Editorial

Saben ustedes que desde hoy a las 8 de la mañana estamos en veda electoral. La ley es clara en relación a la prohibición de mencionar candidatos, partidos políticos y demás cuestiones relacionadas con los comicios del domingo próximo. Y desde aquí, por supuesto, no haremos otra cosa que respetarla, como corresponde.
Este es un programa de debate sobre el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, presentado a la opinión pública por el Poder Ejecutivo Nacional, para reemplazar a la actual Ley de Radiodifusión puesta en vigencia durante la última dictadura. Pese a que hemos tratado, en la medida de lo posible, de mantener ese debate alejado de la campaña electoral, no desconocemos que la discusión de este proyecto es, en esencia, política. Por lo tanto, junto a la producción de este programa hemos decidido no realizarlo hoy como todos los viernes, de modo de no exponernos nosotros, ni a nuestros invitados, ni a la emisora, a situaciones que puedan contravenir la norma citada. Entendemos, en tal sentido, que no podríamos, en este contexto, brindar a nuestros invitados la libertad para opinar que han tenido los participantes anteriores. Por lo tanto -reitero- por decisión de la producción de este programa, en acuerdo con la Dirección de LT 14 Radio General Urquiza, hemos decidido no llevar adelante hoy el debate que venimos haciendo todos los viernes. Y en ese marco, invitamos a nuestros oyentes a escucharnos el próximo viernes, como siempre, a partir de las 19. Quedan ustedes en este segmento en compañía de la buena música y las palabras de nuestros compañeros operadores y locutores de la casa. Muchas gracias y hasta el viernes.

Destacan la necesidad de “democratizar” el servicio de la comunicación en Argentina

En el quinto programa de "Hablemos" debatieron sobre el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el diputado nacional (PJ) Raúl Solanas; el dirigente de Derechos Humanos y candidato a diputado nacional Frente Social y Popular Humanista y Comunista, José Iparraguirre; y los periodistas Antonio Tardelli y Mario Alarcón Muñiz.

En declaraciones a LT14, Solanas estimó que el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se votaría antes de fin de año. “La voluntad es que la votemos antes de diciembre”, expresó Solanas tras comentar que “falta una parte, que es terminar con los foros, que se interrumpieron por las elecciones, pero inmediatamente después del 28 de junio se van a reanudar y a recepcionar todas las propuestas e inquietudes”.
“Todavía no es un proyecto sino un anteproyecto o borrador. Hubo buenísimos aportes a nivel académico, de trabajadores; miembros de organizaciones no gubernamentales. Será una batalla interesante”, dijo el legislador.
Agregó que “los grandes medios han ignorado el debate y prácticamente no lo han cubierto pero en cada provincia argentina hubo un espectro que ha cubierto desde la universidad, trabajadores y docentes, discutiendo este proyecto”.

Por su parte, Iparraguirre expresó: “Nosotros apoyamos absolutamente el anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Agregó que “hay algunos puntos que hay que discutir y mejorar, pero está claro que llevar adelante un proceso de democratización del servicio de la comunicación en la Argentina es indispensable si queremos tener una democracia participativa real”.
“Como denominan algunos autores, hoy nos encontramos en una democracia de audiencias, donde los ciudadanos son meros espectadores de la política y esto tiene que ver con el monopolio de los medios de comunicación y la falta de información que tienen los ciudadanos argentinos”, dijo el actual candidato.
También habló de la necesidad de habilitar “el más amplio debate” sobre el tema. Ya que, según entendió “ni los grandes medios de comunicación lo han tocado como así tampoco lo han hecho los candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones.
“Hay un eje central que es el espíritu que tiene la propuesta de proyecto de ley: poder considerar a los servicios de comunicación como un derecho humano y no como una mercancía, tal como lo establecía la vieja ley de la dictadura aún vigente”, dijo Iparraguirre. Y aseguró que esto “cambia el espíritu de la norma”. Por eso afirmó que “desde el vamos, uno adhiere absolutamente a esta propuesta.

Tardelli, en tanto, dijo coincidir con los argumentos de Iparraguirre: “Creo que el espíritu del borrador es correctísimo. Hay valores que hay que defender en el terreno de la comunicación y después hay que ver si se corresponden con el articulado o si el articulado refleja acabadamente esos principios”, sostuvo el periodista.
Luego comentó que una de las objeciones que señala la oposición está relacionada con la revalidación de las licencias. Y se manifestó por “analizar y atender” estos aspectos. No obstante, aclaró que “una ley no alcanza” y que “las leyes van atrás de la realidad”.
El conductor de “En el 2000 también” resaltó la importancia de considerar a los servicios de comunicación como un derecho humano y no como una mercancía. “Esto puede quedar expreso en la ley” -sostuvo-, “lo que no significa que, una vez aprobada y sancionada, no haya una lógica en el sistema de medios en que la información y las noticias sigan siendo consideradas una mercancía”. En tal sentido, citó a Ignacio Ramonet, (autor de La Golosina visual y director de la edición en castellano de Le Monde Diplomatique): “La información, en los tiempos de la globalización, se caracteriza, entre otros, con la vertiginosidad y con el concepto de mercancía; y esa información no está vinculada con el derecho ciudadano de estar debidamente informado ni con el contenido ciudadano democrático y cívico que debe tener la información”.

Luego, Alarcón Muñiz expresó que “es propicio el momento de discutir el tema. El anteproyecto es completo aunque se le pueden agregar modificaciones; hace falta discutir estos temas”.
Para el conductor de La Calandria, el tema del anteproyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “tendría que haber estar incluido en la campaña electoral, pero no ocurrió”.
De todos modos, dijo, “hace falta una nueva ley de medios” que reemplace la vieja ley de radiodifusión de la dictadura. “Se han producido infinidad de modificaciones técnicas, de todos los borradores o anteproyectos creo que éste es el más completo y perfectible”, sostuvo. Y aseveró que “todos los ciudadanos tenemos que intervenir para aportar nuestras ideas”.

