Los supremos hicieron lugar al planteo del Ejecutivo y decidieron analizar la medida cautelar de la Cámara de Mendoza que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En quince días se expide el procurador Esteban Righi.
La Corte Suprema admitió la apelación que el Estado nacional presentó contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tribunal, en una decisión que le tomó unas pocas líneas, solicitó al procurador General de la Nación, Esteban Righi, que diera su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Si bien se trata de un paso en apariencia formal, un rechazo del máximo tribunal al pedido del Gobierno hubiera significado la convalidación de las decisiones que frenan la norma y la imposibilidad de aplicarla por un largo tiempo. Mientras el amparo siga vigente, rige la vieja Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura.
“Creo que es una decisión importante porque al haber admitido la apelación, la Corte está diciendo que hay gravedad institucional”, dijo a Página/12 el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el funcionario que llevó el reclamo del Gobierno ante el máximo tribunal. En su escrito, justamente, Da Rocha planteó que había “gravedad institucional” porque se estaba privando al sistema de medios del régimen jurídico aprobado por el Congreso. Si bien los integrantes del máximo tribunal no dijeron nada al respecto, en el Gobierno destacaban que los Supremos suelen oponerse a admitir el tratamiento de medidas cautelares porque no son sentencias definitivas. Ocurre que, en este caso, la resolución de la Justicia mendocina implica la parálisis íntegra de una ley. “Se está jugando un tiempo político institucional. Está paralizada una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo”, agregó Da Rocha al reclamar que el máximo tribunal no estire los tiempos para tomar una decisión de fondo.
La decisión de los jueces de la Corte, que fue unánime, no significa un aval o rechazo al contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que está en juego es la medida tomada por la Justicia mendocina, que congeló la aplicación de la norma por pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. Pero, ayer, la Corte tampoco se pronunció sobre el amparo, sino sobre la posibilidad de analizarlo. Por ese motivo, la ley seguirá suspendida hasta que los jueces se expidan sobre la medida cautelar.
Thomas impugnó el proceso de sanción de la ley por supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal avaló su reclamo y luego lo respaldó la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Otilio Romano. Este último magistrado intentó instalar que había sido presionado por organismos de derechos humanos para avalar la ley de medios, cuando, en realidad, estas agrupaciones lo habían denunciado antes por su actuación durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal.
El próximo paso de este expediente estará a cargo del procurador Esteban Righi, quien, en quince días, se expediría contra la medida cautelar y pediría que se levante la suspensión de la ley. Luego, deberá pronunciarse la Corte. Aunque en esa instancia no hay plazos para tomar una decisión, en el tribunal esperan poder fallar antes de la feria judicial de invierno. Entre otros aspectos, los supremos deben resolver si Thomas estaba legitimado o no para llevar adelante esa acción judicial y si el proceso de formación de las leyes es una cuestión “judiciable”. Esas fueron algunas de las cuestiones planteadas por el Gobierno en su escrito. En caso de que el amparo mendocino sufra un revés en el máximo tribunal, tampoco estará dicha la última palabra. Es que hay otras suspensiones en danza, aunque en la mayoría de los casos se trata de impugnaciones parciales a la norma que reemplazó la Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura militar. En Salta, un juez frenó la norma íntegra al estilo mendocino y el caso está siendo estudiado por la Cámara Federal local. En tribunales se especula con que esperarán el guiño de la Corte para resolver. Si, en cambio, la Cámara salteña se expide antes, avala la suspensión y el Gobierno vuelve a apelar, el máximo tribunal deberá analizar si trata ambos casos en el mismo fallo.
El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, celebró la medida de la Corte y dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está “irregularmente suspendida, ya que los jueces no sólo no eran competentes, sino que además era el primer caso en la historia del derecho argentino que la Justicia suspende la aplicación de una ley en todo el país”. Subrayó que aguardaba que en las próximas semanas se pueda “aplicar la primera ley de los últimos 26 años de democracia” en materia de medios de comunicación. La resolución del máximo tribunal también fue bien recibida por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El dirigente de la Asociación Argentina de Actores Norberto Gonzalo señaló que la Coalición “no sólo quiere festejar la decisión de la Corte sino revalidar la metodología del debate horizontal que nos permitió elaborar los 21 puntos y contribuir a la elaboración de la ley con la participación de todos los sectores involucrados”.
FUENTE: PAGINA 12
16/5/10
6-7-8
El programa de Canal 7 de Buenos Aires 6-7-8 se ha transformado en un fenómeno de opinión impensado hasta hace muy poco tiempo. Se trata, para quien no lo conoce, de un magazine dedicado, como lo aclara su conductor, Luciano Galende, todos los días en la apertura, a la discusión y análisis de lo producido por los medios de comunicación. En tal sentido, si bien no es el primero, sí lo es desde un medio del Estado. Y el primero en su tipo, sin dudas, en trascender las fronteras de la pantalla para proyectarse en actos públicos de cierta masividad y en las llamadas redes sociales de la Web, además de haber producido un debate entre periodistas y políticos que ha llegado ya, a estas alturas, hasta el Congreso de la Nación.
A modo no taxativo, al programa se le hacen las críticas como que es agresivo, panfletario, hiper-oficialista, se paga con dineros de “todos nosotros”, etc., para citar sólo las que tienen una elaboración y no repetir algunos comentarios insultantes que también pululan en páginas de Internet o en las mencionadas redes sociales.
Como todo fenómeno social masivo, el tema ofrece múltiples planos de análisis. Desde estas líneas considero que 6-7-8 puede resultar un excelente disparador para la añeja y postergada discusión sobre los medios de comunicación del Estado.
Si bien la cuestión se debatió durante los sucesos que desembocaron en la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin dudas el debate principal, el que debió darse en el Congreso de la Nación, fue muy pobre. Según desde donde cada uno se pare tendrá distintas lecturas. A mi modesto entender, la oposición de centroderecha con su indiferencia ante el debate previo en los foros realizados en todo el país, y sus chicanas dilatorias posteriores en el debate en comisiones, malogró (nos) la posibilidad de muchas discusiones interesantes en relación al tema de los medios en general y de los del Estado en particular. La imagen de una oposición que no bajó al recinto en Diputados fue tan gráfica como patética.
Para comenzar, algunas preguntas. ¿Desde cuándo es un escándalo que se haga oficialismo en un medio del Estado? ¿No fue acaso lo que se hizo casi siempre y en casi todas las gestiones? ¿Y eso está bien o está mal?
