social demócrata, es decir, que soy un controlador, excepto cuando se trata de la libertad de expresión o de prensa”, aclaró D`Agostino. Y añadió que “cuanto más se controla se producen los fundamentalismos: o una gran concentración de medios o una gran dispersión de medios”.

FOPEA apoya el proyecto
Enz, por su parte, expresó que “Desde FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) apoyamos el proyecto”; pero consideró que “el Gobierno erró en la estrategia, hizo cosas muy interesante como generar diferentes foros de comunicación y debate pero no metió el proyecto” en el Congreso.
En este sentido, el periodista consideró que el gobierno sólo tiene cuatro meses para “meter el proyecto” dado que en diciembre el Parlamento renovará sus autoridades y el oficialismo perderá la mayoría.
Agregó que “algunos dicen que Clarín tiene un borrador de proyecto y ya se lo ha enviado a varios legisladores para que apenas se presente el proyecto oficial se presente el otro para cruzarlo. Además, hay legisladores de la oposición que están trabajando en ideas y proyectos alternativos. Esto es lo que me preocupa·, dijo Enz.
El director del Semanario Análisis sostuvo que “es interesante debatir las diferentes ideas que surgen a partir de este extenso e interesante proyecto, que hacia mucha falta. Pero no le veo una luz de que el oficialismo cuente con un voto como para avanzar. Y pasan los días”, dijo.
No obstante, destacó algunas medidas “aisladas” tomadas por el gobierno nacional, como el nombramiento de Mona Moncalvillo al frente de Radio Nacional.
El autor de Rebeldes y ejecutores criticó también al gobierno nacional porque “dejó caer todas las radios nacionales”, dijo. “Hay muchas cosas que deberían revertirse y veo al oficialismo golpeado, como con las alas muy golpeadas”, acotó.
También cuestionó a directivos nacionales y a los legisladores entrerrianos: “¿Cuántas veces se ha visto a un legislador en una reunión del Foro?”, se preguntó, en referencia a las reuniones que lleva a cabo semanalmente el Foro Popular de la Comunicación, en Paraná, para discutir el nuevo proyecto de medios.