Editorial

En la semana que pasó, entrando en el tramo final de la campaña electoral, ha habido algunos cruces entre candidatos en los cuales se mencionó el tema de una nueva ley de medios y también se dijeron algunas predicciones y amenazas sobre lo que podría pasar con los medios de comunicación en la Argentina y la llamada libertad de prensa.
El diario Crítica le preguntó al candidato Francisco De Narváez si se puede tener acciones en medios de comunicación –como es su caso, en el canal América y el diario El Cronista- y ser diputado. Algo que está expresamente prohibido en el nuevo anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De Narváez respondió: “En la nueva Ley de Radiodifusión debería tratarse cuál es el vínculo entre un funcionario y un medio de comunicación. Hoy no está reglado y por eso no violo la ley. Pero sí entiendo que hay un conflicto de intereses.”
“El proyecto seguramente no saldrá de usted”, le dijo entonces el entrevistador.
Entre risas, De Narváez contestó: “Sí, ¿por qué no? No hay problemas. Lo que no se puede hacer es proponer una nueva Ley de Radiodifusión en medio de la campaña.” Y manifestó su preocupación por “la reglamentación de la ley de blanqueo de capitales”, porque -dijo- “se puede direccionar el dinero sin explicitar el origen, para comprar medios de comunicación”. “Es invitar a que se tomen los medios tal vez con dinero mal habido. Eso es peligrosísimo”, dijo De Narvaez.
También dijo que no tiene dudas de que “si Kirchner gana en la provincia, aunque sea por un voto, avanzará sobre la propiedad privada, la libertad de prensa, los medios de comunicación y el sistema financiero”. Y que va a tratar de controlar todo.
En otra entrevista, esta vez con el Canal 26, De Narváez también dijo que su temor es que si pierde, en los cinco meses que restan hasta el cambio de autoridades en el Congreso, “un Kirchner herido vaya por todo eso, con una Ley de Radiodifusión que pretende silenciar voces”.
A de Narváez, Kirchner le contestó que se presente a declarar y que aclare sus llamadas telefónicas con el denominado Rey de la Efedrina, por las cuales lo citó el juez Faggionatto Márquez, que a su vez fue recusado por el candidato.
Quien sí contestó sobre lo que De Narváez había dicho fue el interventor del COMFER, Gabriel Mariotto: le recordó que el candidato del PJ disidente es propietario de algunos medios "de acuerdo a la ley de la dictadura”, y aclaró que “lo que nosotros proponemos para la ley de la democracia es que ningún funcionario público ni representante del pueblo en el Congreso pueda ser dueño de medios de comunicación". Además, dijo que "la situación de De Narváez a cargo del grupo América 2 es bastante irregular".
Otro cruce fue el de Kirchner con Clarín. Uno más.
La cosa comenzó el domingo pasado, cuando el diario publicó un artículo de tapa en el que afirmaba, sin fuentes constatables, que el Gobierno nacional analizaba la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales al 10 de marzo de 2010 en caso de una derrota en la provincia de Buenos Aires.
En un acto en Capital Federal, Néstor Kirchner, dijo que Clarín pone "en riesgo la paz social y la institucionalidad de la Nación" y ratificó la necesidad de "democratizar los medios de comunicación en nuestro país" porque "la democracia no soporta monopolios mediáticos".
Estas son algunas de las muy pocas cosas que se dijeron esta semana en la campaña electoral sobre el tema que nos ocupa en nuestro programa, que es el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o, si prefiere, una nueva ley de radiodifusión. En el plano local, el tema no es motivo de mención casi para ningún candidato y, tampoco, de pregunta en la mayoría de los casos. El silencio sobre el tema no es patrimonio de los grandes medios nacionales sino también de sus filiales locales, que las hay. En tal sentido, permítanme que me pregunte en voz alta desde la siempre criticada radio del Estado ¿Y la libertad de expresión? ¿Es solo para hablar de algunos temas? ¿No es importante saber qué piensan los candidatos sobre una de las dos peores herencias legales sobrevivientes de la dictadura militar?
Nada más sobre la campaña. Lo dijimos desde el comienzo: nuestra intención es que, más allá de la suerte que este proyecto pueda correr en el Congreso o de los intereses que lo impulsen, creemos que vale la pena que por primera vez en muchos años el tema de los medios pueda ser discutido públicamente y democráticamente. En eso estamos.

José Luis Ferrando

La prensa y la empresa

Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía. No necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados de conciencia que les son inconvenientes. Les basta con impedir que ellos se formen. (…) Proponemos un auténtico ideal democrático. El sometimiento de las fuerzas de las finanzas al interés colectivo. El estado que queremos debe ser fuerte para hacernos libres. No el estado totalitario cuyo fin es ahogar al hombre para realizarse, sino el estado que ahoga la tiranía del dinero para realizar al hombre, y así, en el terreno de la formación de la opinión pública, la solución democrática consistirá en sustituir la libertad de empresa periodística o radiotelefónica, que es la libertad de los grupos plutocráticos para hacer su prensa o su radio e impedir toda otra, por la libertad de prensa sólo lograble cuando ella no tenga que depender de los intereses capitalistas. Solución ésta que requiere una Argentina Liberada, ya que como dije antes, la finanza es extranjera. (…) Necesitamos liberar a la Nación para liberarnos dentro de ella.

Arturo Jauretche

Sigue el debate de la nueva ley de medios

En la cuarta edición del programa “Hablemos”, estuvieron presentes en los estudios de LT14: Ariel Vittor, licenciado en Comunicación Social y docente de la UADER; Sebastián Galligo, periodista deportivo; Alicia Glausser, presidenta de la comisión Vecinal Santa Lucía, de Paraná. También, telefónicamente, participó Enrique Pérez Nella, presidente de la SAL.

En declaraciones a nuestra emisora, Galligo consideró que el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual genera diversas opiniones y debates porque “hay muchos intereses económicos de por medio”. En tal sentido, mencionó “las transmisiones deportivas, especialmente el fútbol, que en nuestro país es uno de los deportes más populares y convocantes”, dijo.
Explicó que en los años ’90 comenzó con una particular modalidad en la transmisión del fútbol: “vender los derechos de exclusividad a una cadena, pero esa cadena, y que esa cadena, a su vez, imponga un cronograma de partidos”. Es decir, “el fixture no se hace por sorteo sino que está determinado y armado por un equipo de televisión y por la mesa ejecutiva de la AFA (integrada por los clubes)”, dijo Galligo. Y agregó que “la televisión paga muy poco a los clubes”,
En cuanto al nuevo anteproyecto, que prevé que los partidos de fútbol relevantes puedan verse por la TV abierta, dijo que “habrá un equipo de trabajo en el cual se determinarán los eventos de mayor importancia en el país y se propondrá que esos partidos se puedan ver sin codificado (pay-per-view) para que todos puedan acceder a ellos”.
También hizo referencia a Fútbol de primera, el programa que tiene los derechos de exclusividad para pasar los goles de los partidos del campeonato local. “¿Por qué tenemos que esperar al domingo para ver los goles?”, se preguntó Galligo”. Y sostuvo que “esta nueva ley permitirá que algunos programas como los noticieros puedan pasar los goles”.
“Acá están en juego ganancias extraordinarias y la explicación –de estar en contra de la ley- es que los clubes y la AFA se van a empobrecer con estas medidas”, agregó el periodista. Y afirmó que “el gobierno tiene herramientas suficientes para insertar este debate en las escuelas, en los clubes, en los barrios, en todos lados de la ciudad”.

Alicia Glausser, vecinalista de Paraná, dijo por su parte que “apoyamos el anteproyecto de ley por sus contenidos hacia la liberación de la comunicación y en contra de los monopolios. Nos sentimos sin libertad de expresión, sin medios para poder expresarnos”.
“En 1983 teníamos las expectativas de terminar con la ley de la dictadura. ¿Qué nos pasó, por qué esperamos tanto? ¿Que nos pasó en los ’90?”, se preguntó Glausser. Y consideró positivo que “hoy, después de 25 años podamos hablar de este nuevo proyecto de ley”.
“Apoyamos al gobierno nacional en esto sin dejar de decir de todo lo que falta por hacer. Vemos que le va a costar mucho la discusión de esta ley porque los monopolios manejan la información y la cabeza de la gente”, dijo la vecinalista.
Y entendió que “esta nueva ley tiene que debatirse no sólo en el centro sino también en los barrios, en cada esquina de la ciudad”.

Ariel Vittor, docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), habló sobre la desvalorización de la política a través de su “espectacularización”. Mencionó las caricaturas o las figuras de los políticos reales en el programa de Marcelo Tinelli. “Nos reímos pero no hay reflexión”, dijo. Y consideró que “hay una opinión pública desmotivada”.
Planteó también la necesidad de “remar en pos de la movilización de la opinión pública”. Y en tal sentido, entendió que “la tarea del Estado es involucrar a la opinión pública para que sea más numerosa y se pueda conocer este proyecto. Esto es construir la esfera pública”, afirmó Vittor.
“Los ciudadanos tenemos que replantearnos interpelar a las autoridades en torno hasta dónde llega el mercado. Los intereses que enfrenta la ley van en esa dirección, es decir, los intereses económicos que mercantilizaron la comunicación, la cultura y la noticia”, dijo el docente.
“¿Vamos a dejar que el mercado –con la lógica del capital - organice la producción cultural y la comunicación social, o los ciudadanos queremos poner limites para organizar una manera distinta de vincularnos?”, se preguntó finalmente.