Desde 2003, todavía con los ecos del que se vayan todos, el kirchnerismo devolvió a la política un lugar de importancia en el poder real de la Nación tras el avasallador avance registrado por el capital financiero concentrado durante las tres décadas neoliberales anteriores. Puede discutirse in eternum sobre la metodología utilizada a tal fin, lo que no puede negarse es el resultado. De una imagen presidencial devaluada, la de un De la Rúa que debió huir en helicóptero, pasando por los famosos “cinco presidentes en una semana” elegidos por el parlamento, y tras asumir con un 22 por ciento de los votos por la renuncia al ballotage nada menos que de Carlos Menem, hoy buena parte de la oposición político-mediática está hablando de “dictadura”, “tiranía” y términos similares para dirigirse tanto a la Presidenta como al ex Presidente. No acuerdo con tales acusaciones, pero el hecho mismo de que se las hagan habla por sí solo de lo que sucedió con la otrora mellada autoridad presidencial. Más allá de las formas o la retórica del matrimonio, este no es, ni de lejos, un Gobierno autoritario, por muchas razones que sería largo enumerar aquí. Pero sobre todo, ¿no es saludable que tenga autoridad quien fue elegido por la mayoría de los votos? Quien no piensa así, debería blanquearlo.
Mucho se ha hablado en las facultades y escuelas de comunicación y en la política en general sobre el fenómeno de la videopolítica y la incidencia cada vez más importante de los multimedios en el poder real en todos los países, especialmente en los periféricos, ligados a la trasnacionalización del capital y sus nefastas consecuencias para la mayoría de los habitantes de estos países. Pero el análisis del discurso no alcanza para cambiar las cosas si no hay voluntad política con posibilidades ciertas de poder.
El kirchnerismo tomó en tal sentido una decisión política: la de identificar por primera vez a determinados multimedios y a sus directivos como partes, e incluso jefes, de la oposición política. Esa decisión es inédita. Y por las consecuencias que ha producido, histórica. Es difícil que la discusión sobre si el kirchnerismo está o no a la izquierda pueda ser saldada en poco tiempo; aunque es bueno preguntarse si tiene demasiado sentido en un país donde desde hace 65 años la antinomia dominante en las relaciones de poder tanto de la estructura como de la superestructura ha sido peronismo-antiperonismo. Lo que sí está claro, y el kirchnerismo ha jugado un rol decisivo en develarlo, es que los medios hegemónicos son la derecha, la derecha argentina, nada menos. Y cuando hablamos de derecha hablamos de política, en el sentido partidario del término. En tal esquema, los grandes medios son hoy un partido político, el partido de la oposición. Ahora se sabe, ahora se nota.
Volvamos a los medios del Estado. Conozco muchos colegas que con gran honestidad suelen quejarse porque en determinadas gestiones fueron “echados” de un medio del Estado. En muchos casos he compartido y manifestado mi desacuerdo con tales decisiones porque me ha parecido gente valiosa que enriquecía el debate público con sus opiniones o porque no comparto ni compartiré que a alguien se lo despida de un medio por ellas. Pero también me he hecho algunas preguntas que, creo, humildemente, no siempre se las han hecho ellos: ¿Por qué debían estar ellos y no otros en ese lugar? ¿Por qué el Estado debía pagarles a ellos para que den su opinión y no a otros? La respuesta la encuentro siempre más en el orden de lo empírico que del deber ser: porque entraron con una gestión con la cual simpatizaban, o mejor dicho, con una gestión que simpatizaba con ellos y no con otros periodistas. Es poco épico, pero es así. Desde siempre, de dar opinión en los medios del Estado se egresa por antipatías políticas pero también se ingresa por simpatías. Eso es lo que a veces no reconocen estos honestos colegas. Tal vez porque consideran que, pese a todo, ellos deberían ser quienes siempre estén, a quienes el Estado siempre debería permitirles/financiarles la palabra pública, a costa, incluso, de ignorar la palabra de otros.
Una respuesta posible podría ser: el Estado debería permitir en sus medios la palabra de todos. Y eso es muy interesante. En ese sentido, creo que la nueva ley de medios, si la destraba la Corte, podría significar un buen piso de discusión sobre los medios del Estado, pero aún falta un debate mucho más profundo. El de cómo lograr un diseño institucional para los medios públicos en el que pueda escucharse la mayor cantidad de voces y que trascienda las gestiones; es decir, lo que se conoce como política de Estado. Cómo lograr que podamos hablar todos sin que determinados actores muy numerosos de la sociedad civil corporativa crean que el Estado debe estar a su servicio; al servicio, claramente, de una clase social determinada, la del “sentido común” compartido, construido por un sistema de medios privados monopólico que ha hegemonizado tal producción de sentido. Este gobierno, como decíamos, ha tomado una decisión política, identificando a los empresarios de medios monopólicos como actores político-partidarios. Ha corrido el eje de las certezas cotidianas en torno a la producción de “realidad”. Decisión que puede resultar un progreso social o no, porque todo está por verse, aunque cada vez está más claro que habrá lugares a los que no se podrá regresar. Mientras tanto, se repiten argumentos tan pobres como que a los integrantes de 6-7-8 o a los empleados de los medios del Estado les pagamos el sueldo “todos nosotros”, en una forma enunciativa que habla por sí sola sobre ciertos imaginarios excluyentes, por decirlo con cierta suavidad. Un sólo dato: la licuación de la deuda del Grupo Clarín y de otros grupos empresarios en el 2002, nos costó a “todos nosotros” la guita que no nos costarían 20 años de 6-7-8. Sería bueno comenzar a razonar un poco más seriamente aquello de que Clarín gasta su propia plata y Canal 7 la de todos nosotros.
Clarín es Clarín con nuestra plata, por ser una empresa monopólica en el cable, por estar asociado de una u otra manera a los grupos y sectores que hicieron posible un país con este estado de inequidad, por presionar a los gobiernos para que le facilitaran sus negocios a cuenta de otras empresas o que salieran a salvarlo con la guita de “todos nosotros” cada vez que no podía o no quería pagar sus deudas. Clarín y los grandes grupos empresarios se quedan, en definitiva, con buena parte de la plusvalía de todos los argentinos. El que sigue creyendo aún en una relación impoluta, transparente, equidistante, entre el Estado y las corporaciones, sería bueno que fuera revisando un poco sus papeles. Porque, además, debería estar dispuesto a pagar, por ejemplo, la energía eléctrica o el colectivo a un precio no subsidiado. La pregunta es la misma ¿Por qué el Estado debe intervenir para que no suban las tarifas de los particulares?
Hay una falacia liberal llevada hasta el delirio que sostiene un cuentito más o menos así: “El Estado sería el producto de la preocupación de un grupo de vecinos bienintencionados que un día se reunió en la plaza del pueblo y decidió que pondrían unos mangos cada uno para crear un artefacto prestador de servicios y que, cada tanto, votarían un administrador. A todos les pagaría el sueldo el buen vecino, quien, por supuesto, tendría derecho a reclamarles si no cumplen con tan cívico deber y como única obligación, sacar la bolsita de basura a horario”. En la construcción e instalación social de tal imbecilidad tienen responsabilidad muchos de los periodistas ahora autodenominados perseguidos. Pero, sobre todo, los monopolios mediáticos.