En comunicación telefónica Enrique Pérez Nella, presidente de la Sociedad Argentina de Locutores, sostuvo que “la SAL apoya el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque es una asignatura pendiente de la democracia”. El dirigente gremial destacó la participación del Congreso de la Nación en la conformación de la Autoridad de Aplicación que reemplazará al COMFER y en la elección de las autoridades de los medios públicos.
“Desde el retorno de la democracia, en 1983, la SAL viene reclamando por una nueva ley de radiodifusión, y sostiene que la concentración de medios afecta la democracia y al pluralismo; decimos esto porque limita la fuente de información y restringe la libertad de expresión que tiene todo ciudadano”, dijo Pérez Nella.
También resaltó que esta nueva ley “protege y garantiza el trabajo local y nacional”.
“Hemos analizando puntillosamente, articulo por artículo; y elaboramos una serie de observaciones para que estén contenidas en el proyecto de Ley del Ejecutivo”, dijo. Y en tal sentido, agregó que “la Comisión Directiva Nacional de la SAL ha propuesto la modificación de los artículos 137 y 138.”
El art. 137º mantiene la vigencia del ISER como Instituto destinado a la formación y capacitación de personal que se desempeña en los servicios de radiodifusión, “pero la SAL propone ampliar su redacción”, sostuvo.
El art. 138º “también hay que modificarlo porque su redacción se contrapone con el artículo anterior dejando de lado al ISER, ya que establece que la habilitación para actuar como locutor, operador quedará sujeta a la obtención de título expedido por las instituciones de nivel universitario o terciario autorizadas a tal efecto por el Ministerio de Educación. ¿Y los títulos que otorga el ISER ?, se preguntó finalmente.

Editorial

A propósito del Día del Periodista, esta semana pude leer y escuchar, como todos los años, en diversos homenajes y comentarios, referencias que definen a la tarea del periodista como un sacerdocio, como una importante profesión, referencias a la labor docente de los periodistas, de instrumentos para la justicia, etc.
La verdad es que, puesto a pensar, recordé mi experiencia como delegado de mis compañeros del Informativo de esta radio, que no fue muy extensa pero sí muy rica. Y creo acordarme que cuando tuve que sentarme con la patronal a reclamar un aumento salarial o la legítima incorporación de algún compañero a la planta permanente de la radio, no recuerdo que me haya servido para eso la Biblia, ni un título académico, ni el estatuto docente, ni el Código Civil. Cuando me senté a dialogar o a discutir con la patronal para reclamar un derecho sólo me sirvieron para ello dos instrumentos: el Estatuto del Periodista, del año 46, y el Convenio Colectivo de Trabajo.
En ese marco, me pregunto: ¿qué es un periodista? Y lo primero que me surge responderme es: un trabajador. Claro, la palabra no es del gusto de todo el mundo que trabaja en esto. Es más coqueto hablar de defender la libertad de expresión, del valor de las palabras. Lo cual en lo personal no desmerezco en absoluto. Soy un obsesivo de la palabra y valoro y reivindico en la profesión a aquel que es capaz de pasarse horas pensando en la ubicación de una coma, o si en lugar de coma hubiera quedado mejor un punto y coma. O de quien puede escuchar la melodía de una frase y entender que a veces no es lo mismo colocar el verbo antes y el sustantivo después, o viceversa. En fin, son cosas que solo pueden disfrutar y sufrir aquellos que abrazan este laburo porque les gusta, simplemente, y así lo viven.
También reivindico a aquel que no renuncia, aún en los momentos en que es muy difícil no hacerlo, a aplicar el propio criterio en cualquier cosa que escribe, así sea de flores y pajaritos o del ministro al que encontraron in fraganti. O a aquel que se guarda para sí, siempre, la última palabra, que no es otra cosa que su última, su más íntima libertad, para escribir, para decir, lo que es difícil escribir, lo que es difícil decir. A aquel que no sólo sostiene que Benedetti era un maestro sino que entiende que el viejo escribió alguna vez: “Soy parcial, irremediablemente parcial”. Y entender que no se puede ser imparcial ante la injusticia.
En este mismo momento, hay una legión de compañeros trabajadores del periodismo haciéndolo en pequeñas agencias de noticias, páginas digitales, y medios alternativos o no tan alternativos, que lo hacen por dos mangos, en pésimas condiciones laborales, y que probablemente no figuran en la consideración de muchos de los que llamamos nuestros oyentes, lectores, la gente, o como quiera llamarse a ese sujeto aparentemente colectivo inventado por nosotros mismos para hablar de quienes nos leen, nos ven o nos escuchan. ¿Por qué? Porque el monopolio de la libertad de expresión, de la palabra, lo tienen más o menos siempre los mismos, los pocos que saben negociar con el poder, entre quienes figuran los propietarios de medios pero también, dolorosamente, algunos colegas. El periodismo es siempre negociación con el poder, no nos equivoquemos. Lo que lo que hay que evaluar es cuánto de esa negociación se hace en beneficio del bien colectivo y cuánto en beneficio personal. En ese terreno, la gran mayoría de quienes ejercen honestamente el periodismo sale perdiendo y por lejos. Es la misma mayoría a la que muchas veces nadie reconoce siquiera el título de periodista, empezando por sus propios patrones.
Y esto no es patrimonio solo de las grandes empresas, de los grandes monopolios. La historia de empresas pobres y empresarios ricos no es privativa de los grandes empresarios. También existen pequeños empresarios de medios que aseguran que si pagaran a sus trabajadores lo que exige el convenio tendrían que bajar la persiana, mientras por otro lado siguen abriendo medios y tienen gastos que no podrían justificar. Pregunta: ¿No es entonces la explotación del trabajador periodista, operador, gráfico, o del rubro que sea la que sostiene la proclamada libertad de expresión?
Humildemente, considero revolucionario -y esto lo digo con las prevenciones del caso, ahora que hay tanto temor de convertirnos en Venezuela, en Bolivia o en Cuba- considero revolucionario, en el sentido de poder cambiar realmente las cosas, que los periodistas comencemos a asumirnos como trabajadores y dejemos de caer en el discurso tramposo de la defensa de la libertad de expresión, cuando la gran mayoría de nosotros trabaja en condiciones paupérrimas y no somos capaces de defender los propios derechos laborales. La libertad de expresión en estas condiciones es el derecho del patrón a negociar con el poder. Y es también su derecho a pegarte una patada en el traste y a emplear a otro que le salga más barato, cuando no a contratar a un pasante, el día en que ya no le seas funcional. La pregunta sobre libertad de prensa o libertad de empresa ya quedó desfasada en la Argentina. La libertad de prensa “es” libertad de empresa en este país, no lo discutamos más. Nos pasamos los días, la vida, denunciando las injusticias que le suceden a los demás. Sabemos que esa es nuestra obligación, pero, ¿conocemos cuáles son nuestros derechos?
Cuando el lanzamiento de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la que motiva nuestro programa, habla de redistribuir la palabra, como trabajadores del periodismo me parece indispensable preguntarnos: ¿la palabra de quién? ¿Para dársela a quién? Y lo más importante: ¿Tenemos nosotros, como trabajadores de la palabra, nuestra palabra?.

José Luis Ferrando

El Concejo Deliberante de Paraná declaró de interés las actividades del Foro Popular de la Comunicación

El cuerpo deliberativo declaró “de Interés del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná las distintas actividades y acciones a desarrollarse en el éjido de la ciudad, respecto a la difusión y debate sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
El Decreto Nº 17 del HCD, aprobado por los ediles de Paraná, señala en sus considerandos que "la aprobación de una nueva Ley sobre la temática -de la comunicación- se presenta como necesaria, a fin de avanzar y contextualizar la imperante situación de los medios a la nueva realidad histórica que se vive, promoviendo nuevos valores, fomentando la participación popular en los medios, defendiendo la creación de instancias hasta ahora inexistentes, como así también profundizando los debates que generen un nuevo modelo de medios de información acordes con una sociedad democrática moderna".
También sostiene que el Foro Popular de la Comunicación, es "un espacio de la Sociedad Civil" donde "se promueven actividades tendientes a debatir el actual proyecto, interiorizar a la ciudadanía para que participe y sea un actor relevante en la construcción de un nuevo modelo para los medios de comunicación”. Y agrega que “sus integrantes no pretenden imponer esta ley como única, sino fomentar el debate sobre la misma, a fin de que el aporte de todos los sectores dé por resultante una norma consensuada, que contemple los intereses de todos los ciudadanos".
En otro de los párrafos los concejales del Municipio de Paraná destacan la importancia de "seguir recorriendo este camino hacia una legislación moderna, que garantice el ejercicio universal para todos los ciudadanos con respecto al derecho que les compete a recibir, transmitir y participar en la formación de la información, a través de la opinión y la lectura crítica. Constituyendo de esta forma un insumo invalorable para la cimentación de la democracia, respondiendo a la diversidad y la efectiva libertad de expresión".
La norma lleva las firmas del Presidente y Secretario, Pablo Alejandro Biaggini y Ángel Abraham Zacarías, respectivamente.

Clarín, por derecha

El origen de la acusación de monopolio al grupo económico cuya principal actividad son los medios de prensa. El porqué de esta categorización . Y también los riesgos, advertidos desde el posicionamiento político menos pensado.

Clarín es uno de los grandes grupos concentrados de la economía argentina. Al igual que los Bulgheroni, los Rocca y los Perez Companc, el dúo Magnetto – Herrera de Noble ha constituido un emporio que trasciende la actividad primaria de la surgió.

Clarín, en rigor AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino), es un complejo de la industria cultural. Sostener que su principal objetivo es el derecho a la información ciudadana o la libertad de expresión, equivale a pensar que la preocupación principal de los Perez Companc al frente de Molinos Río de la Plata, es la seguridad alimentaria de la población argentina. En ambos casos, el fin principal es la obtención de ganancias con las particularidades rentísticas y prebendarias del capitalismo argentino; sólo el modo de alcanzar esta meta diferente (la prensa, es decir una actividad cultural, en el primero; los alimentos, una actividad comercial, en el segundo).

Aclarado este punto, que deja de lado varias zonceras e ingenuidades, pasemos a la pregunta central de este artículo ¿De dónde surge que Clarín es un monopolio?

Para encontrar la respuesta no hay que irse muy lejos en el tiempo. Hace más de 15 años, Julio Ramos, el fundador y director hasta el día de su muerte del matutino “Ambito Financiero”, publicó su primer libro. Se llamó “Los cerrojos a la prensa”. El tema principal era la concentración de medios y actividades diversificadas en que había entrado Clarín desde que sus buenas relaciones con las autoridades de la última dictadura militar le habían dejado el control, en sociedad con La Nación y el Estado nacional, de Papel Prensa.

Este dato es clave: hasta fines de los 80’ y principios de los 90’, el control sobre las cuotas de papel para los periódicos, sobre todo de las provincias, definía la continuidad o no de las publicaciones.

Desde entonces, comenzó una rápida carrera de concentración. Pero, retomando. ¿Por qué utiliza Ramos este término, que en rigor significaría la ausencia de otros medios de comunicación, hecho que no se corresponde de la realidad? Respuesta: retoma un concepto utilizado por Clarín.

El 9 de mayo de 1956, el diario entonces dirigido por su fundador, Roberto J. Noble, publicó un editorial refiriéndose a lo que le tocó vivir durante el peronismo, que por entonces se denomina dictadura en homenaje al calificativo aplicado a quien fundó y dirigió el movimiento, Juan Perón, a quien se tildaba de “tirano prófugo”.

Cita Ramos de la mencionada editorial: “Obvio es decir que los procedimientos que la tiranía puso en práctica para entorpecer o anular el libre desenvolvimiento de los diarios que, como Clarín, no se dejaban absorver por su insaciable monopolio periodístico, tuvieron evidente analogía con los que aplicó a no pocas y útiles empresas privadas de distinto carácter, a las que también se hizo víctima de exacciones y extorsiones cuya revelación ha resultado aleccionadora para la ciudadanía”.

El autor analiza: “Lo que determina la calidad o categoría monopólica – como Roberto J. Noble analizó bien en su editorial – no es que haya un solo medio en el mercado sino la dimensión y la gravitación del medio más fuerte. Para Clarín era monopolio la ‘cadena’ de diarios del peronismo aunque junto a ella estaban Clarín, La Nación, El Intransigente de Salta, Radio Colonia, etc. Por eso mismo, como Noble sabía bien, Clarín en los años ’90 es monopolio aunque haya otros medios, porque domina en promedio más de 65% del total del mercado de la producción, gráfica, ingreso publicitario, ondas radiales y televisivas, proyectos satelitales y otras formas de transmisión”.

Pongamos algo de relieve, por si no quedó suficientemente aclarado: quien hace estas imputaciones no es un teórico marxista, sino el fundador y director del diario preferido de la city financiera porteña, un hombre que abiertamente apoyó hasta el último día de su vida a Carlos Menem y al programa político y económico que encarnó el ex – presidente.

Es precisamente este liberal quien asevera: “Es sin duda tan insaciable monopolio periodístico Clarín en 1993 por la sofisticación de su bagaje de medios, como lo era aquella ‘cadena’ exclusivamente de medios gráficos y radios del peronismo del ’50 al ’55”.

Blanco sobre negro

Ramos, montado sobre su concepción liberal de la política y de la sociedad, deja también algunas advertencias.

- “Un monopolio de prensa tiene una tendencia natural al ahogo de la competencia y a la expansión mucho mayor que la que mostraría un sujeto malvado que buscase deliberadamente el mismo fin. Y al final la conclusión será inevitable: si un mal es natural y creciente, sólo la legislación puede detenerlo, porque aunque se diera el caso de que los monopolios fueran dirigidos por hombres comprensivos y buenos, eso sería insuficiente para frenar sus desbordes sobre el cuerpo social”.

- “Los monopolios culturales, como son los de prensa, se preocupan también por su lucro pero predominan otros factores como no se observa en ningún otro monopolio meramente comercial. Estos factores son los aspectos políticos, ideológicos y hasta las ambiciones personales”.

- “El ciudadano común es, desde ya, el más desprotegido: puede ser inducido políticamente, privado de ver, leer o escuchar lo que desee si no conviene a las concentraciones dominantes o sufrir malformaciones morales, él o su familia, porque los monopolios de prensa pueden adulterar nada menos que la información. Inclusive, aunque no se lo propongan expresamente, porque tienden a exterminar o debilitar a los medios de difusión alternativos que forman el mosaico de la diversidad de los mensajes necesarios para que exista un Estado democrático”.

- “Los brazos de un monopolio periodístico más tarde o más temprano, alcanzan a todos y a todos lados (…) El monopolio Clarín se encamina indefectiblemente a dominar todos los fenómenos de expresión y de comunicación en la Argentina (…) Si algún día llega a haber una tecnología especial para diarios o informaciones a domicilio también tratará de dominarla. Si toda esa expansión no la hiciera por maldad la haría por simple desborde”.

Esta “tecnología especial” que Ramos vaticinaba llegó al poco tiempo y Clarín, tanto en la provisión del servicio como en la generación de contenidos, ha cobrado también un rol preponderante.

Solo resta, pues, recomendar la lectura del libro de Ramos a quienes consideran que la sanción de una ley de servicios audiovisuales que le ponga coto a las aspiraciones de concentración de Clarín responde a una coyuntura simplista de disputa política entre el partido de gobierno y el medio, circunscripa en mera cotidianeidad ahistórica con la que el grupo presenta la información día a día las noticias.

Estos párrafos que anteceden están tomados de las primeras páginas de un trabajo que totaliza 359 con sus anexos documentales. Los datos económicos y de expansión del multimedia están desactualizados, pero los conceptos se mantienen vigentes. Y cobran mayor impulso por quien los dice, que no es precisamente alguien que esté buscando una transformación radical de la sociedad argentina, sino todo lo contrario.

Juan A. Bracco
Especial para Hablemos, de El Cronista Digital.