Mientras tanto, pocos hablan por ejemplo de la calidad del Canal Encuentro, un medio estatal impensado hasta hace muy poco tiempo, que pone al aire materiales valiosísimos, de los que nos han privado a los argentinos, a esas capas medias críticas sobre todo, durante décadas. Y a los que hoy podemos acceder a diario debido a que los cables fueron obligados a incluirlo en su grilla de canales, porque si no tampoco lo hubieran hecho. Nadie habla tampoco de la calidad de toda la programación de Canal 7, que puede ser criticada desde muchos ángulos, pero no tiene punto de comparación con la impresentable carpa de las pulgas donde se cortaban manzanas en la década del 90. Y el fútbol. El fútbol, al cual se suele observar prendidos casi obsesivamente a buena parte de los críticos del Gobierno y de su decisión de intervenir en ese negocio.
Lo que más molesta de 6-7-8 no es su oficialismo, sino su efectividad. Su capacidad para lograr lo que la derecha jamás pensó que lograría un programa oficialista: tener audiencia haciendo oficialismo. En todo caso, lo que desde la técnica periodística habría que considerar en primera instancia es el punto número uno del manual: ¿miente o dice la verdad? ¿Es culpa de 6-7-8 que buena parte de la dirigencia política y empresaria o de la crema periodística de este país no resista un archivo? Lo que el programa hace son informes, como cualquier otro programa periodístico. Y sus editores editan, como cualquier editor del mundo. Y sus panelistas opinan, como cualquier panelista de cualquier programa. Y todos hacen su tarea desde algún lugar, desde una postura ideológica, como lo hace cualquier periodista, pero también como lo hace cualquiera que se levanta a la mañana y prende la radio que eligió escuchar. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la objetividad que deberían tener y no tienen? ¿La de criticar al Gobierno, la de invitar críticos del Gobierno? Lo dicen Bonelli y Sylvestre, lo han repetido durante años: “la gente decide” y puede cambiar de canal. Y tiene una oferta más que numerosa de críticos del Gobierno con traje de “objetivos”. Y 6-7-8 es sólo un programa en una programación de 24 horas en un canal público que ha mejorado enormemente su oferta.
Pero, insisto, el debate sobre qué medios públicos serían deseables para una sociedad como la nuestra aún está pendiente. Y será tan complejo y difícil como el de la mentada construcción de ciudadanía desde lugares más interesantes que el modelo Santo Biasatti. Desde aquí vaya una pequeña propuesta de conversación. La de admitir la necesidad de que el Estado sea propietario de medios de comunicación; porque el fenómeno de la comunicación es complejo, y es responsabilidad del Estado la intervención eficaz dando cuenta de esa complejidad en la que intervienen siempre no menos de dos sujetos, a veces individuales, a veces colectivos; tratando siempre de que los discursos hegemónicos no aplasten ni subsuman a los alternativos, a los minoritarios ni a los contrahegemónicos. La de establecer y operativizar las categorías de acceso y participación, para que puedan ejercer la palabra pública los sectores más postergados de la sociedad y no sólo quienes tienen los medios de presión para hacerlo. La de dar participación a la llamada sociedad civil en los medios del Estado, para airear las anquilosadas estructuras burocráticas pero también para que los actores sociales puedan ejercitar la práctica de la discusión en una relación distinta con ese Estado, al cual hoy buena parte de ella ve como el Otro a vencer. La de fomentar un debate en sociedad, con la comunidad de referencia de cada uno de las emisoras públicas, que en definitiva no sería otra cosa que la apuesta a una nueva construcción ciudadana.
Sería muy bueno poder debatir estas cosas ampliamente y con argumentos. Lamentablemente, la gesta por la ley de medios demostró que no todos los actores están dispuestos a tal ejercicio. Mientras tanto, tenemos 6-7-8.
José Luis Ferrando
A modo no taxativo, al programa se le hacen las críticas como que es agresivo, panfletario, hiper-oficialista, se paga con dineros de “todos nosotros”, etc., para citar sólo las que tienen una elaboración y no repetir algunos comentarios insultantes que también pululan en páginas de Internet o en las mencionadas redes sociales.
Como todo fenómeno social masivo, el tema ofrece múltiples planos de análisis. Desde estas líneas considero que 6-7-8 puede resultar un excelente disparador para la añeja y postergada discusión sobre los medios de comunicación del Estado.
Si bien la cuestión se debatió durante los sucesos que desembocaron en la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sin dudas el debate principal, el que debió darse en el Congreso de la Nación, fue muy pobre. Según desde donde cada uno se pare tendrá distintas lecturas. A mi modesto entender, la oposición de centroderecha con su indiferencia ante el debate previo en los foros realizados en todo el país, y sus chicanas dilatorias posteriores en el debate en comisiones, malogró (nos) la posibilidad de muchas discusiones interesantes en relación al tema de los medios en general y de los del Estado en particular. La imagen de una oposición que no bajó al recinto en Diputados fue tan gráfica como patética.
Para comenzar, algunas preguntas. ¿Desde cuándo es un escándalo que se haga oficialismo en un medio del Estado? ¿No fue acaso lo que se hizo casi siempre y en casi todas las gestiones? ¿Y eso está bien o está mal?
Desde 2003, todavía con los ecos del que se vayan todos, el kirchnerismo devolvió a la política un lugar de importancia en el poder real de la Nación tras el avasallador avance registrado por el capital financiero concentrado durante las tres décadas neoliberales anteriores. Puede discutirse in eternum sobre la metodología utilizada a tal fin, lo que no puede negarse es el resultado. De una imagen presidencial devaluada, la de un De la Rúa que debió huir en helicóptero, pasando por los famosos “cinco presidentes en una semana” elegidos por el parlamento, y tras asumir con un 22 por ciento de los votos por la renuncia al ballotage nada menos que de Carlos Menem, hoy buena parte de la oposición político-mediática está hablando de “dictadura”, “tiranía” y términos similares para dirigirse tanto a la Presidenta como al ex Presidente. No acuerdo con tales acusaciones, pero el hecho mismo de que se las hagan habla por sí solo de lo que sucedió con la otrora mellada autoridad presidencial. Más allá de las formas o la retórica del matrimonio, este no es, ni de lejos, un Gobierno autoritario, por muchas razones que sería largo enumerar aquí. Pero sobre todo, ¿no es saludable que tenga autoridad quien fue elegido por la mayoría de los votos? Quien no piensa así, debería blanquearlo.
Mucho se ha hablado en las facultades y escuelas de comunicación y en la política en general sobre el fenómeno de la videopolítica y la incidencia cada vez más importante de los multimedios en el poder real en todos los países, especialmente en los periféricos, ligados a la trasnacionalización del capital y sus nefastas consecuencias para la mayoría de los habitantes de estos países. Pero el análisis del discurso no alcanza para cambiar las cosas si no hay voluntad política con posibilidades ciertas de poder.