Intercambio de opiniones sobre una nueva ley de medios

En la tercera edición del programa "Hablemos", conducido por José Luis Ferrando, estuvieron presentes la delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en Entre Ríos, Cristina Ponce; Alejandro Ramírez, profesor universitario de la cátedra Políticas de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la UNER; Hugo Romero Matos, secretario General de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL); Gerardo Dayub, actor, director y ex secretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná; y Aldo Rotman, profesor universitario y responsable del Proyecto Puesta en marcha de la red de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

En diálogo con LT14, la delegada del INADI en Entre Ríos expresó su “satisfacción” ante la existencia del proyecto de proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con él, la posibilidad de “incorporar viejos deseos, no sólo desde el INADI sino de toda la ciudadanía que está comprometida en la defensa de los derechos humanos”.

Ponce mencionó las acciones que están realizando desde el INADI contra la erotización de niños/as en la televisión, como se puede ver en el programa Bailando Kid de Marcelo Tinelli. “Veníamos preocupados por el tema de la”, comentó la funcionaria tras informar que ya se presentó la denuncia ante el COMFER.

También refirió a los trabajos que se realizan contra el abuso infantil y la violencia de género. “Pedimos que se hable con corrección y se exige un lenguaje no sexista”, explicó Ponce tras mencionar que se trabaja en otros puntos, como pueblos originarios y discapacidad. Son recomendaciones para incorporar en la nueva ley”, aclaró.

Por su parte, el profesor universitario, Alejandro Ramírez, consideró que existen “escasos debates a nivel de medios de comunicación sobre la ley” entendiendo que “hace más de 30 años que se pelea contra el monopolio de grupos económicos que concentran medios de comunicación en nuestro país y, a la vez, está la cuestión de la circulación de contenidos”.

“Las radios, canales de televisión, productoras de contenidos que forman parte de la cadena que requiere ese grupo, como la participación de Papel Prensa como en el caso Clarín. Esto preocupa no solo por la propiedad sino por los contenidos”, insistió el docente.

“Y esto está directamente vinculado al concepto que en Comunicación llamamos la formación de los imaginarios, lo que circula que ideas van cuajando en la gente si siempre consume lo mismo”.

En tanto, Gerardo Dayub, dijo que “esta nueva ley viene a remover el tema de una nueva política cultural, con todas las cosas que podamos no encontrar o agregarle, es ampliamente superadora en muchos aspectos”.

También opinó que “las viejas y nuevas tecnologías, configuran permanentemente identidades lo que significa confirmar maneras de pensar, de sentir y revolucionarse”.

Para el ex secretario de Cultura, el tema de la programación –tal como lo planteó Cristina Ponce- se soluciona con “pluralidad” entendiendo que “no le podemos pedir a los que nunca hicieron que cambien las cosas, pero podemos cambiar otro tipo de grado de participación que ofrezca otras miradas, otros contenidos, otras posibilidades”.

Dayub habló de “la pluralidad, la equidad y los objetivos que se destacan en el proyecto de la nueva ley”. “Es necesario animarnos a debatir y opinar para que el Estado pueda definir un rol estratégico del papel que debe cumplir los medios y las nuevas tecnologías en el desarrollo socio cultural de una sociedad. Este papel,que viene a cumplir la ley, es importante y es necesario darle el lugar que se merece”, agregó.

Aldo Rotman, profesor universitario y responsable, opinó: “El medio es en la medida en que nosotros somos capaces de imaginarlo y hacerlo. Si bien es cierto que hoy hay una fuerte vinculación hacia lo comercial, monopólico y al mensaje univoco, en parte, depende de nosotros también el destino que queremos para los medios de comunicación”.

Sobre la puesta en marcha de la red de radios de la UNER, el docente dijo que es un proyecto de larga data y ha despertado mucho entusiasmo en la comunidad universitaria.

Respecto al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consideró que daría a la universidad “la posibilidad de ser contralor en una forma de gestión y vincularse más activamente a partir del rol que esta nueva propuesta de ley nos estaría posibilitando”. Y añadió: “Nos equipare y nos de el mismo status jurídico que las emisoras comerciales”.

Hugo Romero Matos, secretario General de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), habló sobre la ley de la dictadura y destacó algunos puntos que competen a los locutores. Mencionó por ejemplo la participación del Congreso de la Nación en la conformación de la autoridad de aplicación que remplazará al COMFER en la elección de las autoridades de los medios públicos; las licencias serán por 10 años y se podrán prorrogar por 10 años más, previa realización de audiencias públicas; limitar el número de licencias; regular las señales de televisión; reglamentar el tiempo de publicidad en los sistemas de TV paga; permitir el acceso de un medio de comunicación a las entidades sin fines de lucro como sindicatos o asociaciones.

Digresiones

El debate público del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está siendo sistemáticamente ignorado por los grandes medios de comunicación, sus medios subsidiarios y aliados. Este silencio admite algunas excepciones en las cuales la “noticia” suele ser la opinión desfavorable a la iniciativa por parte de sus detractores. Estos provienen, casi sin excepción, de dos sectores claramente identificables: los propietarios de los grandes medios y los políticos de la oposición.

Desde el Foro Popular de la Comunicación, espacio de debate que integro a partir de la presentación en sociedad del mencionado anteproyecto, consideramos que el mismo da respuesta a la mayor parte de las inquietudes que durante años hemos expresado quienes reclamamos la sanción de una nueva ley que reemplace al decreto-ley de Radiodifusión de la última dictadura. Los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática sintetizan ese reclamo y en la medida en que están contemplados en el anteproyecto lo apoyamos. Esto no impide que tengamos, como cualquier ciudadano bienpensante, nuestras dudas, objeciones y aportes que nos parece podrían incluirse en el nuevo texto. Así lo hemos expresado en distintas intervenciones públicas en las que, además, celebramos la posibilidad de participación que ofrecen los foros organizados oficialmente en todo el país. A partir de esta premisa hemos considerado también necesario fomentar su debate en sociedad, planteando nuestra posición, que no es necesariamente idéntica al interior del Foro. En lo que sí hay coincidencia es en una cuestión que por su simplicidad pareciera casi elemental: la mejor forma de defender el proyecto y su debate es hacer conocer la letra de su texto. Precisamente lo que, sistemáticamente, la gran prensa elude.

Bajo el título “Las coincidencias contra el proyecto de Ley de Radiodifusión del Gobierno”, en páginas 14 y 15 –con mención en tapa: “La pluralidad bajo amenaza”-, el diario UNO de Paraná publicó el domingo 31 de mayo una de las “excepciones” al silencio mediático sobre el tema. Se trata de una crónica sobre el Foro de empresarios de medios y representantes legislativos en la Universidad de Congreso, Mendoza. Aunque la noticia habla de un foro, lo que se reproducen son las declaraciones de tres panelistas: Daniel Vila, presidente de UNO Medios, Silvina Giudici, diputada nacional por la UCR, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, y Walter Burzaco, titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable.

Como cualquier jurista recomienda, el análisis de una ley debe hacerse considerando a esta como un sistema, y no a sus artículos de manera aislada.

El anteproyecto de ley de medios es, además, extenso y complejo: contiene 148 artículos. No obstante, a título de lo expresado líneas arriba, propongo al lector un pequeño ejercicio de digresiones, a fin de ir analizando y comparando declaraciones de los participantes del mencionado foro con la letra del proyecto. Se trata, es verdad, de un ejercicio no muy llevadero, pero puede significar también una buena forma de cotejar expresiones “sobre” el texto del anteproyecto con “el” texto mismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que, pese a su denominación, no aparece en la crónica ninguna voz contraria a la de los disertantes. Es decir, estaría faltando, si no “las coincidencias a favor del proyecto”, al menos alguna “disidencia” sobre lo afirmado. Hay, sí, en mitad de la nota -firmada por Cecilia Osorio- un párrafo sugestivo: “La charla, que pretendía ahondar en la problemática actual de los medios de comunicación y el avance de nuevas tecnologías, suscitó diversas opiniones sobre el tema. Sin embargo, los exponentes coincidieron en lo inapropiada de la iniciativa oficial que, en definitiva, se traducirá en una “desmesurada intromisión del Estado en la actividad de los medios coartando la libertad de expresión y el pluralismo” Pequeñas preguntas: ¿Cuáles fueron esas “diversas opiniones”? ¿No se podría mencionar alguna, aunque más no sea en resguardo del proclamado pluralismo, la diversidad, algo? ¿Quiénes eran los demás integrantes del Foro, además de Vila, Giudici y Burzaco? ¿Quiénes eran los demás empresarios de medios presentes? ¿Quiénes los demás representantes legislativos del Foro de empresarios de medios y representantes legislativos?

Como las opiniones de los oradores no siempre se refirieron a conceptos identificables en el articulado de la ley, se perdonará que algunas de nuestras digresiones no estén exentas de opinión; pero trataremos de remitirnos lo más germánicamente posible al texto legal. Insistimos: después de todo, allí está la cuestión. En el caso de las referencias al tema telecomunicaciones, una cuestión compleja para el lector neófito en la materia (entre quienes me incluyo), trataremos de sintetizar la opinión y los aportes del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones (CePETeL), integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, quienes no solo realizaron sus propuestas sobre el anteproyecto sino que además tienen presentado un proyecto propio de Ley de Telecomunicaciones.

En un recuadro firmado por Vila, éste sostiene que el Gobierno Nacional impulsa el actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por dos motivos: “su pelea con el Grupo Clarín” y “la cantidad de compromisos que tiene con algunas organizaciones intermedias”. Reconoce además que “la ley tiende a producir un proceso de desconcentración” pero advierte que esto va a “atomizar los medios generando actores más débiles y por tanto más fáciles de influenciar”. Lo hace tras advertir que el proyecto va contra “los medios que tienen que ver con la libertad y el pluralismo”. Critica además, lo que considera una “desproporcionada injerencia del Estado sobre la actividad” y sostiene que incorpora “el estado de censura tácita permanente” por reservarse el derecho de rever las licencias cada dos años”. Y acá recién podemos hacer la primera digresión, porque el empresario, ahora sí, se refiere a un artículo concreto del anteproyecto:

ARTÍCULO 38

Multiplicidad de licencias.

A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.

En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:

1. En el orden nacional:

a. Hasta DIEZ (10) licencias de radiodifusión más la titularidad de una señal de servicios audiovisuales, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico -excluyendo servicios sobre soporte satelital-;

b. Hasta VEINTICUATRO (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La Autoridad de Aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias.

La multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios - en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.

2. En el orden local:

a. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);

b. Hasta DOS (2) licencias de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) en tanto existan más de OCHO (8) licencias en el área primaria de servicio;

c. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta;

d. Hasta UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción;

En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de TRES (3) licencias.

Podrá acumularse la titularidad de servicios de radiodifusión con la titularidad de UNA (1) señal de servicios audiovisuales.

Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de señales, con excepción de la señal de generación propia, salvo lo contemplado en el apartado 1 subapartado (a) de este artículo.

Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona.

La Autoridad de Aplicación deberá, cada DOS (2) años y en virtud de la incorporación de nuevas tecnologías, revisar las reglas establecidas en este Capítulo con el objeto de resguardar la competencia y el interés público.

También Vila manifiesta su desacuerdo con el artículo 40 del texto, ya que considera que establece que (la Autoridad de Aplicación) “puede otorgar una licencia para funcionar o no, según otras actividades que tiene el solicitante o puede obligar a desinvertir a alguien si lo considera necesario”. El artículo es el siguiente:

ARTÍCULO 40.

Prácticas de concentración indebida.

Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social.

El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro.

Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 38, 39, y concordantes de la presente ley.

NOTA: Artículos 39/40:

Los regímenes legales comparados en materia de concentración indican pautas como las siguientes:

En Inglaterra existe un régimen de licencias nacionales y regionales (16 regiones). Allí la suma de licencias no puede superar el 15% de la audiencia.

Del mismo modo, los periódicos con más del 20% del mercado no pueden ser licenciatarios y no pueden coexistir licencias nacionales de radio y TV.

En Francia, la actividad de la radio está sujeta a un tope de población cubierta con los mismos contenidos. Por otra parte, la concentración en TV admite hasta 1 servicio nacional y 1 de carácter local (hasta 6 millones de h.) y están excluídos los medios gráficos que superen el 20% del mercado.

En Italia el régimen de TV autoriza hasta 1 licencia por área de cobertura y hasta 3 en total. Y para Radio se admite 1 licencia por área de cobertura y hasta 7 en total, además no se pueden cruzar las licencias locales con las nacionales.

En Estados Unidos por aplicación de las leyes antimonopólicas, en cada área no se pueden superponer periódicos y TV abierta. Asimismo, las licencias de radio no pueden superar el 15% del mercado local, la audiencia potencial nacional no puede superar el 35% del mercado y no se pueden poseer en simultáneo licencias de TV abierta y radio.

Se siguen en este proyecto, además, las disposiciones de la Ley Nº 25.156 sobre Defensa de la Competencia y Prohibición del Abuso de la Posición Dominante, así como los criterios de la jurisprudencia nacional en la aplicación de la misma. Téngase en cuenta además, la importancia de evitar acciones monopólicas o de posición dominante en un área como la aquí tratada. Por ello mismo, en el art. 12 inc. l) de esta ley, se impone la obligación a la Autoridad de Aplicación del presente régimen de denunciar ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, cualquier conducta que se encuentre prohibida por la Ley Nº 25.156.

Para el empresario, el anteproyecto “no tiende a regular la radiodifusión argentina sino a destruir un sistema de medios de prensa que si bien no es perfecto, es plural, democrático y republicano”. Y finaliza con una consideración muy personal: para Vila este sistema de medios es el que “entre otras cosas, le ha permitido a Cristina y Néstor Kirchner llegar al gobierno nacional hoy y expresarse”. Suponemos que el ítem “entre otras cosas” incluye el voto de la mayoría de los argentinos.

La “representante legislativa” en el foro fue la ya mencionada diputada radical Silvina Giudici. La legisladora también tiene recuadro propio: “Como en el resto de Latinoamérica, en la República Argentina también comienza a estar amenazada la libertad de expresión”, dice Giudici. Y agrega que “esto lo consigna no sólo la oposición, sino también organismos internacionales”. Preguntas: ¿Qué organismos internacionales? Respuesta: la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), entre otras entidades de grandes propietarios de medios de comunicación.

Para la legisladora opositora hacen falta tres leyes fundamentales: “regular la publicidad oficial, una ley de acceso a la información y despenalizar el delito de calumnias e injurias”. Digresión: es verdad, pero ninguna de estas cuestiones tiene que ver con una ley que regula el uso del espectro radioeléctrico. Por otra parte, se omite casi siempre que se habla de los montos de la publicidad oficial, que mediante el decreto 1172/03, el gobierno de Néstor Kirchner, por primera vez en la historia, se obligó mediante la letra de la ley a informar sobre los destinos de los fondos de la publicidad oficial. Por eso hoy se pueden criticar los montos de la publicidad oficial, porque se conocen sus números.

Tras mencionar que su bancada presentó un proyecto propio en 2005 que nunca fue tratado en el Parlamento, agrega que hay cuatro iniciativas similares que pasaron por la misma situación. Digresión: ¿Contiene el actual anteproyecto alguna de las ideas de los proyectos anteriores? Si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué no apoyar las coincidencias y plantear las disidencias, en lugar de negar la discusión de plano? ¿Qué político cree seriamente que un oficialismo con mayoría propia va a aprobar un proyecto de la oposición teniendo un proyecto propio?

Giudici también atribuye la actual iniciativa gubernamental a la “confrontación absoluta con los medios de comunicación” a partir del “conflicto con el campo”. Y la considera “un traje a medida para algunos actores de la actividad” que va “destinado a destruir a otros”. Preguntas: ¿A medida de qué actores es el traje? ¿A quienes va a destruir?

Por otra parte, se queja de que establece “un férreo control del Estado sobre las empresas periodísticas”. Y sostiene que esto está demostrado “en que el primer artículo del proyecto establece que el COMFER dependerá del secretario de Medios, un funcionario político que distribuye publicidad oficial”.