El kirchnerismo tomó en tal sentido una decisión política: la de identificar por primera vez a determinados multimedios y a sus directivos como partes, e incluso jefes, de la oposición política. Esa decisión es inédita. Y por las consecuencias que ha producido, histórica. Es difícil que la discusión sobre si el kirchnerismo está o no a la izquierda pueda ser saldada en poco tiempo; aunque es bueno preguntarse si tiene demasiado sentido en un país donde desde hace 65 años la antinomia dominante en las relaciones de poder tanto de la estructura como de la superestructura ha sido peronismo-antiperonismo. Lo que sí está claro, y el kirchnerismo ha jugado un rol decisivo en develarlo, es que los medios hegemónicos son la derecha, la derecha argentina, nada menos. Y cuando hablamos de derecha hablamos de política, en el sentido partidario del término. En tal esquema, los grandes medios son hoy un partido político, el partido de la oposición. Ahora se sabe, ahora se nota.
Volvamos a los medios del Estado. Conozco muchos colegas que con gran honestidad suelen quejarse porque en determinadas gestiones fueron “echados” de un medio del Estado. En muchos casos he compartido y manifestado mi desacuerdo con tales decisiones porque me ha parecido gente valiosa que enriquecía el debate público con sus opiniones o porque no comparto ni compartiré que a alguien se lo despida de un medio por ellas. Pero también me he hecho algunas preguntas que, creo, humildemente, no siempre se las han hecho ellos: ¿Por qué debían estar ellos y no otros en ese lugar? ¿Por qué el Estado debía pagarles a ellos para que den su opinión y no a otros? La respuesta la encuentro siempre más en el orden de lo empírico que del deber ser: porque entraron con una gestión con la cual simpatizaban, o mejor dicho, con una gestión que simpatizaba con ellos y no con otros periodistas. Es poco épico, pero es así. Desde siempre, de dar opinión en los medios del Estado se egresa por antipatías políticas pero también se ingresa por simpatías. Eso es lo que a veces no reconocen estos honestos colegas. Tal vez porque consideran que, pese a todo, ellos deberían ser quienes siempre estén, a quienes el Estado siempre debería permitirles/financiarles la palabra pública, a costa, incluso, de ignorar la palabra de otros.
Una respuesta posible podría ser: el Estado debería permitir en sus medios la palabra de todos. Y eso es muy interesante. En ese sentido, creo que la nueva ley de medios, si la destraba la Corte, podría significar un buen piso de discusión sobre los medios del Estado, pero aún falta un debate mucho más profundo. El de cómo lograr un diseño institucional para los medios públicos en el que pueda escucharse la mayor cantidad de voces y que trascienda las gestiones; es decir, lo que se conoce como política de Estado. Cómo lograr que podamos hablar todos sin que determinados actores muy numerosos de la sociedad civil corporativa crean que el Estado debe estar a su servicio; al servicio, claramente, de una clase social determinada, la del “sentido común” compartido, construido por un sistema de medios privados monopólico que ha hegemonizado tal producción de sentido. Este gobierno, como decíamos, ha tomado una decisión política, identificando a los empresarios de medios monopólicos como actores político-partidarios. Ha corrido el eje de las certezas cotidianas en torno a la producción de “realidad”. Decisión que puede resultar un progreso social o no, porque todo está por verse, aunque cada vez está más claro que habrá lugares a los que no se podrá regresar. Mientras tanto, se repiten argumentos tan pobres como que a los integrantes de 6-7-8 o a los empleados de los medios del Estado les pagamos el sueldo “todos nosotros”, en una forma enunciativa que habla por sí sola sobre ciertos imaginarios excluyentes, por decirlo con cierta suavidad. Un sólo dato: la licuación de la deuda del Grupo Clarín y de otros grupos empresarios en el 2002, nos costó a “todos nosotros” la guita que no nos costarían 20 años de 6-7-8. Sería bueno comenzar a razonar un poco más seriamente aquello de que Clarín gasta su propia plata y Canal 7 la de todos nosotros.
Clarín es Clarín con nuestra plata, por ser una empresa monopólica en el cable, por estar asociado de una u otra manera a los grupos y sectores que hicieron posible un país con este estado de inequidad, por presionar a los gobiernos para que le facilitaran sus negocios a cuenta de otras empresas o que salieran a salvarlo con la guita de “todos nosotros” cada vez que no podía o no quería pagar sus deudas. Clarín y los grandes grupos empresarios se quedan, en definitiva, con buena parte de la plusvalía de todos los argentinos. El que sigue creyendo aún en una relación impoluta, transparente, equidistante, entre el Estado y las corporaciones, sería bueno que fuera revisando un poco sus papeles. Porque, además, debería estar dispuesto a pagar, por ejemplo, la energía eléctrica o el colectivo a un precio no subsidiado. La pregunta es la misma ¿Por qué el Estado debe intervenir para que no suban las tarifas de los particulares?
Hay una falacia liberal llevada hasta el delirio que sostiene un cuentito más o menos así: “El Estado sería el producto de la preocupación de un grupo de vecinos bienintencionados que un día se reunió en la plaza del pueblo y decidió que pondrían unos mangos cada uno para crear un artefacto prestador de servicios y que, cada tanto, votarían un administrador. A todos les pagaría el sueldo el buen vecino, quien, por supuesto, tendría derecho a reclamarles si no cumplen con tan cívico deber y como única obligación, sacar la bolsita de basura a horario”. En la construcción e instalación social de tal imbecilidad tienen responsabilidad muchos de los periodistas ahora autodenominados perseguidos. Pero, sobre todo, los monopolios mediáticos.
Mientras tanto, pocos hablan por ejemplo de la calidad del Canal Encuentro, un medio estatal impensado hasta hace muy poco tiempo, que pone al aire materiales valiosísimos, de los que nos han privado a los argentinos, a esas capas medias críticas sobre todo, durante décadas. Y a los que hoy podemos acceder a diario debido a que los cables fueron obligados a incluirlo en su grilla de canales, porque si no tampoco lo hubieran hecho. Nadie habla tampoco de la calidad de toda la programación de Canal 7, que puede ser criticada desde muchos ángulos, pero no tiene punto de comparación con la impresentable carpa de las pulgas donde se cortaban manzanas en la década del 90. Y el fútbol. El fútbol, al cual se suele observar prendidos casi obsesivamente a buena parte de los críticos del Gobierno y de su decisión de intervenir en ese negocio.
Lo que más molesta de 6-7-8 no es su oficialismo, sino su efectividad. Su capacidad para lograr lo que la derecha jamás pensó que lograría un programa oficialista: tener audiencia haciendo oficialismo. En todo caso, lo que desde la técnica periodística habría que considerar en primera instancia es el punto número uno del manual: ¿miente o dice la verdad? ¿Es culpa de 6-7-8 que buena parte de la dirigencia política y empresaria o de la crema periodística de este país no resista un archivo? Lo que el programa hace son informes, como cualquier otro programa periodístico. Y sus editores editan, como cualquier editor del mundo. Y sus panelistas opinan, como cualquier panelista de cualquier programa. Y todos hacen su tarea desde algún lugar, desde una postura ideológica, como lo hace cualquier periodista, pero también como lo hace cualquiera que se levanta a la mañana y prende la radio que eligió escuchar. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la objetividad que deberían tener y no tienen? ¿La de criticar al Gobierno, la de invitar críticos del Gobierno? Lo dicen Bonelli y Sylvestre, lo han repetido durante años: “la gente decide” y puede cambiar de canal. Y tiene una oferta más que numerosa de críticos del Gobierno con traje de “objetivos”. Y 6-7-8 es sólo un programa en una programación de 24 horas en un canal público que ha mejorado enormemente su oferta.
Pero, insisto, el debate sobre qué medios públicos serían deseables para una sociedad como la nuestra aún está pendiente. Y será tan complejo y difícil como el de la mentada construcción de ciudadanía desde lugares más interesantes que el modelo Santo Biasatti. Desde aquí vaya una pequeña propuesta de conversación. La de admitir la necesidad de que el Estado sea propietario de medios de comunicación; porque el fenómeno de la comunicación es complejo, y es responsabilidad del Estado la intervención eficaz dando cuenta de esa complejidad en la que intervienen siempre no menos de dos sujetos, a veces individuales, a veces colectivos; tratando siempre de que los discursos hegemónicos no aplasten ni subsuman a los alternativos, a los minoritarios ni a los contrahegemónicos. La de establecer y operativizar las categorías de acceso y participación, para que puedan ejercer la palabra pública los sectores más postergados de la sociedad y no sólo quienes tienen los medios de presión para hacerlo. La de dar participación a la llamada sociedad civil en los medios del Estado, para airear las anquilosadas estructuras burocráticas pero también para que los actores sociales puedan ejercitar la práctica de la discusión en una relación distinta con ese Estado, al cual hoy buena parte de ella ve como el Otro a vencer. La de fomentar un debate en sociedad, con la comunidad de referencia de cada uno de las emisoras públicas, que en definitiva no sería otra cosa que la apuesta a una nueva construcción ciudadana.
Sería muy bueno poder debatir estas cosas ampliamente y con argumentos. Lamentablemente, la gesta por la ley de medios demostró que no todos los actores están dispuestos a tal ejercicio. Mientras tanto, tenemos 6-7-8.
José Luis Ferrando
11/5/10
El Foro de Periodismo Argentino reclamó la función sindical en las empresas informativas
La entidad aseguró hoy que “quiere llamar la atención” sobre la importancia de la labor sindical para el desarrollo de la profesión. Y enfatizó que “uno de los factores principales para promover la calidad periodística está constituido por las condiciones laborales adecuadas y con respeto a las pautas legales”. En un comunicado, FOPEA expresó que quiere “recordar el derecho de los periodistas a organizarse y a participar en distintas instancias, como los gremios específicos y las comisiones internas, sin que eso implique sufrir represalias de ningún tipo por esa labor”.
En ese sentido, consignó que “existen muchas empresas informativas en el país donde la actividad sindical es hostigada, sus representantes han sufrido represalias o directamente no fueron reconocidos como interlocutores para la discusión de las condiciones laborales”
“Dado que estamos convencidos de que la calidad periodística se ve afectada dramáticamente en un contexto donde las condiciones laborales no sean debidamente defendidas, hacemos un llamado a los empresarios a que reconozcan y respeten la labor sindical en el marco de sus empresas periodísticas”, subrayó la entidad periodística.
Finalmente, el documento recuerda que FOPEA “!no es un sindicato sino una asociación profesional, pero promueve entre sus socios la participación gremial y pide a las empresas que garanticen su ejercicio”.
FUENTE: TELAM
En ese sentido, consignó que “existen muchas empresas informativas en el país donde la actividad sindical es hostigada, sus representantes han sufrido represalias o directamente no fueron reconocidos como interlocutores para la discusión de las condiciones laborales”
“Dado que estamos convencidos de que la calidad periodística se ve afectada dramáticamente en un contexto donde las condiciones laborales no sean debidamente defendidas, hacemos un llamado a los empresarios a que reconozcan y respeten la labor sindical en el marco de sus empresas periodísticas”, subrayó la entidad periodística.
Finalmente, el documento recuerda que FOPEA “!no es un sindicato sino una asociación profesional, pero promueve entre sus socios la participación gremial y pide a las empresas que garanticen su ejercicio”.
FUENTE: TELAM
4/5/10
La Ley de Medios llegó a la Corte Suprema
El máximo tribunal analizará el 19 de mayo el recurso extraordinario contra la medida cautelar de la justicia federal de Mendoza que dejó en suspenso la Ley de Servicios de Comunicación Audivisual. La Corte, que recibió hoy el expediente con alrededor de 2000 páginas, decidirá en ese acuerdo si el planteo reúne los requisitos formales para su tratamiento y, en ese caso, dar intervención al Procurador General de la Nación.
"El expediente, un total de ocho cuerpos llegó una hora antes del acuerdo" que la Corte celebra habitualmente todos los martes. Para que los jueces del máximo tribunal puedan evaluar sobre el cumplimiento de las formalidades que habilitan su intervención "se sacarán fotocopias y se distribuirán entre todos los ministros".
El próximo acuerdo se celebrará dentro de dos semanas, y la Corte "puede rechazar `in límine` -sin más trámite- el planteo contra la medida cautelar o remitir las actuaciones al Procurador General de la Nación", Eduardo Righi, para que dictamine sobre la procedencia del recurso extraordinario.
FUENTE: PAGINA 12
"El expediente, un total de ocho cuerpos llegó una hora antes del acuerdo" que la Corte celebra habitualmente todos los martes. Para que los jueces del máximo tribunal puedan evaluar sobre el cumplimiento de las formalidades que habilitan su intervención "se sacarán fotocopias y se distribuirán entre todos los ministros".
El próximo acuerdo se celebrará dentro de dos semanas, y la Corte "puede rechazar `in límine` -sin más trámite- el planteo contra la medida cautelar o remitir las actuaciones al Procurador General de la Nación", Eduardo Righi, para que dictamine sobre la procedencia del recurso extraordinario.
FUENTE: PAGINA 12
3/5/10
Dictadura, prensa, medios y Madres
El juicio simbólico celebrado el jueves último por las Madres de Plaza de Mayo –junto a un grupo de decididos periodistas y militantes– fue sometido a censura por los medios hegemónicos de comunicación, los cuales se dedicaron sistemáticamente a victimizar a los victimarios y a señalar el evento de manera difamatoria y mentirosa. Ninguno de los medios hegemónicos publicó ni informó con elemental seriedad lo que allí se dijo, recordó, analizó, rememoró y lloró. Pero hay aun otra cosa que decir respecto del evento del jueves.