El artículo 1º dice textualmente:

ARTÍCULO 1º

Alcance.

El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él.

No sólo el artículo primero no dice tal cosa sino que la ley establece que el COMFER -organismo que si se cumpliera la actual ley debería ser conducido por militares- dejará de existir. En su lugar, la ley prevé la creación de un cuerpo colegiado al que se denomina Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su constitución está detallada en el artículo 14º:

ARTÍCULO 14

La conducción y administración de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL será ejercida por un Directorio integrado por CINCO (5) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) de ellos a propuesta de la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Los Directores correspondientes a la referida COMISIÓN BICAMERAL, serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, UNO (1) en representación de la segunda minoría y el restante en representación de la tercera minoría.

El Presidente del Directorio será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre los miembros que lo componen.

El Presidente del Directorio es el representante legal de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, está a su cargo presidir y convocar las reuniones del Directorio, según el reglamento dictado por la Autoridad de Aplicación en uso de sus facultades.

Los Directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones de la Ley Nº 25.188.

Los Directores deben ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes. Durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período.

La comisión Bicameral mencionada tiene varias funciones. Las explica el artículo 18:

ARTÍCULO 18

Comisión Bicameral.

Créase la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, que tendrá el carácter de Comisión Permanente. La Comisión tendrá las siguientes competencias:

a) Proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL, los candidatos para la designación de DOS (2) miembros del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOS (2) miembros del Directorio de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO y del titular de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL;

b) Recibir y evaluar el informe presentado por el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS, e informar a sus respectivos cuerpos orgánicos;

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E.;

d) Evaluar el desempeño de miembros del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y del DEFENSOR DEL PÚBLICO.

La COMISIÓN BICAMERAL se integrará por igual número de Senadores y Diputados Nacionales, de acuerdo a resolución conjunta de ambas Cámaras.

De entre sus miembros elegirán UN (1) Presidente y UN (1) Vicepresidente, cargos que serán ejercidos en forma alternada por el representante de cada Cámara.

Pero, además, el anteproyecto crea un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, organismo extraescalafonario destinado a ejercer un control social sobre las acciones de la Autoridad de Aplicación:

ARTÍCULO 15

Consejo Federal de Comunicación Audiovisual

Créase, en el ámbito de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el cual tendrá las siguientes misiones y funciones:

a) Colaborar y asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión;

b) Proponer pautas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a concurso o adjudicación directa de licencias;

c) Confeccionar y elevar a la consideración del PODER EJECUTIVO NACIONAL el listado de eventos de trascendente interés público mencionado en el articulado del Título III Capítulo VII de la presente ley;

Propuesta de Proyecto de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual

d) Presentar ante el DEFENSOR DEL PÚBLICO los requerimientos del público cuando se solicitare esa intervención por parte de los interesados o cuando, por la relevancia institucional del reclamo, considerase oportuno intervenir en su tramitación;

e) Brindar a la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, un informe anual sobre el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo de la radiodifusión en la Republica Argentina;

f) Convocar anualmente a los integrantes del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, a efectos de recibir un informe pormenorizado de gestión;

g) Dictar su reglamento interno;

h) Asesorar a la Autoridad de Aplicación a su solicitud;

i) Proponer a los jurados de los concursos.

La integración de este Consejo también está especificada en el texto:

ARTÍCULO 16

Integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual

El CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL se integrará por los siguientes miembros, quienes serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de los sectores que a continuación se detallan:

a) UN (1) representante de cada una de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha representación se corresponderá con la máxima autoridad política provincial en la materia;

b) TRES (3) representantes por las cámaras de prestadores privados de carácter comercial;

c) TRES (3) representantes por las entidades que agrupan a los prestadores sin fines de lucro;

d) UN (1) representante de las emisoras de las Universidades Nacionales;

e) UN (1) representante de las Universidades Nacionales que tengan Facultades o Carreras de Comunicación;

f) UN (1) representante de los medios públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones;

g) DOS (2) representantes de los trabajadores de los medios de comunicación.

Los representantes designados durarán DOS (2) años en su función, se desempeñarán en forma honoraria y podrán ser sustituidos o removidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a solicitud expresa de la misma entidad que los propuso. De entre sus miembros elegirán UN (1) Presidente y UN (1) Vicepresidente, cargos que durarán DOS (2) años pudiendo ser reelegidos.

El CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL se reunirá, como mínimo, cada SEIS (6) meses o extraordinariamente a solicitud, de al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de sus miembros. El quórum se conformará, tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias, con la mayoría absoluta.

No obstante la incorporación de institutos que ni remotamente figuran en la legislación actual, que permiten asegurar mayores grados de participación y control social de las acciones del Gobierno en materia de comunicación, la legisladora considera que “está muy mal que la autoridad de aplicación dependa directamente del Gobierno”. A nosotros nos surgen algunas dudas sobre estas afirmaciones: en el país del que se vayan todos, ¿cuál es la discusión real sobre la representación del Estado que subyace en este cuestionamiento? La derecha norteamericana llama en este preciso momento “Barack Perón” al presidente Obama por el rescate que el Gobierno de su país, es decir, el Estado, realiza a las empresas automotrices. Califican a su política, con poca originalidad, “fascismo de izquierda”. Algo similar está sucediendo en todo el mundo: la intervención del Estado para salvar las papas del empresariado quebrado y la crítica de las derechas. Lo que no está en discusión, ahora menos que nunca -salvo aquí- es la autoridad del Estado y su legitimidad. Es tan simple como que se trata de una cuestión de supervivencia. ¿Qué idea de Estado tiene Giudici y toda la oposición que cuestiona un proyecto que limita las atribuciones del Ejecutivo sin restar por eso autoridad al gobierno elegido por las mayorías, este o el que venga de aquí en más? ¿Debería acaso gobernar la oposición parlamentaria? ¿O la sociedad civil? Si es esta última la opción: ¿Quién, cómo y con qué grado de democracia se maneja la sociedad civil? ¿Y las corporaciones empresarias que se esconden detrás de ella? En un buen debate el de la crisis de representación. Siempre que se dé en serio.

Por último -esta vez sin recuadro- la nota incluye declaraciones de Walter Burzaco, representante de la televisión por cable. Burzaco consideró que la nueva ley “terminará afectando seriamente a la televisión por cable, una industria que en nuestro país ha sido el motor de la inclusión de los pueblos en la sociedad de la información y que ha perfeccionado el acceso a la sociedad del conocimiento, mediante la provisión de nuevos servicios como Internet”. El directivo brindó además una serie de números sobre producción independiente, empleados y Pymes “con inversiones en el territorio”.

Digresión: los llamados servicios complementarios fueron conformando de hecho un mercado monopólico por presión de las grandes empresas. Actualmente, una sola empresa concentra el 70 por ciento del mercado, y en esto no está exento de responsabilidad el actual proyecto de Gobierno, que permitió la fusión de Multicanal y Cablevideo. La nueva ley apunta precisamente a esta cuestión. Y en tal sentido, remitimos al ya transcripto artículo 38.

También Burzaco consideró que “es imposible analizar una nueva ley si el texto presentado altera las regulaciones en materia de telecomunicaciones, en beneficio de los monopolios telefónicos y en perjuicio de la televisión por cable”. Y considera que la nueva ley puede significar “la destrucción de la industria”. Por otra parte, sostiene que “la radiodifusión y las telecomunicaciones tienen marcos regulatorios muy diferentes entre sí, y los condicionamientos puestos en la nueva propuesta para que ingresen las telefonías al mercado del cable nunca se han implementado, si bien son exigibles hace varios años”. Finalmente, considera que “una nueva ley incrementará la concentración de los medios “, y perjudicará “a las pequeñas y medianas empresas que ofrecen servicios de cable en el interior del país”.

Digresión: Transcribimos a continuación el artículo del anteproyecto que legisla lo más importante en materia de telecomunicaciones y sintetizamos luego algunas consideraciones sobre el tema del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos.