De manera notable, y siguiendo siempre esa intuición titánica que caracteriza a las Madres, el principal mensaje del evento del jueves no es lo que allí se dijo del pasado, sino precisamente el hecho –presente– de que lo que allí se dijo fue sometido –en plena vigencia de la institucionalidad democrática– a una censura que reprodujo casi como una metáfora, aunque con desgraciada eficacia, la misma situación que cada jueves se reiteraba en la dictadura, a saber: que lo difundido de la presencia de las Madres, en lugar de referir a lo que tenían ellas para decir, fue sustituido por la difamación y la mentira. En lugar de discutirse en las agendas mediáticas lo que allí se dijo, los medios hegemónicos procuraron instalar en la esfera pública un cuestionamiento y la ridiculización del evento, al cual se yuxtapusieron las anécdotas desafortunadas acontecidas en la Feria del Libro. En lugar de manifestarse entonces en las agendas la denuncia del horror de un pasado que se niega a quedar atrás, lo difundido fue una campaña de falsedades que logró en una medida importante ocultar lo esencial.
La medida en que lo lograron ocultar es la medida de su poder monopólico, esa medida es la que la Ley de Medios viene a reducir, y el más profundo sentido del evento del jueves fue demostrar de una manera patente e indesmentible de qué manera el aparato monopólico de la mentira que llamaba “locas” a las Madres cuando ellas, solas, daban vueltas a la Plaza en el medio del horror, sigue casi intacto y logra ahora llamarlas de nuevo de maneras que reproducen la infamia.
Millones de jóvenes y adultos que no vivieron aquella época necesitan imperiosamente conocer en detalle qué fue lo que sucedió con la prensa en la dictadura. Ese conocimiento es tan indispensable como el que se difundió en su oportunidad sobre la perpetración de las torturas y las desapariciones. Desde el punto de vista de la viabilidad de una sociedad pos-dictatorial, a la larga, no hay diferencia entre uno y otro conocimiento de lo que sucedió.
El desconocimiento en el que está sumida gran parte de la sociedad argentina se agrava porque una buena parte de los medios de comunicación hegemónicos sigue bajo la conducción y liderazgo de las mismas figuras que mantuvieron su continuidad desde la dictadura, algunas de ellas mencionadas en el evento del jueves.
Es imperioso que la Corte Suprema habilite la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque es el instrumento legítimo y competente para modificar, atenuar, limitar una situación que constituye una de las mayores lesiones para la libertad de prensa, la libertad de expresión, y los derechos laborales y de conciencia de periodistas y comunicadores.
Todo esto es sabido, aunque necesitemos repetirlo hasta que se consiga una transformación al menos significativa del actual y oprobioso estado de cosas.
Ahora, cuando ha llegado la hora de dar fin a esa infamia, las Madres lograron otra vez instalar un gesto radical en una sociedad que en buena parte está todavía mirando para otro lado.
Alejandro Kaufman. Ensayista, docente.
FUENTE: PAGINA 12
De manera notable, y siguiendo siempre esa intuición titánica que caracteriza a las Madres, el principal mensaje del evento del jueves no es lo que allí se dijo del pasado, sino precisamente el hecho –presente– de que lo que allí se dijo fue sometido –en plena vigencia de la institucionalidad democrática– a una censura que reprodujo casi como una metáfora, aunque con desgraciada eficacia, la misma situación que cada jueves se reiteraba en la dictadura, a saber: que lo difundido de la presencia de las Madres, en lugar de referir a lo que tenían ellas para decir, fue sustituido por la difamación y la mentira. En lugar de discutirse en las agendas mediáticas lo que allí se dijo, los medios hegemónicos procuraron instalar en la esfera pública un cuestionamiento y la ridiculización del evento, al cual se yuxtapusieron las anécdotas desafortunadas acontecidas en la Feria del Libro. En lugar de manifestarse entonces en las agendas la denuncia del horror de un pasado que se niega a quedar atrás, lo difundido fue una campaña de falsedades que logró en una medida importante ocultar lo esencial.
La medida en que lo lograron ocultar es la medida de su poder monopólico, esa medida es la que la Ley de Medios viene a reducir, y el más profundo sentido del evento del jueves fue demostrar de una manera patente e indesmentible de qué manera el aparato monopólico de la mentira que llamaba “locas” a las Madres cuando ellas, solas, daban vueltas a la Plaza en el medio del horror, sigue casi intacto y logra ahora llamarlas de nuevo de maneras que reproducen la infamia.
Millones de jóvenes y adultos que no vivieron aquella época necesitan imperiosamente conocer en detalle qué fue lo que sucedió con la prensa en la dictadura. Ese conocimiento es tan indispensable como el que se difundió en su oportunidad sobre la perpetración de las torturas y las desapariciones. Desde el punto de vista de la viabilidad de una sociedad pos-dictatorial, a la larga, no hay diferencia entre uno y otro conocimiento de lo que sucedió.
El desconocimiento en el que está sumida gran parte de la sociedad argentina se agrava porque una buena parte de los medios de comunicación hegemónicos sigue bajo la conducción y liderazgo de las mismas figuras que mantuvieron su continuidad desde la dictadura, algunas de ellas mencionadas en el evento del jueves.
Es imperioso que la Corte Suprema habilite la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque es el instrumento legítimo y competente para modificar, atenuar, limitar una situación que constituye una de las mayores lesiones para la libertad de prensa, la libertad de expresión, y los derechos laborales y de conciencia de periodistas y comunicadores.
Todo esto es sabido, aunque necesitemos repetirlo hasta que se consiga una transformación al menos significativa del actual y oprobioso estado de cosas.
Ahora, cuando ha llegado la hora de dar fin a esa infamia, las Madres lograron otra vez instalar un gesto radical en una sociedad que en buena parte está todavía mirando para otro lado.
Alejandro Kaufman. Ensayista, docente.
FUENTE: PAGINA 12
21/4/10
Sobre afiches y periodistas
Este comentario es a propósito de la aparición de afiches en el centro de la ciudad de Buenos Aires, el pasado jueves 15 de abril, en coincidencia con la masiva marcha convocada para defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En muchos espacios de publicidad callejera podían observarse las fotos con los rostros de los periodistas más conocidos del Grupo Clarín. Por encima de ellos, la pregunta: ¿Se puede ser “Periodistas Independientes” y servir a la dueña de un multimedio que está acusada de apropiación de Hijos de Desaparecidos? El afiche no llevaba ninguna firma y nadie se hizo públicamente cargo de su autoría hasta el momento.
El hecho generó varias reacciones, mayormente críticas. En algunos casos, de repudio. Aquí va una modesta opinión.