ARTÍCULO 25

No será aplicable lo dispuesto en el inciso h) del apartado I y el inciso d) del apartado II del artículo 23 cuando se tratare de personas de existencia ideal sin fines de lucro. Sin perjuicio de ello, cuando se tratare de servicios de radiodifusión por suscripción prestados por vínculo físico y exista otro prestador en la misma área de servicio, la Autoridad de Aplicación deberá, en cada caso concreto, realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población y solicitar un dictamen vinculante a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que establezca las eventuales condiciones de prestación.

Una empresa de servicios públicos sólo podrá ser titular de una licencia de servicios de televisión por suscripción prestados mediante vínculo físico cuando se encuentren garantizadas y plenamente disponibles para una porción mayor a la mitad del mercado respectivo, en forma previa, las siguientes condiciones:

I- Cuando se trate de empresas de telecomunicaciones, estas deberán asegurar:

1. La interconexión con otros operadores, en cualquier punto técnicamente factible de la red. Para ello, los acuerdos de interconexión se efectuarán en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y precios no discriminatorios, y serán de una calidad no menos favorable que la disponible para sus propios servicios similares o para servicios similares de proveedores de servicios no vinculados o para sus filiales u otras sociedades vinculadas; en una forma oportuna, en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y con precios basados en costos que sean transparentes, razonables, y estén suficientemente desagregados para que el proveedor no deba pagar por componentes o instalaciones de la red que no necesite para el suministro del servicio;

2. La portabilidad numérica entendida como derecho del cliente o usuario en las condiciones en que la Autoridad de Aplicación determine, conforme con –al menos- los siguientes supuestos:

a) Cambio de prestador de red telefónica fija, cuando no haya modificación de servicio ni de ubicación física del cliente;

b) Cambio de prestador de red telefónica móvil, aunque cambie la modalidad del servicio prestado;

c) Cambio de Prestador para los servicios de red inteligente, incluyendo los servicios de numeración personal, cuando no haya modificación de servicio.

3. La interoperabilidad de redes;

4. La existencia de opciones desmonopolizadas de acceso al y del Sistema Nacional de Telecomunicaciones interno y al exterior, alterno a la red del solicitante para todos los rangos de servicios prestados por el requirente;

5. Poner oportunamente a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las facilidades esenciales y la información comercialmente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.

II- En todos los casos, los licenciatarios de servicios públicos que soliciten la titularidad de licencias de servicios de televisión por suscripción prestados mediante vínculo físico, deberán cumplir adicionalmente con las siguientes obligaciones:

a) Conformar una unidad de negocio a los efectos de la prestación del servicio de comunicación audiovisual por suscripción y llevarla en forma separada de la unidad de negocio del servicio público del que se trate. Esta administración separada de unidades de negocios no será exigible a las personas jurídicas sin fines de lucro;

b) Llevar una contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones correspondientes al servicio licenciado;

c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales como, a mero título ejemplificativo, las prácticas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes del servicio público hacia el servicio licenciado;

d) Facilitar -cuando sea solicitado- a los competidores en los servicios licenciados el acceso a su propia infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado. En los casos en que no existiera acuerdo entre las partes, se deberá pedir intervención a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA;

e) Respetar las incumbencias y encuadramientos profesionales de los trabajadores en las distintas actividades que se presten;

f) No incurrir en prácticas anticompetitivas en materia de derechos de exhibición de los contenidos a difundir por sus redes y facilitar un porcentaje creciente a determinar por la autoridad regulatoria a la distribución de contenidos de terceros independientes.

En el portal www.cepetel.org.ar se puede leer que: “…Desde EMELT (mensuario de distribución electrónica del Instituto Profesional de Estudios e Investigación -IPEI- de la Secretaría Técnica del CePETeL) aplaudimos enfáticamente la iniciativa, los términos generales de la misma, que representan sin duda un gran avance (para darse cuenta de que es buena, basta ver quienes son los que protestan) y la manera en que se ha abierto su discusión a la sociedad civil”. Además, la entidad gremial hizo público un documento titulado: “Aportes del CePETel a la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. En el escrito proponen sustituir algunos términos de la propuesta oficial, como "señal" por "señal de radiodifusión", "red" por "red de radiodifusión", "vínculo físico" por "vínculo cableado", y una nueva definición del concepto de "dividendo digital". También se sugiere la inclusión de algunas definiciones que completan este concepto, como plataformas de servicio, terminales, red de transporte, red de acceso, red de acceso física, y destacan la clasificación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) entre servicio interactivo y servicio de distribución. En tal sentido, se sostiene que el Servicio de Radiodifusión de la propuesta del Gobierno “es un servicio de distribución, y esto incluye a los "servicios conexos" definidos en el artículo 7º, caracterizado por un tipo de información particular que es distribuida (las señales de radiodifusión)”. Por eso se propone introducir la definición y el concepto de "servicio de distribución", sobre todo en las definiciones relativas al servicio de radiodifusión por suscripción.

El documento de CePETeL advierte también que la propuesta oficial no detalla la manera contractual y técnica en que los distintos prestadores podrán hacer uso de las redes de acceso, a efectos de prestar el servicio para el que tienen licencia o autorización. Sostienen que “una legislación que tienda a asegurar condiciones de concurrencia en la red de acceso, debe contemplar las condiciones de compartición de las mismas, ya que los costos de despliegue inicial de infraestructuras de acceso, en general aseguran las condiciones monopólicas u oligopólicas de los prestadores ya establecidos en una cierta área”. Sobre el punto específico del anteproyecto que establece que los licenciatarios de servicios públicos que soliciten licencias de televisión por cable deberán facilitar su propia infraestructura de soporte en condiciones de mercado, hay cierta coincidencia con Burzaco en que “esto ya está previsto” en el reglamento de licencias de servicios de telecomunicación vigente, en el Decreto 764/2000. Algo similar sucede -sostienen- con la compartición de redes de acceso, “prevista en el artículo 18 del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) vigente”. Por ello se propone “incluir la cuestión de la compartición, así como se incluyen las de interconexión -es decir, los puntos de interconexión, la calidad y los precios- que son las mismas que actualmente requiere el RNI”. También “la portabilidad numérica en las mismas condiciones” en que ya lo prevé el RNI, en la forma de un nuevo artículo a continuación del artículo 25º de la propuesta oficial”.

Por último, advierten sobre la “necesaria vinculación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con una Ley de Telecomunicaciones. Ésta última es aún más antigua que la Ley de Radiodifusión y fue también sancionada durante un gobierno de facto”, advierten los trabajadores de la telecomunicación. En tal sentido, recuerdan el Anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones ya presentado por la organización y que no ha tenido tratamiento parlamentario.

Para finalizar, volviendo a nuestra noticia sobre el Foro de Mendoza, es interesante recordar que el concepto de foro no era igual para los griegos que para los romanos antiguos. Para los atenienses el foro se alzó como el espacio público dedicado a la discusión de las ideas políticas y a albergar a los grandes pensadores que impartían sus conocimientos entre sus pares ciudadanos; entre ellos sobresalió Sócrates. Para los romanos, en cambio, era el lugar donde se impartía justicia y se hacía de público conocimiento el contenido de las leyes y disposiciones que se dictaban en Roma, y que debían ser acatadas en todas aquellas prolongaciones del imperio. Las palabras son siempre un territorio de disputa, sabemos ahora, los hombres del siglo XXI. Las disputas sobre ideas requieren siempre de inter-locutores. El guionado intermedio pretende subrayar simplemente que inter significa al menos dos ideas, si no antagónicas, por lo menos diferentes. Si sólo hablan públicamente los que piensan igual no estamos en presencia de un debate. Y aunque la denominación foro pueda caber en el titulado de una crónica, bien planteadas las palabras, foro puede también remitir a Roma, y Roma a imperio. “No hay nada nuevo bajo el sol”, dice Eclesiastés, en el libro de los libros.

José Luis Ferrando