En general, desacuerdo con los anónimos, pero no siempre; sino cuando contienen una información, cierta o inventada, sobre la vida privada de alguien o pretenden instalar un rumor, y quien la da a conocer no se da a conocer a sí mismo. Pero en este caso no hay ninguna información develada sino sólo una pregunta, generalizadora, simplista y hasta torpe, pero una pregunta al fin, sobre un tema que es de dominio público. Habrá quien considere que está bien o lo contrario, pero no está afectada la honra ni la vida privada de nadie. Si se quiere, es una opinión en forma de pregunta, sobre la ética de algunos periodistas, cuyas acciones públicas son también, como las del resto de los ciudadanos, pasibles de ser examinadas. Por otra parte, aunque ya pocos se acuerden, fue uno de los aludidos, Joaquín Morales Solá, quien hiciera público un “anónimo” que circulaba en el Senado y que diera lugar al escándalo y posterior juicio por coimas presuntamente cobradas por senadores para apoyar la flexibilización laboral. Bien mirados, los anónimos también pueden servir a veces, evidentemente, para fines de purificación.
Pero el tema vuelve a activar el consabido debate sobre la ética periodística y la responsabilidad de los periodistas en relación con las empresas para las que trabajan. Aunque no tiene nada de nuevo, los interrogantes de siempre adquieren nuevos bríos en la dinámica histórica y social del presente. ¿Qué somos los periodistas? ¿Trabajadores, empresarios, asociados de las empresas? ¿Quiénes son los señores de las fotos? Es odioso comenzar por la plata, pero si son trabajadores, como algunos sostienen, es evidente que hace ya varios años que se vienen quedando con una parte más que importante de la plusvalía que producen. Si bien el grupo empresario que les da trabajo usufructúa, por cierto, una mucho mayor, la tajada de estos contratados está bastante por encima de la media de lo que en este país se entiende por un trabajador, incluida la mayoría de los trabajadores del multimedios para el que trabajan. Recordemos que el salario mínimo en la Argentina no supera los mil quinientos pesos. Me dirán que la cosa no debe medirse por el tamaño del sueldo, pero la AFIP no considera lo mismo a la hora de calcular el mínimo no imponible, por eso entiende como “ganancia” cualquier partecita que supere ese mínimo en el salario de un trabajador digamos, calificado. Y le cobra en consecuencia.
La inmensa mayoría de los trabajadores de prensa trabaja en condiciones paupérrimas, en grandes, medianos y pequeños medios de comunicación. Un alto porcentaje lo hace en negro, sin los aportes sociales mínimos, o con contratos de media jornada. Son los que ponen el cuerpo en las oscuras redacciones, en los móviles, los que en los medios chicos patean y cabecean el corner, los que esperan que un sindicato alguna vez hinche por ellos. Como contrapartida, un minúsculo grupo de periodistas-personajes- operadores, posicionados como interlocutores legitimados por el poder, vive con ingresos muy superiores, producto del favoritismo en la adjudicación de la publicidad estatal (sobre todo en provincias), o como beneficiario de suculentos contratos con alguno de los grandes multimedios, en el cual pivotean, en el mejor de los casos entre lo que queda de sus convicciones y los intereses del pulpo que les estiró un brazo. En medio de todo esto, una ancha línea gris de pequeños emprendedores, integrantes de medios comunitarios, quijotes de todas las calañas, en la cual cada uno hace lo que puede.
Insisto, ¿quiénes son los señores de las fotos? ¿Alguien tiene ya alguna duda de quiénes son, cómo viven y para dónde patean? ¿De qué hostigamiento a periodistas hablan algunas entidades corporativas? ¿Se sienten hostigados por un afiche con una simple pregunta quienes tienen en la pregunta su más importante instrumento de trabajo? ¿Qué pensaría Rodolfo Walsh –a quien algunos de ellos no pierden oportunidad de mencionar en paneles sobre periodismo-, si viviera, si no hubiera sido tan testarudamente periodista, ante semejante defensa contra nada? ¿Y los más de cien periodistas desaparecidos por la dictadura?
En su repudio a los afiches, ADEPA (sí, ADEPA), consideró que “el señalamiento” de periodistas es “una manera de marcar a un enemigo” y de instigar a “personas que no estén en capacidad de procesar el mensaje” a “disparar reacciones peligrosas contra los señalados”. Preguntas: ¿Nadie tuvo durante el conflicto “del campo” ganas de pegar en el vidrio del auto un cartel que dijera “Estoy con el Gobierno”? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y de decírselo a los piqueteros rurales cuando te paraban en la ruta? Y los grandes medios, ¿no tuvieron nada que ver en arengar en muchos casos a bandas de locos desaforados que llegaron a dar vuelta autos y quemarlos porque sus conductores se negaron a recibir un panfleto? ¿Se pusieron entonces a pensar en el coeficiente intelectual de estos impresentables?
La hipertrofiada plusvalía que percibe el grupo empresario para el que los periodistas del afiche trabajan, de la que ellos se llevan sólo una pequeña parte, es producto de lo más salvaje del mercado. Salvajismo del que la apropiación de menores a la que la pregunta hace referencia, como la apropiación de Papel Prensa merced a la tortura de sus accionistas, son símbolos que, al fin, comienzan a develar la íntima relación entre dos lógicas bien conocidas en la Argentina: la del libre mercado y la del terrorismo de Estado. Por eso, en este humilde razonamiento, salvaje no pretende ser un mero adjetivo embellecedor del texto.
Criticar a un cronista por no ver a un elefante que le acaba de cruzar por delante es de sentido común. ¿Por qué no habría que criticar a los señores periodistas del afiche? Y otro dato. Para quien no resista más la tensión entre responder a los intereses de sus patrones y resignar sus convicciones éticas para seguir conservando un lugar importante en un medio importante, es bueno recordarle que la profesión ofrece otras posibilidades. Como la de trabajar en un medio menos importante, o en una redacción, o en un móvil, en fin. Eso sí, hay que volver a pegar el culo en la silla, frente a la máquina, por horas, o hay que transpirar y romperse el alma para conseguir una nota; y sobre todo hay que bancarse no estar todo el tiempo en el escenario. No se gana lo mismo, no se tienen las mismas satisfacciones, casi seguro se pierde status. Pero se puede seguir siendo periodista. Y digno.
José Luis Ferrando
Periodista,integrante del Foro Popular de la Comunicación de Paraná
16/4/10
Más de 50 mil personas se manifestaron para reclamar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La movilización había partido a las 17 desde el Congreso Nacional para desembocar luego frente al Palacio de Tribunales. Allí, una multitud desbordó la plaza Lavalle para reclamar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso entre septiembre y octubre del año pasado y suspendida por la decisión de un tribunal mendocino.
En una actividad organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, se convocaron más de 300 organizaciones de todo el país, entre ONG, autoconvocados a través de Internet, sindicatos y partidos políticos.
En el escenario, ubicado en la plaza Lavalle, estaban presentes las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, legisladores de numerosas fuerzas políticas, funcionarios del gobierno nacional, dirigentes sindicales, periodistas y figuras de la cultura y el espectáculo.
Más de 50 mil personas participaron del acto que comenzó con la lectura de las adhesiones y las palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También hablaron Milagro Sala, dirigente jujeña; Hugo Yasky, secretario general de la CTA; Julio Piumato, diputado y dirigente del sindicato de trabajadores judiciales. Luego, la lista de oradores continuó con Néstor Busso, titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y el cierre estuvo a cargo de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
El acto también incluyó un intervalo musical a cargo de Ignacio Copani y un minirecital de las artistas Teresa Parodi y Liliana Herrero; que también entonaron las estrofas del himno nacional junto a la multitud.
De la marcha participaron:
La agrupación Túpac Amaru; Movimiento Evita; Movimiento Unidad Popular; Movimiento de Unidad Clasista; Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina; Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina; Sindicato Argentino de Televisión; Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social; Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la Argentina; Trabajadoras de Amas de Casa; Movimiento Octubres; Sindicato Único de Publicidad; agrupaciones de estudiantiles de todo el país, entre otros.
De Entre Ríos estuvieron presentes:
el Foro Popular de la Comunicación de Paraná; INADI delegación Entre Ríos; la Agrupación Celeste de AGMER, estudiantes de la Carrera de Comunicación Social y Trabajo Social, pertenecientes a distintas agrupaciones; jóvenes del Partido Comunista y de la Agrupación Sabino Navarro; también autoconvocados de 678 Facebook Paraná y Entre Ríos. El contingente entrerriano formó parte de la enorme caravana que desembocó frente a la Corte Suprema, portando un gran cartel que decía “Ley de medios para todos” y banderas que identificaban a las distintas agrupaciones. Una vez en el lugar, lograron llegar hasta unos dos metros del palco central, junto a la Agrupación Túpac Amaru de Jujuy. También pudieron acercar su adhesión por escrito a la marcha, la que fue leída por los locutores encargados del acto.
Presencias políticas y sindicales:
El titular de la Autoridad de Aplicación de la ley de Medios, Gabriel Marioto; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía; la titular de Ctera, Stella Maldonado; la senadora nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna; y diputados nacionales entre los que estuvieron Silvia Vázquez, Martín Sabbatella y Juan Carlos Dante Gullo, y buena parte de la plana mayor de la CTA se sumaron a la marcha. También se presentaron más de 7 mil planillas -de todo el país- con las firmas de adhesión a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Periodistas, figuras de la cultura y el espectáculo:
Los periodistas Horacio Vervisky, Eduardo Aliverti y Pedro Brieger; Daniel Fanego, Federico Luppi; Arturo Bonín, Florencia Peña; Horacio Fontova, Rubén Patagonia; el guitarrista del grupo de rock El Otro Yo, Cristian Aldana; también participaron el vocero de la AFA, Ernesto Cherquis Bialo, entre otros.
Fuente: Blog Hablemos
Desde el Foro de la Comunicación lamentaron la cobertura de los dos grandes diarios a la marcha por la Ley de Medios
Unos 120 integrantes del Foro Popular de la Comunicación de Paraná participaron de la movilización que se llevó adelante este jueves 15 en Buenos Aires, a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sergio Cristani, miembro del foro, lamentó la cobertura que hicieron de la manifestación medios como Clarín y La Nación: “Los 50 mil que estábamos ayer éramos 50 mil desaparecidos, porque no existíamos”, dijo. Además, el referente vio con beneplácito la creación por decreto provincial del Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales.
“Participamos alrededor de 120 personas del foro, muchos de ellos jóvenes estudiantes de distintas agrupaciones universitarias, para quienes fue una experiencia nueva en cuanto a ver la magnitud, el colorido y la pluralidad de agrupaciones políticas, sociales y culturales que estuvieron presentes ayer”, indicó Cristani.
Según el referente, para “medios de alcance nacional como Clarín o La Nación esta marcha multitudinaria fue simplemente un problema en el tránsito. Con ese título escondían la legitimidad del reclamo de fondo”.
“Fuimos sin que nadie nos lleve, por nuestras propias convicciones, para reclamar por algo que es justo. En 1953 se sancionó la primera ley de medios, pero duró dos años porque quedó sin efecto por el golpe de Estado. Ahora, el 10 de octubre fue sancionada y promulgada la nueva ley, pero el 25 de marzo se conoció el fallo de la Justicia federal mendocina, lo que marca un retroceso de la ley y vuelve a poner en vigencia el decreto de la dictadura que produjo esta concentración atroz de medios en nuestro país”, comentó.
Al mismo tiempo, destacó que para esos dos grandes medios de Buenos Aires “los 50 mil que estábamos ayer éramos 50 mil desaparecidos, porque no existíamos. Éramos un problema de tránsito, nada más”.
Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales
Por otra parte, Cristani expresó satisfacción por el decreto provincial que crea el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales: “Habíamos presentado en su momento un borrador al Poder Ejecutivo y lo ha tomado. Destacamos esa decisión política”, añadió.
“Será un consejo constituido por 41 miembros. Es lo que venimos buscando, porque las políticas de comunicación del Estado son públicas. Es la sociedad la que debe mediar en este proceso”, concluyó.
Fuente: APF
Massarotti: “Es necesaria la inmediata aplicación de la Ley de Medios”
Edgardo Massarotti, integrante del Foro Popular de la Comunicación de Paraná, contó que viajó a Buenos Aires para participar de la marcha en respaldo a la Ley de Medios Audiovisuales. En la movilización se exigió “la inmediata aplicación de la ley, ya que fue aprobada por la mayoría y es absolutamente democrática”.
La concentración de la marcha fue en la esquina de Juan B. Justo y avenida Alberdi frente al Banco Hipotecario, trasladándose hasta la plaza España. “La movilización fue muy importante y contó con una masiva presencia de gente, había aproximadamente unas 14 cuadras llenas de gente”, expresó.
También dijo que “hubo representantes de diferentes provincias en la marcha, y de la provincia hubo de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.
“La ley contó con aprobación en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, por lo tanto es totalmente democrática”, aseguró Massarotti en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).
Planteó además la necesidad de que “quienes critiquen la ley lo hagan de un modo reflexivo, sin violencia y con argumentos. Sin decir que es una ley K, porque fue votada por diferentes sectores, por lo tanto es una ley de la democracia”.
“Es fundamental contar con una nueva norma jurídica y no permitir que estos fallos traben a la ley”, remarcó.
Finalmente aseguró: “Estoy en contra del grupo Clarín porque ha bastardeado al periodismo argentino y hasta que no se derroten estos grandes grupos, democracia va a ser siempre limitada”.
Fuente: Análisis Digital
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